Sentencia 38467 de agosto 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 38467

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta 300

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Planteamiento del reproche.

A juicio del casacionista, la garantía del debido proceso que le asiste a la procesada Betty del Carmen Muñoz Rojas fue quebrantada por el tribunal con el fallo de segunda instancia, el cual configura una “auténtica” vía de hecho, en la medida en que no reconoció que en este evento había operado la prescripción de la acción penal para cuando se llevó a cabo su lectura en audiencia pública.

El ad quem, lamenta el demandante, estimó que el término de prescripción se interrumpió con el proferimiento de la sentencia de segundo grado, lo cual ocurre en la “reunión privada” de discusión y aprobación por parte de la Sala de Decisión y no con su lectura posterior.

En concreto, hace saber que en este proceso fue aprobado el fallo de segunda instancia el 2 de diciembre de 2011, cuya lectura se realizó el 7 de diciembre posterior, pese a que la acción penal se extinguió por prescripción el 4 de los mismos mes y año.

De la anterior manera, considera que se violaron directamente los artículos 29 de la Constitución Política, 83 del Código Penal, y 179 —modificado por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010— y 292 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

En efecto, el impugnante asevera que de acuerdo a lo previsto en el citado artículo 292, la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación, luego de lo cual comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el referido precepto 83, sin que sea inferior a 3 años.

Como en este evento la formulación de la imputación se llevó a cabo el 4 de junio de 2007 y el máximo término prescriptivo para la conducta punible de homicidio culposo es de 4 años y 6 meses, la figura extintiva operó el 4 de diciembre de 2011, fecha para cual, reitera, si bien el fallo de segundo grado había sido aprobado por el tribunal —en sesión celebrada dos días antes, el 2 de diciembre—, apenas fue publicitado y dado a conocer a través de su lectura el 7 de diciembre siguiente.

Así las cosas, al señalar el artículo 189 de la Ley 906 de 2004 que una vez “proferida la sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción”, el problema jurídico a resolver en este asunto consiste en determinar ¿qué debe entenderse por proferimiento de la sentencia?, es decir, si como lo sostienen el tribunal y la fiscalía delegada ante esta corporación, basta su discusión y aprobación por la Sala, o, como lo afirman el impugnante en casación y el representante del Ministerio Público, para el efecto es imprescindible la diligencia de lectura posterior.

Lo anterior es trascendente determinarlo, en la medida en que entre uno y otro momento —el de la aprobación del fallo y su lectura— pueden presentarse eventualidades como la aquí denunciada, en la que se afirma que operó la prescripción de la acción penal.

La Corte, entonces, procederá al estudio de la temática propuesta por el recurrente, para lo cual adoptará la siguiente metodología: (i) repasará la normatividad que sobre la prescripción de la acción penal consagra la Ley 906 de 2004, haciendo especial énfasis en cómo opera la misma para el delito de homicidio culposo, para luego (ii) definir qué debe entenderse por “proferimiento de la sentencia de segunda instancia”, en los términos del artículo 189 de la citada normatividad y (iii) adoptar, de ser procedente, los correctivos a que haya lugar.

1.(sic) La normas sobre la prescripción de la acción penal en la Ley 906 de 2004.

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Código Penal, como norma general la acción penal “prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)”.

Por su parte, el artículo 86 Ibídem, que originalmente establecía que “la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada”, fue modificado por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004, el cual consagra que dicha interrupción opera “con la formulación de la imputación”, lo cual es reiterado en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004.

Sin embargo, la Corte debió precisar que la modificación en comento únicamente se aplicaba a los asuntos tramitados por el sistema procesal de la Ley 906 del 2004, y que para los casos impulsados con el procedimiento regido por la Ley 600 del 2000, el artículo 86 de la Ley 599 de 2000 aplicable es el original, esto es, no lo cobija aquella modificación, entre otras razones, porque no es posible equiparar la formulación de la imputación de la nueva legislación, con la resolución de acusación de la sistemática anterior.

En este orden de ideas, producida la interrupción de la prescripción en el Código de Procedimiento Penal de 2000, esta vuelve a correr por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10, en tanto que, cuando ello sucede en el curso de un proceso tramitado por la Ley 906 de 2004 opera la misma regla, aunque en este evento el término no podrá ser inferior a 3 años, tal como lo dispone el artículo 292 citado, lo cual tiene su razón de ser en la dinámica propia del sistema acusatorio, con la que se busca materializar la efectividad del principio de celeridad que lo caracteriza y se explica que la prescripción de la acción penal se interrumpa con la formulación de la imputación y empiece a descontarse de nuevo en la forma indicada(2).

