Sentencia 38115 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

SL1560-2014

Rad.: 38115

Acta 4

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Fue propuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

VI. Alcance la impugnación

Se dirige a obtener de la Corte que case totalmente la sentencia impugnada emitida en el proceso en referencia, para que una vez constituida en sede de instancia, revoque la sentencia de primera instancia en el mismo proceso, y en su lugar absuelva a la demandada y provea sobre costas.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló dos cargos que fueron replicados, los cuales se estudiaran por separado, debido a que el primero se planteó por la vía indirecta, en la modalidad de error de hecho, en tanto que el segundo por la vía directa en la figura de interpretación errónea, y sobretodo porque persiguen propósitos diferentes.

VII. Primer cargo

Acusó el fallo por la vía indirecta, en la modalidad de error de hecho, al existir una indebida aplicación de la norma sustantiva, de los artículos 22, 23 (L. 50/90, art. 1º), 24 (L. 50/90 art. 2º), 34 (D. 2351/65 art. 3º), 47 (D. 2351/65 art. 5º), 61 literal H (L. 50/90 art. 5º), 64 (L. 789/2002, art. 289), 65 (L. 789/2002 art. 29), 249 y 306 del CST, Ley 52 de 1975 artículo 3º, Ley 50 de 1990 artículo 99 numeral 3º, concordados con los artículos 769, 1603, 1620 del Código Civil, y 26 y 13, 19 numeral 1, 20 numeral 15, 26, 968 a 980 del Código de Comercio, artículo 3º de la Ley 797 de 2003, artículos 200 y 210 del Código de Procedimiento Civil, artículos 60 y 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social.

Indicó los siguientes errores en los cuales incurrió la sentencia impugnada:

1. Dar por demostrado que la relación jurídica que existió entre los demandantes y la empresa Almacenes Éxito S.A., estaba regida por un contrato de trabajo.

2. Dar por demostrado, que la terminación del presunto contrato de trabajo no fue por una justa causa contractual.

3. No dar por demostrado, que los demandantes tenían la calidad de comerciantes autónomos dedicados al suministro y montaje de equipos técnicos.

4. Concluir la conducta contraria a la buena fe contractual de la demandada al finalizar el contrato de trabajo, para imponer la sanción por mora.

Señaló como medio probatorio dejados de apreciar:

  1. Contrato de suministro de servicios para el área de mantenimiento, celebrado con cada demandante. (fls. 26 a 30 y 31 a 35-729 a 735 y 736 a 742)
 

  1. Certificados de registro mercantil en calidad de comerciantes de los demandantes (fls. 743 a 745).
 

  1. Solicitud de autorización para numeración de facturas e inscripción del registro único tributario de los demandantes (fls. 748 y 749).
 

  1. Afiliación al sistema de seguridad social en calidad de trabajadores independientes de los demandantes (fls. 750 a 755).
 

  1. Confesión provocada mediante interrogatorio de parte al señor Gerson Alejandro Ardila Rojas (fls. 822 a 824), y
 

  1. Confesión ficta del señor Jorge Enrique Taborda C. (fl. 824).
 

Como medios de prueba mal apreciados, la declaración de los señores Leonel Valencia Montaño (fls. 774 a 776), Héctor Darío Zapata Ramírez (fls. 779 a 781) y Marco Antonio Agudelo (fls. 781 a 783), una vez demostrados los yerros fácticos de la sentencia con la prueba calificada u objetiva.

Planteó la demostración del cargo, de la siguiente manera:

Respecto de los errores primero y tercero dice que el ad quem motivó la existencia del vínculo contractual laboral entre las partes en conflicto al estimar 1) “... que una relación laboral es un contrato sui generis y corresponde al fallador establecer en cada caso la realidad jurídica de los hechos, puesto que estos prevalecen sobre las simples apariencias normales según la noción que impera en el contrato de trabajo como contrato realidad”, y 2) “se ha reconocido en forma reiterada por la jurisprudencia que cuando el prestador de un servicio personal está sometido a horarios de trabajo y recibe órdenes de quien se beneficia de su servicio, se configura el elemento subordinación, característico de las relaciones de trabajo dependiente, por que (sic) se desnaturaliza la eventual autonomía propia de los trabajadores independientes”.

