Sentencia 38476 de marzo 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION LABORAL

Acta 8

Rad.: 38476

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil doce.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la señora Nidia Esther Pión Acosta contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 1º de septiembre de 2008, en el proceso ordinario laboral que le promovió al Instituto de Seguros Sociales.

Antecedentes

La accionante convocó ante la jurisdicción ordinaria laboral a la entidad de seguridad social demandada para que fuera condenada a reconocerle y pagarle la pensión de vejez, prevista en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, a partir del 13 de septiembre de 2005, cuando cumplió 55 años de edad y el número de semanas requeridas; además, reclamó los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En sustento de sus pretensiones, afirmó que solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por haber cumplido las exigencias de ley; que le fue negada su solicitud por la entidad señalada, con base en que no reunía el número de semanas requeridas; que fue afiliada al Fondo de Pensiones del ISS desde el 6 de octubre de 1994, por su primer empleador, Lotería del Sinú Ltda.; que aportó un total de 542 semanas, de las cuales más de 500 corresponden al período comprendido entre el 13 de septiembre de 1985 y el 13 de septiembre de 2005, es decir, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; que el Seguro no realizó un conteo veraz de las semanas cotizadas, ya que durante su vida laboral cotizó un total de 542 semanas, cuyo empleador en su gran mayoría fue la Notaría Tercera; que es beneficiaria del régimen de transición, dado que tenía más de 35 años para el 1º de abril de 1994, por lo que le resulta aplicable el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que autoriza el reconocimiento de la pensión de vejez para esta clase de afiliados con un mínimo de 500 semanas cotizadas entre dicha edad y el cumplimiento de la edad mínima.

En la respuesta a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales admitió la afiliación de la actora para pensiones, pero adujo que no cumplía con el requisito de aportes para pensión, dado que sumaba un total de 452 semanas cotizadas. En su defensa, propuso las excepciones de falta de competencia, inexistencia del derecho, cobro de lo no debido y prescripción.

Decisiones de instancia

En audiencia pública de juzgamiento celebrada el 14 de marzo de 2008, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería declaró que la demandante Nidia Esther Pión Acosta no tenía derecho a la pensión de vejez, por lo que absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas sus pretensiones. Decisión que fue confirmada en su integridad por el tribunal.

En relación con el aspecto objeto de controversia, señaló el tribunal que, antes de entrar a analizar si la accionante tenía 500 o más semanas aportadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, resultaba necesario determinar si le era aplicable el régimen establecido en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990; que el régimen de transición tenía por finalidad respetar los derechos adquiridos y condiciones específicas a trabajadores de todos los sectores, de acuerdo con los sistemas pensionales que los venían rigiendo, siendo así como el Decreto 813 de 21 de abril de 1994, reglamentario del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el artículo 1º, había determinado el campo de aplicación del régimen de transición; que, conforme al inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiario del régimen de transición se debía cumplir una cualquier de dos condiciones, tener 35 o 40 años de edad, según se trate de hombre o mujer, o 15 o más años de servicios; que uno de los beneficios que derivaba de encontrarse en régimen de transición era la aplicación de las normas establecidas en el régimen anterior al cual se encontraba afiliado, de manera que se continuaba sujeto al régimen que, para entonces, gobernaba sus expectativas, en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y al monto de la pensión; que, sin embargo, de nada servía cumplir una de las condiciones para ser beneficiario del régimen de transición, si no era posible aplicar ningún régimen anterior, cuando no se estaba amparado por ningún régimen, en el evento en que no se había prestado servicios en el sector oficial o privado, como, en este caso, en que la actora apenas había comenzado su vida laboral solo a partir de octubre de 1994, es decir, luego de entrar en vigencia la Ley 100, por lo que la normatividad aplicable era la del nuevo sistema de seguridad social en pensiones.

El recurso de casación

Solicita el recurrente se case en su totalidad la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado, para que, obrando la Corte en sede de instancia, revoque el fallo del juez del conocimiento y, en su lugar, imponga las condenas solicitadas.

Con este propósito, la acusación presenta dos cargos, fundados en la causal primera de casación laboral, que tuvieron réplica oportuna y se estudiarán conjuntamente, debido a que ambos están dirigidos por la vía directa y son coincidentes en los argumentos que sustentan su demostración.

Primer cargo

Acusa a la sentencia recurrida de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 12, 13 y 20 del Acuerdo 49 de 1990; 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; 8º de la Ley 4a de 1976; 48 y 53 de la Constitución Nacional.