En este orden de ideas, la Sala se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las diferentes formas de contabilizar el término prescriptivo, dependiendo del código de enjuiciamiento penal aplicado.

De una manera muy precisa, lo hizo en la sentencia del 23 de marzo de 2006 (Rad. 24.300), en estos términos:

“5. En lo atinente a la prescripción, es evidente que ha sido reglamentada en el anterior sistema y en el nuevo sistema, como una sanción a la inactividad punitiva del Estado que, debido a su inercia por cualquier motivo, pierde toda potestad de investigar y castigar.

Pero en torno a la interrupción del lapso prescriptivo, la diferencia entre las dos estructuras es total, pues uno y otro se originan en causas bien diversas y, por ende, cumplen objetivos también disímiles.

En el nuevo sistema, una vez el fiscal formula imputación, cuenta con el inexorable lapso de 30 días para presentar el escrito de acusación (art. 175). Si no lo hace, aparte de que incurre en causal de mala conducta, pierde competencia y el asunto pasa a otro delegado, que cuenta con un plazo igual. En esta hipótesis, si no acusa, el Ministerio Público o la Defensa quedan habilitados para reclamar la preclusión de la investigación.

Es claro, entonces, que en el peor de los casos, a partir de la imputación, no puede transcurrir un período superior a 60 días sin que la acusación sea presentada.

En esas condiciones, que el artículo 292 de la Ley 906 del 2004, en armonía con el artículo 6º de la Ley 890 del mismo año, hubiera señalado un lapso de tres años, contados a partir de la imputación, como límite para que la acción penal prescriba, se muestra apenas razonable, suficiente, dentro de ese esquema de procesamiento.

No sucede lo mismo con el sistema que sirve de apoyo a la Ley 600 del 2000, cuyo artículo 325 permite que la investigación previa se prolongue hasta por 6 meses, lapso que puede ser adicionado en otros dos meses, en el caso de revocatoria de la resolución inhibitoria. Su artículo 329 habilita una fase de instrucción de hasta 24 meses. Por lógica, unos términos así de elásticos y amplios justifican que la acción penal prescriba en un mínimo de 5 años, de conformidad con los artículos 83 y 86 del Decreto 100 de 1980.

6. Con base en lo anterior, el artículo 6º de la Ley 890 de del 2004 debe ser concebido como modificatorio del artículo 86 del Código Penal, exclusivamente en lo relacionado con los asuntos tramitados por el sistema procesal de la Ley 906 del 2004. Nótese cómo, al igual que esta, el artículo 15 de aquella ordenó:

La presente ley rige a partir del 1º de enero de 2005, con excepción de los artículos 7º a 13, los que entrarán en vigencia en forma inmediata.

Pero para el procedimiento regido por la Ley 600 del 2000, el artículo 86 de la Ley 599 del 2000 aplicable es el original, esto es, no lo cobija aquella modificación.

7. A lo anterior se debe agregar otro punto elemental: no existe parámetro legal alguno que conduzca a pensar que la formulación de imputación prevista en la Ley 906 del 2004 equivalga a la resolución acusatoria reglada en la Ley 600 del 2000 y en el artículo 86 del Código Penal. Y no solo no existe, sino que todo indica que incluso en el sistema y esquema de la nueva normatividad son actos procesales diversos, porque en este son diferentes la formulación de la imputación y la formulación de la acusación, en tanto que en la Ley 600 del 2000 no existe la primera, aunque sí la segunda, pero con características diferentes.

Partiendo de lo expuesto, el término prescriptivo de la acción penal en asuntos tramitados bajo el sistema adoptado por la Ley 906 del 2004, se contabiliza así:

* Desde la consumación de la conducta (en los delitos de ejecución instantánea), o desde la perpetración del último acto (en los de ejecución permanente o tentados), corre el tiempo máximo previsto en la ley (C.P., art. 83).

* El lapso se interrumpe con la formulación de la imputación, producida la cual comienza a correr de nuevo por un término igual a la mitad del previsto en la norma penal, pero nunca puede ser inferior a 3 años (L. 906/2004, art. 292 y L. 890/2004, art. 6º).

* La sentencia de segunda instancia suspende el último período hasta por cinco (5) años, vencidos los cuales continúa, prosigue, el cumplimiento de los lapsos (L. 906/2004, art. 189)”.

Y lo reiteró recientemente, en providencia del 5 de octubre de 2011 (Rad. 37.313), señalando:

“Lo cierto es que la vigencia simultánea de los Códigos de Procedimiento Penal de 2000 y 2004, derivó en dos formas diversas de calcular la prescripción de la acción penal.

