Sentencia 38473 de julio 3 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 38473

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL 402-2013

Acta 19

Bogotá, D. C., tres de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La controversia planteada en casación se refiere al razonamiento jurídico, acogido por el Tribunal, según el cual no es dable reconocer la pensión de sobrevivientes cuando esta se disputa por dos personas que alegan tener la condición de compañeras permanentes del causante, y acreditan una convivencia estable que dio lugar a la conformación de grupos familiares separados, por requerirse, según el ad quem, de una convivencia singular exclusiva a la muerte de quien generó el derecho, bajo el entendido que la legislación vigente no permite la concurrencia de dos o más compañeras permanentes como beneficiarias de la sustitución pensional, por cuanto exigen una sola convivencia de carácter continua.

Criterio que no comparte la Sala porque si bien es cierto que la concurrencia de dos o más compañeras permanentes es un punto no regulado expresamente en nuestra legislación, lo cierto es que, conforme a los criterios jurisprudenciales que se han trazado sobre el punto, es dable que una persona haya mantenido por separado, pero simultáneamente, una convivencia o vida marital con dos personas, de manera que frente a ese vacío normativo la solución lógica no es la de negar el derecho a quienes al mismo tiempo cumplieron con los requisitos exigidos en las normas aplicables. En este sentido se dijo en sentencia de 17 de agosto de 2006, radicada con el número 27405, lo siguiente:

“Si bien es cierto que la existencia simultánea de dos o más compañeras permanentes es un asunto no gobernado expresamente en la legislación vigente para la época del fallecimiento del causante, no es menos cierto que de acuerdo con los criterios señalados por la jurisprudencia acerca de lo que debe entenderse por convivencia, de cara al surgimiento del derecho a una sustitución pensional, es posible que una persona mantuviera por separado, pero simultáneamente, una convivencia o vida marital con dos personas. Pero ello no indica que ante la falta de una regulación expresa la solución lógica fuese la de negar el derecho a quienes al mismo tiempo cumplían con los requisitos exigidos en las normas aplicables.

“En efecto, el artículo 6º del Decreto 1160 de 1989 le otorga, a falta del cónyuge, la calidad de beneficiario de la sustitución pensional al compañero o compañera permanente del causante. Y el artículo 12 de ese estatuto precisa que se admitirá la calidad de compañero o compañera permanente a quien siendo soltero ‘haya hecho vida marital con el causante durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento de este o en el lapso establecido en regímenes especiales’. No exige aquella disposición que el causante haya hecho la vida marital exclusiva o singularmente con un solo compañero permanente como lo entendió el Tribunal.

“Por esa razón, la circunstancia de que dos personas ostenten la calidad de compañero permanente de un mismo causante no es razón suficiente para negarles a ambas el derecho a la sustitución pensional, pues si bien, como quedó antes dicho, esa situación no fue expresamente regulada por la ley, nada impide que para solucionar ese vacío normativo se acuda a una norma análoga para superarlo, tal como lo explicó la Sala en la sentencia de 3 de junio de 2004, radicación 21474, citada por la recurrente, en donde asentó:

“‘El análisis sereno de los elementos probatorios reseñados, lleva a la convicción de que en realidad se presentó una convivencia simultánea entre el pensionado y las demandantes, situación que perduró por muchos años y hasta el fallecimiento de aquel, encontrándose que en ambas uniones se procrearon hijos.

“‘Para la Corte entonces, se trata de personas que están en las mismas condiciones esenciales como son haber tenido convivencia con el pensionado fallecido hasta el momento de su muerte y haber procreado hijos con él; únicos elementos a considerar para efectos de determinar la sustitución pensional en el sub lite, pues no puede apelarse a aspectos meramente circunstanciales tales como serían el pago del entierro, la búsqueda del desaparecido por escasos días cuando resulta evidente que solía ausentarse del hogar conformado con Gladys Sanabria Moreno en virtud de la otra relación marital, o la declaración de un tercero de que compartían habitaciones separadas cuando esto nada prueba sobre la real intimidad de la pareja dado que a la muerte aún permanecían bajo el mismo techo, según él mismo lo testifica.

