Sentencia 38464 de febrero 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 38464

Acta 3

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

El hecho aducido por el recurrente, como causal de nulidad absoluta de la conciliación celebrada por las partes, referente al cobro de intereses sobre préstamos o anticipos de salarios, no es atendible en este recurso extraordinario, ya que se trata de un supuesto que no fue invocado en la demanda inicial como uno de los hechos que sustentan las pretensiones del actor relacionados con la nulidad mencionada, ya que esa nulidad fue sustentada en una supuesta coacción ejercida por la empresa, de manera que admitir ahora aquella argumentación violaría el derecho de defensa y el debido proceso.

Por otra parte, no es cierto que el ad quem emitiera una declaración de cosa juzgada en forma genérica, puesto que en la decisión recurrida se examinó el contenido de la conciliación, al punto que se consideró que las partes, por mutuo consentimiento, decidieron dar por terminado el contrato de trabajo mediante el pago de una suma conciliatoria, según la constancia que dejó el funcionario que la aprobó, con las expresiones que permitían concluir que el acuerdo celebrado reunía los requisitos de fondo y de forma necesarios para poder impartir su aprobación.

De todas maneras, debe la Sala reiterar que el cobro de los aludidos intereses, cuando se trata de favorecer al trabajador en créditos que lo benefician, no está prohibido por la ley, como tampoco el modo como las partes acuerden el pago del préstamo hecho al trabajador, siempre y cuando esos intereses no perjudiquen al asalariado, tal como se estableció en la sentencia del 19 de marzo de 2004, radicada con el número 20151, reiterada recientemente en la Sentencia 27598, algunos de cuyos apartes se citarán al resolver el segundo cargo.

Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

Segundo cargo

Acusa la sentencia por infracción indirecta, en concepto de aplicación indebida de los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los artículos 13 a 16, 25, 29, 53, 58, 228 y 230 de la Constitución Nacional; los artículos 6º, 15, 16, 17, 633, 641, 768, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746 y 2313 del Código Civil; 2º de la Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del Código Civil; los artículos 13 a 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 107, 140, 142, 149, 151 a 153 y 198 del Código Sustantivo del Trabajo; 6º y 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965; 12, 20 y 99 del Código de Comercio; 38 de la Ley 153 de 1887; con violación medio de los artículos 60 del Código Procesal del Trabajo y 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía por disposición del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral.

Señala que la anterior violación se debió a los siguientes yerros, que atribuye al tribunal:

“1) No dar por demostrado, estándolo, que en el acta de conciliación del 14 de enero de 1994, suscrita ante el Juez Doce Laboral del Circuito de Bogotá, entre las partes en litigio, adolece de falta de objeto y de causa ilícitos y dar por demostrado sin estarlo, que dicho acto reúne todos los requisitos exigidos por la ley para su validez y eficacia.

2) No dar por demostrada, estándola, la nulidad absoluta de carácter sustancial del acta de conciliación, y no declararla en la sentencia, siendo una obligación legal y oficiosa del ad quem.

3) No dar por demostrado, estándolo, que durante los tres últimos años de servicios la demandada efectuó al señor Guillermo García Nieto, préstamos o anticipos de salario, sobre los cuales le cobró intereses que fueron descontados de los pagos mensuales de salario, de las primas semestrales de servicios y de la liquidación de prestaciones sociales registradas en el acta de conciliación.

4) No dar por demostrado, estándolo, que al expediente no obra documento suscrito por el recurrente, que autorice a Almacafé S.A., para descontar de sus salarios mensuales, primas de servicios y prestaciones sociales definitivas, el valor de los préstamos o anticipos de salarios e intereses.

5) No dar por demostrado, estándolo, que la caja de ahorros, fondo de recompensas pensiones y jubilaciones de los empleados de la federación y Almacafé S.A.: es un programa de bienestar carente de personería jurídica.

6) No dar por demostrado, estándolo, que los artículos 153 del Código Sustantivo del Trabajo y 38 de la Ley 153 de 1887, para la época de los hechos y en la actualidad se encontraban y encuentran en plena vigencia.

7) No dar por demostrado, estándolo, que al expediente reposa el reglamento interno de trabajo de la entidad demandada, en cuyo artículo 40 se prohíbe a la empresa a hacer deducciones, retenciones o compensaciones del salario con destino al pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salario.

8) No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 48 del mismo reglamento de trabajo, dispone que: “Almacafé reconocerá y pagará todas las prestaciones establecidas o que establezca a su cargo la legislación del trabajo...”.

9) No dar por demostrado, estándolo, que las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, tienen rango constitucional, y hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud de lo dispuesto por el constituyente en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

10) No dar por conocido, conociendo, que las leyes del trabajo contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, están protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 74 de 1968, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y ratificado por Colombia el 22 de octubre de 1997 y prevalecen sobre la legislación interna por mandato del artículo 93 de la Constitución Política.

11) No dar por demostrado, estándolo, que la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de este proceso, es violatoria de los derechos humanos, entre otros, por el cobro de intereses sobre préstamos y anticipos de salarios cobrados por la empleadora al señor Guillermo García Nieto.

12) No dar por demostrado, estándolo, que al expediente reposan los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que establecen que la demandada es una entidad gremial sin ánimo de lucro, que no tiene permitida la actividad financiera de prestar dinero a sus empleados con intereses”.

