Sentencia 3810 de abril 5 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 73001-23-31-000-2000-3810-01, abr. 5/2001

C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: María Doris Garzón Flórez

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 18 de enero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual se resolvió negar por improcedente el amparo solicitado.

Antecedentes

1. La petición. María Doris Garzón obrando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sala Penal del tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por considerar que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y la libertad.

Como causa petendi manifiesta que la Sala Penal del citado tribunal, violó los derechos ya anotados por cuanto:

a) El 8 de enero de 2000, el Juzgado Único Penal del Circuito de Ibagué, profirió sentencia en contra de la peticionaria por el delito de homicidio agravado.

b) Esta sentencia fue apelada en febrero de 2000, encontrándose en el despacho de la magistrada ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué, Cecilia Rojas.

c) Hasta el día de hoy no se ha proferido sentencia de segunda instancia y la accionante se encuentra en prisión.

Por último, se solicita que se le otorgue la libertad provisional a la peticionaria.

2.Respuesta a la tutela. La parte tutelada como respuesta a la demanda agregó:

a) El Acuerdo 550 de julio 27 de 1999, expedido por la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura suprimió cinco (5) magistrados de la Sala Penal del Tribunal, lo que ha hecho materialmente imposible evacuar a tiempo la totalidad de los procesos.

b) Alega además que en razón de los múltiples procesos que tienen a su conocimiento el tribunal, se presenta congestión judicial en todos los despachos.

c) Por último agrega que según el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 que expresa:

“Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”.

Por lo tanto el tribunal se encuentra en fallos de septiembre de 1999 y posteriormente seguiría en estricto orden con los procesos que están pendientes de fallo.

3. La decisión. El a quo consideró que darle prelación a los fallos vulneraría el derecho a la igualdad de las demás personas que intervienen en los otros procesos que atiende el despacho.

A su vez agrega que la actuación de la entidad demandada es legal por cuanto está cumpliendo con lo predispuesto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

Por último, considera el a quo que existe otro medio de defensa judicial como lo es la denuncia del funcionario ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Por estas razones, el a quo negó la tutela impetrada.

4.La impugnación. La parte actora impugnó la decisión reiterando que el a quo observó, la flagrante violación a los términos que se ha producido en esta actuación ya que el artículo 214 del Código de Procedimiento Penal determina que la decisión de segunda instancia debe proferirse a los quince (15) días de efectuada la asignación o reparto del proceso.

Añade que mal puede el a quo señalar que el mecanismo idóneo es la presentación de la queja ante el Consejo Superior de la Judicatura porque lo que se persigue es la protección al derecho a la libertad.

Consideraciones de la Sala

A. El debido proceso.

La Constitución Nacional en su artículo 29 consagra el derecho al debido proceso como el conjunto de formas y reglas que debe observarse en todas las actuaciones, bien sea judiciales o administrativas, ya que solo mediante ellas se garantiza el debido funcionamiento de los diversos proceso que el legislador ha previsto para que los asociados puedan obtener la satisfacción de sus intereses.

En ese orden de ideas, toda actuación sea judicial o administrativa debe ser garante y respetuosa del debido proceso, el cual jurisprudencialmente ha sido definido como el conjunto de garantías necesarias para procurar la protección del individuo participe en un proceso judicial o administrativo, atendiendo dentro de su trámite las formalidades propias de cada juicio.

La norma constitucional lo consagró para todo tipo de actuaciones, porque las diversas situaciones de controversia que puedan presentarse en cualquier tipo de proceso estén previamente definidas y regladas en el ordenamiento jurídico, ya que éste es el encargado de señalar los parámetros a través de los cuales se logre un respeto de los derechos y obligaciones que ostentan las partes de un proceso, buscando que ninguna actuación de las autoridades tenga origen en su propio, arbitrio, sino que sea el resultado de la gran cantidad de procedimientos descritos en la ley en los reglamentos (1) .

(1) Corte Constitucional Sentencia T-073 de febrero 17 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Ahora bien, frente al debido proceso y los términos judiciales la H. Corte Constitucional ha manifestado que el cumplimiento de los términos judiciales es parte integrante del derecho fundamental al debido proceso.

