Sentencia 38483 de marzo 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 38483

Acta 9

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la apoderada del señor Osman Javier Eljaiek Oliveros contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 30 de mayo de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la Electrificadora del Caribe S.A. ESP y al cual fue llamada en garantía y denunciada en el pleito la Electrificadora de la Guajira S.A. ESP en Liquidación.

I. Antecedentes.

El señor Osman Javier Eljaiek Oliveros presentó demanda ordinaria laboral en contra de la Electrificadora del Caribe S.A. ESP, con el fin de obtener su reintegro al cargo de celador, o a otro de igual o superior categoría, junto con el pago de los salarios y demás acreencias laborales dejadas de percibir durante el lapso en el que estuvo cesante; el pago de los salarios, subsidios familiares, primas de alimentación, de servicio, de vacaciones, de navidad y de antigüedad, causados entre el 15 de enero de 1993 y el 15 de septiembre de 1997; y la nivelación de su salario, con el que devengaban otros trabajadores que desempeñaban su mismo cargo. Subsidiariamente, solicitó el reajuste de la cesantía, de los intereses de la cesantía y de la indemnización por despido sin justa causa; la indemnización moratoria y la indexación.

Señaló que le había prestado sus servicios a la Electrificadora de la Guajira S.A. ESP entre el 15 de enero de 1993 y el 15 de septiembre de 1997, en ejecución de relaciones pactadas bajo “formas no laborales”, como órdenes de servicio y vínculos con empresas de servicios temporales; que, en realidad, durante dicho lapso, se habían verificado todos los presupuestos de un contrato de trabajo, en la medida en que cumplía órdenes y reglamentos, además de que estaba sometido a un horario; que a partir del 16 de septiembre de 1997 había suscrito un contrato de trabajo a término fijo, que debía entenderse pactado a término indefinido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la convención colectiva de trabajo; que entre la Electrificadora de la Guajira y la Electrificadora del Caribe se había producido una sustitución patronal a partir del 4 de agosto de 1998; que a través de un oficio del 21 de junio de 1999, la demandada le comunicó su decisión unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo, de manera que se había configurado un despido sin justa causa, al amparo de lo previsto en la convención colectiva de trabajo; que siempre estuvo afiliado a la organización sindical Sintraelecol; que en el Acuerdo Marco Sectorial al que se había adherido la Electrificadora de la Guajira se había contemplado la prohibición de realizar vinculaciones “no laborales”, así como la obligación para la empresa de suscribir contratos de trabajo a término indefinido; que cumplió con todas las condiciones establecidas en dicho acuerdo, para que su contratación fuera asumida como indefinida; que sumando los periodos en los que estuvo vinculado laboralmente, reunía más de dos años de trabajo y, por lo mismo, ante el despido injustificado, tenía derecho a ser reintegrado; y que desde el inicio de su relación le pagaron un salario inferior al percibido por otros trabajadores que tenían su mismo cargo, además de que le liquidaron en forma incorrecta la indemnización por despido y el auxilio de cesantía.

La Electrificadora del Caribe S.A. ESP se opuso a la prosperidad de las pretensiones consignadas en la demanda. Expresó que los hechos no eran ciertos y propuso las excepciones de buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio, pago legal y oportuno y compensación.

La Electrificadora de la Guajira S.A. ESP, en su condición de llamada en garantía y denunciada en el pleito, también se opuso a la prosperidad de las súplicas incluidas en la demanda y arguyó que los reclamos planteados por el actor debían ser definidos por la Electrificadora del Caribe S.A. ESP. Expuso también que no le constaba que el actor le hubiera prestado sus servicios y que, de haber sido así, los vínculos eran independientes y no se había configurado relación laboral alguna.

Tramitada la primera instancia, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla profirió fallo el 5 de noviembre de 2004, por medio del cual absolvió de las pretensiones de la demanda.

II. Sentencia del tribunal.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de la sentencia del 30 de mayo de 2008, confirmó la decisión emitida en la primera instancia.

