Sentencia 38105 de marzo 15 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Aprobado Acta 91

Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005 la Sala es competente para resolver el recurso propuesto contra la decisión adoptada en audiencia por la magistrada de la Sala de justicia y paz del tribunal superior de Bucaramanga, con función de control de garantías, a través de la cual negó la libertad por vencimiento de términos y la revocatoria de la medida de aseguramiento invocada por el postulado Eugenio Medina.

2. Problemas jurídicos.

A la Corte le corresponde definir, si la decisión adoptada por la magistrada de la Sala de justicia y paz del tribunal superior de Bucaramanga, con función de control de garantías, dentro de la audiencia preliminar, por cuyo medio negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta, se aviene a la normatividad aplicable.

De entrada la Sala anuncia que confirmará el auto recurrido. Las razones:

3. El instituto de la libertad provisional por vencimiento de términos en el marco de la Ley 975 de 2005.

1. El primer problema jurídico que la Sala ha de abordar está relacionado con la concesión de la libertad provisional que consagra el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, por superarse los términos con que contaba la Fiscalía para formular acusación, dentro del marco que regula la justicia transicional, por virtud del principio de complementariedad(5).

2. Frente a idéntica pretensión, la Sala ha tenido la oportunidad de emitir su criterio, para concluir que este beneficio no resulta compatible con el proceso de justicia y paz y con la normativa que lo regula, toda vez que: i) no está consagrado en la Ley 975 de 2005, asunto que no obedece a una omisión legislativa sino a sus especiales características; ii) las particularidades de éste trámite se revelan incompatibles con las normas que gobiernan este instituto, pues la renuncia voluntaria que hace el desmovilizado al principio de la presunción de inocencia, en estos procesos, es contraria a la estructura que rige los procesos dentro de la jurisdicción ordinaria, en donde es el Estado quien tiene la carga de derruirla. Esto ha dicho la Sala:

“…La conclusión así anticipada ya ha sido ampliamente sustentada por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, al precisar que el hecho de que la ley de justicia y paz, a diferencia del Código de Procedimiento Penal ordinario, no consagre expresamente causales de libertad provisional a favor de los desmovilizados de grupos armados ilegales que aspiran a acceder a los beneficios punitivos de la justicia transicional, no puede atribuirse precisamente a una omisión involuntaria del legislador, la cual pueda ser subsanada a través de la aplicación de las causales previstas en la Ley 906 de 2004 o 600 de 2000, en virtud del principio de complementariedad que describe el artículo 62 de la Ley 975 de 2005.

La improcedencia de la aplicación del principio mencionado para así introducir al régimen de la Ley 975 de 2005 causales de libertad provisional surge nítida si se considera —como bien lo recordó en esta actuación el representante de la Procuraduría— la diferente naturaleza de las dos clases de procesos: en especial, la Corporación ha de considerar aquí que es precisamente el propio procesado quien acude ante las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley 975 de 2005 no, en principio, para que ésta derribe la presunción de inocencia que lo cobija, sino justamente a confesar ante la autoridad y la sociedad la comisión de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. En retribución, siempre y cuando atienda su compromiso de verdad, justicia y reparación con las víctimas y la comunidad, el procesado se hará acreedor a una pena alternativa, único beneficio que se le concede.

Las precisiones precedentes permiten afirmar que sería naturalmente ilógico que quien se acoge voluntariamente al proceso de la ley de justicia y paz para, a través de él, confesar públicamente sus crímenes, comprometerse con los derechos de las víctimas y someterse a la detención preventiva en establecimiento carcelario, resulte favorecido con una libertad provisional, cuando aún no ha cumplido los presupuestos que le permiten gozar del beneficio punitivo que trae aparejada la sentencia que en su contra se profiera, según el régimen de justicia transicional.

La Sala ahonda en su convicción sobre la improcedencia de la libertad provisional dentro de los procesos que se tramitan conforme a la ley de justicia y paz, tras considerar que uno de los fundamentos de dicho régimen es que se trata del juzgamiento de conductas de la más extrema gravedad, de procesados que han dedicado largos años de su vida al ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil, y que como se trata de un proceso diseñado ‘a la medida de las víctimas’ se impone atender a su percepción de justicia, la cual naturalmente se vería burlada si se concediese la libertad provisional a quien voluntariamente se ha acogido al estatuto especial, en busca de una condena con beneficios.

Ahora bien, el hecho de que —como así lo asegura la defensora recurrente— los procesados hayan demostrado su inclinación a colaborar con este particular trámite, lo que constituye obviamente una de sus obligaciones más elementales si aspiran a beneficiarse en el futuro de la pena alternativa, en manera alguna tal disposición, por sí misma, permite la concesión de un beneficio distinto a los expresamente consagrados en la Ley 975 de 2005(6)”.