“El cumplimiento de los términos judiciales no es una dádiva a favor de las partes que comparecen ante las autoridades judiciales y administrativas sino una obligación en cabeza de los servidores públicos y una garantía para los ciudadanos que en ejercicio del derecho fundamental a acceder a la administración de justicia acuden ante el Estado. La garantía del debido proceso implica el cumplimiento de los términos judiciales; es así como el derecho al debido proceso puede resultar vulnerado cuando los servidores públicos encargados de la función jurisdiccional, desconocen los plazos dentro de los cuales deben adelantar determinados actos” (2) .

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-347 de agosto 2 de 1995, M.P. Dr. Fabio Morón.

La H. Corte Constitucional también ha sido reiterativa en la obligatoriedad que deben tener los términos judiciales (3) , y por ende tales términos se convierten en un mandato imperativo para los funcionarios judiciales como parte integrante del derecho al debido proceso, el acceso a la administración de justicia. En ciertos casos por la excesiva dilación de los términos, podría darse la figura de la denegación de justicia que iría en contra del Estado social de derecho.

(3) Ver en este sentido sentencias T-502 de 1997, T-190 de 1995, entre otras.

El término judicial es una expresión de la debida administración de justicia y no es un capricho del legislador por el contrario, es la concreción del principio de celeridad y eficiencia que debe tener la justicia.

En múltiples ocasiones la jurisprudencia constitucional ha determinado que la congestión y mora judicial no es óbice para desconocer el derecho al debido proceso especialmente en la jurisdicción penal:

“La mora judicial conlleva una violación clara y ostensible del derecho fundamental al debido proceso. La mora judicial sólo se justificaría en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley” (4) .

(4) Corte Constitucional Sentencia T-502 de octubre 8 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

“Para la Corte es claro que la eficiencia, cuya consagración se manifiesta en el artículo 228 de la Carta cuando impone el cumplimiento de los términos procesales, constituye principio de ineludible acatamiento por parte de los jueces y fiscales, so pena de las sanciones legales por la falta disciplinaria en que incurren cuando los desconozcan, lo cual tiene por finalidad específica la de obtener prontitud y calidad en la impartición de justicia. Los funcionarios judiciales no pueden, por vía general, esquivar la responsabilidad que les cabe por la inobservancia de los términos, escudándose apenas en la disculpa de la congestión de trabajo debida al número de procesos en curso” (5) .

(5) Corte Constitucional, Sentencia T-190 de abril 27 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.

B. El derecho a la igualdad.

El cuestionario de racionalidad que ha sostenido la H. Corte Constitucional como criterio para amparar una supuesta vulneración al derecho a la igualdad (6) y para saber si una norma o medida desconoce la protección de individuos que son desiguales pero que necesitan de protección de acuerdo a la cláusula social de nuestro Estado no es una regla o medida común, por el contrario debe ser aplicado en cada caso específico buscando siempre la intención de la norma y si el legislador o el creador de la norma tuvo a su consideración las circunstancias extraordinarias, anómalas y excepcionales que pudieran darse en un caso específico y determinado, en caso negativo, es dable al juez, como intérprete de la norma establecer que si bien la norma cobija toda clase de situaciones hay circunstancias excepcionales que por su carácter único y casi irrepetible no fueron consideradas en el momento de promulgación, pero que la realidad puede originar creando una desigualdad a los desiguales, personas que por sus diferentes condiciones merecen una especial consideración y tratamiento. Esta posición también es válida en el derecho comparado (7) .

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-337 de julio 17 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(7) “El principio de igualdad puede resultar vulnerado cuando los jueces y tribunales aplican la norma jurídica con un criterio interpretativo que ocasione o al menos no corrija una desigualdad de trato discriminatoria en relación con otras situaciones válidamente comparables, si la norma aplicada permite una interpretación distinta, admisible en derecho, que permita eliminar el factor de desigualdad no justificado”. Tribunal Constitucional Español. Sentencia 103 de 1990.

C. El juicio de proporcionalidad.

Sobre el particular, la doctrina y la jurisprudencia constitucional ha entendido que las normas que limitan un derecho deben ser sometidas a un juicio de proporcionalidad con el fin de evaluar la intención del límite, su razón de ser y fundamento para determinar si es o no procedente en el caso concreto.

En este sentido la H. Corte Constitucional ha expresado:

“Una disposición que comporte la restricción de derechos fundamentales, no sólo debe esta orientada a lograr una finalidad legítima y resulta útil y necesaria para alcanzarla. Adicionalmente, para que se ajuste a la constitución, se requiere que sea ponderada o estrictamente proporcional. Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera” (8) .

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-584 de noviembre 13 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes.

