Sentencia 3828 de septiembre 6 de 1990

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 3828

Acta 38

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Bogotá, D.E., seis de septiembre de mil novecientos noventa.

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Ninfa Dolores Charry Uriana frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Riohacha, de veintiuno de septiembre de 1989 en el juicio promovido por esta contra Morrison Knudsen International Company Inc.

Los hechos en que la demandante sustentó sus aspiraciones fueron:

“1. El finado John F. Santamaría Epinayú, prestó sus servicios bajo la dependencia y subordinación directa de la empresa Morrison Knudsen International Company Inc., desde el día 14 de febrero de 1983 hasta el día 24 de mayo del mismo año, en las instalaciones o campamentos de Bahía Portete, hoy Puerto Bolívar, en la jurisdicción municipal de Uribia.

“2. El asalariado señor John Santamaría Epinayú, ejecutaba las funciones de conductor de vehículos pesados en la empresa hoy demandada Morrison Knudsen International Company Inc.

“3. El señor John Santamaría Epinayú, trabajaba todos los días de la semana, durante 10 horas diarias, incluyendo los días domingos y festivos, razón esta por la cual el sueldo promedio se estableció en la suma de $ 33.039.00 y su salario básico mensual fue de $ 21.000.00 últimamente.

“4. El señor John Santamaría Epinayú, como extrabajador de la empresa Morrison Knudsen International Company Inc., fue afiliado a los Seguros Sociales con el número 120015193 seccional Riohacha - Guajira, para gozar de los riesgos de enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y muerte, accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

“5. El día 24 de mayo de 1983, el extrabajador John Santamaría Epinayú, laboraba normalmente en las instalaciones de la empresa demandada en los campamentos de Puerto Bolívar a eso como de las 9 a.m., cuando fue atropellado por un vehículo pesado de la empresa y conducido por el señor Laureano Zorro.

“6. En el informe de muerte en accidente de trabajo, hecho por la empresa demandada, consta con exactitud la forma como ocurrió el accidente donde perdió la vida el señor John Santamaría Epinayú, marido de mi representada Ninfa Charry y padre de Randy Alexander Santamaría Charry fallecimiento que ocurrió el día 24 de mayo de 1983 en Puerto Bolívar.

“7. El conductor del vehículo que atropelló al señor John Santamaría Epinayú, al dar reverso o retroceso, utilizó el sistema de alarma, sistema este que falló o no sonó, y que no obstante dicho conductor siguió dando reverso o retroceso, conducta imprudente que fue la que determinó la causa del accidente de trabajo de mi mandante y que le ocasionó la muerte.

“8. La conducta del conductor del vehículo que causó la muerte a John Santamaría Epinayú, era trabajador de la entidad demandada Morrison Knudsen International Company Inc., y por lo tanto responsabiliza a dicha empresa por su conducta imprudente.

“9. La imprudencia de Laureano Zorro, conductor del vehículo tantas veces citado, cuando estaba dando retroceso, no obstante de no haber sonado el sistema de alarma, es la causa determinante de la muerte de mi representado John Santamaría Epinayú.

“10. La entidad demandada reportó al Instituto de los Seguros Sociales el accidente de trabajo y muerte de John Santamaría Epinayú, extrabajador de Morrison Knudsen International Company Inc., pero en ningún momento tramitó o determinó las causas que originaron el accidente y a la postre la muerte de Santamaría Epinayú, y los seguros tampoco adelantaron proceso o investigación alguna.

“11. Con la muerte de John Santamaría Epinayú, se abrió el respectivo proceso sucesorio, el que cursa actualmente en el Juzgado Civil del Circuito de Riohacha, y donde hasta la fecha ni la demandada, no ha consignado dinero alguno, por concepto de indemnización por muerte en accidente de trabajo y el valor del seguro colectivo.

“12. La señora Ninfa Dolores Charry Uriana, en su calidad de madre natural de Randy Alexander Santamaría Charry, me ha conferido poder especial para que demande a la empresa Morrison Knudsen International Company Inc., para que se le pague la indemnización por muerte en accidente de trabajo y el valor del seguro colectivo.

