Sentencia 38355 de abril 24 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 38355

Acta 13

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Xl. Consideraciones de la Corte

Le asiste, en principio, razón al replicante cuando sostiene que el alcance de la impugnación no se refiere específicamente a la sentencia de primer grado, pues el petitum formulado solamente involucra de manera expresa la decisión del tribunal pero nada dice en relación con lo que debe hacer la Corte una vez casado el fallo recurrido.

En efecto, el planteamiento del cuarto requisito de forma de la demanda de casación es defectuoso, pues en primer término pretende la casación “parcial” del fallo impugnado, y aunque no señala allí mismo cuál es el alcance de esa aspiración, sin embargo, más adelante expresa su propósito de que en sede de instancia se revoque el “numeral primero en donde se condenó al banco al pago de la indemnización moratoria (...) es decir la suma de $ 95.264,48 diarios...”, lo que permite precisar la magnitud de su pretensión en cuanto a que persigue es que se deje sin efecto la referida condena, y si bien no plantea de forma explícita lo que debe hacerse con la sentencia del juzgado, es fácil entender que implícitamente busca que se mantenga la absolución que esta declaró. Cabe anotar, en todo caso, que no es cualquier defecto de la demanda de casación lo que puede llevar a su desestimación, sino que debe tratarse de una deficiencia mayúscula que haga verdaderamente imposible desentrañar el querer del impugnante, situación que aquí no se presenta en lo que respecta al alcance de la impugnación, como ya se indicó.

El tema objeto de controversia que plantea el primer cargo es si el ad quem hizo una aplicación automática del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo pues le bastó la sola constatación de la falta de pago efectivo de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, por el no cumplimiento de los pasos requeridos para la eficacia de la consignación, y a partir de ahí procedió a imponer, sin más, la drástica sanción que dicha norma establece, con lo cual incurrió en su interpretación errónea pues de manera reiterada ha sostenido la jurisprudencia del trabajo que antes de decretar el pago de salarios moratorios el juez debe establecer y analizar la conducta del empleador con el fin de determinar si su comportamiento estuvo revestido de buena fe, y si así lo encuentra, exonerar de su pago.

Pues bien, el tribunal anotó “que el reproche del apelante se refería a que le ha sido imposible reclamar el título judicial depositado a su favor, en el Juzgado Trece Laboral quien actúa como tenedor del título, debido al pago por consignación inacabado por el banco, debe esta Sala en atención a la documental visible a folio 20 y 36, esto es a la providencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, calendada el 26 de septiembre de 2004, mediante la cual se niega la entrega del título al apoderado del demandante argumentando que el consignante no autorizó la entrega del título, situación que a lo largo del proceso no fue desvirtuada por el Banco Granahorrar; declarar que asiste razón al recurrente cuando afirma que la pasiva incurrió en mora en el pago de los salarios y prestaciones sociales reconocidos en la liquidación laboral”.

“Así las cosas, siguiendo el derrotero indicado por la sentencia citada antecedentemente, no queda más a esta colegiatura que declarar que la demandada al no satisfacer todos los pasos requeridos para finiquitar el pago por consignación que inició, incurrió en mora”.

Ninguna duda queda que el juzgador en ningún momento estudió la conducta de la empleadora, ni hizo en menor esfuerzo por determinar si estuvo revestida de buena fe, ni trató de valorar los actos que desplegó en orden a cumplir con sus obligaciones legales, ni analizó las razones que expuso para justificar su comportamiento, pues ninguna referencia hizo a alguna de tales circunstancias, y por el contrario impuso la sanción de manera objetiva una vez constató la falta de pago de las prestaciones debido a una falencia en la consignación realizada.

La Sala de Casación Laboral ha dicho sobre la referida cuestión:

“La jurisprudencia de esta Sala en tomo del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ha precisado que este no es de aplicación automática y en consecuencia la condena correspondiente debe obedecer a una sanción impuesta a la conducta patronal carente de buena fe que conduce a la ausencia o deficiencia en el pago de las sumas de origen salarial o prestacional” (sentencia de 14 de mayo de 1987).