En la demostración, sostiene la censura que, para estar inmerso en el tránsito legislativo, se debe cumplir uno de dos requisitos: la edad o el tiempo de servicios, pues, señala, así lo previó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que al aludir la ley a un régimen anterior al cual se encuentre afiliado, lo hace como referencia a una normatividad que ya existía, que sirve de comparación para quienes ingresen al sistema, y no a la necesaria vinculación del pretenso beneficiario a este, puesto que resultaría absurdo que la ley beneficie con el tránsito legislativo a quienes tengan 35 o 40 años, y luego le exija vinculación a un determinado régimen, pues ello, dice, contradice la finalidad del régimen de transición, que no es otra que proteger a ese contingente de personas que estaban cercanas de acceder a la prestación económica de vejez; que, al remitir la Ley 100 de 1993 a un régimen anterior, este no puede exigir una vinculación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de manera que el intérprete no puede pedir más de los requisitos que la ley dispuso, dentro de los que no está la vinculación o estar cotizando a un determinado régimen, lo cual apoyó en la sentencia de esta Sala de 28 de junio de 2000, radicación 13410, que transcribió parcialmente.

Por último, agrega el censor que aunque la demandante se haya vinculado al sistema general de pensiones en diciembre de 1994 y cotizado entre los 35 y los 55 años de edad, le corresponde la prestación económica que reclama, como, dice, aparece corroborado en la sentencia de la Corte de 1º de marzo de 2007, con radicación 29945.

Segundo cargo

Acusa a la sentencia recurrida de violar directamente, por interpretación errónea, los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; 12, 13 y 20 del Acuerdo 49 de 1990; 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; 8º de la Ley 4a de 1976; 48 y 53 de la Constitución Nacional.

En la demostración, sostiene la censura que, como bien lo reconocía el juzgador de segundo grado, para estar inmerso en el tránsito legislativo, bastaba cumplir una de dos condiciones: tener 35 años de edad, las mujeres, o 40, los hombres, o, en ambos casos, 15 años de servicios, al 1º de abril de 1994; que, en estas condiciones, es claro que el tribunal se rebeló contra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, dice, pese a que admitió que la accionante tenía más de 15 años de edad, al 1º de abril de 1994, y que este era el requisito para que estuviera inmersa en el tránsito de legislación, se negó a reconocerle la prestación solicitada; que, si únicamente es admisible acceder al régimen de transición cuando se cumple la edad o el tiempo de servicios, es visible que la demandante, en este caso, cumple a cabalidad el primer requisito y, por ende, es dable que acceda a la pensión en las condiciones más favorables instituidas en el régimen de transición.

La réplica

Se pronuncia de manera conjunta respecto de los dos cargos. Dice que el término transición lleva a pensar de un estado a otro, que se traslada de una parte a otra, que viene del pasado y va hacía el futuro, es decir que existe de manera temporal y se agota con el paso del tiempo; que bajo tal perspectiva estima que cuando se trata de un régimen de transición, por fuerza hay que pensar en un sistema concebido para transmutar en otro; de manera que, al establecer el legislador un régimen de transición, lo hace para pasar de una legislación a otra en forma paulatina y sin traumatismos; que, en tal sentido, el amparo de la legislación precedente, esto es su ultractividad subjetiva, nace del hecho de estar cobijado por ella mediante la correspondiente afiliación pretérita; que se trata, entonces, de mantener la condición adquirida por un afiliado que comenzó a construir su pensión bajo ciertas condiciones y no puede verse sorprendido con exigencias mayores cuando está en vísperas de consolidar su derecho.

Se considera 

Según el tribunal, para que una persona sea beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario que, con anterioridad al 1º de abril de 1994, en que entró a regir este nuevo ordenamiento, hubiere estado afiliado a un régimen pensional anterior, pues de lo contrario, como observó que ocurría con la actora, que apenas vino a vincularse al sistema general de pensiones después de la fecha indicada, ningún régimen había que respetar durante la transición, así esta tuviera la edad indicada en la norma para acceder a ese beneficio.

A juicio de la Sala, la anterior hermenéutica empleada por el ad quem no luce equivocada, pues si, como se ha dicho por la jurisprudencia en forma reiterada, los estados de transición buscan paliar los efectos negativos que puede generar todo cambio de legislación, frente a determinadas personas que por largo tiempo han venido reuniendo las condiciones necesarias para adquirir el derecho a la pensión bajo una determinada legislación, que, de forma abrupta, viene a ser reemplazada por una nueva, con exigencias diferentes, en muchos casos, más gravosas que las anteriores que está próximo a cumplir el afectado, mediante la conservación ultractiva de normas y requisitos previstos en el régimen derogado, no se ve cómo pueda verse afectada una persona por una variación legislativa, cuando su derecho pensional apenas ha comenzado a consolidarse en el nuevo ordenamiento.

En torno a la controversia jurídica planteada la Sala tuvo oportunidad de señalar recientemente, en sentencia de 14 de junio de 2011, radicada 43181, que no es viable aplicar el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a personas que pese a tener a su entrada en vigencia la edad, a que se refiere esta disposición, no habían estado afiliados a ningún régimen pensional. En dicha providencia se expuso concretamente lo siguiente:

Ahora bien, sobre el régimen de transición en lo que concierne a pensiones, esta Sala de la Corte ha sostenido, que este se estableció para favorecer a una población de trabajadores antiguos o con cierto número de años de servicio y de edad, para que pudieran obtener un derecho pensional en términos más favorables a los que trae la nueva ley.

