Sentencia 38087 de abril 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 38087

Aprobado Acta 139

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C, dieciocho de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Los delitos imputados por la fiscalía se identifican en la Ley 599 de 2000, artículo 239, hurto, con una pena de 2 a 6 años de prisión, agravado por el canon 241, numerales 8º y 10: “La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de una sexta parte a la mitad”, motivo por el cual, con base en el precepto 60, inciso 4º de la misma normatividad, el extremo mayor se aplica al máximo del guarismo señalado, para un total, de 9 años.

Así mismo, el reato de receptación, consagrado en el artículo 447 del Código Penal, dispone una pena de 2 a 8 años de prisión, sin las modificaciones normativas posteriores, teniendo presente la fecha de consumación de los actos ilícitos.

Como los actos antijurídicos fueron consumados en el año 2004 (febrero), las instancias, como es obvio, no les dedujeron las modificaciones contenidas en las leyes 890 de 2004 y 1142 de 2007, artículos 14 y 51, respectivamente, de cara al aumento de mínimos y máximos punitivos consagrados para cada tipo penal.

Ahora bien: el artículo 86 de la Ley 599 de 2000, estipula que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución de acusación o su equivalente y, una vez ejecutoriada, se reinicia un nuevo término, el cual será igual al consagrado en el precepto 83, sin que pueda ser menor a cinco (5) ni superior a diez (10) años.

Por tanto, el tiempo prescriptivo de la acción penal, en punto a la ejecutoria de la resolución de acusación, se entiende en dos sentidos: (i) si se trata de un servidor público debe contabilizarse, como lo ha explicado la jurisprudencia(5) de esta Sala, en seis (6) años y ocho (8) meses, ii) por el contrario, si es un “particular”, el lapso tiene un límite de cinco (5) años.

El artículo 83 de la Ley 599 de 2000, inciso 5, preceptúa: “el servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos, realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte”; esa es y no otra la razón del incremento punitivo y, para el caso en estudio, como es obvio al tener la condición de “particulares”, los aquí inculpados, no ostentan dicha calidad de funcionarios.

Se tiene, entonces, que la resolución de acusación expedida por la Fiscalía Cuarta Delegada de Ibagué de fecha 26 de febrero de 2007, interrumpió el ciclo prescriptivo, iniciándose un nuevo término equivalente a la mitad del señalado en el artículo 83, el cual no puede ser inferior de seis (6) años ocho (8) meses, en relación a servidores públicos, ni menor de cinco (5) años, para los particulares, con base en lo dispuesto en el aludido artículo 86, numeral 2º.

Siendo ello así, se constatará si a Pedro Antonio Suárez, Noel Orjuela Trujillo, José Gustavo Carrillo, Agustín Aguiar Cárdenas o Aguiar Aguiar y Marco Tulio Suret, les aplicó o no, el fenómeno jurídico de la prescripción para particulares en cinco (5) años, con ocasión al injusto por el que fueron condenados, cuya pena oscila de seis (6) a nueve (9) años.

Como se observa que la mitad de la sanción máxima fijada en el tipo penal de hurto agravado, para efectos de contabilizar la prescripción de la acción, es de cuatro punto cinco (4.5) años, que desde luego asciende a cinco (5), según lo estatuye el código sustancial y, teniendo presente que desde el 26 de febrero de 2007, a la fecha ha transcurrido un lapso superior a dicho límite normativo; igual situación aconteció con el delito de receptación, cuyo quantum punitivo es aún menor.

Circunstancia por la cual operó la prescripción de la acción penal y, en esas condiciones, el Estado colombiano como titular de la gestión pública, perdió la potestad, desde ese día para investigar, perseguir y sancionar a los infractores de la ley penal, por cuanto el fallo atacado de segundo nivel, a la fecha, aún no ha cobrado ejecutoria.

En consecuencia, atendiendo lo preceptuado en los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Penal, se declarará la extinción de la acción penal por los delitos y en los términos señalados, ampliando el radio de acción a los no recurrentes con base en los derechos constitucionales fundamentales a ellos debidos; decretándose así mismo, la cesación de todo procedimiento a favor de los sentenciados Pedro Antonio Suárez, Noel Orjuela Trujillo, José Gustavo Carrillo, Agustín Aguiar Cárdenas o Aguiar Aguiar y Marco Tulio Suret Arias, con base en los delitos de hurto agravado y receptación que les fueron imputados.

Por tal motivo, el juez de conocimiento devolverá las cauciones generadas y se encargará de cancelar todos los requerimientos y pendientes que Pedro Antonio Suárez, Noel Orjuela Trujillo, José Gustavo Carrillo, Agustín Aguiar Cárdenas o Aguiar Aguiar y Marco Tulio Suret Arias, hubiesen adquirido por razón exclusiva de los delitos de hurto agravado y receptación hoy prescritos; también informará sobre la nueva situación jurídica de los inculpados, a los organismos de seguridad del Estado a donde se hubiese oficiado.

Ahora bien, comoquiera que dentro de esta actuación la parte civil debidamente constituida ejerció la correspondiente acción indemnizatoria por daños y perjuicios generados por la comisión de las conductas punibles objeto de juzgamiento, resulta ineludible declarar su prescripción, conforme lo establece el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, al disciplinar que tal acción prescribe “en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal”.

Así las cosas, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación y, en su lugar, declarará prescrita la acción penal y ordenará cesar todo procedimiento a favor de Pedro Antonio Suárez, Noel Orjuela Trujillo, José Gustavo Carrillo, Agustín Aguiar Cárdenas o Aguiar Aguiar y Marco Tulio Suret Arias.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Inhibirse de emitir pronunciamiento alguno sobre la admisibilidad de las demandas de casación presentadas por los defensores de Agustín Aguiar Cárdenas o Aguiar Aguiar y Marco Tulio Suret Arias contra la sentencia del 18 de agosto del 2011, dictada por el Tribunal Superior de Ibagué, según lo expresado atrás.

2. Declarar prescritas las acciones penal y civil derivada de los punibles de hurto agravado y receptación por los que fueron condenados Pedro Antonio Suárez, Noel Orjuela Trujillo, José Gustavo Carrillo, Agustín Aguiar Cárdenas o Aguiar Aguiar y Marco Tulio Suret Arias, atendiendo las razones puntualizadas en la parte motiva de este proveído.

3. Decretar, en consecuencia, la cesación de procedimiento a favor de los aludidos procesados.

4. El juzgado de primera instancia devolverá las cauciones generadas y se encargará de cancelar todos los requerimientos y pendientes que Pedro Antonio Suárez, Noel Orjuela Trujillo, José Gustavo Carrillo, Agustín Aguiar Cárdenas o Aguiar Aguiar y Marco Tulio Suret Arias, hubiesen adquirido por razón exclusiva del presente asunto; así como también, informarán a los organismos de seguridad del Estado a donde se hubiese oficiado.

5. Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) Corte Suprema de Justicia, Radicación 25.767 (20/09/2006); 25.149 (5/10/2006); 20.673 (1/9/2004).