Para fundamentar su decisión, el tribunal estableció, en primer lugar, que entre la Electrificadora del Caribe S.A. ESP y la Electrificadora de la Guajira S.A. ESP se había verificado una sustitución patronal y que, por lo mismo, en los términos del convenio suscrito el 4 de agosto de 1998, las dos entidades debían responder solidariamente por las obligaciones causadas a favor de los trabajadores y pensionados.

Luego de ello, tras rememorar las premisas fácticas en las que se fundamentaba la demanda, manifestó que, “...de las probanzas obrantes en el proceso...”, era posible determinar que el actor había estado vinculado por medio de un contrato de trabajo a término fijo, finalizado por la voluntad unilateral de la demandada, con un salario de $ 1.267.605.17 y vigente entre el 16 de septiembre de 1997 y el 30 de junio de 1999.

Igualmente, que “...con respecto al lapso comprendido entre el 15 de enero de 1993 y el 15 de septiembre de 1997, en el cual el demandante asevera que Electroguajira impuso a la relación de trabajo formas no laborales, tales como órdenes de servicio o vinculación a través de empresas de servicios temporales de empleo, extrañamente no aporta ninguna documental que dé cuenta de sus aseveraciones. Aun cuando Electroguajira aporta órdenes de arrendamiento de un vehículo y autorizaciones de transporte con sus correspondientes soportes de pago (fls. 682 a 715), estas documentales no tienen vocación de sustentar una relación de carácter laboral sino que prueban otro tipo de contrato, para el caso, un contrato de transporte más no un contrato de trabajo”.

Hizo alusión al testimonio del señor Boris Manuel Escobar Gámez y estimó que su declaración había sido imprecisa e incoherente, en torno a la presunta relación laboral que alegaba el actor en su demanda, puesto que, entre otras, a pesar de haber dicho que laboraba en la empresa hacía más de 21 años, “...solo le consta que el actor trabajó para esta empresa desde el año 1996 hasta el año 1999, sin precisar fecha, e igual sucede, cuando manifiesta en otra respuesta, que lo conocio (sic) hasta el año 1995 cuando laboraba para la empresa; definitivamente el declarante si no esta (sic) errado se esta (sic) contradiciendo en su dicho”.

Remató este punto con la observación de que “...de las documentales aportadas y del extracto de preguntas y respuestas citadas, no es posible colegir que se haya estructurado una relación laboral entre Electroguajira S.A. ESP y el demandante, para el periodo comprendido entre el 15 de enero de 1993 y el 15 de septiembre de 1997, porque no se materializan los elementos esenciales que debe exhibir todo contrato de trabajo, previstos en el art. 23 del Código Sustantivo del Trabajo, como son la prestación personal del servicio, la continua subordinación y dependencia y la remuneración del servicio. Por manera que no funge por ninguna parte, el contrato realidad implorado en el escrito de alzada”.

Por otra parte, reprodujo el artículo 26 de la convención colectiva de 1991 y concluyó que, a pesar de que el actor había sido despedido sin justa causa, no había alcanzado a reunir los dos años de servicio exigidos en la cláusula convencional para tener derecho al reintegro, por lo que su pretensión debía ser denegada, si se tenía en cuenta además que le había sido pagada la respectiva indemnización por despido sin justa causa.

Finalmente, advirtió que las pretensiones subsidiarias dependían de la demostración de los extremos de la relación laboral señalados en la demanda y que, como dicho objetivo no se había cumplido, no había lugar a su prosperidad.

III. El recurso de casación

Fue interpuesto por la apoderada de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte. Pretende la recurrente que se case la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y en su lugar se condene a la demandada “...conforme a lo pedido en la demanda inicial del proceso y si es del caso imponga las condenas de manera solidaria, conjunta o separadamente, según resultare legalmente obligada, a la sociedad Electrificadora de Guajira S.A. ESP hoy en liquidación”.

Con el propósito anunciado formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser analizado por la Corte.

IV. Cargo único

Se estructura de la siguiente manera: “La sentencia impugnada viola por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los artículos 1º, 2º, 9º, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 37, 43, 45, 47, 55, 62, 64, 67, 69, 127, 132, 249, 158, 161, 168, 186, 306, 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 8º del decreto 2351 de 1965; artículos 2º, 22, 24, 99 de la ley 50 de 1990; artículo 1º Ley 52 de 1975; artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; artículos 74 y 77 del Código de Procedimiento Civil; artículo 53 de la Carta Política”.