“‘Ahora bien, ninguna solución puede conducir a la exoneración de la demandada ante la evidencia de que existen beneficiarias en condición de compañeras permanentes; pero tampoco puede afirmarse que alguna de las reclamantes tenga mejor derecho que la otra, pues lo que se evidencia es una convivencia simultánea del pensionado con ambas mujeres, de quienes puede predicarse ostentan tal calidad, con vocación de ser beneficiarias de la sustitución pensional, pues conformaron con el pensionado uniones que permanecieron en el tiempo con intención de formar una familia, habiendo procreado hijos, y donde según se desprende de los testimonios, este fungía como Jefe de hogar.

‘“La anterior constatación sin embargo, se enfrenta a la dificultad del vacío normativo frente a esta situación fáctica que debería solucionarse a la luz de disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 como se dejó señalado en casación y porque además, no se trata como equivocadamente entendió el juzgado de conocimiento, de dirimir un conflicto de intereses ante la presencia de una cónyuge y una compañera permanente, evento que sí preveían la Ley 71 de 1988 su Decreto Reglamentario 1160 de 1989. Aquí se está ante un diferendo para sustituir la pensión, entre dos compañeras permanentes que debe ser decidido por la Corte como tribunal de instancia y que dicho sea de paso, no implica pronunciamiento sobre la existencia o no de cónyuge, o sobre su derecho, por no ser parte en el proceso, y porque de conformidad con jurisprudencia de la Corte no le corresponde a la compañera permanente demostrar la pérdida del derecho de aquella en caso de que existiera (sentencias de 27 de marzo de 1995, rad. 7383; de 3 de septiembre de 2003, rad. 21160, entre otras).

“‘La Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario que eran las disposiciones en principio aplicables, señalaron las reglas para la sustitución pensional estableciendo un régimen preferencial para el cónyuge y solo a falta de este o ante la pérdida del derecho, podía entrar como beneficiario el compañero o compañera permanente del causante. La jurisprudencia incluso con posterioridad a la vigencia de la Ley 100, ha resuelto los casos de convivencia simultánea con la cónyuge y la compañera permanente atribuyendo el derecho pensional en favor de la primera.

“‘Esto evidencia entonces, la falta de criterio legal para determinar cómo se resuelve en punto de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes cuando hay convivencia simultánea entre dos compañeras permanentes, sabiendo además que no hay pautas válidas para preferir a alguna de ellas, pues el tiempo de convivencia es similar —supera largamente los 10 años— y en ambos casos hay hijos.

”‘Como es obligación del juzgador ‘Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido’ (CPC, art. 37), estima adecuado la Corte apelar a la analogía de normas que resuelven sobre el beneficio pensional entre quienes tienen igualdad de derechos, como es el caso de los hijos, en que el artículo 8º del Decreto 1160 de 1989, distribuye la pensión en partes iguales. Por lo tanto se dispondrá que en este caso son beneficiarias por partes iguales, de la pensión de que venía disfrutando en vida el señor Luis Antonio Cruz, las señoras Gladys Sanabria Moreno y María Edelmira Caicedo Cuarán, quedando el derecho pensional que a ellas se otorga bajo el citado régimen’”.

Es claro entonces que el juzgador de segundo grado incurrió en el error jurídico que señala la acusación, toda vez que la sustitución pensional debió beneficiar a las dos compañeras permanentes con las que convivió el pensionado fallecido.

En consecuencia, el cargo prospera, lo que hace innecesario el estudio de los dos restantes, pues persiguen la misma finalidad.

En sede de instancia debe decirse que, de acuerdo con lo expuesto y partiendo del supuesto de la existencia de una convivencia simultánea de la demandante Olga María García Cruz y la señora Edilma Peña Díaz, demandada en este proceso y quien confesó ese hecho, en el interrogatorio que como prueba de oficio decretó la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial, en el proceso ordinario que esta adelantó para que se declarara la existencia de unión marital de hecho con el señor Fernando Londoño Sánchez (fls. 254 y 261 a 263 del C. de I.), se revocará la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió de la pensión de sobrevivientes reclamada por la actora, para, en su lugar, condenar a las Empresas Municipales de Cali Emcali E.I.C. E.S.P. a reconocer y pagar a la señora Olga María García Cruz el 25% de la pensión de sobrevivientes causada al fallecimiento del señor Fernando Londoño Sánchez, con los incrementos legales correspondientes.

No hay lugar a pronunciarse respecto de la cuota parte de las prestaciones sociales reclamadas por la demandante, distintas de la pensión de sobrevivientes, porque este aspecto no fue sometido a examen en ninguno de los cargos que integraron la demanda de casación, ni fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal.