Rotula entonces que los errores en que incurrió el ad quem consisten en que concluyó que toda relación de trabajo personal, en un horario, configura un contrato de trabajo; desconoció que todo acto jurídico de orden unilateral o bilateral conlleva una subordinación general, sin que esto necesariamente se ubique en la subordinación propia que identifica los contratos de trabajo; ignoró que los demandantes se anunciaban al público como trabajadores independientes, por su registro en la Cámara de Comercio, como expertos en el oficio de mantenimiento y reparación de equipos técnicos, por su inscripción en el RUT-DIAN, y por sus aportes como tales al sistema de seguridad social; desconoció la confesión que hizo el demandante Gerson Ardila Rojas en el interrogatorio de parte, al aceptar que suscribió con la demandada un contrato de suministro, y que presentaba una factura de venta por cada actividad que realizaba, y actuaba como trabajador autónomo.

Resalta que el ad quem tampoco tuvo en cuenta la inasistencia injustificada del demandante Jorge Taborda al interrogatorio de parte, que debió conllevar a la declaración de confeso en relación con los hechos de la respuesta a la demanda que lo admiten, esto es que se desvirtuó la presunción de existencia de una relación de trabajo, quedando establecida que actuó como trabajador independiente de un oficio que ejerce desde su establecimiento como actividad mercantil.

Manifiesta que el ad quem infirmó la confesión de los demandantes, y la que emana de los documentos, pruebas calificadas, con los testimonios de Leonel Valencia Montaño, Héctor Darío Zapata Ramírez, y Marco Antonio Agudelo, quienes no concretaron tiempos, funciones, ni reglamentos, y además se trata de una prueba subjetiva basada en la memoria del hombre, frente a la objetiva del documento auténtico y la confesión de parte.

Afirma que no todo trabajo independiente está regido por el Código Sustantivo del Trabajo, y se apoya en las sentencia de esta Sala y corporación del 27 de junio de 2000, y del 4 de mayo de 2001.

Con relación al segundo de los errores, indicó que el ad quem expresó que la terminación del contrato fue ilegal, con lo cual desconoció el contenido de la cláusula quinta del convenio suscrito entre ambos, en donde se estableció por las partes la forma de finalizar el vínculo, texto que reconoció haber suscrito el demandante Ardila Rojas, por efecto de la confesión ficta también el demandante Taborda Cuspoca, y ejecutado en las comunicaciones visibles a folios 746 y 747 que cada demandante recibió.

Referente al cuarto error que le endilga a la sentencia, denunció que en esta se concluyó que la demandada tuvo un comportamiento de mala fe durante la vigencia y terminación del vínculo contractual con los demandantes, y con ello impuso la drástica sanción por mora del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, la mora en el pago de los intereses a las cesantías, y por la falta de depósito anual de las cesantías. Al respecto manifestó que la demandada tenía el convencimiento, durante toda la relación contractual, de que el vínculo que regía a las partes era de suministro de servicios, regido por el derecho comercial, con personas que se anunciaban en una actividad mercantil, sin existir reclamos ciertos y concretos durante la vigencia del mismo, sino a la terminación, señalando que al respecto se pronunció esta Sala y corporación en las sentencias de julio 17 de 1977, febrero 7 de 2001, noviembre 24 de 2005, y octubre 3 de 2006.

VIII. Réplica

Frente al anterior cargo, la parte demandante indicó que no está llamado a prosperar, en esencia, por las siguientes razones: 1. el recurrente, a pesar de plantear el cargo por la vía indirecta, invocó argumentos de orden jurídico y probatorio para cuestionar el fallo impugnado, por ejemplo la coincidencia de elementos propios de la relación de trabajo con el de otro tipo de contratos, en el caso de la subordinación, inconformidad que no es susceptibles de plantearse por la vía indirecta; 2. indicó que el casacionista acusó la sentencia de no apreciar unos documentos que el ad quem tuvo en cuenta, con lo que confunde la apreciación equivocada con la falta de apreciación de pruebas, por ejemplo en lo relacionado con los contratos de suministros; 3. los medios de prueba que el recurrente denuncia como apreciados no son idóneos para cuestionar la conclusión del tribunal sobre la existencia de una verdadera relación de trabajo, porque los contratos de suministro, el certificado de registro mercantil, la solicitud de autorización de facturas como tampoco las constancias de afiliación del demandante a la seguridad social pueden desvirtuar la existencia de la relación de trabajo; 4) el recurrente no desvirtuó las conclusiones referidas al horario, las órdenes impartidas, la existencia de jefes y especialmente la igualdad de condiciones funcionales con el personal de planta, por lo que la sentencia debe mantenerse incólume; no existe confesión en el interrogatorio de parte que rindió Ardila, y además, el representante legal de la parte demandada tampoco concurrió al interrogatorio de parte, por lo que los efectos de la confesión ficta debieron también recaer sobre la sociedad demandada; no rebate el impugnante la conclusión del ad quem acerca del término indefinido de los contratos de trabajo deducidos, y mucho menos los supuesto que llevaron a imponer las condenas por mora.

