Sentencia 38274 de enero 26 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 38274

Acta Nº 01

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá D.C., veintiséis de enero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Se duele el censor, por la vía indirecta, de que el ad quem se equivocó al dar por demostrado que el amparo por fuero de maternidad de la demandante terminaba el 23 de noviembre, cuando lo legal era a la media noche del 22 del citado mes, según la interpretación que hace del artículo 59 del CRP y M; como también, que el contrato de trabajo se terminó el 14 de noviembre, dentro de los tres meses posteriores al parto, cuando en verdad finalizó el 23 de noviembre, después de dicho término; y al no dar por demostrado, contra toda evidencia, que el contrato finalizó con posterioridad a la terminación del fuero materno.

En la decisión de un cargo formulado por la vía indirecta, es pertinente tener presente que para que el planteamiento del error de hecho pueda conducir al quebrantamiento de la sentencia es menester “que la censura indique las razones que lo demuestran y, además, que su existencia aparezca notoria, protuberante, manifiesta y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de una prueba calificada, entre las que se cuentan solamente la documental, la confesión y la inspección judicial”(1).

Por otra parte, es bien sabido que, técnicamente, en la formulación del error de hecho, el ataque debe estar dirigido a la existencia o identidad material de la prueba que ha servido de fundamento a la decisión de instancia, sin que el error pueda basarse en inconformidad jurídica alguna, aspecto este que el censor desatiende al sustentar el primer desacierto fáctico alegado, por cuanto, al indicar las razones que lo demuestran, señala que el ad quem consideró que el amparo legal por fuero de maternidad vencía el 23 de noviembre de 2000, no siendo así, puesto que el nacimiento de la hija ocurrió el 23 de agosto del 2000, y los tres meses de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo culminaban a la media noche del 22 de noviembre del 2000, con base en la lectura que hace del artículo 59 del CRPM.

Para esta Sala, no es apropiado catalogar como error de hecho la inconformidad sobre el vencimiento de los tres meses anotada, dado que la configuración del error que hace el censor no se deriva de una mala apreciación, o de falta de apreciación, de la prueba, sino de la interpretación que hace del artículo 59 del CRPM, según el cual todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderán que terminan a la media noche del último día del plazo.

Nótese que, en el argumento en cuestión, el censor no se aparta de la fecha de nacimiento de la hija de la ex trabajadora, 23 de agosto de 2000, tomada en cuenta por el ad quem de manera tácita cuando afirmó que el 23 de noviembre vencía el fuero materno. Su desacuerdo radica es en la forma como el ad quem contabilizó el periodo de los tres meses de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual, según el demandante, se hizo contrariando el artículo 59 del CRPM. Por lo anterior, considera esta Sala que el primer ataque formulado a la sentencia no es un error de hecho.

Los demás errores que se le atribuyen al tribunal, se hacen derivar de la mala apreciación de la carta de terminación del contrato de trabajo, la certificación de trabajo, la liquidación final de prestaciones sociales, la carta dirigida al fondo de pensiones y el interrogatorio absuelto por la demandada; como también de la falta de apreciación del registro civil de nacimiento y la inspección judicial; todo lo cual, según el censor, conllevó la errada conclusión de que el contrato de trabajo terminó el 14 de noviembre de 2000, cuando lo cierto, para él, es que el vínculo laboral feneció el 23 del mismo mes y año.

Al examinarse las razones que tuvo el ad quem para proferir condena en contra del recurrente, encuentra la Sala que la sentencia del tribunal se apartó de la valoración que hizo el a quo de las documentales referentes a la carta de despido, la liquidación del contrato de trabajo y de la carta dirigida por el empleador al fondo, para concluir que el despido no se produjo el 23 de noviembre de 2000, sino el 14 del mismo mes y año, con fundamento en la carta de despido visible al folio 4 del expediente. Además, consideró que el despido era distinto a la liquidación del contrato de trabajo, la cual se efectuó el 23 de noviembre de 2000. Con base en estas apreciaciones, concluyó que era totalmente claro que, para la fecha del despido (14 de noviembre), la trabajadora se encontraba dentro de los tres meses posteriores al parto y en esa medida estaba amparada por el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.

Respecto de tales apreciaciones, la Sala Laboral no encuentra errores protuberantes por parte del tribunal en la valoración de las pruebas señaladas por el censor, con relación a la fecha del despido, veamos:

En la carta de despido visible al folio 4 del expediente se observa, sin ningún asomo de duda, que la demandada hizo la manifestación de dar por terminado el contrato de trabajo, unilateralmente, sin justa causa, el 14 de noviembre de 2000 y a partir de esa fecha, pues, en ella, el gerente de la empresa le comunica a la demandante que “hemos decidido prescindir de sus servicios a partir de la fecha del año en curso”, y la fecha de la comunicación es 14 de noviembre de 2000. Carta que no ha sido tachada de falsa.