“13. La entidad demandada ha violado sistemáticamente las leyes del trabajo, razón por la cual su despacho debe condenarla en el momento oportuno”.

Las peticiones de la demandante sustentadas en los anteriores hechos fueron:

“a) Que se pague la indemnización por muerte en accidente de trabajo, teniendo en cuenta la edad del menor Randy Alexander Santamaría Charry y con base al salario promedio;

“b) Que se pague el valor del seguro de vida colectivo a que tiene derecho el menor Randy Alexander Santamaría Charry, en su calidad de hijo natural del causante;

“c) Que se falle extra y ultra petita;

“d) Que se condene en costas y agencias en derecho en el presente proceso”.

Del prealudido juicio conoció el Juzgado Laboral del Circuito de Riohacha que, en sentencia de diez de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho resolvió:

“Primero. Condenar a la sociedad Morrison Knudsen International Company Inc., a pagar al menor Randy Alexander Santamaría Charry, representado por su señora madre, Ninfa Dolores Charry, la suma de seis millones noventa y seis mil pesos con 91 centavos ($ 6.096.091,00)(sic) por concepto de indemnización total y ordinaria por perjuicios a raíz del accidente de trabajo en que perdió la vida el señor John Santamaría Epinayú.

“Segundo. Costas en un 50% a cargo de la demandada. Tásense.

“Tercero. Declarar que no prosperan las excepciones de prescripción y cosa juzgada propuestas por la demandada, y que prospera parcialmente la de inexistencia de la obligación.

“Cuarto. Exonerar a la demandada de las demás peticiones de la demanda”.

Impugnada esa determinación por los apoderados de las partes el Tribunal Superior de Riohacha, mediante sentencia de 21 de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve decidió:

“Revocar el fallo apelado de fecha diez (10) de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) venido en apelación a esta superioridad, y en su lugar inhibirse para conocer del mérito del proceso. Sin costas en esta instancia”.

Recurrió en casación el apoderado de la actora. Concedido el recurso por el tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio de la demanda extraordinaria y de la réplica correspondiente.

Alcance de la impugnación:

Dice:

“Solicito casar totalmente la sentencia impugnada para que en sede de instancia esa honorable Sala confirme la decisión de primera instancia”.

Por razones de método, la Sala procede al examen del segundo cargo.

Segundo cargo:

Se presenta de esta manera:

“La violación se produce por vía indirecta y por aplicación indebida de los artículos 18, 204, 218, modificado por el artículo 6º de la Ley 11 de 1984; 216 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 12 de la Ley 11 de 1984; artículos 63, 2341, 2356 del Código Civil, y como violación medio, también por aplicación indebida, los artículos 25, 28 y 145 del Código Procesal del Trabajo; artículos 4º, 75, 82 (2), 85 (3), 37 (4-8) del Código de Procedimiento Civil.

“Errores evidentes de hecho:

“1. Dar por establecido, siendo ello contrario a la realidad, que ‘en el proceso entablado en el Juzgado Laboral del Circuito de Riohacha se solicitó:

“‘a) Que la empleadora, demandada Morrison Knudsen International Company Inc., cancelara la prestación contemplada en el numeral (sic) “e” del artículo 204 y además se cancelara el seguro de vida colectivo que corresponde al artículo 214 del Código Laboral’.

“2. No tener por establecido, siendo ello evidente en el proceso, que lo debatido en el mismo fue la indemnización total prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

“Pruebas mal apreciadas:

“a) Escrito de demanda en cuanto contiene confesión (fls. 2 a 7);

“b) Escrito de contestación de la demanda en cuanto contiene confesión (fls. 24 a 26).

“Pruebas no apreciadas:

“a) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (fls. 127 a 138);

“b) Demanda en proceso anterior (fls. 141 a 143);

“c) Sentencia del Tribunal Superior de Riohacha (fls. 59 a 70).

“Demostración del cargo:

“Se considera necesario aclarar que en la proposición jurídica se ha incluido disposiciones que no aparecen citadas en la parte resolutiva de la sentencia y se les ha calificado como indebidamente aplicadas, apoyándose en el criterio jurisprudencial que permite tal cubrimiento dentro del mencionado concepto de violación cuando se trata de cargos formulados por la vía indirecta.