Indica que las referidas infracciones se produjeron como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1º No dar por demostrado, estándolo, que desde el 2 de enero de 1997, el demandante estuvo vinculado a Electrificadora de la Guajira S.A. ESP, por contrato de trabajo, prestando el servicio de transporte en un principio y luego desempeñando el cargo de celador; que en estas condiciones de vinculación estaba cuando con fecha 16 de septiembre de 1997 se firmó contrato de trabajo entre las mismas partes.

2º No dar por demostrado, estándolo que desde el 2 de enero de 1997 en la vinculación del demandante a Electrificadora de la Guajira se cumplieron los elementos esenciales previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo como son la prestación personal del servicio, la continua subordinación y dependencia y la remuneración del servicio.

3º No dar por demostrado, estándolo, que aun cuando el contrato se firmó con fecha 16 de septiembre de 1997, en la afiliación al ISS la empresa anotó el 1º de septiembre de 1997 como fecha de iniciación de labores.

4º No dar por demostrado, estándolo, que ni la firma del contrato con fecha 16 de septiembre de 1997 ni la afiliación al ISS con fecha del 1º de septiembre de 1997, marcaron el comienzo de la relación laboral del demandante con Electrificadora de la Guajira S.A. ESP porque la misma había iniciado mucho tiempo antes con su vinculación como conductor para la misma empresa.

5º No dar por demostrado, estándolo, que en la actividad de transportador de funcionarios y trabajadores de Electrificadora de la Guajira S.A. el demandante trabajó más de seis meses y tenía el carácter de “permanente” y “a largo plazo”.

6º No dar por demostrado, estándolo, que los trabajadores al servicio de Electrificadora de la Guajira S.A. ESP que desempeñen actividades de carácter “permanente” o “a largo plazo” y que pasen de seis meses en ello, adquieren la vinculación por contrato de trabajo a término indefinido.

7º No dar por demostrado, estándolo, que el demandante fue despedido sin justa causa después de una vinculación laboral superior a dos (2) años.

8º No dar por demostrado, estándolo, que en el momento del despido sin justa causa, y desde mucho tiempo antes, el demandante era afiliado de Sintraelecol Seccional Guajira.

9º No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tiene derecho a beneficiarse de la “estabilidad laboral” consagrada en el artículo 26 de la convención colectiva firmada el 22 de mayo de 1991 entre Electrificadora de la Guajira S.A. ESP y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia “Sintraelecol” Seccional Guajira.

10º No dar por demostrado, estándolo, que la misma convención colectiva aludida en el numeral 8º que antecede consagra en el artículo 22 el derecho para el demandante a su vinculación a término indefinido con Electrificadora de la Guajira S.A. ESP, por lo menos desde el 2 de enero de 1997, por haber completado más de seis meses prestándole servicio como transportador de trabajadores y funcionarios y haber continuado haciéndolo hasta el mes de agosto del mismo año cuando fue ocupado en el cargo de celador el mismo que continuó desempeñando el 16 de septiembre de 1997 cuando se le reconoció expresamente en el escrito con esa fecha y cuando se efectuó su afiliación al ISS reconociendo expresamente sus servicios prestados desde el 1º de septiembre de 1997.

11º No dar por demostrado, estándolo, que de acuerdo con el artículo 19 de la convención colectiva del 19 de abril de 1974, la empresa Electrificadora de la Guajira S.A. se comprometió a prestar el servicio de transporte a todo el personal de trabajadores recogiéndolos y llevándolos a su casa.

12º No dar por demostrado, estándolo, que el servicio de transporte de los trabajadores de Electrificadora de la Guajira S.A., era una actividad de carácter permanente en esta empresa.

13º No dar por demostrado, estándolo, que en el servicio prestado por el demandante antes de 1º de septiembre de 1997 a Electrificadora de la Guajira, esta impuso a la relación de trabajo formas no laborales, tales como órdenes de servicio o vinculación a través de empresas temporales de empleo.