Y antes había expresado:

“Para la Sala la indemnización moratoria no es ni automática ni inexorable. Para imponerla es necesario que en forma palmaria aparezca que el patrono particular o el oficial, haya obrado de mala fe al no pagar a su trabajador a la terminación del contrato de trabajo lo que le adeuda por salarios y prestaciones por estos conceptos e indemnizaciones en su caso. Pero si prueba que con razones atendibles no ha hecho ese pago, se coloca en el campo de la buena fe que lo exonera de la indemnización por mora” (sentencia de 5 de junio de 1972).

Frente al aspecto analizado, entonces, es evidente que el fallador de segundo grado decidió en contravía del criterio jurisprudencial trascrito, pues al abstenerse de calificar la conducta de la empleadora en orden a determinar si actuó de buena fe o por el contrario su actuación fue torticera, encaminada a causar daño a su extrabajador con el no pago de las acreencias salariales y prestacionales a la finalización del contrato de trabajo, hizo una aplicación automática del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que distorsiona el alcance y espíritu de esta disposición legal, como ya se indicó.

Corresponde agregar que el tribunal nada dijo en torno a si la consignación efectuada por el empleador demandado iba encaminada a satisfacer realmente la deuda que tenía con el trabajador, es decir si se había iniciado con la consignación pertinente ante el banco competente para recibir tales depósitos, y si remitió o no el respectivo título judicial o el documento pertinente al Juzgado Laboral de Reparto, actos que no podían ser desconocidos a la hora de calificar el comportamiento patronal, y cuya ignorancia por el tribunal reafirman la aplicación automática de que se viene hablando.

De acuerdo con lo dicho, el sentenciador de la alzada incurrió en el desatino jurídico que le señala el impugnante, por lo que procede la casación parcial de la sentencia impugnada en cuanto condenó a Granahorrar a pagar un día de salario por cada día de mora a partir del 27 de abril de 2004 al 26 de abril de 2006 e intereses moratorios desde el 27 de este último mes y año.

En instancia, se tiene que en atención al alcance del fallo de casación en cuanto anuló parcialmente la parte que ordenó el pago de los salarios moratorios por la falta de cancelación de la liquidación final, y dejó intacto lo demás, corresponde seguidamente estudiar la conducta de la empleadora y determinar si la misma estuvo revestida o no de buena fe, con base en los criterios señalados al hacer en estudio en casación y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En orden a calificar la conducta de la empleadora, se tiene que Granahorrar dirigió al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, la comunicación fechada en esta ciudad el 11 de junio de 2004, mediante la cual el jefe de la unidad de compensación de Granahorrar, manifiesta: “Me permito poner a disposición del juzgado el original del Título de Depósito A 3582289 por concepto de consignación de prestaciones sociales a nombre del señor Wilson Mayorga Mogollón, identificado con cédula de ciudanía 79.838.762 de Bogotá, por valor de $ 4.538.189.

Como se observa, en el mencionado escrito se precisa que la consignación corresponde a prestaciones sociales del ciudadano Wilson Mayorga Mogollón que se identifica con la cédula de ciudanía cuyo número se plasma en tal documento, sin que por parte alguna el consignante restrinja el pago al beneficiario; por el contrario, se puso a disposición del juzgado para que hiciera lo que estimara conveniente, de donde se desprende que la empresa no tuvo ningún interés en dilatar, retrasar o aplazar el pago contenido en la consignación.

La consignación de las prestaciones sociales es un medio de pago establecido en la propia ley para el evento de que el trabajador se niegue a recibir o no comparezca a hacerlo, de manera que al proceder así la empresa se ciñó estrictamente al marco legal vigente.

De otro lado, no se adujo por el demandante que el valor consignado fuera írrito o significativamente inferior frente a lo adeudado, de suerte que el empleador consignó lo que creyó deber, sin que fuera necesario que en el oficio respectivo solicitara expresamente la entrega al trabajador, pues los textos normativos no imponen esa carga; por el contrario, la práctica judicial enseña que hecha la consignación y entregado el título respectivo por el deudor al juzgado corresponde a este disponer su pago, mucho más en este caso en que el consignante no sometió el pago a ninguna condición, ni le solicitó al despacho abstenerse de pagarlo.