“Así mismo se aclara que si bien la demanda y la contestación de la demanda no son medios probatorios, salvo en cuanto ellos contienen confesión, se ha mencionado como vinculados a la violación por apreciación equivocada, dado que el planteamiento del tribunal genera su error precisamente en hacerle decir a la parte demandante lo que en realidad no expresó.

“No puede prescindirse, para los efectos de esta censura, de la demanda y su contestación pues como puede observarse en las consideraciones de la sentencia recurrida, fueron ellos los únicos elementos que apreció el ad quem haciendo caso omiso del resto del plenario. Por este motivo resulta en particular imprescindible hacer referencia a estas dos piezas procesales.

“Tal como se señaló, el tribunal se limitó en su sentencia a relacionar los hechos y peticiones de la demanda y a indicar que la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, para concluir equivocadamente que el proceso giraba en torno de las previsiones de los artículos 204 y 214 del Código Sustantivo del Trabajo y de allí concluir una supuesta indebida acumulación de pretensiones y declararse inhibido de fallar.

“Es claro que al enfrentar el estudio del proceso el tribunal se equivocó garrafalmente en cuanto a la conclusión antes aludida por lo siguiente:

“a) En las peticiones de la demanda no se mencionan, como lo hace aparentar el ad quem, los artículos 204 y 214 del Código Sustantivo del Trabajo. Ni siquiera en los fundamentos de derecho se citan estas disposiciones;

“b) En cambio, tanto en los hechos de la demanda (incluso transcritos por el tribunal) como se puede apreciar en los identificados con los números 8 y 9, como en la petición de la inspección judicial (fl. 6), se alude expresamente a la culpa o responsabilidad de la empresa en el acaecimiento del accidente, figura que solo es encuadrable dentro del contexto del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo;

“c) En la contestación de la demanda y concretamente en el aparte de solicitud de oficios, se incluyen medios probatorios que la accionada vincula al proceso y que necesariamente debían ser estudiados. En ellos se alude a un proceso anterior generador por la misma circunstancia del accidente que originó la muerte del señor John F. Santamaría Epinayú y en el cual ya se declaró la presencia de la culpa de la empresa, circunstancia concordante con la ubicación del proceso dentro del contexto del citado artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

“Estas tres consideraciones nacidas de las pruebas mal apreciadas son suficientes para concluir que efectivamente el tribunal se equivocó ostensiblemente al concluir que lo debatido en el proceso eran las previsiones de los artículos 204 y 214 del Código Laboral, cuando realmente el litigio giraba en torno de otra disposición y de otra clase de pretensión que se encuentra por encima de las circunstancias previstas en las dos normas mencionadas, ya que el artículo 216 al citar la indemnización total de perjuicios engloba todo medio de resarcimiento del gravamen sufrido por los perjudicados por el accidente. Si se persigue la indemnización total, no puede haber incongruencia entre dos normas que solo consagran partes de esa indemnización total.

“Pero siguiendo con las pruebas no apreciadas, que sencillamente complementan lo anotado atrás, se encuentra:

“— En la demanda que aparece en los folios 141 a 143 sí se alude expresamente a los artículos 204 y 214 del Código Sustantivo del Trabajo. Luego por simple comparación se podía concluir que la demanda ahora planteada generaba un debate sobre una situación diferente.

“— En la sentencia del tribunal que resolvió la demanda anterior, se analizó el fondo del problema sin detenerse en el planteamiento que ahora ha originado la inhibición del mismo tribunal. Si en aquel caso, en el cual la alusión a los artículos 214 y 204 del Código Sustantivo del Trabajo era clara, no hubo inhibición, con mayor razón no podía existirla ahora en el cual se plantea una situación diferente y relacionada con el artículo 216 que no es incompatible con ninguno otro que regule las consecuencias de un accidente de trabajo.