14º No dar por demostrado, estándolo, que las órdenes de arrendamiento de vehículo y autorizaciones de transporte con sus correspondientes soportes de pago de folios 682 a 715 sí tienen la vocación de sustentar una relación de carácter laboral.

15º Dar por demostrado, sin estarlo, que entre las partes existió “un contrato de transporte”.

Agrega que tales yerros fueron el producto de la errónea valoración de los documentos obrantes a folios 15 a 17, 304, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 709, 710, 711, 714, 715, que dan cuenta del trabajo del demandante suministrando servicios de transporte y de los pagos que le fueron realizados por tal concepto; de las convenciones colectivas de trabajo de folios 173 a 177, 166 a 170, 187 a 191, 171 a 184, 234 a 241, 256 a 260, 192 a 196, 249 a 255, 242 a 248, 229 a 233, 224 a 228, 216 a 223, 211 a 216, 205 a 210, 198 a 204; la carta de despido de folios 18, 642 y 650; y el testimonio de Boris Manuel Escobar Gamez (fls. 624 a 628).

En la demostración del cargo, el censor afirma que si el tribunal hubiera analizado correctamente los documentos referenciados con anterioridad, se habría percatado de que, por lo menos desde el 2 de enero de 1997, el demandante había estado vinculado a la Electrificadora de la Guajira S.A., prestando sus servicios como conductor o transportador del personal de la empresa, y que tenía que desarrollar esas labores en Riohacha o en cualquier otro municipio de la Guajira.

Asimismo, que el tribunal también debió notar que el actor había percibido horas extras, durante los meses de enero a agosto de 1997, lo que, añade, junto con las órdenes e instrucciones que le eran impartidas, demostraba claramente el presupuesto de subordinación, que, de cualquier manera, se podía presumir ante el hecho indiscutible de la prestación personal del servicio, con arreglo a lo previsto en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

Sostiene que en la convención colectiva de 1974 la empresa se había comprometido a prestar el servicio de transporte a sus trabajadores y que tal situación permitía inferir que las labores cumplidas por el actor desde el 2 de enero de 1997 hasta el 31 de julio del mismo año, eran permanentes. De igual forma, que la convención colectiva de 1991 establecía que en los sitios de trabajo en donde se requiriera un trabajador permanente, la empresa debía vincularlo por medio de contrato de trabajo a término indefinido, además de que la utilización de servicios temporales solo se justificaba hasta por seis meses.

En tales términos, alega, el demandante era un trabajador contratado a término indefinido desde el 2 de enero de 1997, pues había prestado sus servicios de manera permanente y a largo plazo, durante más de seis meses, así el contrato de trabajo suscrito hubiera señalado como punto de iniciación de las labores el 16 de septiembre de 1997, que, entre otras, era una fecha contraria a la contenida en el formulario de afiliación a la seguridad social.

Destaca, por otra parte, que al haber estado vinculado desde el 2 de enero de 1997, resultaba innegable que el demandante había servido más de 2 años y tenía derecho al reintegro establecido en el artículo 26 de la convención colectiva de trabajo de 1991, que, a su vez, había conservado su vigencia hasta la fecha en la que se desarrolló la relación laboral, puesto que no fue modificada por acuerdos convencionales posteriores.

Advierte que el actor estaba afiliado a Sintraelecol, de acuerdo con el documento de folios 15 a 17, e insiste en que un análisis adecuado de las convenciones colectivas de trabajo obrantes en el expediente, hubiera permitido deducir que le prestaba sus servicios a la demandada desde el 2 de enero de 1997, mediante contrato de trabajo a término indefinido, y que, por esa misma vía, había servido durante más de 2 años y había sido despedido sin justa causa, por lo que tenía derecho al reintegro peticionado en la demanda, a cargo de la Electrificadora del Caribe S.A. ESP, por haber operado la sustitución patronal.

