Sentencia 38271 de mayo 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 38271

SL359-2013

Acta 016

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «XI. Consideraciones de la Corte

La razón acompaña a la réplica en la crítica que le hace al tercer cargo, pues ciertamente este ataque no indica la modalidad o submotivo de violación de la ley, y en ese orden de ideas no puede la Corte oficiosamente asumir el papel de la censura escogiendo el concepto de violación dada la naturaleza dispositiva del recurso de casación, omisión que hace inestimable el cargo.

No obstante lo anterior, ninguno de los tres cargos están llamados a salir avante por lo siguiente:

Teniendo en cuenta la orientación de los cargos, esto es, la vía directa, está por fuera de toda discusión que la empresa demandada reconoció al actor una pensión de jubilación de origen convencional a partir del 1º de enero de 1986, así como también que el ISS hizo lo propio con la pensión de vejez desde el 11 de mayo de 2002.

La controversia gravita en que la parte promotora del litigio sostiene que tales pensiones son compatibles, en tanto que la demandada afirma lo contrario, es decir, que deben ser compartidas, teniendo en cuenta que la de origen convencional se reconoció con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985 y, además, porque el mismo acto administrativo mediante el cual fue reconocida, así lo dispuso.

Bien, el argumento del tribunal radica en que tratándose de pensiones convencionales reconocidas antes del 17 de octubre de 1985, se requiere de acuerdo entre las partes en punto de su compartibilidad con la reconocida con el ISS, puesto que por regla general son compatibles, situación que se predica a la inversa con posterioridad a esa fecha, tal y como se dijo en la sentencia de casación del 30 de enero de 2001, para concluir que por haber sido reconocida la pensión de jubilación convencional a partir del 1º de enero de 1986 y porque en la Resolución 0029 de 1986 se estableció expresamente que dicha pensión sería pagada hasta el 11 de mayo de 2002, fecha en la que el ISS debía reconocer al actor la de vejez, es razón por la que dichas pensiones con compartibles.

Pues bien, el anterior planteamiento se encuentra acorde con la reiterada y pacífica jurisprudencia de esta Sala, que ha sostenido que al tenor de lo preceptuado en los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 del mismo año, solo era posible predicar la compartibilidad pensional frente a las pensiones legales, y por pensiones legales debe entenderse aquellas cuyo marco normativo estaba fijado por la ley en cuanto a los requisitos de tiempo de servicios y edad, recordando que los presupuestos requeridos por la ley para la concesión de un derecho subjetivo laboral constituyen el mínimo de derechos y garantías para los asalariados.

Exigencias que desde luego podían ser superadas a través de la contratación colectiva, en el cual los requisitos podían variarse en condiciones más favorables que los previstos en la legislación positiva.

Por ello, es fácil deducir cuándo una pensión de jubilación tiene origen legal y cuando su causa es por fuera de la ley, de manera que si se concede una prestación de esa naturaleza, cuyos requisitos para su causación estén fijados por la ley, esta será la fuente de la misma y no otra diferente, y viceversa, si se otorga una pensión cuyos requisitos estén consagrados, a manera de ejemplo, en un convenio colectivo, o en un acuerdo entre las partes o en un acto unilateral del empleador, su fuente u origen será precisamente esa convención, ese acuerdo o ese acto unilateral.

Así, cuando una prestación de origen convencional sustituya el derecho a la que consagra la ley, no por ello puede afirmarse que la primera adquiera la naturaleza de legal, pues cada una conserva su propia entidad, ya que para determinar si se tiene derecho o no a un determinado beneficio, los requisitos para su causación hay que buscarlos en el acto que lo consagra, que bien puede ser la ley, la convención colectiva, el pacto colectivo, el reglamento interno de trabajo o el acto unilateral del empleador.

Lo anterior para significar que en el asunto puesto a consideración de la Corte, la pensión que se le reconoció al demandante por parte de la accionada, exige la edad de 50 años para su otorgamiento, y sucede que la referida edad no corresponde a la que las normas legales vigentes exigían para acceder a tal prestación y, en consecuencia, es dable tenerla como extralegal.

El artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, expresamente se refirió a las pensiones extralegales, que no son otras, y así se desprende de su texto, que aquellas reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente. Igualmente, de dicha disposición se valió el tribunal cuando citó y reprodujo la sentencia del 30 de enero de 2001 de esta Sala, para llegar a la conclusión de la compartibilidad pensional, pues claramente señaló que tales pensiones concedidas por los empleadores desde la fecha de publicación del Acuerdo, que fue el 17 de octubre de 1985, serían compartidas desde entonces con la del ISS, la que una vez concedida, eventualmente podría liberar al empleador del pago de la que venía cancelando, cuando el monto de la pensión de vejez fuera superior a ella, pues en caso contrario quedaba obligado al pago de la diferencia entre las dos prestaciones.