3. Por consiguiente, la mera superación de los 60 días contados a partir de la formulación de imputación al postulado en los trámites de la Ley de Justicia y Paz, no estructuran causal de libertad provisional, luego tal pretensión, como bien lo sostuvo la magistrada de la Sala de justicia y paz del tribunal superior de Bucaramanga, ha de ser despachada desfavorablemente, sin que con ello la Sala coadyuve la indefinición de los asuntos que como en el presente caso se advierten, lo que conlleva a que la Corte eleve un vehemente llamado a la unidad nacional de fiscalías de justicia y paz, para que remedie con prontitud la tardanza advertida.

4. La medida de aseguramiento de detención preventiva y su revocatoria en el marco de la ley de justicia y paz.

1. En materia de privación del derecho a la libertad, la Carta Política le impuso al legislador un sistema de estricta reserva legal, tras consultar los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la fijación de los motivos que dan lugar a restringir ese derecho(7).

2. En desarrollo de esos fines que orientan su imposición excepcional, la ley y la jurisprudencia de la Sala han reconocido que las medidas de aseguramiento que restringen la libertad, tienen como sus principales propósitos: i) proteger a las víctimas y la comunidad, ii) garantizar la integridad de la prueba y, iii) asegurar la comparecencia del procesado al trámite(8), de forma tal que sólo puedan decretarse, cuando se reúnan de manera estricta los requisitos que la ley señala para su procedencia, siempre que resulten indispensables para alcanzar la finalidad constitucional que con ellas se persigue.

3. No obstante lo dicho, y por razones idénticas a las expuestas frente al instituto de la libertad provisional, estos presupuestos propios de un trámite adversarial resultan extraños en el marco de justicia y paz, ya que éste es “un proceso de reconciliación nacional, y, por tanto, concebido al interior de procesos de acercamiento con grupos armados al margen de la ley en busca de la paz, la reconciliación y la consolidación del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, lo cual supone un origen diferente al de las otras leyes(9)”.

4. En efecto, la filosofía que orientó al legislador en Colombia para abrir paso a éste modelo de justicia transicional como un camino hacia la paz y la reconciliación nacional, fue la de convocar a todas las personas que pertenecieron a grupos armados al margen de la ley para que se sometan voluntariamente al proceso, a cambio de significativas ventajas punitivas que comienzan a capitalizar en su favor los postulados desde el momento en que se someten a la ley, flexibilizando de esta forma su castigo.

5. Por ello, es condición sine qua non, que cuando un desmovilizado aspire a que se le incluya en este trámite, acuda voluntariamente a la administración de justicia, confiese su participación en hechos delictivos y asuma libremente que tras su renuncia a la presunción de inocencia, deviene la imputación fáctica y jurídica de unos cargos, conforme a los hechos narrados en la diligencia de versión libre (la que constituye una verdadera confesión), así como la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, misma que, contrario a lo que sucede en un trámite ordinario, no resulta ser excepcional, sino por voluntad del legislador, la única aplicable y a partir de la cual además, empieza a descontar su pena(10).

6. Nótese cómo, la distinción entre uno y otro trámite justifican su especial naturaleza(11), pues su teleología difiere ampliamente a la que enmarca la Ley 906 de 2004 (que regula un proceso adversarial), luego resulta admisible que las particularidades que rigen el instituto de la detención preventiva en el marco del procedimiento ordinario le resulten inaplicables.

7. De modo que si el artículo 318 de la Ley 906 de 2004(12), permite la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento con la presentación de elementos materiales probatorios que desvirtúen los presupuestos que se tuvieron en cuenta para su imposición(13), no puede ser invocada con los alcances que pretenden otorgarle el postulado y su defensor en este proceso especial.

En estas condiciones, no es que se echaran de menos los elementos de prueba para sustentar su revocatoria, como equivocadamente lo advirtió la magistrada de control de garantías, sino que tal instituto se ofrece exótico e improcedente en este trámite.

8. Para la Sala, se muestra refractario al procedimiento especial de la ley de justicia y paz, que quien se acoge y a través de su versión confiesa voluntariamente ante la jurisdicción sus crímenes, con fundamento en los cuales se le impone la medida de aseguramiento y se le priva de la libertad, pretenda luego, la revocatoria de la medida a través de una remisión normativa no aplicable frente a las medidas de aseguramiento.

9. Por consiguiente, dentro de las especiales características que gobiernan la ley de justicia y paz y sus decretos reglamentarios, resulta improcedente dar aplicación al principio de complementariedad(14) para invocar la revocatoria de la medida de aseguramiento consagrada en el artículo 318 de la Ley 906 de 2004, pues aquella, en uno y otro caso persiguen objetivos diferentes.