En los casos de la Ley 600 del 2000, se aplican los originales artículos 83 y 86 de la Ley 599 del mismo año, en virtud de los cuales la acción penal prescribe en un lapso igual al máximo de la pena fijada en la ley para el respectivo delito, sin que pueda ser inferior a 5 años, ni superior a 20.

Ese período se interrumpe con la resolución acusatoria ejecutoriada, momento desde el cual comienza a correr un término igual a la mitad del anterior, sin que pueda ser menor de 5, ni mayor de 10 años. Este nuevo intervalo solamente se interrumpe con la ejecutoria de la sentencia.

Para asuntos regidos por la Ley 600 del 2000 no aplica la modificación introducida por la Ley 890 del 2004, pues ya se ha reiterado que la misma se encuentra atada a los supuestos que deben regirse por la Ley 906 del 2004.

Precisamente, en los asuntos cobijados por la Ley 906 del 2004 el período inicial de prescripción es el mismo, esto es, el máximo previsto para el tipo penal, sin que pueda ser inferior a 5 años, ni superior a 20.

Pero en virtud del artículo 86 del Código Penal, con la modificación introducida por el artículo 6º de la Ley 890 del 2004 (que es de recibo exclusivamente para el sistema penal acusatorio) ese intervalo se interrumpe con la formulación de la imputación.

Desde ese momento, de conformidad con el artículo 292 de la Ley 906 del 2004 comienza a correr un nuevo lapso “por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años”. Por tanto, desde la imputación corre un nuevo período que no puede superar los 10 años ni ser menor de 3.

Ese nuevo término se suspende con el proferimiento de la sentencia de segunda instancia, “el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años”.

Puede evidenciarse, entonces, como diferencia adicional entre ambos sistemas, que producida la interrupción del término prescriptivo a partir de la formulación de la imputación en proceso adelantado, desde luego, bajo los lineamientos de la Ley 906 de 2004, este se suspende de nuevo según el artículo 189 de dicha normatividad, una vez “proferida la sentencia de segunda instancia”, caso en el cual vuelve a correr el mismo por un lapso que no puede superar los 5 años.

En todo caso, debe quedar absolutamente claro que mientras el término mínimo de prescripción en la Ley 600 de 2000 es de cinco años, en la Ley 906 de 2004 lo es apenas de 3 años, con la aclaración de que en la primera normatividad se cuentan desde la ejecutoria de la resolución de acusación, en tanto que en la segunda se computan desde la formulación de la imputación, y solo en este evento, se repite, vuelve a interrumpirse con el proferimiento de la sentencia de segunda instancia.

Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene:

En audiencia preliminar celebrada ante un juez de garantías el 4 de junio de 2007, por un hecho acaecido el 26 de mayo de 2006, a la indiciada Betty del Carmen Muñoz Rojas se le formuló imputación por la conducta punible de homicidio culposo, tipificada y sancionada en el artículo 109 del Código Penal con pena de prisión de 2 a 6 años, la cual se aumenta en una tercera parte al mínimo y la mitad al máximo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, incremento que implica una penalidad oscilante de 2 años y 8 meses a 9 años de prisión.

El 4 de junio de 2007, entonces, se interrumpió el término prescriptivo, el cual comenzó a descontarse de nuevo por un tiempo igual al de la mitad del señalado en artículo 83 del Código Penal, sin que sea inferior a 3 años.

Lo dicho quiere significar, que si la mitad en comento corresponde a 4 años y 6 meses (recuérdese que el máximo es de 9 años), está claro que, en principio, la prescripción de la acción penal para el ilícito de homicidio culposo aquí juzgado operaría el 4 de diciembre de 2011.

Sin embargo, no puede dejarse de lado que el citado artículo 189 del Código de Procedimiento Penal de 2004 establece otra causal de suspensión del lapso prescriptivo, referida al “proferimiento de la sentencia de segunda instancia”.

Como se sabe, en este asunto se dictó fallo de segundo grado, siendo el objeto de debate establecer cuándo debe entenderse proferido el mismo, esto es, si el día en que fue aprobado por el tribunal —el 2 de diciembre de 2011—, o en la fecha de su lectura —el 7 de iguales mes y año—.

Lo trascedente del caso, vuelve a decirse, es que entre ambas fechas nos encontramos con el 4 de diciembre de 2011, día en el cual de acuerdo con los cálculos anteriormente anotados, prescribiría la acción penal. De ahí la importancia de definir ¿qué debe entenderse por proferimiento del fallo de segunda instancia?, tarea que acometerá seguidamente la Sala.

