Sentencia 38406 de mayo 2 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 38406

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Acta 14

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

El asunto en debate puede sintetizarse en que la demandada estima, que por tratarse de una pensión convencional que beneficiaba al fallecido Lorenzo García García, no era transmisible a sus beneficiarios, y por ende no debió accederse a la pensión de sobrevivientes pedida, cuando, además, la demandante goza de ese beneficio, concedido por el Instituto de Seguros Sociales. Adujo, para sostenerlo, que la fuente normativa la constituyen los artículos 16 y 18 del Acuerdo 49 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales los cuales consagran la compartibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez que el ISS le reconoce al causante, pero no entre la pensión de jubilación y la de sobrevivientes.

Frente a este primer tópico, se dijo por esta Sala de la Corte que la transmisibilidad de las pensiones convencionales a los beneficiarios del causante, se hace, en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que consagra el acto de reconocimiento. Así lo ha dicho en diversos pronunciamientos, como en las sentencias de 31 de agosto de 2006, radicación 26810, 14 de febrero de 2005, radicado 22699 y 5 de enero de 2005, radicado 23718, señaladas en la sentencia de 11 de septiembre de 2007, radicado 29782:

“Respecto del tema de la transmisibilidad de las pensiones, tanto convencionales como voluntarias, manifestó la Sala en sentencia 22699 de 14 de febrero de 2005:

“De otro lado, como también lo ha determinado la Corte, en el caso de los pensionados, la pensión de sobrevivientes susceptible de transmisión no configura un derecho nuevo a favor de los beneficiarios, sino un derecho derivado, valga decir, una verdadera “sustitución pensional” del mismo derecho adquirido, que conduce a que no sea de recibo la argumentación de la censura en el sentido de haber nacido, con la muerte del señor..., un derecho diferente sujeto a nuevos condicionamientos”.

“Y, en fallo del 9 de marzo de 1978 (citado dentro de la Sent. 23718, ene. 5/2005), se dijo:

“Conviene examinar ahora, si las pensiones de origen distinto al mandato de la ley, como las convencionales o las simplemente voluntarias, también son transmisibles y deben incrementarse en la misma forma que las legales”.

“Es sabido que las leyes del trabajo contienen el mínimo de derechos y garantías que merecen los asalariados (CST, art. 13), los cuales pueden ampliarse o superarse a virtud de convenciones colectivas, acuerdos individuales entre empleado y empleador, conciliaciones ante autoridad laboral y aun por voluntad unilateral del patrono expresada en el reglamento de trabajo o en acto de simple liberalidad”.

Así pues, en tratándose de pensiones de retiro o de jubilación, el patrono puede dispensar el requisito de tiempo mínimo de servicios o el de edad exigido por la ley y aún ambos requisitos para pensionar en forma vitalicia a quien labora en su favor, ya por acuerdo particular de voluntades de uno y otro o ya mediante convenio refrendado por juez o inspector del trabajo, con las características de conciliación y la fuerza de cosa juzgada prevista para ella por los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral”.

Pero de todos modos el derecho a pensión vitalicia de retiro reconocida por el patrono al trabajador (voluntaria o pensional, agrega ahora la Sala) tiene la misma naturaleza de la pensión por jubilación que impone la ley a cargo del empleador cuando el asalariado cumple las condiciones de edad y tiempo de servicios exigidos por ella para poder disfrutarla, y debe en consecuencia regirse por las mismas normas de la pensión legal en cuanto atañe a las repercusiones y alcances de ese derecho con posterioridad al fallecimiento de su titular, aun en la hipótesis de que el empresario al conceder voluntariamente la pensión, diga obrar “a título de mera liberalidad”, porque de todos modos nació para el antiguo servidor una prerrogativa vitalicia de recibir pensión y el estatus de pensionado tiene para los servidores particulares las consecuencias post mortem que determinan las leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, que ampliaron, como quedo visto, lo estatuido en normas anteriores” (negrillas y subrayas de la Sala).

“Agrega ahora la Sala que se consolida lo anterior, al observar que el artículo 11 de la Ley 71 de 1988 es del siguiente tenor:

Esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4ª de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez” (destaca la Sala).

“Desprendiéndose de su texto, indubitablemente, a pesar de su redacción un tanto deshilvanada, la aplicabilidad del haz de leyes que menciona, en materia de sustituciones pensionales, a todos los ámbitos y personas (naturales o jurídicas) por él indicados, sin distinción, lo cual conlleva sin hesitación alguna a confirmar que la pensión convencional de la que acá se trata, tiene, como mínima particularidad, el mismo carácter transmisible de las legales.