“— En la misma sentencia del tribunal (fls. 68 y 69) ya se declaró la culpabilidad de la empresa, luego no era pertinente entrar a analizar el caso, a la luz de los artículos 204 y 214 del Código Sustantivo del Trabajo pues estas normas parten del supuesto de un accidente en forma ajena a la responsabilidad de las partes. Si ya estaba declarado el elemento culposo del patrono, el análisis del caso evidentemente solo podía proceder por medio del artículo 216 ibídem.

“— En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y concretamente en el folio 8 de dicha sentencia y 136 de este expediente se sostuvo la conclusión fáctica de la cual se derivó la culpa del patrono en el accidente del señor John Santamaría Epinayú, de donde se corrobora que lo ventilado en este proceso solo podía mirarse bajo el prisma del artículo 216 y consecuencialmente empeñarse, como lo hizo el ad quem, en afirmar que se estaban discutiendo los derechos previstos en los artículos 204 y 214 sencillamente y a la luz del presente recurso, un error evidente de hecho por medio del cual se le hace decir al demandante lo que no dijo.

“El tribunal llegó a la violación de las disposiciones que se han analizado como consecuencia de la violación en que incurrió de varias normas procesales que por ello se incluyeron en la proposición jurídica como violación medio.

“En efecto no tuvo en cuenta el ad quem el criterio de interpretación de las normas procesales que indica el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil ni su obligación de evitar providencias inhibitorias para poder fallar de fondo (art. 37) y resolver los aspectos sometidos a su consideración. Ello llevó al ad quem a aplicar con ligereza los artículos 82 y 85 del mismo estatuto procesal civil y tener por demostradas sin estarlo, las circunstancias fácticas que tales normas exigen, sin tener en cuenta además que la misma Corte Suprema de Justicia ha recabado en la obligación del fallador de buscar declaraciones de fondo, tal como lo indicó en el fallo de mayo 7 de 1979 con ponencia del honorable Magistrado doctor Alberto Ospina Botero en uno de cuyos apartes dijo:

“‘Empero si las medidas de saneamiento inicial que se acaban de enunciar no fueron eficaces, ya porque el juzgador pasó por alto los defectos de que adolecía, ora porque el libelista tampoco se percató de las fallas por él cometidas, o finalmente, porque la parte opositora no hizo valer el medio exceptivo previo de inepta demanda, solo queda a la postre y al decidir el litigio que el fallador, según la gravedad del defecto, opte por la decisión inhibitoria, o más bien, interpretando la demanda dentro de un criterio razonado y lógico resuelva decidir de fondo, porque la falla o defecto no es de tanta entidad como para sacrificar y someter el derecho sustancial, la equidad y la justicia al derecho formulario.

“‘Precisamente, en materia de interpretación de la demanda, ha sostenido de manera reiterada y uniforme la Corte que la desacertada calificación que el libelista le dé en su demanda a las súplicas, no tiene por qué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, porque corresponde al juzgador, y no a los litigantes, definir el derecho que se controvierte. En el punto tiene declarado la doctrina de la corporación que “son los hechos la voz del derecho y la causa eficiente de la acción. Si están probados incumbe al juez calificarlos jurídicamente en la sentencia y proveer en conformidad, no obstante los errores de las súplicas’”.

“Tan solo resta preguntarse, si ello es tan claro y determinante en lo civil, por qué no habría de serlo en lo laboral dada la finalidad tuitiva de esta rama del derecho?

“Dentro del contexto normativo que se analiza, el tribunal violó igualmente los artículos 25 y 28 del Código Procesal del Trabajo y 75 del Código de Procedimiento Civil aplicable en virtud del artículo 145 del estatuto procesal laboral, pues no cumplió con lo señalado allí sobre estudio de la demanda y terminó exigiendo al libelista más de lo que en tales disposiciones se consagra.

“Naturalmente la forma como resolvió el tribunal el litigio sometido a su consideración generó a la postre la violación de los artículos del Código Civil por cuyo conducto se regulan las consecuencias de la culpa y es por ello que se incluyen en la proposición jurídica los artículos 63, 2341 y 2356 de dicho código pues el contenido normativo de los mismos, dados los presupuestos de la demanda, no aceptados por el tribunal pero precisados en este cargo, resultó infringido al impedir el ad quem que surtieran los efectos que previó el legislador en presencia de elemento culposo.