3. Qué se entiende por proferimiento de sentencia?

Conforme la esencia de la demanda de casación, el punto concreto a definir para efectos de determinar las consecuencias de la misma, estriba en establecer qué ha de entenderse jurídicamente por “proferimiento” del fallo de segundo grado, en aras a definir si puede predicarse el fenómeno jurídico de la prescripción alegado por el defensor.

La Sala acto seguido hará referencia al tema, para precisar su criterio en relación con las instancias normales del proceso, y por supuesto en el recurso extraordinario de casación.

Primera instancia

En esta fase ocurre una circunstancia particular, que desde ahora se anuncia no es propia de la segunda instancia cuando se resuelve el recurso de apelación, y menos del recurso de casación.

En efecto, según se desprende de los artículos 446 y 447 de la Ley 906 de 2004, expuestas las alegaciones finales de las partes en el marco de la audiencia de juzgamiento, la actuación subsiguiente es el anuncio del sentido del fallo, es decir, si será de carácter absolutorio o condenatorio, contra el cual no es dable interponer recurso alguno, porque no constituye aún la sentencia.

Si tal anuncio alude a una condena, se llevará a cabo la audiencia de individualización de pena y sentencia, con el único propósito de que las partes se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales etc., del culpable, no para hacer cuestionamientos al fallo que ha sido anunciado. Agotado ese paso, el juez señalará fecha y hora para proferir la sentencia.

Por consiguiente, se entiende que en primera instancia, trátese de juez singular o plural, el fallo se profiere en audiencia, luego se corresponde con el acto de lectura que garantiza la publicidad de la decisión, momento en el cual las partes decidirán si interponen o no recurso de apelación, e inmediatamente de manera verbal o dentro de los cinco días siguientes lo sustentarán por escrito. (L. 906/2004, art. 179 modificado por L. 1395/2010, art. 90).

Segunda instancia

Cuando se trata de juez singular, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 179 ejusdem, modificado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010, el funcionario resolverá la apelación en el término de quince días y citará a las partes e intervinientes para lectura de fallo dentro de los diez días siguientes a la decisión.

En los eventos que compete decidir a un juez colegiado, caso concreto que ocupa la atención de la Sala y que es objeto del recurso, el inciso final del artículo mencionado dispone lo siguiente:

“... Si la competencia fuera del tribunal superior, el magistrado ponente cuenta con diez días para registrar proyecto y cinco la Sala para su estudio y decisión. El fallo será leído en audiencia en el término de diez días ...”.

Surge entonces que en estos casos, hay dos momentos diferentes: emisión de la decisión y lectura de la misma.

Si la competencia es de un tribunal, la Sala observa que a partir del registro del proyecto que corresponde al magistrado ponente, se presentan dos eventos que se destacan por su independencia: (i) la discusión y adopción de la decisión a través de la cual se resuelve el recurso y (ii) la comunicación de la providencia por medio de la lectura de la misma. La diferencia con aquellos asuntos que decide un juez singular, es que en los mismos no se presenta un proyecto para discusión, pero se identifican en cuanto a que existe una decisión y ulterior lectura de la misma.

Consecuentemente, no es dable confundir tales momentos procesales que se ofrecen claramente disímiles como pasa a verse:

Cuando la norma aludida señala que la Sala estudiará y decidirá el recurso, eso ni más ni menos significa definición del asunto sometido a su consideración, de modo que equivale al acto de proferir sentencia, la cual debe suscribirse por los integrantes de la corporación que tomaron parte en la discusión y aprobación. Se desprende entonces con relativa claridad, que el acto ulterior de lectura es distinto al de la emisión de la decisión, luego no es dable aseverar que mientras no se materialice el segundo no cabe hablar de proferimiento del fallo.

Tan cierto es lo anterior que la parte final de la disposición trascrita estipula que el fallo será leído en audiencia, de lo cual se infiere que ya fue emitido y aprobado y como tal nació a la vida jurídica, pues de no ser así, se habría dicho que sería proferido en una vista pública.

Desde un punto de vista netamente práctico, hay eventos que sacan avante la postura que frente al tema se propone. En efecto, piénsese que a varios de los magistrados que participaron en la discusión y adopción del fallo, se les venció el período inmediatamente después y por lo mismo dejaron el cargo antes de la lectura, o por circunstancias especiales no pueden estar presentes ese día.

Con la tesis que se viene desarrollando no habría problema, porque la decisión como tal ya existe, únicamente hace falta darla a conocer; en el evento contrario que acoge el actor, se originaría una dificultad, porque si se entiende que la sentencia se profiere cuando se lee, ya los funcionarios que intervinieron en su aprobación no están, de modo que cómo se podría hablar de emisión del fallo en ese momento?