IX. Se considera:

Sea lo primero en precisar que la réplica al cargo que se analiza se formuló en seis ítems, en donde los cinco últimos apuntan al tema de fondo del cargo, para que no prospere, referidos a la confusión del recurrente al plantear el cargo por falta de apreciación de documentos que el fallador de segundo instancia tuvo en cuenta, falta de idoneidad de los medios de pruebas que denuncia el recurrente como no apreciados para cuestionar la conclusión del ad quem sobre la existencia de una relación de trabajo entre las partes, la falta de cuestionamiento del recurrente sobre las conclusiones del tribunal relativas al horario, las órdenes impartidas, la existencia de jefes y especialmente la igualdad de condiciones funcionales con el personal de planta, la inexistencia de confesión del demandante Gerson Ardila en el interrogatorio de parte, y la falta de cuestionamiento referente al término indefinido de los contratos de trabajo deducidos.

En cambio, el primer de los temas de la réplica tiene como norte derrotar el cargo desde el punto de vista formal, cuando señala que el mismo, pese a elegir la vía indirecta, invoca argumentos de orden jurídico y probatorio para cuestionar el fallo impugnado, lo que a juicio del replicante no es coherente con las reglas técnicas inherentes a la casación.

Al respecto indica la Sala que el recurrente al plantear el cargo en mención, y referirse al elemento subordinación, si bien se extiende en consideraciones jurídicas, impropio para este medio de ataque, lo hace para resaltar los supuestos errores de hecho en que incurrió el ad quem para llegar a la conclusión de la existencia de un contrato de trabajo, pues a renglón seguido enuncia las pruebas de orden documental, de confesión judicial, y de paso testimonial, que a su juicio fueron dejados de apreciar por el tribunal para llegar a la conclusión comentada, lo que evidencia que efectivamente no incurrió en el equívoco formal que se le acusa, por lo que en este punto se desestima las apreciaciones de la réplica.

Dado lo anterior, pasa entonces la Sala al estudio del cargo, cuyo problema jurídico inicial se concreta en determinar, desde el punto de vista probatorio, si entre las partes en conflicto existió o no una relación de trabajo.

Debe precisar la Sala que el error de hecho implica probar conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, indicando que es indispensable que el error aparezca de manifiesto en el proceso, que salte a la vista del simple cotejo entre lo que se afirma en la sentencia impugnada con lo que expresan los medios probatorios, sin necesidad de acudir a conjeturas o hipótesis; es decir debe ser manifiesto, de bulto y notorio el defecto en el juicio como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, induciendo al juzgador de instancia a dar por establecido un hecho que realmente no aparece probado, o al dar por no probado un hecho que está demostrado en el proceso.

Dice el recurrente que el ad quem, en la sentencia impugnada, dio por demostrado que la relación jurídica que existió entre las partes estaba regida por un contrato de trabajo, cuando realmente los demandantes tenían la calidad de comerciantes autónomos dedicados al suministro y montaje de equipos técnicos, y para ello señala una serie de medios probatorios, documentales dejados de apreciar por el ad quem, visibles a folios 26 a 35, 729 a 745, 748 a 755, y 822 a 824 del expediente.