“El artículo pretranscrito actuó, a no dudarlo, como un conector entre la normatividad generada ordinariamente por el Estado y la derivada de los particulares, ratificando, entonces, la subordinación que esta tiene respecto de aquella, evitando así que se le pueda estimar como ínsula independiente regulada bajo el arbitrio privado. De aceptarse lo contrario, se podrían presentar aberrantes casos como pensiones convencionales de cuantías congeladas so pretexto de no serles aplicables las normas sobre reajustes automáticos, o inferiores al salario mínimo legal, o revocables unilateral y caprichosamente y, en fin, toda una casuística de contenido irregular derivada de la presunta inaplicabilidad de la normatividad general, extensible, con sus deletéreos efectos, a materia tan sensible y delicada como la de salarios convencionales.

“Lo anterior no se modifica por la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ya que ella misma, en su artículo 11, inciso segundo, dispuso que se respetarían y mantendrían su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo. De manera que, ante el derecho obtenido —con base en la normatividad precedente— a la transmisibilidad de la pensión convencional, el artículo 10 de la citada ley no se erige en obstáculo alguno para esta figura, como lo alega la censura.

“Así pues, el apoyo o fundamento legal que echa de menos la recurrente como “única posibilidad de acceder a lo pedido por la actora”, según se vio, sí existe. Por lo tanto, al quedar en evidencia esta circunstancia, queda sin piso el eje de la argumentación de la censura, y se evidencia que el ad quem no incurrió el dislate endilgado, por lo cual se concluye que el cargo no prospera”.

Como el caso que aquí se trata, en el evento inicial es semejante al contemplado, se concluye que el Tribunal no incurrió en los desaciertos que se le endilgan en el cargo, al entender la viabilidad de la transmisión de la pensión convencional conforme a las mismas exigencias y condiciones de la legal.

El cargo no prospera

Cargo segundo

Acusa la sentencia recurrida, “... por violar en forma indirecta y en la modalidad de falta de aplicación, los artículos 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990 (D. 758/90) y en el artículo 54 A, numeral 3º, del Código Procesal del Trabajo y SS”.

Hace consistir la violación de las normas sustanciales citadas en los siguientes errores de derecho:

1. “Dar por demostrado, sin estarlo, que en el expediente aparece la convención colectiva que sustenta el derecho impetrado.

2. “Afirmar que ‘luego de leer el texto convencional aplicable al causante (1979-1981) se puede concluir que no tiene mayor relevancia en el debate’, cuando la página de la convención colectiva que presuntamente consagra el derecho deprecado no se encuentra en el expediente ni existe constancia de depósito y, por lo tanto, no se allegó la prueba autorizada por la ley para sustentar tal afirmación”.

En la demostración, asegura que según manifestaciones del tribunal, la Convención Colectiva de Trabajo es fuente de los derechos reclamados, que no tiene mayor relevancia porque nada establece sobre el punto materia de discusión; que la pensión que estaba recibiendo el causante pasó a ser compartida con la de vejez dada por el seguro, y que la demandante tiene derecho a la sustitución pedida, pero que, examinadas las convenciones aportadas con posterioridad al fallo de primer grado, la vigente en la fecha del reconocimiento de la pensión de jubilación, esto es, 1979-1981, no aparece entre las suministradas; que el documento que aparece en las copias de los folios 585 a 587 pertenecientes a la convención 1979-1981, está incompleto, al no haberse aportado todo el paginado del mismo, por lo que de su texto no puede inferirse que se trata de ese acuerdo convencional; que en esa medida, el tribunal, al admitir que esa convención es la fuente de los derechos deprecados, y no estar aportada, no podía establecer la validez del derecho pensional extralegal reconocido al causante ni su alcance respecto de la eventual sustitución.

Se considera

Se duele el censor de que no se haya aportado copia completa del acuerdo convencional vigente para los años 1979-1981, por lo que para aceptar la compartibilidad de la pensión convencional con la legal otorgada por el seguro, era necesario que así lo hubiera dispuesto en forma expresa la convención, y que como no se aportó completa, no se podían evaluar los alcances de la misma en materia de sustitución pensional.