Es claro entonces, que las normas que limitan los derechos deben ser sometidas a un riguroso análisis en cada caso particular y por ende, el juez de tutela no es ajeno a tal examen de la norma.

C.(sic) La ponderación de derechos, la armonización concreta y el principio pro libertate.

La jurisprudencia constitucional ha determinado que en muchas situaciones colindan los derechos fundamentales, produciendo un posible encuentro de derechos a tutelar o proteger, el juez de tutela, al momento de fallar debe optar por mecanismos de ponderación de derechos tales como la armonización concreta y la ponderación de derechos, es entonces cuando se debe entrar en estos raciocinios, propios de la actividad judicial, ya que el transcurrir ordinario de las relaciones humanas y sociales produce en múltiples ocasiones un cruce de derechos, donde el juez de tutela debe analizar qué derecho en el caso específico prima sobre los otros derechos fundamentales que pudieran entrar en intersección con el derecho a proteger.

En este sentido la H. Corte Constitucional ha manifestado:

“A fin de promover la aplicación armónica e integral de los valores constitucionales la mayoría de los derechos fundamentales se consagraron en disposiciones normativas que tienen una estructura lógica que admite ponderaciones. En efecto, más que normas que adopten expresamente las condiciones de hecho en las cuales es obligatoria su aplicación, la Carta consagra estándares de actuación que deben ser aplicados atendiendo a las condiciones que, circunstancialmente, pueden dar un mayor peso relativo a un derecho sobre otro. Ciertamente, al optar por un sistema de pluralismo valorativo, la Carta adoptó un modelo en el cual las normas iusfundamentales tienen una estructura lógica que exige acudir a la metodología de la ponderación para resolver eventuales conflictos. En suma, la Constitución no consagró un sistema jerárquico entre sus normas, sino un modelo de preferencia, relativa, condicionada a las circunstancias específicas de cada caso” (9) .

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-475 de septiembre 25 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes.

En este orden de ideas, la armonización concreta es la forma bajo la cual el juez de tutela decide qué derecho fundamental prima en un caso específico, claro está que para tal determinación existen otros criterios como el principio pro libertate que expresa que se debe aplicar de manera amplia la norma que amplía el ejercicio de un derecho, y en este mismo sentido el principio pro hominio o de aplicación prevalente y extensiva de los derechos.

Tales posiciones y criterios, obedecen a principios hexegéticos que obligan al juez interpretar la norma en casos concretos, pues como lo expresa Robert Alexy:

“Las ponderaciones son inevitables cuando todos son igualmente titulares de derechos fundamentales” (10) .

(10) Alexy Robert, Teoría de los derechos fundamentales. Centro de estudios constitucionales, Madrid 1993, pág. 121.

El caso concreto

La situación jurídica de la cual se pretende el amparo se configura bajo la obligación legal del artículo 214 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

“Segunda instancia de sentencias: Cuando la apelación haya sido sustentada por escrito en primera instancia, efectuada la asignación o el reparto en segunda instancia, el proceso se pondrá a disposición del funcionario respectivo, quien deberá resolverlo dentro de los quince (15) días siguientes” (negrilla fuera de texto).

Pretende el accionante la protección al derecho a la libertad y al debido proceso, por cuanto se ha presentado una excesiva dilación de los términos para que la segunda instancia hubiere decidido el recurso de apelación transcurriendo más de catorce meses en espera del fallo, sin contar el tiempo que duró la señora Garzón en detención preventiva mientras se definía su situación judicial.

Al existir un enjuiciado, en este caso específico, entra en juego el derecho a la libertad consagrado en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de derechos humanos, derecho que entra en conexidad con el debido proceso por cuanto si bien exista una condena, al no estar en firme, la libertad de afectado entra en juego junto con su derecho al debido proceso por no obtener prontamente un fallo.

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas anteriormente, podemos anotar que es un imperativo para el juez cumplir con los términos judiciales, más aún en la jurisdicción penal que define la libertad de los ciudadanos, en su actuación cotidiana, por lo tanto la importancia del derecho fundamental que se pretende tutelar cobra mayor importancia al ser este caso objeto de una controversia de carácter penal y por ende entra en juego directamente con el derecho a la libertad, más aún cuando el peticionario se encuentra recluido en un establecimiento carcelario.

