Sentencia 38103 de abril 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado acta 131

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Dentro de los principios rectores que se erigen en fundamento del Código Penal, el artículo 11 del Decreto-Ley 599 de 2000 consagra el de la antijuridicidad en los siguientes términos:

“Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal”.

De lo anterior se desprende que para la configuración de este elemento estructurante de la conducta punible, no basta que se satisfaga desde el punto de vista netamente formal, esto es, exclusivamente referido a la contradicción entre la norma jurídica y la conducta del agente, sino que, correlativamente es imperioso que ponga efectivamente en peligro o lesione sin justa causa el bien jurídico objeto de protección, es decir, debe suscitarse la antijuridicidad material, de la cual se deriva el principio de lesividad, respecto del cual la Sala de Casación Penal ha sostenido:

“... Del concepto así expresado se destaca entonces la trascendencia que tiene la noción de lesividad en el derecho penal, por la cual, como sistema de control lo hace diferente de los de carácter puramente ético o moral, en el sentido de señalar que, además del desvalor de la conducta, que por ello se torna en típica, concurre el desvalor del resultado, entendiendo por tal el impacto en el bien jurídico al exponerlo efectivamente en peligro de lesión o al efectivamente dañarlo, que en ello consiste la llamada antijuridicidad material contemplada en el artículo 11 del Código Penal.

Pero, además, se relaciona este principio con el de la llamada intervención mínima, conforme al cual el derecho penal solo tutela aquellos derechos, libertades y deberes imprescindibles para la conservación del ordenamiento jurídico, frente a los ataques más intolerables que se realizan contra el mismo, noción en la que se integran los postulados del carácter fragmentario del derecho penal, su consideración de última ratio y su naturaleza subsidiaria o accesoria, conforme a los cuales el derecho penal es respetuoso y garante de la libertad de los ciudadanos, por lo cual solo ha de intervenir en casos de especial gravedad y relievancia[sic], ante bienes jurídicos importantes y cuando, los demás medios de control resultan inútiles para prevenir o solucionar los conflictos, esto es, reclamando como necesaria la intervención del derecho penal.

Sobre estos postulados, la Corte ha establecido que ante la insignificancia de la agresión, o la levedad suma del resultado, “es inútil o innecesaria la presencia de la actividad penal, como tal es el caso de los llamados delitos de resultado de bagatela...”(1).

En posterior pronunciamiento, sostuvo la Corte:

“... El principio de lesividad de la conducta punible surgió como un criterio de limitación del poder punitivo dentro del moderno Estado de derecho, en el entendido de que constituye una obligación ineludible para las autoridades tolerar toda actitud o comportamiento que de manera significativa no dañe o ponga en peligro a otras personas, individual o colectivamente consideradas, respecto de los bienes y derechos que el ordenamiento jurídico penal está llamado como última medida a proteger.

Este principio, propio del derecho penal ilustrado, no solo está íntimamente ligado a otros de la misma índole (como los de necesidad, proporcionalidad, mínima intervención, separación entre derecho y moral, subsidiariedad y naturaleza fragmentaria), sino que también le otorga un sentido crítico a la teoría del bien jurídico, e incluso habilita en el derecho penal la misión de amparo exclusivo de los mismos, tal como lo ha sostenido en forma casi unánime la doctrina al igual que de manera pacífica la jurisprudencia constitucional y la de la Sala en múltiples providencias (...).

De ahí que la función crítica como reductora del bien jurídico no se agota cuando el legislador crea nuevos tipos penales, ni tampoco cuando el Tribunal Constitucional ejerce el control que le es propio respecto de dicha competencia, sino que suele manifestarse en la labor de apreciación que todos los operadores jurídicos, y en últimas el juez, realizan acerca del alcance de la descripción típica contenida en la norma frente a la gama de posibilidades que el diario vivir le ofrece a la administración de justicia como motivo de persecución, juzgamiento y sanción jurídico penal. Así lo ha precisado la Sala:

(...) el principio de lesividad ha de operar no en la fase estática de la previsión legislativa, sino en la dinámica de la valoración judicial de la conducta, habida cuenta que el cambiante mundo de las interferencias comunicativas de las que se ha hablado hace que vivencialmente, en un momento sociohistórico determinado, ciertos actos tengan una específica significación social que los hacen dañinos por la potencialidad que tienen de afectar un ámbito de interrelación, como la convivencia pacífica en este caso, o que el mismo comportamiento no tenga la virtualidad de impresionar las condiciones que la permiten en un ámbito temporo espacial diferente.