La misma suerte del primer cargo correrá este, porque ya la Corte dejó establecidas las razones por las cuales procedía la sustitución de la pensión convencional en favor de los causahabientes del extinto pensionado, para lo cual, como lo señaló el tribunal, la Convención Colectiva de Trabajo vigente no tenía mayor relevancia en el debate, pues lo que concluyó, con apoyo en jurisprudencia de esta corporación, fue que no se extinguía le derecho al fallecer el pensionado, sino que se sustituía en sus beneficiarios y en esa medida, escasa era la intervención de ese acuerdo convencional.

No se configura, entonces, el desacierto señalado en el cargo, el que, por tanto, tampoco prospera.

Cargo tercero

Acusó la sentencia, “por violar en forma indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 70 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 57 del Código de Procedimiento Civil, 67, 68, 69, 467, 468 y 470 (D. 2351/65, art. 37) del Código Sustantivo del Trabajo y 1494 y 1602 del Código Civil.

La violación de las normas sustanciales citadas, se produjo en forma indirecta, como consecuencia de los siguientes errores de hecho que, en modo manifiesto, aparecen en autos:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que en el convenio de sustitución patronal entre la Electrificadora del Atlántico S.A. (Electranta) y Electrificadora del Caribe S.A. ESP (Electricaribe) (fls. 55 a 414), expresamente se convino que Electranta asumiría el 90% del valor de las condenas judiciales dictadas en procesos de carácter laboral originados en demandas que, a partir de la fecha efectiva de la sustitución, presente un trabajador o un pensionado contra Electricaribe por hechos u omisiones ocurridas con anterioridad a la fecha de sustitución.

2. No dar por demostrado, estándolo, que solo el 10% del valor de las condenas judiciales antes referidas está a cargo de Electricaribe”.

Asegura, en el desarrollo del cargo, que el tribunal tuvo en cuenta parcialmente el convenio de sustitución patronal, sin referirse a las cláusulas 3 y 4, por lo cual concluyó que Electricaribe asumía las obligaciones para con los trabajadores y pensionados, sin atender la proporción acordada.

Memora lo plasmado en las mencionadas cláusulas 3 y 4 del convenio, que el mismo se celebró en agosto de 1998, la pensión de jubilación fue reconocida al causante García García en enero de 1981, y fue compartida con la de vejez que le reconoció el Instituto de Seguros Sociales en 1993, razón por la cual, la obligación adquirida por Electranta tuvo lugar antes de la sustitución patronal.

Dice que esa apreciación errónea del convenio de sustitución patronal, por parte del tribunal, lo condujo a vulnerar el artículo 70 del Código Sustantivo del Trabajo, pues de haber considerado que las obligaciones a que dieron lugar a la condena fueron adquiridas antes de la sustitución, habría concluido que esa condena debía incluir a Electranta en un 90%.

Se considera

La aplicación indebida de normas sustantivas, se hace provenir de la errónea apreciación del Convenio de Sustitución Patronal celebrado entre la Electrificadora del Atlántico S.A. y la Electrificadora del Caribe S.A. ESP, porque no se tuvieron en cuenta las cláusulas 3 y 4; que de haberlo hecho, hubiera concluido el ad quem que la primera de las mencionadas tendría que asumir el pago de la condena en un 90% y Electricaribe el restante 10%.

Las disposiciones del citado acuerdo, regulan, en efecto, la asunción por cada uno de los entes citados, de un porcentaje en el pago de las condenas judiciales, pero esa distribución fue limitada al “... valor de las condenas judiciales dictadas en procesos de carácter laboral originados en demandas que , a partir de la fecha efectiva, presente un trabajador o un pensionado contra Electricaribe por hechos u omisiones ocurridos con anterioridad a la fecha efectiva, siempre y cuando (a) se le haya denunciado el pleito o llamado en garantía a Electranta en la oportunidad procesal correspondiente...” (negrillas de la Sala).

El censor reconoce, y no discute, que la fecha efectiva de la sustitución patronal fue el 16 de agosto de 1998. Como los hechos por los cuales se demandó a Electricaribe son posteriores, ya que provienen de la negativa de esta a conceder la sustitución de la pensión convencional que beneficiaba al causante, quien falleció el 2 de noviembre de ese mismo año, es decir, con posterioridad a la fecha efectiva, no tienen aplicación, en este caso, las disposiciones antes referidas, contenidas en las cláusulas 3 y 4 del acuerdo de sustitución patronal,

Son suficientes las anteriores razones para negarle razón al cargo el que, en tal virtud, no prospera.

No habrá costas en casación, dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de veintinueve (29) de agosto de dos mil ocho (2008), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario que le promovieron Narcisa Elena Correa Rico y Leidy Carolina García Correa a la Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

No hay condena en costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».