El estar sometido a una situación de mora judicial en espera de una respuesta sobre su libertad por lago tiempo, puede llegar a ser un tratamiento que va en contra de la dignidad humana, por cuanto el Estado social de derecho tiene como pilar fundamental el respeto a la dignidad humana, y por más culpable que sea el reo o por más indigno que sea el crimen cometido, no se puede desconocer su dignidad, concepto inherente a la aplicación de los derechos fundamentales, esta es la posición de esta Sala, acorde con la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional (11) y con la jurisprudencia internacional de derechos humanos (12) .

(11) “Es esencial la aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia. Una dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto a la dignidad de la persona, como límite de la actividad sancionadora del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia T-450 de octubre 12 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(12) “Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989.

La celeridad de la justicia es la garantía mediante la cual el procesado tiene la certeza de que recibirá justicia de manera oportuna, ya que en muchos casos, una decisión tardía puede llegar a vulnerar la debida administración de justicia y atentar contra los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso.

I. Las circunstancias específicas

Obra en este expediente, en la contestación de la demanda, referencias bajo las cuales el tribunal demandado aduce, tener más procesos en espera de fallo que están en orden anterior al de la señora Garzón, mas no se demuestra en cuales pudiera haber detenidos o reos, por lo tanto, al sentir de esta Sala, no puede desconocerse que en el caso concreto y específico, la persona se encuentra en prisión, mientras que no hay certeza sobre cuantos procesos por encima de la peticionaria estarían también con personas detenidas, por ende, al sentir de esta Sala, es claro que la reclusión se convierte en un factor de prevalencia para obtener una adecuada administración de justicia. Además, se desconoce se ha solicitado la tutela a un derecho fundamental en alguno de los otros procesos pendientes de fallo en el despacho demandado, lo cual coloca la situación que colinda en una mera expectativa o circunstancia incierta de los derechos de los demás.

II. Las ponderaciones de derechos

Prima facie, puede resultar que en esta circunstancia, el otorgar prelación a fallar atente contra la igualdad de los que anteriormente están en el mismo despacho a la espera de una decisión judicial.

Pero, en estos casos que tienen una posible colisión de derechos, entran en juego factores como la armonización concreta y la precedencia condicionada, así como los principios de interpretación en la protección de los derechos fundamentales.

Según la precedencia condicionada:

“La solución de la colisión consiste mas bien en que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, se establece entre los principios una relación de precedencia condicionada. La determinación de la relación de precedencia condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones bajo las cuales un principio precede al otro (13) .

(13) Alexy Robert Ob. cit. pág. 92.

Al tener en cuenta la armonización concreta como criterio de ponderación tenemos que, cuando hay principios constitucionales en conflicto el caso concreto debe ser ponderado para determinar cuál de los derechos tienen prevalencia en la situación específica (14) , todo esto acorde con los principios de la Constitución Política Nacional.

(14) En este sentido ver sentencia de la Corte Constitucional T-669 del 28 de noviembre de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Sea por vía de la armonización concreta o de la precedencia condicionada, se parte de principios comunes para determinar la ponderación de derechos, es en el caso particular cuando se observará el derecho que tiene mayor prelación por cuanto su transgresión es más evidente e inevitable y este es el derecho que primaría al momento de conceder el amparo solicitando.

Entonces el caso concreto, se enfrenta la posible colisión entre el derecho a la libertad y al debido proceso, versus el derecho a la igualdad, y en esta circunstancia específica, la posible colisión no se ha presentado ya que se advierte como lo anotamos anteriormente que la Sala Penal del Tribunal, no expresa cuántos procesos más antiguos que el de la actora, tienen un reo, y por esto al ser una simple expectativa el derecho a la igualdad ya que no hay certeza de cuántos procesos anteriores tienen reos, la circunstancia de tener un caso concreto que se pretende amparar teniendo un reo, difiere de los demás procesos bajo las pruebas aportadas al proceso y la valoración que el juez de tutela puede hacer de éstas. Además, se configura una situación de desigualdad ya que se desconoce si en los procesos antecedentes haya o no reo, mientras que en este sí hay certeza de la prisión de la persona, por lo tanto, aquí habría una prevalencia de la desigualdad generada y de la libertad y el debido proceso que se pretende tutelar frente a la situación jurídica incierta que se pudiere plantear con los derechos de los demás.