Puede afirmarse que entre la vigencia del Acuerdo 224 de 1966 y la del Acuerdo 029 de 1985, la compartibilidad pensional tenía ocurrencia frente a las pensiones legales y desde la vigencia del último esa figura se extendió a las pensiones extralegales. Y como el marco fáctico y normativo del asunto que ocupa la atención de la Sala, tuvo lugar en la segunda de las situaciones descritas, la conclusión que se sigue es que el tribunal no incurrió en error jurídico alguno cuando confirmó la decisión de primer grado, al considerar incompatibles las pensiones de jubilación patronal y la de vejez del ISS.

Se sigue de lo dicho que los cargos no prosperan.

XIII. Cuarto cargo

Por la vía indirecta acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial bajo la modalidad de interpretación errónea “... del Artículo 5º del Acuerdo 029 de 1.985, aprobado por el Decreto 2879 de la misma anualidad, en relación con los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, en relación con el artículo 9º numeral 2º de la misma Ley 90. Todo lo anterior, en relación con los artículos 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 259 y 260 ibídem y el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990...”.

Atribuye al tribunal la comisión de los siguientes evidentes errores de hecho:

“1º. No tener por demostrado estándolo, que el empleador demandado fue subrogado en el pago de la correspondiente pensión por parte del ISS, al contar el trabajador fallecido (Sic) para con el mismo, con un tiempo de servicios inferior a diez (10) años, a la fecha en que nació la obligación de cotizar para el Seguro de IVM, en el municipio de Bogotá (01-01-67).

2º. No tener por probado, cuando lo está, que el patrono demandante (Sic) no obstante no estar obligado al pago de una pensión vitalicia de jubilación a favor del trabajador fallecido (Sic), se obliga para con el mismo al pago de esta, mediante un acuerdo convencional.

3. No tener por demostrado, no obstante estarlo, que de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajadores, base para el reconocimiento de la pensión deprecada, no se condicional[sic] el pago de la misma.

4. No tener por demostrado, cuando lo está, que la pensión convencional obligada a cancelar por el patrono demandado, no corresponde a las pensiones legales que el ISS puede y debe subrogar.

5. No tener por demostrado, no obstante estarlo que el empleador demandado, conviene en el pago de una pensión vitalicia.

6. No tener por demostrado, cuando lo está, que al convenir en el pago de dicha pensión vitalicia, lo hace sin que le condicione al trabajador el pago de la misma.

7. No tener por demostrado, no obstante estarlo, que el trabajador demandante manifestó su inconformidad permanente de que la pensión no se le debía compartir, por lo que, entendió este que la pensión otorgada por el patrono no se encontraba sometida a la condición de ser compartida con la del ISS”.

Manifiesta que a esa violación se llegó “por apreciar mal o dejar de apreciar las siguientes probanzas...:

1) Resolución 0036 (fl. 24-27).

2) Copia de contrato de trabajo (fl. 52).

3) Copia de aviso de entrada del trabajador (fl. 53).

4) Copia de escrito dirigid (Sic) por el actor a la demandada pidiendo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (fl. 55).

5) Copia de respuesta dada por la encartada al actor sobre su petición de jubilación de fecha 10 de octubre de 1985 (fl. 56).

6) Copia de la Resolución 0029 (fl. 50- 61).

7) Copia de la Resolución 0024 (fl. 68-76).

8) Escrito del actor a la demandada (fl. 77 y 78).

9) Copia de la Resolución 0036 (fl. 79-83)”.

La demostración del cargo la desarrolla en los siguientes términos:

“Necesariamente para el desarrollo del presente cargo, debe tomarse como punto inicial, pues así ha sido aceptado y desde un comienzo que la pensión pregonada es de índole extralegal y que tiene su génesis en la convención colectiva de trabajadores, de tal suerte que, siendo esta ley para las partes ha de estimarse para los efectos que interesan, en el entendido de que ella no limita o condiciona el derecho procurado.

El patrono demandado siendo subrogado por el ISS en el pago de dicha obligación si se tiene en cuenta que el trabajador asegurado no contaba con el tiempo de servicios mínimos a la fecha en que nació la obligación de afiliarse al Seguro de IVM, se obliga para con este al pago de una pensión, debe considerarse si en efecto esta puede y debe subrogarse por la pensión que el ISS reconoció a favor del actor, teniendo que concluir necesariamente en primer lugar que ella no lo puede ser al menos bajo las consideraciones acotadas por el Tribunal Superior, en el entendido irrefutable de que el ISS no fue constituido para subrogar esta clase de pensiones, amén de que el riesgo correspondiente y en cuanto respondía a la expectativa de que el patrono tuviese la obligación de pensionarlo, había desaparecido, por no contar el aludido trabajador con el tiempo de servicios requerido para tales efecto como ya se ha indicado en forma por demás repetitiva.

