Sentencia 38186 de enero 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 38.186

Magistrado Ponente

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 2

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

Ciertamente es que en el acta de descargos de folios 114 a 121 la demandante, además de admitir su desempeño como ‘Jefe de atención al cliente’ para el 9 de diciembre de 1997 en las oficinas del Banco demandado donde se produjo el hurto de $444.000.000,00 —cuestiones que expresamente dice no discutir en el ataque—, expuso su versión sobre la ocurrencia de los hechos, y en cuanto al control y manejo de las llaves de la puerta principal y demás de la oficina bancaria —que es a lo que se refiere el ataque— en manera alguna aceptó haber sido su responsable para la fecha del insuceso. Al contrario, lo que afirmó y reafirmó fue que para el mentado 9 de diciembre de 1997 la llave de la puerta principal estaba bajo la custodia y manejo de uno de los tres vigilantes con que contaba la oficina bancaria, específicamente, “(...) por la persona que estaba en la puerta (...)”, como se observa de la misma declaración a folio 117, o (...) en horas del día esa responsabilidad la tenía el vigilante que tenía a su cargo la puerta, así mismo semanalmente se rotaba los vigilantes (...), como aparece a folios 117 a 118, para no abundar en más expresiones.

Cosa distinta es que a la finalización de dicha diligencia hubiera consignado que “en mi calidad de jefe de atención al cliente en la actualidad fuera de mi firma autorizada, tengo el manejo de las llaves de la oficina, arme y desarme alarmas y fuera de eso claves tanto de la bóveda principal, como de las cajas fuertes que se encuentran en la bóveda auxiliar (...)”, pues, de tal expresión lo único que es dable concluir es que para el momento de la declaración —5 de febrero de 1998— aceptó que sí era la responsable del manejo de las llaves de la oficina bancaria, pero no que también lo hubiera aceptado para el 9 de diciembre de 1997, que fue cuando se produjo el hurto en la oficina bancaria.

Luego, el tribunal incurrió en el primero de los yerros que le atribuye la recurrente en el cargo, pues concluyó que “de lo manifestado por la propia demandante en esa diligencia de descargos se establece que sí estaba bajo su responsabilidad el manejo de las llaves de la entidad bancaria, así como las claves de las cajas fuertes que se hallan en las bóvedas, por lo que se puede concluir fácilmente que esta responsabilidad conlleva la obligación de conocer las medidas de seguridad para el manejo del dinero y valores que se encontraban bajo su custodia”.

No obstante el mentado yerro, que daría lugar a la casación del fallo del tribunal por haber sido básico a su decisión, para la Corte éste no tiene la trascendencia pretendida por la recurrente de quebrar el fallo con miras a obtener el acogimiento de sus pretensiones iniciales, pues, de procederse en ese sentido y en sede de instancia pasar al estudio del absolutorio dictado por el juzgado por fuerza de la apelación de la aquí recurrente, se llegaría a la misma conclusión del tribunal, por cuanto, como se verá, de los restantes medios de prueba del proceso, o como lo dijera ese juzgador, “de las probanzas arrimadas al proceso” sí es dable inferir la conclusión de que la recurrente tenía “la obligación de conocer las medidas de seguridad para el manejo del dinero y valores que se encontraban bajo su custodia”, que el tribunal equivocadamente obtuvo con exclusividad de la diligencia de descargos, para, de esa manera, poder válidamente concluirse que “la demandante incurrió en la justa causa que le endilgó su empleador para dar por terminado el contrato de trabajo, contenida en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 6º”.

En efecto, siguiendo con los medios de prueba que se dice por la recurrente como erróneamente apreciados, se puede objetivamente observar lo siguiente:

1. Los documentos de folios 561 y 562 (memorando de 3 de febrero de 1998 y nota de recibido por parte de la trabajadora del 5 siguiente) que contienen el instructivo de manejo de alarmas y control permanente de llaves de la oficina bancaria a cargo de la demandante, corroboran que en esa fecha se le informó tal novedad a la trabajadora, según nota de recibido por parte de ésta (fl. 562).

Ningún elemento de juicio aporta a la discusión la vista de los dichos documentos, habida cuenta de que el hurto ocurrió el 9 de diciembre de 1997 y la responsabilidad laboral que se le atribuye a ésta lo fue para los hechos de tal fecha. Sin embargo, afianza la alegación que ésta hiciera en la diligencia de descargos sobre que fue para esta segunda fecha en que asumió el control de las llaves de acceso a la entidad a su cargo.