“Aunque va implícito dentro de las explicaciones del cargo, con el debido respeto me permito aclarar que se ha orientado esta censura por la vía indirecta pues lo que se discute no es si el caso ha debido ventilarse a la luz de una norma o de otra, ya que a ello no alcanzó a llegar el ad quem, sino simplemente que el fallador de segunda instancia puso en boca del demandante lo que esta no dijo y partiendo de lo que creyó que era su pretensión se declaró inhibido. En este caso, si el tribunal hubiera analizado no solo en forma correcta la demanda y su contestación, sino que además hubiera apreciado los elementos probatorios que se incluyeron en el cargo, hubieran podido cumplir adecuadamente con su obligación como fallador de llegar al fondo del proceso y así tomar una determinación sobre el mismo.

“Analizados los cargos que se han propuesto y partiendo de la prosperidad de ellos, solicito muy respetuosamente a la honorable Sala constituirse en tribunal de segundo grado para enfrentar el estudio de las siguientes:

“Consideraciones de instancia:

“Superado el escollo que el tribunal encontró sin que en realidad existiera el cual desaparece con lo señalado en la explicación de los cargos, resulta procedente el estudio de los planteamientos hechos por las partes, para lo cual me permito someter al estudio de la honorable Sala el siguiente análisis:

“a) En la sentencia del Tribunal Superior de Riohacha, a la cual se hizo alusión anteriormente, se aclara la culpa de la demandada en el acaecimiento del hecho que generó el accidente en el cual falleció el señor John Santamaría Epinayú;

“b) Tal hecho fue estudiado expresamente por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 10 de octubre de 1985 y lo aceptó como se desprende de lo expresado en el folio 136 de este expediente;

“c) Las excepciones propuestas por la demandada y que se relacionan concretamente con la personería de las partes argumentando que el Instituto de Seguros Sociales es quien debe responder de estas peticiones, no pueden prosperar dado lo señalado en los dos literales anteriores ya que el desplazamiento del riesgo por accidente de trabajo no cubre el caso de la presencia de la culpa patronal en el mismo y es por ello que en el caso en que el Instituto de Seguros Sociales asume tales pagos, tiene derecho de repetición contra el patrono culpable del accidente;

“d) En el escrito de la demanda solo se consigna inconformidad con lo tocante con la parte pasiva del proceso y respecto de los argumentos que adoptó el a quo para desestimar las excepciones de ‘ilegitimación en causa activa e ilegitimación en causa pasiva’ y como ya se vio, aun aceptando la crítica que en el escrito de sustentación de la apelación se incluye, tal excepción no puede prosperar dado que frente a lo cubierto por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no opera la subrogación de los riesgos por accidentes de trabajo por la presencia de un elemento que no es materia de cubrimiento como es el factor de culpa.

“Luego los argumentos de la apelación de la demandada, aun en el caso de ser aceptados, lo cual es discutible pues ello ha debido ventilarse con anterioridad al momento de la sentencia ya que contiene planteamientos de definición previa, no conducen a afectar la determinación del a quo en cuanto a la parte condenatoria.

“Lo esencial de esta apelación es que al limitarla al mencionado aspecto impide que la Sala entre a estudiar los restantes puntos de la sentencia de primera instancia y particularmente lo que toca con la cuantificación de los perjuicios que en ella se hizo, por lo que esto último queda como un aspecto inmodificable una vez superado, como resulta imperioso hacerlo, lo tocante con la responsabilidad pasiva de lo pretendido pues como se vio, las consecuencias de la culpa patronal no pueden ser desplazadas al sistema de seguridad social;

“e) El devenir de las cosas, según la relación que se viene haciendo, permite superar el último y en realidad único punto discutible del proceso. Si no se criticó la cuantificación del perjuicio, no es posible para la honorable Sala regresar sobre tal aspecto que resulta entonces aceptado por la demandada para el momento de ventilarse el proceso en segunda instancia.