En tal virtud, no se puede considerar única y exclusivamente como razón válida para llegar a la conclusión a que se llega por parte del juzgador funcional, de que en virtud de la normativa por él indicada, es que se sucede dicha prerrogativa de subrogación, habida cuenta precisamente que en virtud de no estimar o apreciar mal las probanzas enunciadas, llega a la violación de la ley sustancial bajo la premisa indicada, pues de haberlo hecho como correspondía, es incuestionable que habría concluido que el reconocimiento pensional se dio sin condición resolutoria alguna, que la génesis de dicho derecho es la convención colectiva y por lo mismo es ley para las partes, y que el ISS no podía ni puede subrogar dicha prestación, en el entendido de que el trabajador para el 1º de enero de 1967, fecha en que nace la obligación de cotizar para el seguro de IVM, no contaba para con el empleador demandado con un tiempo superior de servicios a los diez (10) años, pues comenzó a laborar para con este el día 05 de junio de 1.967, requisito esencial y requerido para que la pensión tenga esa condición o connotación especial de compartibilidad.

De suerte que, llega a la transgresión enunciada, pues de haber procedido conforme y como correspondía, es inevitable que habría concluido por más que se insista en ello, que la pensión así concebida y cuando el patrono decide reconocerla a motu propio, no puede pretender que una vez se cumplan los requisitos para que se acceda a la pensión vitalicia de vejez a cargo del ISS, se subroga entonces en el pago de la misma y por lo mismo, deja de estar a su cargo la obligación contraída.

Siguiendo lo anterior, tenemos que para el caso presente, con relación al actor, no se cumple y no se ha cumplido, conforme al tiempo de labores prestado por el trabajador demandante, por lo que mal podría considerarse que la prestación reclamada es compartida por la sola circunstancia de haber sido reconocida después de la entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, cuando estos, debían dictarse en atención a lo dicho en la ley marco del seguro social (L. 90/46), en la cual por demás no se estableció el régimen de compartibilidad de las pensiones convencionales, por lo que, mal puede de contera concluirse que si lo es, cuando desde la creación del ISS, dichas prestaciones no lo son y no lo pueden ser, pues es elemental que este no fue creado para subrogar dichas prestaciones a cargo de entidades de carácter eminentemente público, pues el ISS se inspiró en la necesidad de apoyar las normas sobre protección social de los trabajadores —trabajadores particulares—, en cálculos y principios de naturaleza estrictamente técnica, por lo que, no se posibilitó la asunción de tales prestaciones, sino después que se hicieren los respectivos cálculos, ya que el seguro social, se fundamenta para financiar sus prestaciones en lo que pagan trabajadores y particulares. De tal suerte que, no se puede simple y llanamente concluir lo que concluyó el honorable Tribunal Superior, cuando es indudable e incuestionable que las normas enunciadas en el cargo, con potísima claridad enseñan e indican todo lo contrario.

Es más, si la subrogación del riesgo se dio como en efecto lo fue de manera integral y completa, no se entiende cómo se puede devolver en el tiempo para revivir una circunstancia particular que fuere superada según las voces de las normas señaladas, ya que el empleador no tenía la obligación de reconocer y por ende pagar una pensión conforme a la normatividad vigente para el ISS.

No solo se sucede la compartibilidad de una pensión extralegal, simple y llanamente como se ha afirmado, cuando esta se ha reconocido a partir del 17 de octubre de 1985, ya que si bien es cierto el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985 es claro y preciso, en señalar en que eventos se estructura la subrogación parcial por parte del ISS del riesgo amparado, esto es, como bien lo ha señalado en reiterada jurisprudencia la honorable Corte Suprema, que tan solo se comparte las pensiones extralegales cuando se causan con posterioridad a la vigencia del Decreto 2879 de 1985, también lo es, que lo serán, siempre y cuando se den los requisitos o presupuestos de que trata esta normativa.

Esto es, debe ser requisito sine qua non, no solo que se reconozca la pensión a partir de esa fecha, sino que tiene que cumplir el trabajador con un tiempo de servicios igual o superior a los diez (10) años e inferior a veinte (20) años, a la fecha en que nace la obligación de cotizar para el seguro de invalidez, vejez y muerte, con fundamento en lo dicho en los nombrados artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, en relación con el artículo 9º numeral 2º ibídem, pues el seguro social no fue concebido sino de la manera expuesta y expresada con anterioridad, en aras de hacerlo viable y procedente para la subrogación de los riesgos correspondientes.

Por lo tanto, no se puede esgrimir como único argumento lo dicho por el Tribunal Superior, pues es evidente que esta consideración siquiera mereció el más mínimo asomo de análisis, cuando debía serlo, pues la exigencia de tales requisitos para hacer las pensiones legales de índole compartido, no podía ser otro que establecer unos límites y dentro de los cuales se soportaron los estudios técnicos para hacer compartidas tales prestaciones.