Así pues, no constituye un error manifiesto el que el tribunal haya concluido que el despido de la demandante se produjo el 14 de noviembre de 2000, pues así lo indica claramente la carta de despido visible al folio 4. Ahora bien, el ad quem no ignoró la fecha de retiro que aparece en la liquidación de prestaciones sociales, 23 de noviembre de 2000, pues en el fallo sí se hace mención de dicha prueba, haciendo la distinción de que la liquidación de prestaciones no puede asimilarse con el despido, y que era distinto que la liquidación del contrato se hubiera efectuado hasta el 23 de noviembre, cuando el despido ocurrió el 14 de este mes.

Por lo anterior, para esta Sala, no incurrió el tribunal en apreciación errónea de la carta de terminación del contrato de trabajo, porque, como bien lo dice el ad quem, el empleador efectivamente tomó la decisión unilateral de finalizar el contrato con efectos a partir del mismo 14 de noviembre, según el texto de la carta de despido que, se repite, no ha sido tachada de falsa; y el hecho de que la empresa, posteriormente, haya decidido, unilateralmente, liquidar los salarios y prestaciones sociales hasta el 23 de noviembre, solamente indica que el empleador tomó el 23 para esos efectos, muy seguramente para no dar cabida a la presunción legal contenida en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, pero ello no desvirtúa, necesariamente, que el despido se haya presentado el 14 de noviembre como lo consideró el ad quem, pues, según la carta de despido, sin duda alguna, la manifestación de voluntad del empleador de terminación unilateral del contrato se exteriorizó y se notificó a la trabajadora el 14 de noviembre, afectando la estabilidad de la trabajadora desde ese momento, cuando se encontraba amparada por la presunción protectora del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.

Tampoco la carta dirigida al fondo de pensiones, ni la certificación de trabajo, ni la respuesta del representante legal en el interrogatorio de parte (fl. 83), ni los datos tomados en la inspección judicial contradicen la fecha de ocurrencia del despido tomada por el ad quem, pues el empleador en ellas solo está indicando que tomó como fecha de terminación del contrato el 23 de noviembre, pero sigue estando claro que fue despedida días antes, o sea el 14 de noviembre.

La fecha a partir de la cual se dispone el despido, debidamente notificada al trabajador, es la misma de la terminación del contrato, y si esta fecha no es la utilizada para la liquidación de los derechos laborales exigibles en virtud de la finalización del contrato, a la que se acuda para estos efectos, no modifica de manera necesaria aquella en la que se produjo la finalización del contrato, máxime cuando, con otros medios probatorios, no se ha acreditado una realidad diferente, como la reanudación por mutuo acuerdo del contrato. 

En cuanto al interrogatorio de parte de la demandada, merece precisar que la manifestación del representante legal de la demandada de que el contrato de trabajo se extendió en su ejecución hasta el 23 de noviembre no es una confesión en el presente caso, pues tal afirmación no reúne el requisito contenido en el numeral segundo del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil para que haya confesión, al no tratarse de un hecho que produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante, o que favorezcan a la parte demandante en este caso, si no, por el contrario, se trata de un hecho que la misma parte que lo declara quiere oponérselo a la contraparte.

Por tales razones, considera la Sala que el ad quem no incurrió en los errores de hecho endilgados por el censor, al considerar que la trabajadora fue despedida el 14 de noviembre de 2000. Lo que significa que acertó al concluir que la trabajadora fue despedida dentro de los tres meses posteriores al parto, pues sea que la licencia de maternidad haya terminado el 22 de noviembre (como dice el censor), o el 23 (como lo dijo el ad quem), o el 24 (como lo dice el opositor), lo cierto es que para el 14 de noviembre todavía no habían expirado los tres meses de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo; por tal razón es inane, para el caso, la discusión iniciada por el recurrente sobre cómo se han de contabilizar los tres meses.

Por último se ha de anotar que los argumentos que hace el censor respecto de la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo no tienen cabida en un cargo por violación indirecta, por tratarse de un razonamiento jurídico fuera de lugar en esta vía.

En ese orden de ideas, no se casará la sentencia. En virtud del resultado del recurso y por haber sido objeto de réplica, se condenará en costas a la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 27 de junio de 2008, en el proceso seguido por Luisa Magdalena Gutiérrez contra Inversiones Vigoval Ltda.

Costas a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal».

(1) Sentencia de 8 de agosto de 2007, radicación 28558.