La enunciación del conflicto, en este caso no pasó de la eventualidad, por cuanto no se puede entrar en ponderación un derecho frente a una probabilidad o expectativa de la cual se desconoce con absoluta certeza, si los demás procesos que están pendientes de fallo en la entidad demandada, tienen o no circunstancias agravantes o atenuantes ya que como se dijo, no hay certeza de cuántos procesos anteceden con reos y en circunstancias más apremiantes. Idea que también se había analizado en el literal anterior.

En síntesis, no hay colisión por cuanto el derecho fundamental infringido tiene una categoría diferente a la mera expectativa o situación incierta y al ser de distinta categoría no se entra en conflicto.

III. El juicio de proporcionalidad

Al no producirse directamente una colisión de derechos, si se presenta una colisión con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 que expresa:

Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho pueda alterarse, salvo los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”.

En este sentido, existe otro problema jurídico, pues en el caso concreto el conflicto se presenta frente a esta norma legal y no frente a las expectativas de derechos, inciertos de los otros ciudadanos pendientes de fallo en el despacho demandado.

Para encontrar la razón de ser de una norma que limita un derecho, la jurisprudencia y doctrina constitucional ha determinado que el examen de esa norma debe someterse a un juicio de proporcionalidad, figura que anotamos anteriormente.

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional ha determinado:

“Mediante el llamado juicio de proporcionalidad, se estudia si los mecanismos y la restricción que se propone son adecuados para lograr el fin que se quiere alcanzar, si es necesaria la restricción porque no existen otros medios menos onerosos en términos de ponderación de principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, si es proporcionada estricto sensu, lo que se refiere a que no se sacrifiquen valores y principios de un mayor peso constitucional que los que se pretende proteger. En otras palabras, lo que se busca es que la medida sea válida y realice objetivos que ponderados, legitimen la injerencia en un determinado derecho” (15) .

(15) Corte Constitucional, Sentencia T-124 de marzo 31 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Sometiendo el análisis a tal procedimiento, observamos que en esta circunstancia el límite que se pretende imponer al derecho objeto de amparo está soportado en un principio para proteger un interés general, como lo es el de la eficaz administración de justicia, otorgando un orden de fallo, claro está que la misma norma (L. 446/98, art. 18) admite que existen excepciones.

A la luz de la Carta Magna, en su artículo 5º, se determina ya un condicionante para la ponderación de intereses y preceptos constitucionales, ya que este artículo determina:

“El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.

Es claro el derrotero a seguir, se fija una prevalencia de los derechos inalienables frente a normas de inferior categoría y otros preceptos constitucionales diferentes a los derechos fundamentales, en este sentido, primaría el derecho fundamental objeto de tutela ya que la norma no puede desconocer su primacía.

Siendo una norma la que entra en colisión, se pudiera decir que el interés general de la eficaz y oportuna administración de justicia, que pretende proteger el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, es un límite válido para restringir los derechos de los demás ya que nuestra ley fundamental preceptúa en su artículo primero:

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Igualmente, esta corporación ha sido reiterativa al expresar que los derechos fundamentales no son absolutos, en esta posición, la H. Corte Constitucional ha determinado que: “Los derechos fundamentales no son absolutos.

Encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, en la prevalencia del interés general, en la primacía del orden jurídico...” (16) .

(16) Corte Constitucional, Sentencia T-228 de mayo 10 de 1994, magistrado ponente José Gregorio Hernández.

De esta manera, se otorga un carácter prevalente al interés general, ya que es claro para la doctrina y la jurisprudencia que el interés general prima sobre el particular; teniendo en cuenta el conflicto de las dos prevalencias se presenta un problema de ponderación:

1. ¿Debe ceder el interés general?

2. ¿Debe ceder el derecho fundamental?

Sobre el particular se ha determinado en la jurisprudencia constitucional que los derechos fundamentales priman sobre los demás principios constitucionales y en este sentido, la H. Corte Constitucional ha practicado el método de la ponderación y precedencia condicionada cuando entran en colisión el interés general, el derecho a la libertad y al debido proceso y ha expresado:

“En caso de que no pueda establecerse una armonización concreta de los principios constitucionales en conflicto, debe darse preferencia al derecho fundamental al debido proceso, pues la eficacia de la administración de justicia y la seguridad jurídica no pueden alcanzarse a riesgo de sacrificar los derechos fundamentales de las personas. La justicia está al servicio de estos derechos, por lo cual en estos casos no puede aplicarse mecánicamente el principio constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, pues en tales eventos la norma constitucional relevante es aquella que dispone que el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona. Por ello, en caso de conflicto irresoluble entre derechos constitucionales tan fundamentales como la vida, la libertad, o el debido proceso, y la persecución de objetos estatales de interés general, como los que se logran con una justicia más eficaz, en principio debe el juez constitucional dar prevalencia a los derechos de l apersona, pues es la única forma de conferir un efecto interpretativo real a la Carta de los derechos.