Finalmente, dice que los errores en la prueba calificada posibilitan el examen del testimonio de Boris Manuel Escobar Gamez, que daba cuenta de que el actor había prestados sus servicios con anterioridad a la fecha señalada en el contrato de trabajo suscrito, en cumplimiento de un horario y en condiciones de subordinación.

V. La réplica

La Electrificadora del Caribe S.A. ESP presenta oposición al cargo y aduce que la acusación se fundamenta inapropiadamente en un testimonio, que no es prueba calificada en casación. Resalta también que los documentos que menciona el censor permitían ver que el actor estuvo vinculado a través de un contrato de transporte y no de trabajo, entre el 2 de enero de 1997 y el 15 de septiembre de 1997, como lo entendió acertadamente el tribunal.

VI. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la réplica en sus reparos técnicos, pues la censura fundamentó su acusación en pruebas documentales, calificadas en casación, y tan solo acudió al testimonio del señor Boris Manuel Escobar Gamez, luego de que se dieran por demostrados los errores de hecho soportados en la prueba calificada.

En torno al tema que interesa al cargo, el tribunal estimó que la relación laboral demostrada en el proceso tenía como extremos temporales el 16 de septiembre de 1997 y el 30 de julio de 1999, de acuerdo con el contrato de trabajo a término fijo suscrito entre las partes y la comunicación de terminación unilateral del mismo. Descartó, con ello, que se hubiera verificado alguna otra vinculación regida por contrato de trabajo, en períodos anteriores, pues el demandante no había demostrado las “formas no laborales” que alegaba en la demanda, además de que había tenido un “contrato de transporte” que no había logrado ser desvirtuado, “...porque no se materializan los elementos esenciales que debe exhibir todo contrato de trabajo, previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, como son la prestación personal del servicio, la continua subordinación y dependencia y la remuneración del servicio”.

En lo fundamental, la censura intenta derruir las anteriores premisas fácticas y aduce, para tales efectos, que el tribunal incurrió en varios errores de hecho al no advertir que, por lo menos desde el 2 de enero de 1997, el actor le había prestado sus servicios a la Electrificadora de la Guajira S.A., de manera permanente, de forma tal que, al amparo de las preceptivas de la convención colectiva de trabajo y por haber estado subordinado, debía reconocerse la existencia del contrato desde dicha data.

Al margen de lo anterior, de cualquier manera, en torno a los errores de hecho que denuncia la censura y al «contrato de transporte» que dio por demostrado el tribunal, de las pruebas calificadas que se mencionan en el cargo, se deriva lo siguiente:

1. Los documentos obrantes a folios 682 a 715, tenidos en cuenta por el tribunal y que la censura considera indebidamente apreciados, dan cuenta de que la Electrificadora de la Guajira S.A. contrató los servicios del actor para transportar funcionarios de la empresa y que, por tal concepto, le pagaba una remuneración, en cumplimiento de una orden de arrendamiento de un vehículo (fl. 689), y para la cual le exigía la tarjeta de conducción, una póliza de seguros y los documentos de propiedad del vehículo.

De dichos documentos también se puede advertir que los servicios contratados eran discontinuos y dependían de una autorización que daba la empresa, para trasladar a determinados trabajadores, en determinadas fechas, con los propios medios del actor. Nótese, a manera de ejemplo, que durante el mes de junio de 1997 tan solo se remuneraron 19 días, 15 durante el mes agosto de 1997 y que respecto del mes de septiembre, no existen pruebas de algún servicio prestado por el actor.

Esto es que, de tales certificados no se podía derivar clara y profusamente que el actor cumpliera una labor permanente y vinculada con las actividades normales de la empresa, con elementos suministrados por la entidad y en condiciones subordinadas, como lo arguye la censura.

En tales condiciones, resultaba razonable asumir que tales pruebas no demostraban más que la existencia de una contratación comercial independiente, a través de la cual el actor le prestaba servicios de transporte a la demandada, cuando así le era requerido y utilizando sus propios medios. Por lo mismo, el tribunal no desvió de manera grosera el contenido de los documentos, al concluir que no tenían “...la vocación de sustentar una relación de carácter laboral sino que prueban otro tipo de contrato, para el caso, un contrato de transporte más no un contrato de trabajo”.