2. La investigación realizada por el departamento de seguridad que aparece a folios 480 a 492 es un documento proveniente del mismo demandado que si bien esclarece las imputaciones hechas por éste a la trabajadora en la carta de terminación del contrato de trabajo para los efectos del establecimiento de su responsabilidad laboral en el ilícito ocurrido el 9 de diciembre de 1997, no constituye propiamente una prueba en su contra, por provenir del propio empleador.

Ahora, la recurrente aduce que las varias expresiones que resalta muestran que el acceso de los delincuentes a la oficina bancaria se produjo gracias a que contaban con la llave de la puerta principal (reja) —pues la otras dos: de vidrio y de aluminio, estaban abiertas por el uso de una manguera que suministraba agua al local, resultado de la suspensión del servicio por hurto del contador de agua—, y los vigilantes no ofrecieron ninguna resistencia, lo cual ciertamente aparece allí informado. Y que ella contaba con autorización del banco para mantener la puerta del cuarto, sala o zona de recuento abierta cuando se estuviera cumpliendo esa labor por la cajera principal, lo cual en modo alguno es cierto, pues lo que dicha investigación reprocha como ‘normas y medidas de seguridad incumplidas’, al lado de la ‘alarma de la sala de recuento desactivada’ y ‘bóveda sin temporizar’ es precisamente la de mantenerse la ‘puerta de la sala de recuento abierta’ (fl. 490), incumplimiento que imputa a ‘Rosa Helena Segura Alvarado directora del centro de servicios y María Cristina Díaz Gómez Cajera Principal’ (ibídem).

3. El instructivo para la prevención y manejo de ilícitos que obra a folios 535 a 547 del expediente con fecha de emisión del 11 de julio de 1997 y nota de remisión a la trabajadora como responsable del centro de servicios Colseguros (fl. 548), contiene las instrucciones que deben observarse ante los diversos hechos delictivos que pueden afectar la normal operación de oficinas como la dirigida por la actora, entre ellas, las que compete asumir preventivamente frente a hurtos simples y calificados, específicamente, durante el cierre de la oficina y para lo que aquí interesa, así: “3.2.3. (...) Solamente cuando salga el último cliente, se expone el dinero para el arqueo en la sala de recuento. Cuando por razones excepcionales la gerencia autorice la apertura de la oficina, el dinero deberá protegerse de nuevo en la bóveda y con las debidas seguridades que el caso requiere. Mientras está abierta la bóveda, la puerta del banco debe estar cerrada y la llave de una de las cerraduras, que debe ser exclusiva permanece en poder del cajero principal, para garantizar que esa medida se cumpla. (...) Impida que el vigilante mantenga las llaves colocadas en la chapa o candado de la puerta de acceso a la oficina (...)” (fl. 537 vto.). Y entre otras medidas preventivas se observa: “(...) Defina e implemente con el apoyo y asesoría de las autoridades pertinentes y áreas del banco respectivas, un plan de contingencias para la atención de emergencias, con la participación de los funcionarios de las oficinas” (fl. 538 vto.).

La recurrente alega que dicho documento antes que inculparla la exonera de responsabilidad, pues de allí se deduce que todo el dinero hurtado podía estar en la zona, sala o cuarto de recuento, habida consideración de que para ese momento —4.09 p.m.— ya había salido el último de los clientes de la oficina, que es lo que exige la directiva patronal; y el citado manual “jamás habla de que en dichas horas el cuarto de reconteo debe estar cerrado, pues lo que el mismo dice, es que ‘... Solamente cuando salga el último cliente, se expone el dinero para el arqueo en la sala de recuento ...’, que fue lo que sucedió en autos”.

No obstante, en sentido totalmente contrario a lo que ingeniosamente se plantea en el cargo, lo que surge indubitable de lo resaltado por la propia recurrente, y que resulta más que obvio a las medidas de prevención debidas a la custodia y control de los dineros recaudados, es que en modo alguno el dinero recaudado por la oficina puede estar sujeto a ‘exposición’, salvo cuando fuera menester su arqueo y recuento. Razón simple para entender que el dinero debe estar siempre, salvo la mentada excepción, en las bóvedas acondicionadas por la entidad para tal efecto, no de que apenas salga el último cliente se puede dejar expuesto, lo que de suyo excluye, sin duda, la posibilidad de que el dicho recuento se cumpla a cielo abierto, o en zonas, cuartos o salas al descubierto, y razón también para que la directiva patronal exija que mientras se cumpla la actividad de arqueo y recuento la puerta de acceso esté cerrada y una de las llaves permanezca en manos exclusivas del cajero principal, quien es responsable de la dicha operación de arqueo y recuento.