Dichos folios en su orden se refieren al contrato de suministro de servicios para el área de mantenimiento AM 066/97, suscrito el 8 de julio de 1997 por Cadenalco y Gerson Alejandro Ardila Rojas; y el mismo contrato, catalogado con el número AM 050/97, suscrito el 25 de julio de 1997 por Cadenalco y Jorge Enrique Taborda Cuspoca; certificados de registro mercantil expedidos por la Cámara de Comercio de Medellín, en donde aparecen los demandantes en calidad de comerciantes, propietarios de sendos establecimientos de comercio que llevan su nombre; los avisos de terminación del contrato de prestación de servicios enviados por la demandada a cada uno de los demandantes; las solicitudes de autorización de numeración para facturación y la inscripción en el RUT, ambas suscritas por Gerson Ardila; formulario de pago de aportes en salud y pensión, y la afiliación a la EPS Susalud de Jorge Taborda; formulario de pago de los aportes a salud y afiliación a la EPS Salud de Gerson Ardila, respectivamente. Además el interrogatorio de parte que rindió Gerson Ardila Rojas, y la ausencia de Jorge Taborda Cuspoca a la misma diligencia.

Indica el recurrente que el ad quem dejó de apreciar el contrato de suministro de servicios para el área de mantenimiento, suscrito por la demandada con cada demandante. Al respecto la sentencia acusada señala que

Obran de folios 26 a 37 los dos contratos de suministro para el área de mantenimiento celebrados entre los demandantes y Cadenalco S.A.; a folios 24 y 25 se observan los avisos de terminación del contrato dirigidos a cada uno de los demandante; reposa también certificaciones sobre tiempo de trabajo, cargo, reportes de la gestión realizada, remuneración y carnés. En este orden de ideas, se tiene que efectivamente las partes celebraron los contratos de suministro de servicios de mantenimiento.

También el ad quem se refirió a apartes de los citados documentos para establecer los extremos temporales de la relación de trabajo, cuando afirma que

...en efecto, entre los folios 26 a 37, se observan las copias de los contratos de (sic) Nº AM 066/97 y AM 050/97, suscritos entre los litigantes y la sociedad demandada, respecto del señor Jorge Enrique Taborda se probó que inició labores el día 25 de julio de 1997, mientras que el señor Geison (sic) Ardila inició sus funciones el día 8 de julio de 1997; y ambas relaciones de trabajo terminaron el día 30 de marzo de 2004 de acuerdo con la notificación que en tal sentido recibieron del Jefe de la División de Servicios Generales de la sociedad (fls. 24 y 25), además, la relación se mantuvo sin solución de continuidad.

Entonces, en sentido contrario a lo manifestado por el impugnante, el ad quem tuvo en cuenta, y apreció los contratos de suministro de servicios para el área de mantenimiento, así como las cartas de terminación de esos contratos, para concluir a través de ello, como ya se expresó, que “efectivamente las partes celebraron los contratos de suministro de servicios de mantenimiento”, frente a lo cual no se configura el error de hecho por falta de apreciación que alega el recurrente.

Respecto de los documentos denominados certificados de registro mercantil expedidos por la Cámara de Comercio de Medellín, en donde aparecen los demandantes en calidad de comerciantes y propietarios de sendos establecimientos de comercio que llevan su nombre; las solicitudes de autorización de numeración para facturación y la inscripción en el RUT, ambas suscritas por Gerson Ardila; el formulario de pago de aportes en salud y pensión, y la afiliación a la EPS Susalud de Jorge Taborda; el formulario de pago de los aportes a salud y afiliación a la EPS Salud de Gerson Ardila, y además el interrogatorio de parte que rindió Gerson Ardila Rojas, y la ausencia de Jorge Taborda Cuspoca a la misma diligencia, efectivamente el ad quem no los apreció.

Entonces, frente a dichos medios de prueba calificados, veamos si demuestran que entre las partes existió realmente un contrato de suministro como lo afirma el recurrente y no uno de trabajo como concluyó el tribunal.

Los certificados de la Cámara de Comercio de Medellín sobre la calidad de comerciantes de los demandantes, y propietarios de sendos establecimientos de comercio que llevan su nombre, demuestran que para el mes de junio de 1997 en el caso de Gerson Ardila, y en el caso de Jorge Taborda para el mes de julio de 1997, estaban matriculados en el registro mercantil; y observados en conjunto con los denominados contratos de suministro de servicios de mantenimiento, se evidencia que ambos suscribieron dichos contratos en su calidad de comerciantes y dueños de los respectivos establecimientos de comercio, documentos que refuerzan la posición inicial del ad quem desde el punto de vista formal, que entre las partes suscribieron sendos contratos de suministro de servicios de mantenimiento.