Como consecuencia, el tribunal no incurrió en los errores de hecho identificados con los números 1º, 2º, 4º, 13, 14 y 15, pues en las fechas aludidas por la censura, en realidad, no se acreditaron las condiciones esenciales de un contrato de trabajo.

2. Ahora bien, puede que la empresa se hubiera comprometido a asumir el traslado de los trabajadores desde su lugar de residencia hasta las instalaciones de la empresa (fl. 175), pero dicha premisa, por sí sola, nada aportaba a la calificación que debía dársele a los servicios prestados por el actor entre los meses de enero y agosto de 1997. De hecho, en el marco del cumplimiento de dicha obligación, resultaba más que legítimo que la entidad contratara el servicio de transporte con terceras personas, a través de fórmulas contractuales no laborales, que no podían ser juzgadas en abstracto como indebidas o simuladas.

Por esto mismo, la obligación convencional de la empresa de asumir el transporte de sus trabajadores no podía transmutar, por su propia virtud, una vinculación comercial en una regida por contrato de trabajo. Tampoco, como ya se dijo, se podía hablar de una actividad de carácter continuo e íntimamente ligada a las actividades normales de la empresa, o de un cargo ya constituido de manera permanente, que tuviera que ser canalizado forzosamente a través de un contrato a término indefinido, como lo establecía el artículo 22 de la convención colectiva de trabajo de 1991 (fl. 183), a la que alude la censura.

En ese sentido, el tribunal tampoco incurrió en los errores de hecho identificados con los números 5º, 6º, 10, 11 y 12.

3. De otro lado, es cierto que en el documento de folio 304 se anota como fecha de ingreso del actor el 1º de septiembre y no el 16 de septiembre de 1997, pero, en estricto sentido, dicha información no resulta trascendente, en la medida en que no desvirtúa la conclusión del tribunal de que, con anterioridad a esas dos fechas, entre enero y agosto de 1997, no se reunieron las condiciones propias de un contrato de trabajo, pues se había verificado válidamente un contrato de transporte. Por ello, el error de hecho número 3 resulta inocuo, pues aun aceptando una vinculación a partir del 1º de septiembre de 1997, las conclusiones de la sentencia gravada permanecen incólumes.

4. El tribunal en ningún momento negó que el actor estuviera afiliado a la organización sindical Sintraelecol o que fuera beneficiario de la convención colectiva de trabajo, por lo que tampoco incurrió en el error de hecho número 8.

5. De igual forma, sin que se hubiera desvirtuado la premisa por virtud de la cual la relación laboral había tenido como extremos temporales el 16 de septiembre de 1997 y el 30 de julio de 1999, queda incólume la conclusión del tribunal de que el actor no había alcanzado a laborar más de dos años y que, en dicha medida, no era beneficiario de la cláusula de estabilidad prevista en la convención colectiva de trabajo, de la que tampoco negó su vigencia. No se verificaron, en dicha medida, los errores de hecho número 7º y 9º.

Por último, al no haberse demostrado la existencia de algún error en el examen de la prueba calificada, no está autorizada la Corte para analizar el testimonio del señor Boris Manuel Escobar Gamez.

Como conclusión, el tribunal no incurrió en los errores de hecho denunciados por la censura, al concluir que el actor había estado vinculado laboralmente entre el 16 de septiembre de 1997 y el 30 de julio de 1999 y que, con anterioridad a ese lapso, no había demostrado las condiciones esenciales de un contrato de trabajo “...por manera que no funge por ninguna parte, el contrato realidad implorado en el escrito de alzada”.

El cargo es infundado

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($ 3.150.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de mayo de 2008 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Osman Javier Eljaiek Oliveros contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP y al cual fue llamada en garantía y denunciada en el pleito la Electrificadora de La Guajira S.A. ESP EN Liquidación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se estiman en la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($ 3.150.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri BuenoJorge Mauricio Burgos RuizElsy del Pilar Cuello CalderónClara Cecilia Dueñas QuevedoGustavo Hernando López AlgarraLuis Gabriel Miranda BuelvasCarlos Ernesto Molina Monsalve.