10. En palabras sencillas debe concluirse que en la Ley 975 de 2005 no es procedente la revocatoria de la medida de aseguramiento, sin que resulten de recibo las alegaciones que en este sentido elevaron los recurrentes, pues lo cierto es que uno de los principios basilares que gobiernan este proceso, es el de la verdad y por tanto además de su improcedencia carece de lógica y sindéresis citar como argumento que la Fiscalía no ha realizado las gestiones tendientes a establecer si lo que el versionado confesó es cierto, pues a este proceso no se llega a mentir con el propósito de encontrar inmerecidos descuentos punitivos(15).

Bajo estas consideraciones y con las puntualidades advertidas, se confirmará en este punto la decisión recurrida.

5. De la renuncia del postulado a continuar en el proceso transicional cuando se ha impuesto medida de aseguramiento y el trámite se encuentra en fase de investigación.

1. Al margen de las conclusiones a las que arribó la Sala en relación con los problemas jurídicos planteados, y por virtud de la función pedagógica de la Corte, se advierte la necesidad de aclarar la evidente confusión, tanto de la Magistrada con función de Control de Garantías y de los recurrentes, en orden a dar curso a la “solicitud de exclusión(16)” invocada por el postulado.

Con ese propósito cabe distinguir: i) si lo que se persigue es excluir de los beneficios a un desmovilizado por solicitud de la Fiscalía o el propio Gobierno Nacional(17), o ii) si lo pretendido es la renuncia voluntaria del postulado a ser juzgado dentro del marco de la Ley 975 de 2005, que es lo que en últimas plantea el desmovilizado.

Recuérdese lo que en torno a este aspecto ha sostenido la jurisprudencia de la Sala:

“…cuando el elegible renuncia voluntariamente a ser investigado por el procedimiento de la Ley 975 de 2005, no se requiere decisión de la Sala de Justicia y Paz para ordenar finalizar el trámite y remitir las diligencias a la justicia ordinaria:

(i) Porque el presupuesto instrumental esencial para esta especialísima clase de proceso aparece dado por la confesión veraz y completa de los delitos cometidos o de cuya ocurrencia tiene conocimiento el postulado, revelación que en todo caso debe ser obtenida en forma voluntaria, sin juramento ni coacciones de naturaleza alguna. Y,

(ii) Porque la pena alternativa constituye un derecho disponible por su beneficiario sin que esa decisión menoscabe derechos de la sociedad y de las víctimas, toda vez que los delitos cometidos y sus autores serán investigados por la justicia ordinaria(18)”.

2. En consecuencia, si la pretensión de José Ramón Eugenio Medina es renunciar a ser investigado y juzgado dentro del marco de la ley de justicia y paz, tal dimisión no le corresponde resolverla a la Sala de conocimiento del tribunal de justicia y paz de Bogotá, como equivocadamente lo precisó la magistrada de control de garantías en la decisión recurrida, con carácter de obiter dicta.

Esta conclusión conllevaría a pronosticar que atendiendo la jurisprudencia reiterada de la Corte, como fue el elegible quien renunció voluntariamente a ser investigado, sería función de la Fiscalía atender tal solicitud disponiendo el archivo de las diligencias como paso previo a remitir la actuación a la justicia ordinaria.

Sin embargo, esta postura tiene una variante que consiste en establecer cual(sic) es el funcionario llamado por ley a resolver la renuncia del postulado en aquellos eventos en que se hayan impuesto medidas que suponen la existencia de decisiones judiciales tales como: i) la medida de aseguramiento, ii) las medidas cautelares, o iii) la orden de suspender los procesos que se adelanten en la jurisdicción ordinaria, en aquellos eventos en que aun no se haya dado inicio a la etapa de juzgamiento(19).

Para la Sala, es el magistrado de control de garantías quien en sede de audiencia preliminar debe resolver tal solicitud, para que sea esta misma autoridad quien levante las medidas impuestas y como consecuencia de ello disponga el archivo y el envío de las diligencias ante la jurisdicción ordinaria.

3. El enfoque novedoso de la Sala frente a ésta particular situación, tiene soporte en que en la fase de investigación, la competencia para tomar cualquier decisión de carácter judicial ya sea producto de la versión libre, la imputación o la formulación de cargos, radica en los magistrados de control de garantías de las Salas de justicia y paz de los tribunales del país, luego en estos eventos, se itera, cuando lo pretendido no constituye un debate, —y la renuncia y el consecuente levantamiento de las medidas impuestas no lo es— carece de fundamento mantener esta competencia en la Fiscalía que nada puede hacer en torno a las medidas judiciales dispuestas, ni tampoco asignarlo a las Salas de Conocimiento de los tribunales de justicia y paz, cuando la naturaleza de la decisión(20), cohesiona la competencia de los magistrados con función de control de garantías.