Dice que los yerros fácticos anotados se originaron en la apreciación equivocada del acta de conciliación suscrita por las partes; y, también, debido a la falta de apreciación de la demanda (fls. 7 a 36), la contestación de la demanda (fls. 53 a 58), la Circular GG-776 de la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (fl. 353), los comprobantes mensuales de pagos de salarios y primas semestrales de servicios de los 3 últimos años de servicios del demandante (fls. 464 a 517), los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros (fls. 423 a 441), la Resolución 4535 expedida por el Ministerio de Trabajo el 28 de diciembre de 1997 (fls. 291 a 301), el reglamento interno de trabajo (fls. 220 a 241), la inspección judicial (fls. 386 a 396) y el acta de la audiencia pública que evacuó la inspección judicial (fls. 401 a 404 y 442 a 446).

Después de señalar que el sentenciador de segundo grado estimó equivocadamente el contenido del acta de conciliación, alude el censor a varios argumentos jurídicos expuestos en los cargos primero y tercero, para sostener que el acto jurídico registrado en el acta de conciliación es nulo, porque durante el desarrollo y ejecución del contrato de trabajo, la empleadora otorgó al recurrente préstamos o anticipos sobre los salarios y prestaciones, que no tenían como destinación la compra de vivienda o de casa y sobre los cuales le cobró intereses que le fueron descontados al trabajador de su salario y de las primas legales y extralegales de servicios, quebrantando de esa manera el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo. Agrega que en el acta de conciliación se registró la liquidación definitiva de prestaciones sociales, de las cuales se dedujeron los diferentes préstamos otorgados al trabajador.

Posteriormente la acusación se remite a las pruebas que mencionó como dejadas de apreciar y, fundamentalmente, reprueba que el juzgador no evidenciara los montos que la empleadora descontó ilegalmente del salario del actor, por concepto del cobro ilegal de intereses y las sumas descontadas mensualmente sobre la remuneración del actor.

La réplica

Señala que este cargo también presenta deficiencias, consistentes en pretender sustentar su aspiración en los mismos razonamientos subjetivos del recurrente, y argumentando nuevas pretensiones no solicitadas en la demanda inicial y que no fueron tenidas en cuenta en el razonamiento que adujo el ad quem para confirmar totalmente la decisión del juzgado.

Seguidamente, se pronuncia sobre cada uno de los supuestos errores de hecho, rebatiendo unos y manifestando la no divergencia, respecto de otros.

Sobre las pruebas, considera que el actor se refiere, en algunos apartes, a razonamientos subjetivos que no fueron probados en las respectivas instancias y que, por lo tanto, no pueden ser tenidas en cuenta dentro del presente recurso.

Insiste en que la conciliación atacada contó con todos los requisitos legales y pone de presente su validez, con lo cual al atacar la sentencia pretende quebrantar el principio de la cosa juzgada, opinión que respalda en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Se considera

La demostración que en el plano jurídico se propuso para el primer cargo, se utiliza nuevamente aquí para sostener que la conciliación tuvo objeto y causa ilícitos. Pero es claro que esa argumentación es inadmisible en un cargo indirecto, pues en este la violación de la ley es la consecuencia de la comisión de errores de hecho y no de la infracción directa, la aplicación indebida o la interpretación errónea, que prescinden de cualquier error probatorio generador de medio de la trasgresión normativa.

Los errores plantean, en esencia: 1. Que la sociedad demandada efectuó préstamos y anticipos sobre el salario, diferentes a préstamos destinados para la adquisición de vivienda, sobre los cuales se cobraron intereses que fueron descontados del salario y de las primas semestrales sin que mediara autorización del demandante y; 2. Que la sociedad demandada le hizo descuentos de su salario mensual al demandante, con destino a una caja no autorizada por la ley, y que ese descuento fue obligatorio.

Para definir sobre los diferentes temas de la demanda inicial, el tribunal, principalmente, consideró el efecto de cosa juzgada de la conciliación.

Tal cual se indicó al analizar el primer cargo, la nulidad sustancial de la conciliación pretendida no estuvo fundada en el supuesto cobro de intereses que la entidad demandada efectuó al actor sobre los préstamos que le otorgó, por lo que no se puede aducir ahora en casación, toda vez que se trata de un hecho nuevo, no aducido ni debatido en el juicio.

En todo caso, el tema del cobro de intereses por parte del empleador, por préstamos otorgados y lo referente a los descuentos que por este concepto efectuó, que es el punto sobre el cual se centra el ataque, por estimar que constituye una apropiación indebida o pago incompleto de salarios y prestaciones, ha sido analizado por esta Sala en la sentencia rememorada, de 19 de marzo de 2004, radicado 20151, reiterada recientemente en la 28673, así:

“(...) La tacha de ilegalidad por el cobro de intereses, se soporta en los artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen:

ART. 152.—Préstamos para vivienda. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado pare retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se provean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa.

ART. 153.—Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses.

Así las cosas, aquí no se controvierte la existencia de varios préstamos otorgados por la empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos.

No obstante que aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo; dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van e mejorar su nivel de vida. Créditos que si son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del estatuto sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se le estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas disposiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto.

Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen … la naturaleza humana que las inspira y justifica”.

Entonces, para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere demostrar que con él se está perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de los que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos. Como esa situación no se presentó en el caso objeto de examen, máxime si se toma en cuenta la condición de nivel intelectual del demandante, quien se desempeñó como vicepresidente financiero y administrativo, ha de concluirse que en realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem al solucionar la controversia no quebrantó los tantas veces citados preceptos legales.

Finalmente, cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando los principios protectores establecidos a favor de los mismos, razón por la cual no es ineficaz una cláusula concebida bajo tales parámetros...”.

En consecuencia no prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 27 de junio de 2008, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Guillermo García Nieto a los Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. “Almacafé”.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Se fijan las agencias en derecho en tres millones de pesos ($ 3.000.000) moneda corriente.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»