Cuestión bien distinta es el segundo suceso, esto es, la lectura de la providencia que conlleva lo siguiente:

a. Según se dijo, la sentencia ya ha sido proferida y por lo mismo suscrita por quienes intervinieron en la discusión y aprobación.

b. Al momento de la lectura por obvias razones, ya no se presenta discusión de ninguna índole.

c. El fallo no se firma en ese acto procesal, lo cual debería ser así si se aceptara la tesis en cuanto a que se profiere al instante de darse a conocer.

d. No es obligatoria la presencia de la sala en pleno para la lectura, inclusive se permite que la haga un magistrado distinto de aquel que hizo las veces de ponente, y que se haga un resumen de la providencia. Si ese fuera el instante procesal para considerar legalmente proferido el fallo, lo normal y lógico es que asistieran los componentes de la Sala y que su lectura fuera íntegra.

e. La diligencia en referencia no es nada diferente a comunicar la decisión a las partes e intervinientes, en lo que constituye una clarísima expresión del principio de publicidad, que según ha tenido ocasión de expresarlo la Corte Constitucional y esta Sala, está estrechamente ligado al derecho de defensa, pues a partir del conocimiento que aquellas tengan de las decisiones judiciales a través de la fuente que las profirió, pueden decidir si hacen uso de los medios de impugnación que consagra la ley; en otros términos, determinarán si asumen la decisión o la controvierten porque ella les ocasiona un agravio y por lo mismo les suscita inconformidad.

Por lo tanto no es válido afirmar que la tesis que aquí se consigna atenta contra el derecho de publicidad, porque ya se vio, este se privilegia en el momento mismo de la lectura, a partir del cual se activa la facultad de interponer recursos en la medida que la providencia lo admita, lo cual desde luego no es óbice para pregonar que la decisión ya se profirió.

El criterio plasmado no varía aún en el evento de que en segunda instancia se revoque una sentencia absolutoria y en su lugar se condene al procesado.

En efecto, la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, denominada individualización de pena y sentencia, solo está prevista para la primera instancia, como quiera que es una actuación subsiguiente al anuncio del sentido del fallo una vez finalizada la vista de juicio oral, en la medida que este sea de carácter condenatorio, según se colige del artículo atrás mencionado y del 446 ejusdem.

En segunda instancia no hay juicio oral, tampoco anuncio del sentido del fallo, luego por consiguiente menos la audiencia referida, de ahí que el ad quem decidirá lo concerniente con la pena y mecanismos de sustitución de acuerdo con la información que le aporte el proceso, lógicamente basándose en los criterios que consagra el artículo 61 del Código Penal para individualizar la sanción.

Casación

Cuando se trata del recurso extraordinario de casación, el artículo 185 del Código de Procedimiento Penal estipula que la Corte dictará el fallo dentro de los sesenta días siguientes a la audiencia de sustentación.

La mecánica de funcionamiento de la Sala de Casación Penal implica la elaboración de un proyecto por parte del magistrado a quien se repartió el caso, discusión y definición del asunto por parte de la misma, es decir, en el fondo ocurre lo propio que en la segunda instancia de competencia de un tribunal.

La lectura posterior de la decisión, únicamente tiene efectos de publicidad y por ende de simple información, dado que contra la sentencia de casación no es factible interponer ningún recurso. Naturalmente, se recuerda, como ya ha tenido ocasión de expresarlo la Sala, que las sentencias de casación quedan en firme una vez suscritas por quienes participaron en su discusión y aprobación(3).

Los argumentos expuestos en relación con lo que acontece en segunda instancia de competencia de un tribunal, aplican cabalmente en casación y en lo pertinente en los casos de juez singular, de modo que es innecesario reiterarlos.

4. En el presente caso según se expuso en precedencia, la apelación se decidió el 2 de diciembre de 2011 y la lectura se produjo el 7 de ese mismo mes y año, de manera que no cabe hablar de prescripción de la acción penal, porque al tenor de lo previsto en el artículo 189 de la Ley 906 del 2004, a partir de proferida la sentencia se suspende el término para declarar extinguida la acción penal por este fenómeno, el cual comenzará a correr de nuevo sin ser superior a cinco años.

La acción penal en este asunto prescribiría el 4 de diciembre, pero al decidirse el recurso el 2 se interrumpió esa posibilidad.

Así las cosas, el cargo propuesto en la demanda no prospera, de manera que la sentencia no será casada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Así lo ha sostenido la Sala desde la sentencia del 19 de septiembre de 2005, Rad. 24.128.

(3) Ver entre otros auto de 4 julio 27 de 2011, Rad. 30823.