Si no fuera de esta manera, es decir, si el principio de lesividad careciera de incidencia alguna al momento de constatar el ingrediente del bien jurídico por parte de los funcionarios, habría que investigar por un delito contra la administración pública al servidor público que tomó una hoja de papel de la oficina y la utilizó para realizar una diligencia personal, o procesar por una conducta punible contra la asistencia de la familia al padre que de manera injustificada tardó un día en el pago oportuno de la cuota de manutención, o acusar por un delito en contra de la integridad a los bromistas que le cortaron el pelo al amigo que se quedó dormido, etcétera...”(2).

También ha manifestado la Corte que el principio de lesividad encuentra correspondencia en el postulado del harm principle, acorde con la siguiente argumentación:

“... En los países de habla inglesa suele acudirse como base de legitimación de las normas penales sobre todo al harm principle que ha jugado un papel esencial desde el siglo XIX. En relación con el mismo son fundamentales las consideraciones del filósofo Jhon Stuart Mill, vertidas en su obra On Liberty, publicada en 1859. Afirma Mill:

El hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otros; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos (...). Tan pronto como una parte de la conducta de una persona afecta perjudicialmente a los intereses de otra, la sociedad tiene jurisdicción sobre ella y puede discutirse si su intervención es o no favorable al interés general. Pero no hay lugar a plantear esta cuestión cuando la conducta de una persona no afecta, en absoluto, a los intereses de ninguna otra (...) En tales casos, existe perfecta libertad, legal y social, para ejecutar la acción y afrontar las consecuencias (...).

Bajo los presupuestos de la concepción de MILL, no pueden castigarse legítimamente conductas que únicamente conllevan una lesión para uno mismo, ni tampoco puede justificarse el castigo de una conducta únicamente en virtud de su inmoralidad (...)

El énfasis en la lesión de los intereses de terceros, central para el harm principle, puede contribuir a demarcar la diferencia entre el menoscabo de los intereses de terceros y los intereses del propio agente, diferencia también reconocida dentro de la teoría del bien jurídico aunque no suficientemente atendida...”(3).

En lo que tiene que ver con los denominados delitos “bagatela”, tal connotación según se expuso en precedencia, surge por la insignificancia de la agresión al bien jurídico o la levedad suma del resultado, lo cual hace inútil o innecesaria cualquier actividad del órgano judicial del Estado.

Ahora bien, en el derecho penal moderno es cada vez más afincada la tendencia a proteger los derechos de las víctimas, luego el juzgador debe ser sumamente cauteloso al valorar el concepto de lesividad, de modo que no desproteja a los afectados de conductas que de alguna manera los perjudican.

Del mismo modo, una interpretación sistemática de la Carta Política implica aceptar que la investigación y juzgamiento de las circunstancias que rodean la comisión de un delito, impone igualmente obligaciones en materia de protección de los derechos de las víctimas, que han de ser entendidos un límite a la aplicación de determinadas causales de exoneración de responsabilidad del acusado, como es el caso de calificar la conducta como carente de significancia jurídica y social.

En tales condiciones, acerca de la naturaleza de los hechos respecto de los cuáles[sic] es factible aducir que se está frente a un “delito bagatela”, por razones que tocan con la dignidad humana han de operar como límites explícitos el contenido del artículo 2º de la Constitución, que impone al Estado un deber de garantía de asegurar la vigencia de un orden justo, especialmente en relación con las víctimas; el artículo 13 de la misma normatividad relativo al derecho a la igualdad; así como el artículo 229 de la Carta sobre el derecho de acceso a la administración de justicia, a la par de algunos instrumentos internacionales relativos a la efectividad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, pues en la práctica quedarán sujetos a una decisión en tal sentido.

Estos mandatos constitucionales y estas obligaciones internacionales relativos a los derechos de las víctimas tienen que ser ponderados con los intereses estatales de racionalización de la persecución penal, en cuanto se constituyen en los instrumentos por excelencia con los que se puede hacer efectivo el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 superior).

Y es que en este caso particular la protección a la agraviada ha de ser mayor, dado que se trata de una mujer, que por circunstancias naturales se encuentra físicamente en inferioridad de condiciones en relación con el hombre. De ahí que según lo resalta el señor agente del Ministerio Público, convenios internacionales a los cuales ha adherido Colombia proclaman esa especial salvaguardia en beneficio de las mujeres, de modo que conductas como la que da cuenta este proceso no pueden tildarse sin mayor reflexión de “bagatela”.

A propósito de la protección a la mujer por su condición de vulnerabilidad la Corte Constitucional ha sostenido:

“... La violencia contra la mujer suele estar vinculada con causas sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas, las cuales operan en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad y del respeto que se debe a quien es considerada como una persona vulnerable y, en esta medida, sujeto de especial protección tanto en el derecho internacional, como en el ordenamiento jurídico interno de los Estados.