Por lo tanto, en este caso no se puede sacrificar el derecho fundamental que pretende ser tutelado en aras del interés general que dispone una norma, más aún cuando otros criterios corroboran tal determinación.

El principio pro libertate expresa:

“Es menester tener en cuenta que a merced a la fuerza expansiva del derecho a la libertad y de la aplicación del principio pro libertate, entre dos interpretaciones, una de las cuales reduce las posibilidades del derecho mientras que la otra contribuye a potenciarlo; ha de preferirse la que permite el goce y el ejercicio cabal del derecho sobre aquella que lo anula o lo restringe” (17) .

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-445 de agosto 26 de 1998. M.P. Fabio Morón.

En igual sentido el principio a la prevalencia de los derechos o principio pro homine como es conocido en el derecho internacional (18) , otorga en una interpretación un rango prevalente a aquella que permite el ejercicio o goce de un derecho frente a aquellas que lo limitan, anulan o restringen.

(18) “En este aspecto, me parece que el criterio fundamental es el que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringe. Ese criterio fundamental —principio pro homine del derecho de los derechos humanos— conduce a la conclusión de que su exigibilidad inmediata e incondicional es la regla, y su condicionamiento la excepción...” Corte Interamericana de Derechos Humanos, CC-7 de 1987. Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta. Opinión separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante.

Ahora bien, al existir una condena, se presume la fuerza legal de esta providencia independiente a que sea en primera instancia, y en esta acción no se puede desconocer la fuerza legal de la providencia, ya que el amparar el derecho fundamental no es ajeno al ordenamiento jurídico y si bien el amparo solicitado debe prosperar, la libertad será tutelada en conexidad al derecho al debido proceso mal puede esta Sala ordenar la inmediata libertad de alguien que ha sido condenado desconociendo la sentencia judicial ya proferida, pero en aras de la prevalencia de los derechos fundamentales, el amparo se concederá para que se dé prevalencia al proceso de la accionante y así obtenga una debida administración de justicia, de acuerdo con la solicitud de tutelar el derecho al debido proceso y a la libertad presentada por el apoderado de la accionante.

No sobra aclarar que la contestación del a quo, sobre la existencia de otros mecanismos de defensa judicial debe ser condicionada con el derecho que se pretende amparar, mal puede interpretarse que la denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura pretenda tutelar la libertad del reo, por que el fin perseguido por este mecanismo es diferente al intentar otorgar una protección a un derecho fundamental ya que si se optara por este mecanismo, el resultado de la situación vulnerada no variaría directamente como consecuencia de una decisión favorable del Consejo Superior de la Judicatura, la jurisprudencia constitucional ha establecido que tal mecanismo debe ser sencillo, efectivo e idóneo.

“En consecuencia, debe determinarse si adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados” (19) .

(19) Corte Constitucional, Sentencia T-006 de mayo 12 de 1992.

Por esto, la Sala se aparta de la consideración del a quo y acoge los planteamientos de la impugnación, señalando que la existencia de otro mecanismo de defensa judicial debe ser considerada por el juez de tutela cuando exista el medio idóneo, eficaz e inmediato que permita la protección del derecho vulnerado.

En conclusión, bien sea bajo el juicio de proporcionalidad o bajo la aplicación de los principios pro libertate y pro homine, la prevalencia se otorga a favor del derecho fundamental. De acuerdo con el caso sub lite, el juez no puede desconocer la prevalencia de los derechos fundamentales y trasgredir el término judicial colocando a la persona en circunstancias que agravan su situación de reo y actuando en contra de su dignidad violando su derecho al debido proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia del 18 de enero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Concédese el amparo solicitado para proteger los derechos a la libertad y al debido proceso.

3. Otórgase un plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de la presente providencia para que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué inicie los procedimientos para que se profiera fallo decidiendo el recurso de apelación impetrado por el abogado de la peticionaria. En todo caso, el fallo de apelación debe proferirse a más tardar dentro de los quince (15) días después de notificada la presente providencia.

4. Dentro del término de ley remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5. Enviar al a quo una copia de este proveído.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Presidente de la Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

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