En relación con las solicitudes de autorización de numeración para facturación y la inscripción en el Rut, ambas suscritas por Gerson Ardila; el formulario de pago de aportes en salud y pensión, y la afiliación a la EPS Susalud salud de Jorge Taborda; y el formulario de pago de los aportes a salud y afiliación a la EPS Salud de Gerson Ardila, estos contribuyen aún más a establecer que desde el punto de vista formal, las partes suscribieron contratos de suministro de servicios de mantenimiento, ante el cual los demandantes actuaron como comerciantes, propietarios de sendos establecimientos de comercio.

Respecto al interrogatorio de parte que rindió Gerson Ardila Rojas, leída la declaración no se avizora confesión alguna; por el contrario, relata que el trato que recibió de la demandada era como si fuese su trabajador subordinado. En efecto, al responder una serie de preguntas, indicó que fue cierto que suscribió con Cadenalco varios contratos de prestación de servicios independientes, “pero que eso era lo que decía el papel, más en lo laboral nunca se cumplió”, que solo podía trabajar para Cadenalco, no era autónomo para decidir lo que tenía que hacer porque siempre tuvo un jefe inmediato, presentaba facturas de cobro por cada servicio que prestaba por cuanto la empresa le obligó a suscribirse en la DIAN para poder facturar, que cobraba un salario fijo que tenía, recibía órdenes de un jefe en Cadenalco y después de otro jefe en el Éxito, cumplía un horario de trabajo y las herramientas eran suministradas por la demandada, y que recibía un trato igual que a sus compañeros de trabajo en horarios y en dotación.

En cuanto a las consecuencias de la ausencia del demandante Jorge Taborda Cuspoca al interrogatorio de parte, si bien fue solicitada por la apoderada de la parte demandada antes de finalizar la cuarta audiencia de trámite, no hubo pronunciamiento judicial al respecto, por lo que la confesión ficta no quedó estructurada en debida forma, circunstancia que conduce a su desestimación en sede de casación, todo conforme lo ya expresado en algunas sentencias, entre ellas en la CSJ SL, 7 abr. 2005, rad. 24292; y la CSJ SL, 22 jun. 2007, rad. 30560, más recientemente en la sentencia CSJ SL, 21 mar. 2012, rad. 37865.

Así, los documentos indicados, se itera, no cambian sino que reafirman la apreciación inicial del ad quem, acerca de que “efectivamente las partes celebraron los contratos de suministro de servicios de mantenimiento”.

Con todo, el fundamento real de la conclusión del ad quem de que “indudablemente durante el desarrollo de los contratos nominados como de suministro de servicios, los demandantes dependían de un supervisor o jefe de taller encargado de coordinarles su trabajo, dentro de un horario que también era programado por la empresa” fueron los testimonios de Leonel Valencia Montaño, Héctor Darío Zapata Ramírez, y Marco Antonio Agudelo, y los documentos visibles a folios 715 a 718, referidos a la programación de mantenimiento electromecánico para Jorge Taborda, la programación de técnicos Vs almacenes para Gerson Ardila, el control de visitas de mantenimiento preventivo de Jorge Taborda, testimonios que no son prueba calificada para casación, y documentos a los cuales no se refirió el recurrente.

Dado lo anterior el ad quem no incurrió en los errores que le endilga el recurrente cuando consideró que la relación contractual que existió entre las partes, si bien inicialmente fue de prestación de servicios, en la realidad de los hechos aquella se trocó a una de naturaleza laboral.

En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, indica el reclamante que el ad quem desconoció la intención de las partes, contenida en el texto del contrato del contrato suscrito entre ambos, en forma específica en la cláusula quinta del mismo, en la que se indica la forma como cada parte puede expresar su voluntad para la finalización del acuerdo, y además los documentos visibles a folios 746 y 747 referidos a la terminación del contrato de trabajo a cada uno de los demandantes.

El ad quem, al pronunciarse sobre el tema, indicó que

Respecto de la duración de los contratos, afirma el mismo apoderado que fue a término fijo, porque en estos casos cuando se declara la prevalencia del contrato realidad hay que respectar las cláusulas que conservan su validez porque no contarían las normas del trabajo, lo cual es cierto; sin embargo, su dicho se desvirtúa con el mismo contrato escrito que en la cláusula quinta dice: El presente contrato se celebra por el término de una vigencia indefinida; sin embargo cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier tiempo y antes de su vencimiento, sin que haya lugar a requerimiento previo ni indemnización de ninguna naturaleza, dando aviso a la otra parte con (30) días de antelación ... (fls. 28 a 29 y 33). Por esos ha de entenderse que el contrato de trabajo fue a término indefinido, y la anterior conclusión nos lleva a confirmar la condena a pagar indemnización por despido injusto porque la explicación ofrecida por la accionada al sustentar el recurso de apelación fue que el contrato terminó por vencimiento del plazo, y esto solo opera si se entiende celebrado a término fijo, que no es el caso.