4.1. Los actos de agresión pueden provenir de agentes estatales o de particulares, afectar la vida pública o privada de la mujer, presentarse en sus relaciones laborales, familiares, afectivas, como también por fuera de estas, tener consecuencias para su integridad física, moral o sicológica y, en algunos casos, producir secuelas para las personas que conforman su unidad doméstica. En esta medida, corresponde al Estado y a la familia procurar mecanismos destinados a evitar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, teniendo los órganos estatales que asumir la mayor responsabilidad, debido a su naturaleza, estructura y funciones.

Los órganos internacionales que agrupan a la mayoría de los Estados han comprendido la dimensión y las consecuencias de la violencia contra la mujer; por esta razón, en los últimos años han celebrado convenios y tratados destinados a erradicar tanto la violencia como la discriminación contra la mujer...”(4).

En atención a los anteriores parámetros, en el evento examinado la Sala considera que la censura está encaminada a prosperar, pues no es dable acudir al concepto de falta de lesividad en orden a concluir que el delito de lesiones personales no se configura, pues si este, conforme lo dispone el artículo 111 del estatuto penal sustantivo, se suscita cuando se causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, en este caso es dable predicar su existencia.

En efecto, de conformidad con el dictamen médico legal practicado a la agraviada Ámparo[sic] Velásquez Castillo, con ocasión de los golpes que le infligió sin justificación alguna el acusado Edwar Arturo Rodríguez Castillo, tuvo una incapacidad de cinco (5) días, resultado que en criterio de la Sala no puede apreciarse de suma levedad, irrisorio o insignificante, para concluir por tanto la falta de lesividad y por ende la ausencia de antijuridicidad material en el comportamiento. Distinto habría sido si no se ocasiona ninguna incapacidad para laborar, porque los golpes asestados fueron de tal precariedad respecto de su intensidad que no la produjeron, o esta es realmente exigua o irrelevante, nada de lo cual es predicable en el asunto sometido a consideración de la Sala.

Establecido entonces que la conducta no es de “bagatela” corresponde a la Sala asumir el rol de juez de instancia para determinar si en últimas debe condenarse o no al procesado, al tenor de los requisitos contemplados en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, respecto de lo cual de entrada anuncia que tanto la existencia del hecho como la responsabilidad penal se configuran.

De una parte, ya se vio que se estructura la conducta de lesiones personales desde el punto de vista de la tipicidad objetiva. De igual modo, en su aspecto subjetivo también se cumple, por cuanto el acusado obró dolosamente, toda vez que voluntariamente llevó a cabo el hecho prevalido del conocimiento de los componentes del tipo, al tenor de lo cual se determinó a su realización.

En punto de la responsabilidad del encartado, se tiene que la agraviada, de forma categórica señaló en su denuncia que al momento de encarar a su hermano en la funeraria Lorduy con miras a aclarar las desavenencias surgidas entre ellos en razón a unas amenazas de parte de aquel, las que incluso la llevaron a poner esos hechos en conocimiento de las autoridades, Edwar Arturo Rodríguez Castillo la increpó en el sentido que el ofendido era él, y acto seguido, procedió a lanzarla contra una pared y a propinarle diversos golpes, concretamente en el rostro y la cabeza, amen[sic] que la haló del cabello, agresión que cesó debido a la intervención de los empleados de la funeraria y de su hijo Néstor Iván Lizarazo Vásquez, quien corrió a buscar ayuda policial.

Los anteriores hechos fueron corroborados por este último al momento de rendir declaración, quien los presenció y relató que en la medida que sabía no tenía posibilidades en una confrontación física con el procesado, se abstuvo de participar y salió a buscar a los agentes del orden(5).

Contrario sensu, no persuade lo argüido por el acusado en su diligencia de injurada(6), pues si bien acepta la ocurrencia de una situación constitutiva de violencia, intenta hacer creer que la persona objeto de las agresiones fue él por parte de Ámparo[sic] Velásquez Castillo y su hijo, versión esta insular que no encuentra apoyo en ningún otro elemento de prueba y que deviene falaz si en cuenta se tiene que las lesiones generadas lo fueron en la integridad de la ofendida y no en aquel, según ya se vio, y ello se ofrece como lógica consecuencia dada la situación de debilidad en que se encontraba la víctima respecto del encausado.

En esas condiciones, el carácter antijurídico de la conducta es claro, pues sin que mediara causa alguna que lo justificara, Edwar Arturo agredió a su hermana Amparo causándole lesiones en su cuerpo según ya se expresó en esta providencia.

