Sentencia 38098 de septiembre 21 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 38098

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Acta 34

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Es cierto que el tribunal se equivocó cuando afirmó que las 273 semanas de cotizaciones en mora y que correspondían a labores cumplidas a favor de la empresa Servicios Agrícolas Ltda., entre el 1º de abril de 1989 y el 30 de junio de 1994, fueron canceladas por el actor el 31 de enero de 2004, cuando los folios 9 y 10 del expediente evidencian que esos pagos se efectuaron en el mes de febrero de 2005.

Sin embargo, ese desatino no tiene trascendencia frente a la fecha en que se entiende se causó el derecho pensional en este evento, por las razones que adelante se explican.

En efecto, ha sido el criterio de la Sala que en el caso de los trabajadores subordinados, la cotización se causa es con la prestación del servicio, con independencia de la fecha en que se efectué el pago.

Por lo tanto, cuando se cancelan cotizaciones en mora de los trabajadores dependientes de conformidad con las reglas de imputación de pagos, se entiende que corresponden a la fecha en que fueron causadas, esto es, cuando se prestó el servicio subordinado.

En sentencia de 19 de mayo de 2009, radicación 35.777, precisó esta Sala de la Corte:

“ … en el sub lite no se trata de reconocer pensiones haciendo caso omiso de las cotizaciones, o concediéndolas sin verificar su existencia; lo que acontece es que lo que subyace en la tesis que se controvierte, es la definición de a partir de cuándo existe la cotización, aspecto que ya ha resuelto la Sala cuando señaló: “La cotización surge con la actividad como trabajador, independiente o dependiente, en el sector público o privado”. (Sentencia de 30 de septiembre de 2008, rad. 33476).

Y, tercero, el que se admita la existencia de la cotización desde su causación, no supone que pierda trascendencia su pago, que la conserva en toda su dimensión, para asegurar el equilibrio financiero del sistema, …”.

Esta interpretación fue asumida también cuando se dio el viraje jurisprudencial sobre las consecuencias de la mora, al atribuir responsabilidad a las administradoras de pensiones en los eventos en que éstas falten al deber de diligencia en el cobro de las cotizaciones generadas por la actividad laboral de sus afiliados, de tal manera que en esos eventos, las cotizaciones no pagadas debían ser tenidas en cuenta para acumular la densidad de cotizaciones exigidas para una determinada prestación, en el momento en que fueron causadas.

En sentencia de 22 de julio de 2008, radicación 34270, donde operó el cambio jurisprudencial señaló la Sala:

“Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador (L. 100/93, art. 22), antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro.

El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago.

Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.”

Posteriormente en sentencia de 1º de julio de 2009, radicación 36502 precisó la corporación:

“Para el trabajador dependiente afiliado al sistema, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se causan cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente de que se presente mora patronal en el pago de las mismas”.

De conformidad con lo anterior, el que en el sub lite el pago de las cotizaciones en mora se hubiere hecho en febrero de 2005 no altera la fecha de estructuración del derecho pensional, pues habría de entenderse que las cotizaciones se causaron cuando se prestó el servicio subordinado, es decir, en el lapso comprendido entre abril de 1989 y junio de 1994. Entonces, no le asiste razón al censor cuando estima que al haber sido canceladas en el 2005 no se consolidó el derecho a la pensión de vejez, porque en esa fecha se exigían 1.050 cotizaciones de conformidad con la Ley 797 de 2003, además porque por tratarse de una persona cobijada por el régimen de transición, su pensión estaba regida por el Acuerdo 49 de 1990.

Así las cosas, el 20 de febrero de 2001 cuando el demandante cumplió sesenta años de edad, tenía en su haber 1.029 cotizaciones, lo que le permitió estructurar el derecho a la pensión de vejez, conforme a los reglamentos del seguro social que se insiste, era el régimen que lo amparaba como beneficiario de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Como lo tiene asentado la Sala, las cotizaciones de los trabajadores subordinados se causan e imputan a los periodos en que se realizó la actividad laboral que les da origen.

Por regla, el cumplimiento del requisito de la densidad de cotizaciones se ha de predicar desde cuando estas se causan; sin que esto se oponga a que se puedan considerar inexistentes, si la administradora de pensiones acredita que pese a la diligencia en su gestión de cobro, estas se han de considerar de imposible recaudo.

Así lo ha asentado la Sala cuando en sentencia 35777 de 19 de mayo de 2009, expresó:

“Las cotizaciones causadas consignadas en la historia de la seguridad social como créditos, se han de contabilizar como cotización, aún sea de manera transitoria, hasta tanto la administradora haga efectivo el cobro, caso en el cual la cotización adquiere su valor definitivo, o hasta que acredite ser incobrable, luego de haber gestionado diligentemente su pago al empleador, caso en el cual, la cotización se declara inexistente”.

En consecuencia el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de junio de 2008, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el proceso promovido por Luis Eduardo Morón contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».