La cláusula quinta de ambos contratos de prestación de servicios de mantenimiento, suscrito entre cada demandante con la parte demandada, ciertamente expresan lo ya señalado por el ad quem, que el término del contrato era indefinido. Además para la terminación de cada uno de los contratos, efectivo 30 de marzo de 2004, la demandada lo hizo por escrito calendado 27 de febrero de 2004, dirigido a cada demandante, dando un preaviso con más de 30 días de antelación.

Como quiera que la existencia de la relación jurídica laboral deviene de una decisión judicial, la forma de terminar el contrato de trabajo, calificado como indefinido, debería seguir los parámetros de la legislación laboral, en el sentido de que los modos de terminación del mismo, deben tener relación con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, uno de las cuales es la decisión unilateral de unas de las partes, lo que conlleva a la indemnización por despido sin justa causa, en la medida en que la razón de la terminación, que no se explica, no hace referencia a las conductas relacionadas taxativamente en el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965.

En el sub judice, la demandada terminó en forma unilateral el contrato de trabajo a término indefinido suscrito con cada uno de los demandantes, con un preaviso escrito de un poco más de 30 días, el cual por no expresar razones justificadas de dicha decisión, deviene en injusto y causa la indemnización rogada por despido sin justa causa. Y ello es así en tanto que el acuerdo de las partes sobre la forma de terminar los contratos de trabajo a término indefinido, no puede suplir o derogar las normas de carácter laboral vigentes que regulan la misma materia, en la medida en que son de orden público, y expresan mínimos de derechos y garantías.

Por ello el supuesto error en que incurrió el ad quem no se evidencia.

En cuanto a la indemnización moratoria, tanto por el no pago de salarios y prestaciones a la terminación del vínculo laboral, el pago tardío de los intereses a las cesantías, y el no depósito de las cesantía en un fondo, el recurrente insiste en que la demandada tenía el convencimiento de que el vínculo contractual era de carácter comercial y no laboral, con personas que se anunciaban como comerciantes, sin existir reclamación sobre la existencia de un contrato de trabajo entre las mismas partes, lo que deviene en buena fe. Para ello indica que se dejaron de apreciar debidamente los contratos de suministro de mantenimiento suscritos entre los demandantes y la demandada, así como la confesión provocada de Gerson Ardila y la confesión ficta de Taborda Cuspoca.

El ad quem, para fulminar condena al respecto, se apoyó en los testimonios rendidos en el proceso por Héctor Darío Zapata y Leonel Valencia, quienes expresaron que la demandada obligó a los demandantes a que se inscribieran en la Cámara de Comercio para que pudieran suscribir los contratos de suministro de servicios de mantenimiento, y describieron la persistencia por parte de la demandada, durante la ejecución del contrato, de darles un trato como trabajadores subordinados, lo que implicó desde el inicio el interés de desdibujar la relación laboral para sustraerse de la obligación de pagar las prestaciones sociales.

Como ya se expresó, del contrato de prestación de servicios si bien se demuestra de que ab initio “efectivamente las partes celebraron los contratos de suministro de servicios de mantenimiento”, del mismo no se desprende que la demandada actuó bajo la creencia de que se trataba de una relación comercial con los demandantes, pues conforme al ad quem, el trato que recibieron los demandantes de la demandada, durante la prestación del servicio, fue de empleador a trabajador subordinado. Por otro lado, también como se enunció, del interrogatorio de parte rendido por el demandante Gerson Ardila no se deduce confesión alguna al respecto, y la confesión ficta del demandante Taborda Cuspoca no se presentó.

Por todo lo mencionado, el cargo no prospera.