“Cuando la Corte Suprema de Justicia analizó las consecuencias del accidente de trabajo en que falleció John Santamaría Epinayú, concluyó no solo la realidad del mismo y la presencia de la culpa patronal, sino que aceptó la responsabilidad de la sociedad Morrison Knudsen International Company Inc., como consecuencia del mismo.

“Si entonces no hubo condena ello obedeció a que el pronunciamiento del ad quem careció de base en lo tocante con la cuantificación de los perjuicios, lo que significa que en el proceso actual sí debe operar la condena dado que lo cuantificado por el a quo no fue objeto de crítica, en la apelación de la demandada.

“La decisión de entonces, que se adoptó respecto de una demandante diferente y por lo cual no hay lugar a la declaratoria de cosa juzgada, además porque las pretensiones no son las mismas como se ha aclarado en el curso del presente escrito, implicó una decisión formal que se alejaba de la justicia social que busca el derecho laboral pues aceptando todos los presupuestos del derecho de la parte actora, no concedió el disfrute del mismo por circunstancias de orden estrictamente procesal.

“En efecto, en aquel proceso se aceptó el accidente, su naturaleza laboral, la culpabilidad de la empleadora y el derecho sucesoral de la demandante, pero se absolvió a la demandada como consecuencia de una formalidad en cuanto a la determinación del monto.

“Ahora este último aspecto se encuentra superado y por ello lo procedente al actuar en sede de instancia, tal como lo solicito con el mismo respeto de siempre, es que se confirme la decisión de primera instancia”.

Se considera:

En primer lugar advierte la Sala que la única observación que por el aspecto formal de la demanda hace el opositor, en el sentido de que la proposición jurídica es incompleta, en cuanto no se incluyó en ella el artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral carece de fundamento. En efecto, si se tiene en cuenta que lo que constituye el objeto específico del recurso extraordinario de casación es la sentencia de segunda instancia, que en el caso que se examina fue inhibitoria, mal puede inferirse que esta haya contenido una decisión extra petita. Los fallos inhibitorios de suyo no definen de fondo el litigio sometido al conocimiento del juzgador, por cuya circunstancia es a todas luces evidente que ni resuelven lo pedido ni menos aún, más allá o por fuera de lo pretendido.

Más aún, el hecho en que se hace consistir, por el replicante, la aplicación del artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral de “interpretar la demanda” es circunstancia distinta a la que hace referencia el artículo mencionado. Pues mientras la de interpretar la demanda es facultad del fallador tendiente a establecer, con un criterio racional y lógico, el verdadero contenido y alcance tanto del planteamiento fáctico cuanto de la pretensión o las pretensiones del demandante, la de fallar extra o ultra petita, que corresponde solo al juez de primera instancia, se refiere a que este pueda imponer obligaciones que desborden lo pedido en la demanda, a condición de que “los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados”.

El primer dislate que se atribuye al ad quem consiste en dar por establecido, sin estarlo, que “en el proceso entablado en el Juzgado Laboral del Circuito de Riohacha se solicitó: a) Que la empleadora, demandada Morrison Knudsen International Company Inc., cancelara la prestación contemplada en el numeral (sic) “e” del artículo 204 y además se cancelara el seguro de vida colectivo que corresponde al artículo 214 del Código Laboral”. Y, el segundo reparo tiende a demostrar que lo solicitado en el libelo inicial por el actor “fue la indemnización total prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo”.

En punto al tema debatido dijo el fallador de segundo grado:

“En el proceso entablado en el Juzgado Laboral del Circuito de Riohacha se solicitó: a) Que la empleadora, demandada Morrison Knudsen International Company Inc., cancelara la prestación contemplada en el numeral “e” del artículo 204 y además se cancelara el seguro de vida colectivo que corresponde al artículo 214 del Código Laboral”.

Examinada la pretensión inicial, advierte la Sala que le asiste razón a la censura, toda vez que lo pretendido por el demandante se contrae al pago de la “indemnización por muerte en accidente de trabajo” y a la cancelación del “seguro de vida colectivo”.