Y en cuanto al hecho de que la empresa, a pesar de estar enterada desde la presentación de la demanda de la decisión del juzgado de no entregar el título porque el consignante no le ordenó hacerlo, no hiciera nada por enmendar la situación, estima la Sala que ello en ningún caso desvirtúa que su conducta estuviera revestida de buena fe, pues realmente su obligación se agotó con la realización de la consignación y la entrega del título al juzgado, sin que adicionalmente tuviera también que realizar actos ajenos a los anotados deberes.

Por consiguiente, al ser evidente que la consignante desplegó un conjunto de actos encaminados a cumplir con su obligación de cubrir al trabajador las prestaciones sociales adeudadas, su conducta es dable calificarla como incursa en buena fe; en consecuencia no hay lugar a imponer en este caso la sanción moratoria en la forma solicitada en la demanda, máxime si se tiene en cuenta que la no realización efectiva del pago no es atribuible a la demandada sino al juez que recibió la consignación, que sin ningún fundamento se negó a pagar el título alegando un motivo carente de todo piso legal.

Ahora, se tiene que el empleador efectuó la consignación referida y puso a disposición del juzgado el título judicial pertinente para ser entregado al trabajador, el 11 de junio de 2004, y en la contestación a la demanda, la única referencia al punto de la sanción moratoria dice que se opone, porque “a la terminación del contrato de trabajo se le cancelaron todas las acreencias laborales”, pues no se propuso la excepción de buena fe.

Sin embargo, el contrato de trabajo terminó el 26 de abril de 2004, lo que desvirtúa la afirmación de la parte demandada de que pagó la liquidación final al fenecimiento de la relación laboral, sin que por otra parte explicara las razones por la cuales la consignación se realizó solo hasta el 11 de junio de tal anualidad, ya que ni siquiera en el escrito por el cual puso a disposición del Juzgado Trece el título judicial, argumentó el motivo de la tardanza.

En consecuencia, la buena fe predicable de su conducta cuando decidió consignar el monto de las prestaciones sociales del trabajador, no se extiende a la falta de pago de dichas prestaciones a la terminación del contrato de trabajo, con mayor razón si se tiene en cuenta que no expuso ninguna razón plausible que justificara su tardanza. Por lo tanto, se condenará a la parte demandada a pagar al actor la sanción moratoria consagrada por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a razón de una suma igual al último salario diario, pero solamente entre la fecha de terminación del contrato y el día en que hizo la consignación, esto es, desde el 26 de abril hasta el 11 de junio de 2004, es decir por la demora de 46 días en hacer el pago de los derechos prestacionales debidos.

Como el salario promedio devengado por el actor a la terminación del contrato de trabajo ascendió a $ 2.858.234,55 mensuales, la sanción moratoria durante el lapso señalado asciende a $ 4.382.426,08.

Por consiguiente, se revocará la decisión del Juzgado de Primer Grado, en cuanto absolvió a la parte demandada por indemnización moratoria.

Las costas de primera instancia serán a cargo de la parte demandada. Sin ellas en la alzada ni en el recurso extraordinario de casación.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley,

CASA la sentencia proferida el 27 de junio de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá, aclarada el 7 de noviembre del mismo año, en el proceso ordinario que Wilson Mayorga Mogollón promovió contra Granahorrar Banco Comercial S.A., en cuanto revocó la decisión del Juzgado de Primer Grado de absolver a la parte entidad demandada de la pretensión por indemnización moratoria, y en su lugar condenó a pagar tal sanción por el lapso del 27 de abril de 2004 al 26 de abril de 2006, e intereses moratorios a partir del 27 de abril de 2006, hasta cuando el pago se verificara, y dejó las costas de la alzada a cargo de la entidad bancaria. NO LA CASA EN LO DEMÁS.

En sede instancia, REVOCA la sentencia proferida el primero de junio de 2007 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto absolvió a la parte demandada por indemnización moratoria. En su lugar, se CONDENA a Granahorrar Banco Comercial S.A., a pagar al demandante Wilson Mayorga Mogollón, la suma de $ 4.382.426,08 por este concepto.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, y devuélvase al tribunal de origen».