X. Segundo cargo

Ataca la sentencia de segundo grado, por violación directa, por interpretación errónea, del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, concordante con los artículos 1º y 16 del Código Sustantivo del Trabajo, y 27, 31, y 32 del Código Civil, ante la equivocada apreciación de la norma por el juzgado, quien le hizo producir un efecto diferente a la interpretación lógica y literal, por un error en su significado y entendimiento, independiente de la cuestión de hecho que se regula.

En la demostración del cargo afirma que el ad quem estimó que la obligación de pagar un día de salario por cada día de retardo, cuando el trabajador devenga más de un salario mínimo legal mensual vigente, smlmv, “subsiste después del mes 25 a favor de aquellos trabajadores que antes de cumplirse 24 meses contados desde la fecha de terminación del contrato iniciaron su reclamación por la vía ordinaria, como lo hicieron los demandantes”. Al respecto estima que una interpretación literal, sistemática y objetiva de la citada norma es limitar la penalidad del día de salario por cada día de mora en el pago de salarios y prestaciones sociales desde la terminación del contrato de trabajo a los primeros 24 meses, y transcurrido este plazo procesal es fijar la sanción en intereses sobre el capital adeudado, “pero es contario al genuino sentido de la norma en la interpretación lógica y gramatical, con el espíritu y sentido del legislador, el regresar a una sanción indefinida como se ordenaba en el original artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo”, para lo cual se apoyó en la sentencia del 9 de agosto de 2006.

Remata manifestando que el cargo concreto se da por la distorsión mental del juzgador al cambiar el sentido del precepto que gobierna este tema, ya que desde la vigencia de la Ley 789 de 202, artículo 29, se limita a 24 meses, mandato que desconoció el juez de instancia, lo que debe tener la consecuencia lógica y jurídica de romper la sentencia en esta parte de la resolución de la misma, ya que en esta interpretación errónea existe o implica una inteligencia equívoca del precepto, que se traduce en una falta de aplicación correcta de la norma.

XI. Réplica

Estimó que el cargo no está llamado a prosperar por cuanto el Tribunal al imponer la indemnización moratoria interpretó en forma correcta el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en coherencia con la Sentencia C-781 de 2011.

XII. Se considera

Dado la vía escogida, es un hecho no discutido entre las partes de que la relación laboral terminó el 30 de marzo de 2004, la demanda se presentó el 21 de julio de 2004, y durante ese lapso de tiempo, y aún hoy, estuvo rigiendo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 65 del CST, y que el salario devengado por el demandante Gerson Ardila Rojas era de $912.358 pesos mensuales, y el de Jorge Taborda Cuspoca de $1.052.000 pesos mensuales.

El citado artículo señala:

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajadorpor concepto de salarios y prestaciones en dinero.

...

PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso 1 de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente.

Sobre la interpretación correcta de la norma transcrita, en lo que concierne a la indemnización e intereses moratorios, se pronunció la sentencia CSJ SL, 6 may. 2010, rad. 36577, en los siguientes términos:

No obstante las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala de la Corte entiende que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la terminación del vínculo jurídico el empleador incumplido deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro de esos veinticuatro (24) meses, como aconteció en este caso.

Después de esos veinticuatro (24) meses, en caso de que la situación de mora persista, ya no deberá el empleador una suma equivalente al último salario diario, sino intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, hasta cuando el pago de lo adeudado se verifique efectivamente; intereses que se calcularán sobre las sumas debidas por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

De tal suerte que la presentación oportuna (entiéndase dentro de los veinticuatro meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo) de la reclamación judicial da al trabajador el derecho a acceder a la indemnización moratoria de un día de salario por cada día de mora hasta por veinticuatro (24) meses, calculados desde la ruptura del nudo de trabajo; y, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25), contado desde esa misma ocasión, hace radicar en su cabeza el derecho a los intereses moratorios, en los términos precisados por el legislador.

Pero la reclamación inoportuna (fuera del término ya señalado) comporta para el trabajador la pérdida del derecho a la indemnización moratoria. Sólo le asiste el derecho a los intereses moratorios, contabilizados desde la fecha de la extinción de vínculo jurídico.

En el presente caso, la terminación del contrato de trabajo fue efectiva el 30 de marzo de 2004, y la demanda se presentó el 21 de julio de 2004, es decir escaso tres meses después de la desvinculación laboral, lo que comportó el derecho para los demandantes a la indemnización moratoria, equivalente a 1 (un) día de salario por cada día de retardo por los primeros 24 meses, y a partir del mes 25, contados desde la terminación del contrato de trabajo, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera hasta cuando se efectúe el pago de las prestaciones sociales.