Finalmente, la culpabilidad es igualmente predicable, porque con conciencia de la antijuridicidad de manera, libre y voluntaria, el agente ejecutó su comportamiento.

En tal virtud, en criterio de la Sala se satisfacen las exigencias del artículo 232 del Código Procesal Penal aplicable (L. 600/2000), para proferir fallo condenatorio en contra del acusado, de modo que así se procederá.

Consecuencias jurídicas de la conducta punible

Determinación de la punibilidad

Para iniciar el proceso de dosificación se hace indispensable traer a colación la resolución de acusación elevada en contra del sindicado, en cuyo texto le imputó el delito de lesiones personales dolosas acorde con las previsiones de los artículos 111 y 112 de la Ley 599 de 2000.

El referido injusto determina una pena privativa de la libertad de uno (1) a dos (2) años de prisión, guarismos que permanecen incólumes, teniendo presente que en el pliego de cargos no se dedujo ninguna circunstancia especial de agravación.

En tal virtud los cuartos de movilidad para discernir la sanción son los siguientes: el primero oscila entre doce (12) y quince (15) meses; los cuartos medios van de quince (15) meses y un (1) día a veintiún (21) meses y, el último, de veintiún (21) meses un (1) día a veinticuatro meses de prisión.

Como se indicó atrás, en ausencia de circunstancias atenuantes o agravantes, resulta jurídicamente pertinente fijar el monto de la sanción principal dentro de los extremos previstos en el cuarto mínimo: de doce (12) a quince (15) meses de prisión.

Según se dijo anteriormente, la lesión y el detrimento al bien jurídico amparado por el legislador se infringió, pese a que las lesiones causadas si bien no fueron de superlativa gravedad, tampoco es dable minimizarlas al extremo de negar la lesividad de las mismas. Por supuesto es viable considerar la intensidad del dolo con que obró el acusado, la cual ha de medirse en atención a que es el hermano de la víctima, que eleva en grado mayor su compromiso de respeto por la integridad personal de su consanguínea, vilipendiada por su determinación voluntaria y libre de infringir la norma penal.

No obstante, la Sala considera objetivamente proporcional al daño causado fijar la punibilidad en el extremo mínimo del primer cuarto, por lo cual se impondrá a Edwar Arturo Rodríguez Castillo la pena principal de doce (12) meses de prisión. En cuanto a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas, ella lo será por lapso idéntico al de la pena privativa de la libertad.

De los daños y perjuicios

No se impondrán cargas monetarias al penado destinadas al pago de perjuicios, en razón a que en el trámite procesal no se demostraron y, menos aún, existen elementos de juicio para calcular perjuicios morales.

Mecanismos sustitutivos de la pena.

Como la sanción no supera los tres (3) años de prisión y la naturaleza, modalidad y gravedad de la conducta, así como la ausencia de antecedentes del acusado no aconsejan tratamiento penitenciario en su contra, considera la Sala procedente otorgar a Edwar Arturo Rodríguez Castillo la suspensión condicional de ejecución de la pena por un periodo de prueba de dos años, con la obligación de suscribir diligencia de compromiso en los términos del artículo 69 del Código Penal, bajo caución de cien mil pesos.

* * * * * *

Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada, en el sentido de revocar el fallo absolutorio proferido en favor de Edwar Arturo Rodríguez Castillo, por las razones expuestas en la anterior motivación.

2. CONDENAR al mencionado ciudadano como autor penalmente responsable del delito de lesiones personales dolosas objeto de la acusación, realizado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.

3. IMPONER a Edwar Arturo Rodríguez Castillo, en consecuencia, la pena principal de doce (12) meses de prisión, al igual que la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos públicos por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

4. DECLARAR que el señor Rodríguez Castillo se hace acreedor a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por un periodo de prueba de dos años. En tal virtud deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos del artículo 69 del Código Penal ante el juez del conocimiento, y prestar caución por la suma de cien mil pesos.

5. Declarar que no procede condena de perjuicios, teniendo en cuenta que no fueron demostrados al interior de la actuación.

6. LIBRAR por la Secretaría de la Sala las comunicaciones correspondientes a las autoridades competentes de conformidad con lo establecido en el artículo 472, Ley 600 de 2000 y demás preceptos concordantes.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 8 de agosto de 2005, Rad. 18609, citada en la del 26 de abril de 2006, Rad. 24612.

(2) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentenciadel 13 de mayo de 2009, Rad. 31.362.

(3) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de julio de 2009. Rad. 31.531.

(4) Sentencia C-776 de 29/09/2010.

(5) Folio 30 ibídem.

(6) Folio 7 y 8 ibídem.