En estas condiciones, ha de ser ante estos funcionarios, en sede de audiencia preliminar, a instancia de la Fiscalía y con la convocatoria del postulado(21), el escenario en el que se resuelva tanto la renuncia como las otras determinaciones de carácter judicial que aparejan el archivo del proceso.

4. Lo anterior no supone un cambio de postura de la Corte, lo que ocurre es que aun en estos eventos donde no hay ningún tipo de controversia, cuando la dejación del trámite se produce con posterioridad a la imputación(22), se mantienen en vigor decisiones judiciales que deben ser zanjadas, dado que la renuncia del desmovilizado apareja la imposibilidad de disfrutar en el futuro de los beneficios de la Ley 975 de 2005, y por tanto, no pueden quedar vigentes medidas decretadas en esta jurisdicción, ni tampoco puede un funcionario de la jurisdicción ordinaria(23) modificar las determinaciones tomadas por los magistrados de los tribunales de justicia y paz en el marco de este proceso transicional.

5. En síntesis, en aquellos eventos en que medie solicitud del postulado de renunciar al trámite de justicia transicional implementado a través de la Ley 975 de 2005 en fase de investigación devienen dos posibilidades: i) si el desmovilizado renuncia en condición de versionado y no se ha impuesto ninguna medida de carácter judicial, la competencia para resolver tal eventualidad radica en la Fiscalía General de la Nación como hasta ahora ha venido ocurriendo y, ii) si su dimisión opera después de que se hayan impuesto medidas cautelares, o se haya tomado cualquier decisión de carácter judicial, la competencia para resolver el asunto radicara en los magistrados de control de garantías de las salas de justicia y paz de los tribunales del país, por las razones advertidas en precedencia.

Con las aclaraciones introducidas, la Sala confirmará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la determinación recurrida, adoptada por la magistrada de control de garantías de la Sala de justicia y paz del tribunal superior de Bucaramanga en audiencia del 13 de diciembre de 2011.

2. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Artículo 62 de la Ley 975 de 2005.

(6) Auto 23 de marzo de 2011, radicado 36051.

(7) Cfr. entre otras, sentencias de la Corte Constitucional, radicados C-327/97, 425/97 y 634/00.

(8) Artículo 308 de la Ley 906 de 2004, autos radicados 31167 de 2009 y 34606 de 2010.

(9) Auto del 9 de febrero de 2009, radicado 30955.

(10) Así lo reconoció la jurisprudencia de la Sala, auto 34606 del 9 de diciembre de 2010.

(11) “Artículo 2º. Naturaleza. La Ley 975 de 2005 consagra una política criminal especial de justicia restaurativa para la transición hacia el logro de una paz sostenible, mediante la cual se posibilita la desmovilización y reinserción de los grupos armados organizados al margen de la ley, el cese de la violencia ocasionada por los mismos y de sus actividades ilícitas, la no repetición de los hechos y la recuperación de la institucionalidad del Estado de Derecho, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para tal efecto, el procedimiento integrado establecido en esta ley incluye un proceso judicial efectivo de investigación, juzgamiento, sanción y otorgamiento de beneficios penales a los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, dentro del cual las víctimas tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos, a conocer la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos punibles y a obtener reparación del daño sufrido.

(12) Solicitud de revocatoria. Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

(13) Como son 1. Asegurar la comparecencia del imputado al proceso, 2. La conservación de la prueba y, 3) la protección de la comunidad,

(14) Artículo 62: complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.

(15) El desmovilizado invocó su postulación, para disminuir la pena que ya se le había impuesto en la jurisdicción ordinaria.

(16) Indebidamente nominada por la funcionaria de control de garantías, la que no es cosa distinta a la renuncia del postulado de continuar inmerso en el trámite, distinción necesaria pues apareja consecuencias diametralmente distintas.

(17) Trámite que por virtud de la ley y por sus connotaciones es estrictamente judicial pues apareja un debate y una eventual sanción, cuya competencia radica en las salas de conocimiento de los tribunales de justicia y paz.

(18) Corte Suprema de Justicia, auto de segunda instancia de 27 de agosto de 2007, radicado 27873, reiterado en auto 29472 del 10 de abril de 2008, y 34606 del 9 de diciembre de 2010.

(19) Las salas de conocimiento de los tribunales de justicia y paz, tienen competencia a partir de la audiencia de control de legalidad de la formulación de cargos conforme a lo reglado en el artículo 19 y siguientes de la Ley 975 de 2005.

(20) Atendiendo la etapa del proceso.

(21) Para que coadyuve su petición.

(22) Pues cuando la renuncia la invoca un versionado a quien no se ha impuesto ninguna medida, sigue siendo competencia de la Fiscalía disponer el archivo de las diligencias.

(23) Como pudiera ser un juez penal municipal, un juez del circuito o un juez especializado.