Además, corresponde negar la exclusión de la señora Edilma Peña Díaz como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, como compañera permanente, en vida del causante, solicitada en la demanda inicial, teniendo en cuenta que la sentencia recurrida se casó con fundamento en la viabilidad de concurrencia de compañeras permanentes con vocación de beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, por lo que ella sería beneficiaria, en esos términos, del otro 25% de la pensión, con derecho a acrecer en los términos de ley.

Tampoco hay lugar a imponer condena por los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que reclama la demandante, dado que no se trata de una pensión del sistema general previsto en la Ley 100 de 1993.

Observa igualmente la Sala que es fundada la excepción de prescripción propuesta por las Empresas Municipales de Cali Emcali E.I.C. E.S.P. por cuanto que la accionante adquirió el derecho a la pensión de sobrevivientes al deceso del señor Fernando Londoño Sánchez, el 29 de enero de 1998 y presentó la demanda inicial el 16 de enero de 2006, pero como quiera que el documento visible a folio 59 del cuaderno de primera instancia, da cuenta que la accionante interrumpió la prescripción al presentar un escrito de reclamación de la pensión reclamada, el 27 de julio de 2004, se tomara esta fecha como punto de partida para contar la prescripción trienal conforme al artículo 151 del C. P. del T. y la S. S.

Es pertinente tomar el monto con que la demandada liquidó el derecho a la pensión de sobrevivientes a otros beneficiarios del causante, dado que la demandante pide la aplicación proporcional del monto del total de dicha pensión liquidada por la empresa, que asciende a la suma de $1.704.700,oo, de manera que el valor de la primera mesada pensional a que tiene derecho la señora Olga María García Cruz asciende a la suma de $426.175,oo; cantidad que se tomará para liquidar el valor de las mesadas pensionales a partir del 27 de julio de 2001, atendiendo sus incrementos legales y la indexación reclamada sobre las mismas.

Es así como efectuadas las operaciones correspondientes, se tiene el siguiente resultado:

S38473CSJ.png
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Por tanto se condenará a las Empresas Municipales de Cali Emcali I.E.C. E.S.P. a pagar a la demandante la suma de $168.176.043,12, como mesadas insolutas causadas entre el 27 de julio de 2001 hasta el 28 de febrero de 2013, así como a continuar pagándole las mesadas pensionales que se causen a partir del 1 de marzo de 2013, en la suma mensual de $1.065.629,64, atendiendo los incrementos legales dispuestos posteriormente.

No hay lugar a costas en el recurso de casación. Las de las instancias son de cuenta de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de septiembre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Olga María García Cruz contra Edilma Peña Díaz y las Empresas Municipales de Cali Emcali I.C.E E.S.P., en cuanto confirmó la decisión de primer grado que absolvió a la entidad accionada del pago de la pensión de sobrevivientes reclamada por la actora. En Sede de Instancia se REVOCA la decisión de primer grado, en cuanto negó la pensión de sobrevivientes reclamada por la demandante y, en su lugar, se condena a las Empresas Municipales de Cali Emcali I.C.E E.S.P. a pagar a Olga María García Cruz el 25% de la pensión de sobrevivientes que le corresponde por la muerte de su compañero permanente Fernando Londoño Sánchez, a partir del 29 de enero de 1998, en cuantía inicial de $426.175.00, más los incrementos de ley y sin perjuicio de su derecho de acrecer. En consecuencia se condena a dicha entidad a pagar a la actora, la suma de ciento sesenta y ocho millones, ciento setenta y seis mil, cuarenta y tres pesos, con doce centavos ($168.176.043,12) moneda corriente, por concepto de mesadas insolutas, indexadas, causadas entre el 27 de julio de 2001 y el 28 de febrero de 2013, así como a continuar pagándole las mesadas pensionales que se causen a partir del 1º de marzo de 2013, en la suma mensual de $1.065.629,64, atendiendo los incrementos legales dispuestos posteriormente. Se niega expresamente la pretensión encaminada a que se ordene la exclusión de la pensión de sobrevivientes por la muerte Fernando Londoño Sánchez, de la codemandada Edilma Peña Díaz, por cuanto en calidad de compañera permanente simultánea del causante, tiene derecho a disfrutar del 25% restante de la pensión de sobrevivientes. Se confirma en lo demás la sentencia de primer grado.

Costas en primer y segundo grado, a cargo de la parte demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».