Al respecto, valga remembrar la sentencia del 21 de marzo de 2002, radicación 17768, reiterada por la del 3 de octubre de 2008, radicado 33442, donde se expresó:

“El régimen de transición en materia de pensiones, introducido al ordenamiento jurídico nacional en época relativamente reciente, es un mecanismo que atenúa el rigor del principio de la aplicación general e inmediata de la ley. Es un beneficio para los trabajadores antiguos que, para la fecha de la entrada en vigencia de la ley nueva, no han accedido aún al derecho que se trata. Consiste en aplicar la legislación anterior, lo que de suyo es algo excepcional, y por lo mismo, de rigurosa aplicación restringida”.

Del mismo modo, cabe anotar, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en fallo del 31 de agosto de 2000, radicación 16717, en lo que tiene que ver con el régimen de transición, expresó:

“El régimen de transición es un beneficio que la ley otorga a las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se siguen por lo establecido en el régimen anterior al cual se encuentran afiliados.

En ese orden, frente a las hipótesis previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es indispensable que a la entrada en vigencia, el beneficiario tenga treinta y cinco (35) años o más de edad si es mujer, o cuarenta (40) o más años de edad si es hombre, o quince (15) o más años de servicios cotizados.

El “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” exigido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no puede ser entendido como sinónimo de vínculo laboral vigente, ya que es posible que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, se tengan quince (15) o más años de servicio cotizados y por circunstancias, a la entrada en vigencia del régimen, el interesado no tenga un vínculo laboral. Esta hipótesis no podría entenderse como un impedimento para acceder al beneficio que establece la ley. El “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” hace referencia a servicios prestados o cotizados antes de la entrada en vigencia del régimen establecido en la ley 100 de 1993, no al vínculo laboral vigente en ese momento. 

La Ley 100 de 1993 en el artículo 36, al establecer el régimen de transición dispone que la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco años o más de edad si son mujeres o cuarenta o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será el establecido en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Uno es el régimen de seguridad social en pensiones anterior al cual se encuentren afiliados y otra es la situación relacionada con el vínculo laboral del servidor. Las condiciones para acceder al régimen de transición en materia de pensiones, son independientes del vínculo laboral (…)” (el resaltado es de la Sala). 

De conformidad con los criterios expuestos anteriormente, y si bien es cierto, esta Sala de la Corte ha sostenido que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo impone como requisitos para obtener los beneficios del régimen de transición la edad o los años de servicio cotizados, mas en ningún momento el de estar afiliado a un sistema de pensiones al entrar a regir la normatividad que regula la pensión de vejez en la ley que introdujo el sistema de seguridad social integral, dicho razonamiento corresponde a asuntos relacionados con demandantes que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenían vínculo laboral vigente, sin embargo con anterioridad a la fecha en que entró en rigor dicha disposición sí estuvieron afiliados a algún régimen pensional, posición que no es dable aplicar en estricto sentido al caso que hoy ocupa la atención de la Sala. 

Se dice lo anterior, porque, aun cuando el aquí accionante al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía la edad prevista en su artículo 36, no es viable aplicarle el régimen de transición ya que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esa legislación no estuvo afiliado a ningún régimen pensional.

Para la Sala, en el sub lite es indispensable que hubiese estado afiliado a un sistema pensional con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993, inclusión que a su vez permitiría determinar cuál es el régimen anterior que lo beneficiaria.

Por último, resalta la Sala, que, al implementarse con la Ley 100 de 1993 un nuevo sistema general de seguridad social en pensiones, quiso el legislador que los trabajadores “antiguos”, ya fuera por edad o por tiempo de servicios, que estuvieran “afiliados” a un “régimen anterior”, no vieran frustradas abruptamente las expectativas de pensión que tenían con el sistema al cual venían cotizando, y ninguna expectativa vería frustrada quien, como el demandante, no había estado afiliado a ningún régimen antes de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, no se vería afectado con la transición. Caso en el cual, además, como lo señala la réplica, no podría determinarse cuál es el régimen anterior que resultaría aplicable, sin que sea dado al afiliado escogerlo dentro del sector privado o público a su conveniencia.

Se sigue de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no incurrió en la violación legal denunciada.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso son de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de $3.000.000.00.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 1º de septiembre de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó Nidia Esther Pión Acosta contra el Instituto de Seguros Sociales.

Las costas en el recurso son de cuenta de la parte recurrente.

Se fijan las agencias en derecho en tres millones de pesos ($3.000.000.00) moneda corriente.

Por la Secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Elsy del Pilar Cuello Calderon—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.