En este caso es inequívoco que, con total independencia de que los delincuentes hubieran ingresado a la oficina bancaria con sus propias llaves, ya hubieran sido facilitadas por alguien de la entidad, copiadas, hurtadas, etc., lo cierto es que encontraron el dinero absolutamente ‘expuesto’, esto es, sin seguridad alguna, lo que facilitó el volumen de lo hurtado, el retiro de lo hurtado y la rapidez con que éstos lo hicieron, por cuanto ya del dinero se había hecho su arqueo y recuento, estaba en tulas apropiadas para su retiro, fuera de las bóvedas naturales de su depósito, con la puerta de acceso abierta al cuarto, zona o sala de arqueo y sin llave alguna de manera exclusiva en manos de la cajera principal de la oficina. Es decir, tan poco esfuerzo exigió de los delincuentes el hurto que a cuenta de trasladar unos pocos metros varias tulas cargadas de dinero obtuvieron por ello la nada despreciable suma de $444.000.000,00 para el 9 de diciembre de 1997.

Por manera que, contrario a lo alegado por la recurrente, el instructivo para la prevención y manejo de ilícitos que obra a folios 535 a 547 del expediente con fecha de emisión del 11 de julio de 1997 y nota de remisión a la trabajadora como responsable que era del centro de servicios Colseguros para la fecha de la comisión del ilícito sobre la suma de $444.000.000,00, para nada la exonera, sino que por él mismo cabe predicarle responsabilidad laboral ante el mismo, dado que, siendo incontestable que eran de su cargo las medidas anunciadas sobre el manejo, manipulación y cuidado del dinero desde su traslado de la bóveda al cuarto, zona o sala de recuento, y su regreso inmediato a la bóveda frente a cualquier situación que condujera a verlo indebidamente expuesto, al punto que la cajera principal debía mantener una de sus llaves de acceso de manera exclusiva, éstas se indican por los demás medios de prueba como que no ocurrieron, como tampoco desconoce el cargo, sólo que trata de explicar con argumentos como el de la falta de ventilación del cuarto de recuento o el de la suspensión del servicio del acueducto, situaciones que condujeron a que la responsable de la oficina autorizara mantener abierta la puerta de acceso al cuarto de recuento y a que se mantuviera tendida una manguera desde un local aledaño con visible constante riesgo a la seguridad de dos de las tres puertas de acceso a la oficina bancaria.

Luego, la conjugación de estas circunstancias: la apertura de la puerta de acceso a la sala, zona o cuarto de recuento, el mantenimiento de una manguera desde el exterior del local hasta el interior de la oficina bancaria, y la falta de control exclusivo de la cajera principal de la entidad sobre una de las llaves de acceso, aunado a la exposición del dinero en las tulas utilizadas para su transporte inmediato fuera de su natural lugar de depósito, facilitaron el hurto de la mentada suma de dinero, aún, a desprecio de que los delincuentes hubieran ingresado al local utilizando la propia llave de la puerta —reja— de entrada.

4. El interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, como ocurre con la investigación adelantada por dependencias de ésta y la misma carta de despido a la actora, aparte de precisar los hechos endilgados a la actora como parte de su responsabilidad como ‘Jefe de atención al cliente’ del ‘Centro de servicios de Colseguros’ del banco, si bien es cierto corrobora la suspensión del servicio del acueducto a las dependencias aludidas para la fecha del hurto, en modo alguno, como parece entenderlo la recurrente, confiesa autorización alguna para suspender las medidas de seguridad debidas a la custodia y manejo de los dineros allí guarecidos, por manera que, de éste no puede obtenerse confesión alguna sobre la liberación de la responsabilidad laboral que le competía a la recurrente en su rol de primera funcionaria de la dicha oficina, pues del más mínimo sentido común es el advertirse que para proceder a la ‘exposición’ del dinero en el área, sala, zona o cuarto de recuento —en este caso cuarto—, para ser posteriormente trasportado por los vehículos acondicionados para tal efecto, exigía ahí sí la ‘suspensión’ de cualquiera otra medida de emergencia que hubiera tenido que adoptarse para atender otras necesidades de la oficina o de sus funcionarios, responsabilidad ésta que no podía recaer en otra persona distinta a quien dirigía la operación de la dicha oficina.

De manera que, no por aceptarse que se había autorizado el uso de canecas para transportar el agua, o de una manguera extendida desde un local aledaño, es dable entender que el representante legal del banco también aceptó que se había autorizado a la citada oficina la suspensión de las medidas de prevención de ilícitos o de custodia y manejo de los dineros allí depositados como para que éstos pudieran ser contados a puerta abierta con la escasa protección de una puerta de reja, como fue en efecto lo que pasó.