Y, ello es apenas obvio, habida cuenta que con todo respeto y pensar lo contrario, solo conduce a considerar que el seguro social fue creado para subrogar cualquier prestación asistencial y económica que a bien tenga reconocer el empleador, lo cual es completamente errado, precisamente por la razón de ser del mismo seguro social, que no fue otra que subrogar al empleador particular en el pago de dichas prestaciones, bajo la condición de lo que él el ISS estableciere en su ley marco.

Y ello debe ser así, habida cuenta que precisamente en la ley marco del ISS se estatuyó que solo son compartidas las pensiones que se consideraron como tales, por lo que, necesariamente y como así aconteció, la disposición ulterior que se dictara, debía serlo con base en la prenombrada ley tal y como lo reseña el artículo 9º numeral 2º de la misma, de tal suerte que, no podría volverse sobre lo mismo, pues se estaría en contraposición con lo dicho en su ley marco”.

XIV. La réplica

Destaca como error de técnica que el censor le endilga al tribunal la “interpretación errónea” de las normas indicadas, pese a que el ataque lo dirigió por la vía indirecta.

XV. Consideraciones de la Corte

Ha dicho esta Sala que no por lo reiterado e insistente del llamado a quienes pretenden el quebrantamiento de las decisiones de los tribunales, se abstendrá de recordar una vez más que, en los términos del artículo 235 de la Constitución Política, dentro de las atribuciones, o más bien competencias, de la Corte Suprema de Justicia, está la de “1. Actuar como tribunal de casación”; en tal virtud, esta corporación cumple adecuadamente con su función constitucional, en la medida en que exige de las partes el sometimiento a las exigencias propias de este medio extraordinario de impugnación que, en la especialidad laboral está reglamentado a partir del artículo 87 del estatuto adjetivo en la materia, preceptos que forman parte integrante del debido proceso, dado que, de antemano, quienes comparecen a un juicio del trabajo, conocen las reglas a que habrán de someterse, en caso de que su proceso llegue a dicho estadio procesal.

Se dice lo anterior porque en verdad el cargo lejos está de observar las reglas mínimas que se exigen para el recurso de casación, tal y como lo advirtió la réplica.

En efecto, se incurre por la censura en la insalvable equivocación de orientar el cargo por la vía de los hechos, y más sin embargo, a la hora de escoger el concepto de la violación de la ley afirma que el tribunal incurrió en tal vulneración por interpretación errónea del artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, lo cual es incompatible con la senda indirecta, pues este submotivo de violación de la ley sustancial es exclusivo de la vía directa en la que debe existir total conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas del tribunal.

De otro lado, sostiene que los errores evidentes de hecho los cometió el juez de la alzada por “apreciar mal o dejar de apreciar” un número importante de prueba documental, lo cual, como se observa, es a todas luces un contrasentido en tanto los yerros fácticos se originan por la falta de apreciación de unas pruebas o por la equivocada valoración de estas, pues es ilógico que sobre unas mismas pruebas el juez no las haya estimado y al mismo tiempo que lo haya hecho erróneamente.

De todos modos respecto de las pruebas enlistadas en el cargo, la censura no informa cuáles no fueron apreciadas y cuáles fueron equivocadamente valoradas por el tribunal, omisión que atendiendo la naturaleza dispositiva del recurso de casación, impide a la Corte establecer si en verdad los supuestos yerros fácticos se cometieron en tanto no puede a nombre de la censura determinar los medios de prueba no estimados o mal apreciados, pues ello es del resorte exclusivo de quien acude en casación.

Además, los errores distinguidos con los números 1 y 2 no comportan un yerro fáctico, pues no a otra conclusión se puede llegar cuando se afirma en el primero que el empleador fue subrogado en el pago de la pensión por el ISS, o cuando en el segundo manifiesta que la empresa no estaba obligada al pago de la pensión de jubilación.

Consecuente con lo anterior se advierte que el discurrir del recurrente, en su intento de lo que sería la demostración del cargo, no expone en qué consistieron los errores de valoración de la prueba, pues su discurso lejos de demostrar los yerros fácticos contiene manifestaciones de orden jurídico, semejantes a las expuestas en los tres primeros ataques orientados por la vía directa, a cuyas consideraciones de la Sala se acudirían para declarar la improsperidad del presente cargo.

De conformidad con lo expuesto el cargo se desestima.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandante hoy recurrente, toda vez que la demanda de casación no salió avante y tuvo réplica, en su liquidación se ordena incluir la suma de tres millones pesos ($ 3.000.000) a título de agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de junio de 2008, en el proceso ordinario laboral adelantado por Luis Alfredo Paipa Millán contra Álcalis de Colombia “Alco Ltda.” —en Liquidación—.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».