Como quiera que el ad quem en el presente caso impuso condena equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales, incluso después del mes 24 contados desde la terminación del vínculo laboral, evidentemente incurrió en un protuberante error de interpretación de la citada norma.

De suerte, que en este punto el cargo prospera, y por ende se casará parcialmente la sentencia de segunda instancia.

En sede de instancia, se considera lo siguiente:

El a quo impuso la condena indicada, a razón de 1 (un) día de salario por cada día de retardo hasta la fecha de pago efectivo de las cesantía y primas de servicios, tomando como salario mensual, en el caso de Gerson Ardila, la suma mensual de $456.179 pesos, y en el caso de Jorge Taborda la suma mensual de $526.000, cuando conforme al hecho 7 de la demanda correspondían al salario quincenal.

La parte demandada al interponer recurso de apelación, insistió en la revocatoria de la misma, y en su defecto en la disminución del valor, dado que entre los argumentos esbozados señaló que la norma en mención limitó la sanción a los 24 meses iniciales desde la terminación del contrato de trabajo, lo que implicó exceso de la sentencia de primer grado al regularla, tanto en la aplicación de la norma como en el cálculo del valor de la indemnización, por lo que solicitó de forma tácita la revisión cuantitativa de la misma.

En el cargo, dirigido de puro derecho, la parte demandada sólo apuntó a lo relativo a la extensión de la condena por indemnización moratoria más allá de los 24 meses, dejando incólume los valores que determinó el ad quem como salario mensual del demandante Ardila Rojas en la suma de $912.358 pesos, y el de Jorge Taborda Cuspoca de $1.052.000 pesos.

Entonces, se modificará la condena impuesta por el A quo, por concepto de indemnización moratoria, así:

A favor de Gerson Alejandro Ardila Rojas, la suma de $30.411,92 pesos diarios desde el 31 de marzo de 2004 (día siguiente al de la terminación del contrato de trabajo) y hasta el 30 de marzo de 2006, y a partir del 1ro de abril de 2006 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera hasta cuando se paguen al demandante las cesantías y la prima de servicios, y sobre el importe de estas prestaciones.

A favor de Jorge Enrique Taborda Cuspoca, la suma de $35.066,66 pesos diarios desde el 31 de marzo de 2004 (día siguiente al de la terminación del contrato de trabajo) y hasta el 30 de marzo de 2006, y a partir del 1ro de abril de 2006 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera hasta cuando se paguen al demandante las cesantías y la prima de servicios, y sobre el importe de estas prestaciones.

Sin costas en el recurso extraordinario por salir avante en forma parcial el recurso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA EN FORMA PARCIAL la sentencia proferida el 19 de agosto de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Descongestión Laboral, en el proceso que Gerson Alejandro Ardila Rojas Y Jorge Enrique Taborda Cuspoca promovieron en contra de la sociedad Almacenes Éxito S.A., en lo que tiene que ver con la indemnización moratoria a cargo de la parte demandada y a favor de los demandantes. NO LA CASA en lo demás.

En sede de instancia, SE MODIFICA la sentencia de primera instancia proferida el 10 de febrero de 2006 por el juzgado laboral del circuito de Envigado dentro del mismo proceso, exclusivamente en lo que tiene que ver con la indemnización moratoria a favor de los demandantes y a cargo de la parte demandada, para precisar en su lugar que la sociedad demandada, por el mismo concepto deberá pagar a cado uno de los demandantes los siguiente valores:

A favor de Gerson Alejandro Ardila Rojas, la suma de $30.411,93 pesos diarios desde el 31 de marzo de 2004 (día siguiente al de la terminación del contrato de trabajo) y hasta el 30 de marzo de 2006, y a partir del 1º de abril de 2006 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera hasta cuando se paguen al demandante las cesantías y la prima de servicios, y sobre el importe de estas prestaciones.

A favor de Jorge Enrique Taborda Cuspoca, la suma de $35.066,66 pesos diarios desde el 31 de marzo de 2004 (día siguiente al de la terminación del contrato de trabajo) y hasta el 30 de marzo de 2006, y a partir del 1º de abril de 2006 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera hasta cuando se paguen al demandante las cesantías y la prima de servicios, y sobre el importe de estas prestaciones.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».