5. El documento de folio 24 del expediente, al que se agregan los de folios 25 a 29, que la recurrente recuerda en el cargo como el utilizado para informar el hurto del contador del agua y la emergencia que por la suspensión de dicho servicio se presentó días atrás al hurto, aparte de demostrar tal hecho, reitera la condición de responsable de la oficina de la demandante, y en forma alguna que hubiera quedado liberada del cumplimiento de sus responsabilidades o de la suspensión de las medidas de seguridad debidas a la custodia y manejo de los dineros depositados en la oficina a su cargo.

6. Pero de donde no queda el menor asomo de duda de la responsabilidad de la recurrente sobre la custodia, manejo y operación de los dineros que permanecían en el referido ‘Centro de servicios de Colseguros’ es en el catálogo de funciones a su cargo como ‘Jefe de atención al cliente’, que obra a folios 390 a 32 del expediente, y que en modo alguno fueron desconocidas por ésta en el único ataque de la demanda de casación, y aún en las instancias, en el cual se lee sin equívoco que le competía, entre otras, el ‘control y supervisión del movimiento de efectivo en la bóveda’ y la ‘apertura y cierre de bóveda y manejo de las claves’, funciones que, sin atención al manejo de las llaves de acceso a la oficina bancaria, lo cual igualmente es reprobable pero no obviamente para las resultas de este proceso, la obligaban a adoptar las medidas idóneas requeridas para evitar una indebida ‘exposición’ del dinero allí depositado, lo que a la postre no ocurrió y que, como sin premura se ha visto, facilitó la pérdida de $444.000.000,00 en manos de los ‘amigos de lo ajeno’, como literalmente lo señalara la misma recurrente al advertir ella misma que éstos entraron como ‘Pedro por su casa’, y en escasos dos minutos se hicieron a la nada despreciable cantidad señalada.

7. Ahora, aunque no se puede desconocer lo que líneas anteriores se dijera del acta de descargos visible a folios 114 a 121 del expediente, en cuanto a lo reiterativa de la trabajadora a la negativa de la administración de las llaves de acceso a la oficina bancaria en esa diligencia, que desafortunadamente el tribunal no apreció correctamente, tampoco puede desatenderse el hecho de que allí mismo, como se acepta en el recurso extraordinario, siendo la encargada de la oficina —aun cuando no la responsable de conceder permisos a los vigilantes—, permitiera sin reproche alguno la salida de uno de éstos momentos antes de que se fuera a hacer un arqueo y recuento de más de $500.000.000,00, a puerta abierta del cuarto de recuento que ella así había autorizado, con el sencillo expediente de que ‘cada quien administra su tiempo’ (fl. 116) y que aquél le informó que ‘iba a recoger un cheque y utilizar su hora de almuerzo’ (ibídem), muy a pesar de que ella misma reconoció que para tales efectos ‘la empresa cuenta con un supervisor y un jefe de operaciones, que era con los que yo tenía trato directo’ (ibídem). De suerte que, así no fuera la competente para conceder permisos laborales a los vigilantes, pero sí la responsable de la oficina, no termina siendo convincente que guardara silencio ante la ausencia de unos de los vigilantes permanentes de la oficina cuando precisamente iba a ver una exposición del dinero a su cargo en las precitadas circunstancias, no obstante tener comunicación directa con los superiores de éste. Su responsabilidad laboral ante tal situación queda en entredicho por ese sólo aspecto.

En síntesis, sin tener que agotarse la lectura de los medios de prueba del proceso, y muy a pesar del dislate del fallo atacado en la imputación de cargos a la recurrente, de lo observado bien salta a la vista que ésta tenía, para la pluricitada fecha del 9 de diciembre de 1997 “la obligación de conocer las medidas de seguridad para el manejo del dinero y valores que se encontraban bajo su custodia”, por manera que, al no haber procedido como correspondía y con ello facilitar el hurto de $444.000.000,00 de la oficina bancaria que a sus órdenes estaba, “la demandante incurrió en la justa causa que le endilgó su empleador para dar por terminado el contrato de trabajo, contenida en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 6º”, como en esta parte ahora sí atinadamente lo sentenció el juzgador de la alzada.

De lo que viene de decirse, no prospera el cargo.

Costas en el recurso a cargo de la recurrente, dado que hubo réplica. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3’000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 18 de julio de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso que Rosa Helena Alvarado Segura promovió contra el Banco Ganadero S.A. (hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA S.A.).

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».