Un somero estudio de los hechos en los que se apoya el actor, permite a la Sala, sin mayor esfuerzo, inferir que la indemnización por muerte en accidente de trabajo solicitada en la demanda introductoria, no es otra que la regulada por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo requisito estructural lo constituye la culpa patronal, endilgada a la empleadora en los hechos 7, 8 y 9 de aquella.

Conviene precisar que la responsabilidad a que alude el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene como requisito sine qua non la comprobación suficiente de la culpa patronal, pues en este caso no basta la demostración del accidente. En cambio, en tratándose de la indemnización especial prevista en el artículo 204 del mismo ordenamiento, su esencia solo radica en la ocurrencia del accidente por causa o con ocasión del servicio y las secuelas o lesiones ocasionadas, sin que en este caso la responsabilidad se origine en la culpa del patrono por incumplimiento de obligaciones contractuales; así, en este evento, el patrono puede resultar exonerado cuando acredite que el accidente ocurrió por culpa grave de la víctima o fue provocado por ella.

De otro lado, conforme al artículo 216 ya citado, en presencia de un accidente de trabajo, la víctima o sus causahabientes en caso de fallecer el trabajador, pueden instaurar la acción tendiente a obtener la indemnización total y ordinaria de perjuicios y, alcanzada esta, de su monto, el juez, en virtud de lo establecido en la misma norma debe descontar “el valor de las prestaciones en dinero pagadas” por el patrono o el Instituto de Seguros Sociales de acuerdo con las disposiciones del ordenamiento jurídico referenciado.

Como se ve, el reconocimiento y pago de la indemnización plena a que alude el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo involucra en su radio de acción las indemnizaciones reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo. No las excluye, ni las repele, solo las descuenta o deduce. Ello, por cuanto, “al asumir los Seguros Sociales el riesgo por accidente de trabajo y enfermedades profesionales se reemplazó no solo la persona del deudor sino también la cuantía de las indemnizaciones previstas en el artículo 204, quedando estas sustituidas por la pensión de sobrevivientes, en el caso de muerte del trabajador, sin que por ello se alterara el principio contenido en el artículo 216 según el cual no son acumulables ambas indemnizaciones” (Sent. mayo 24/78. Rad. 6190). Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 216 mencionado, contempla indemnización total e inadmite otros elementos originados en los mismos hechos.

Establecido lo anterior, deviene evidente que el fallador ad quem incurrió en yerro manifiesto al identificar el petitum inicial (indemnización plena u ordinaria de perjuicios) con la indemnización prestacional contemplada en los artículos 204 y 214 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta suerte el cargo está llamado a prosperar.

Como el cargo estudiado satisface lo pretendido en el alcance de la impugnación, se hace innecesario el estudio del primer cargo.

Casada la sentencia, procedería como es lógico, pasar a las consideraciones de instancia. Sin embargo, observa la Sala que previamente es necesario que se practique un dictamen pericial, con el fin de establecer en concreto la cuantía del posible perjuicio sufrido por el actor, comoquiera que en el plenario no existen elementos de juicio que permitan establecer el monto de tales perjuicios. Como el objeto de tal prueba requiere de conocimiento en materia actuarial, y en la lista de auxiliares de la justicia de esta corporación no hay personas que tengan esa especialidad, conforme al artículo 9º del Código de Procedimiento Civil, se designará a un experto en dicha materia de la lista del Consejo de Estado. Para el efecto se designa al señor Edgar Dagoberto Ocampo Flórez, quien figura en la lista de calculistas actuarios con dirección en la carrera 10ª Nº 16-67, oficina 207, teléfono 2842150, lugar en el que la secretaría le notificará, quien en el término de quince (15) días contados a partir de su posesión; rendirá el dictamen correspondiente.

Una vez quede en firme este, se dictará la sentencia de instancia.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa totalmente la sentencia del veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en el proceso ordinario de Randy Alexander Santamaría Charry contra la Morrison Knudsen International Company Inc.

Sin costas en el recurso. Cópiese y notifíquese.

Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde—Manuel Enrique Daza Álvarez.

Consuelo Garbiras Fernández, Secretaria.