Sentencia 38512 de diciembre 12 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta 458

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Desarrollo jurisprudencial en punto de los principios de inmediación y concentración de la prueba

Desde la sentencia de casación del 30 de enero de 2008,(1) la Corte viene reconociendo que en el sistema de procesamiento penal de 2004, la etapa del juicio se constituye en el eje fundamental del proceso, porque es allí donde los principios de inmediación y concentración de la prueba se manifiestan con mayor fuerza, en el desarrollo de un debate público y oral, con la práctica y valoración de las pruebas recaudadas por el juez que ha decidir el caso. Sobre tales principios dijo la Sala en esa oportunidad:

“En concreto, atendiendo a los principios de inmediación y concentración, en donde se centra el aspecto fundamental de este pronunciamiento, es deber del juez tener contacto directo con los medios de prueba y con los sujetos procesales que participan en el contradictorio, sin alteración alguna, sin interferencia, desde su propia fuente. Por ello y para que la inmediación sea efectiva, se hace necesario que el debate sea concentrado y que no se prolongue para que la memoria no se pierda en el tiempo. El debate puede agotar todas las sesiones consecutivas que sean necesarias, pero no se debe suspender por un periodo muy largo, pues de otra manera, parámetros de valoración como los propuestos en la Ley 906 de 2004 en sus artículos 404 y 420,(2) no se verían cumplidos, si se tiene en cuenta que la polémica, tanto jurídica como probatoria del juicio, se debe desarrollar ante el juez de conocimiento, en un lapso breve.

Desde esta perspectiva resulta lógico pensar que si la inmediación comporta la percepción directa del juez sobre las pruebas y los alegatos de las partes y la concentración implica la valoración del acervo probatorio en un lapso temporal que no puede ser prolongado, tales parámetros se verían afectados si en determinado momento del debate el juez que instaló la audiencia pública debe ser reemplazado por otro.

Por tanto, los principios de inmediación y concentración, inspiradores de un sistema con una estructura y finalidades claramente determinadas, solo cobran sentido a través de la participación activa, ineludible y permanente del funcionario de conocimiento...”(3).

Así, desde los albores del sistema acusatorio la jurisprudencia se encaminó por señalar que la permanencia del juez en el debate probatorio del juicio hasta la definición de la responsabilidad penal del acusado, a través del fallo correspondiente, es consecuencia lógica del respeto a los principios de inmediación y concentración, al punto que el inciso 3º del artículo 454, establece que si excepcionalmente debe suspenderse la audiencia y el “término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo, de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar el juez”.

También concluyó la Sala en esa oportunidad, que “dentro del esquema penal acusatorio y sus referentes rectores, la posibilidad jurídica de reanudar un juicio oral presidido por un juez distinto al que instaló la vista pública puede llegar a desconocer los principios constitucionales de inmediación y concentración y a distorsionar el papel que el juez debe cumplir en el juicio oral que, como etapa medular, concibe su permanencia de manera imperativa”.

Conclusión que ha reiterado en múltiples fallos, entre ellos, los proferidos el 20 de enero de 2010, radicados 32.196 y 32.556, y 17 de marzo de 2010, Radicado 32.829.

Ahora bien, agrega la jurisprudencia que si el principio de inmediación implica una observación directa del juez, quien adelanta el juicio oral en un solo acto y además es el encargado de anunciar el sentido de la decisión, cualquiera que ella sea, lo ideal es que ese funcionario judicial sea siempre el mismo, es decir, el que interviene en la totalidad de la práctica probatoria, escuche los alegatos de conclusión de las partes e intervinientes y, tras examinar el aporte probatorio recaudado en su presencia, en un término no superior a dos (2) horas,(4) anuncie el sentido de la decisión que posteriormente se concretará en la sentencia.

Tal fue la intención del legislador y así quedo consignado en el artículo 454 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto estipula que cuando deba cambiarse el juez durante alguna de las etapas del juicio, la audiencia correspondiente habrá de repetirse, pues, se desnaturalizaría el sistema si el funcionario que emite el fallo no es el mismo —en términos de persona— que asistió al debate oral. El cambio en el juzgador, determinó la Corte, se muestra admisible únicamente cuando el nuevo repite el juzgamiento.

Por lo tanto, si por cualquier circunstancia el funcionario que ha adelantado el juzgamiento es cambiado por otro, y es al nuevo a quien compete anunciar el sentido del fallo y proferirlo, ello solo es viable hacerlo con la previa repetición del juicio oral.

Igualmente, la Sala ha estimado que la existencia de registros que permiten verificar lo ocurrido durante el debate, no puede servir de sustento para que el nuevo juez —ajeno al mismo— resuelva el caso, ya que ello implicaría volver a sistemas procesales anteriores regidos por el criterio de “permanencia de la prueba”, que quiso ser eliminado por el legislador de 2004.

Vinculado con los anteriores conceptos, la Sala ha destacado otro principio que rige el sistema, a saber el del juez natural, como elemento sustancial del debido proceso, según se desprende del artículo 29 de la Carta Política y se desarrolla en el artículo 19 de la Ley 906 de 2004, del siguiente tenor:

“Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial, instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria”.

Sobre este principio la jurisprudencia ha reconocido que el concepto de juez natural en el sistema acusatorio, hace referencia a la persona y no al cargo:

“En los esquemas procesales penales anteriores a la Ley 906 de 2004, la alusión al juez natural hacía referencia al cargo, no a la persona que lo ocupare. De donde no surgía inconveniente alguno cuando un juez, por ejemplo el 62, adelantaba el juicio y luego, ya fuese por vacaciones, por enfermedad o por otra causa, era otro —su reemplazo— el que profería sentencia. La garantía constitucional no se afectaba, en tanto se mantuviera el asunto en el juzgado 62.

No obstante, en el nuevo sistema —el denominado penal acusatorio oral— ese concepto, tratándose del juicio oral, se entiende de manera diversa y restringida, en tanto el juez natural hace mención a la persona, al titular del despacho, no al cargo mismo. En ese orden y como desarrollo de los principios de inmediación y concentración, el funcionario ante quien se surta el debate público será el que deba anunciar el sentido del fallo y el que lo profiera.

Esa fue la intención del legislador de 2004 y así quedó consignado en el estatuto procedimental penal de ese año (L. 906). De allí que el artículo 454 contemple, entre otros eventos, que cuando deba cambiarse el juez durante alguna de las etapas del juicio, la audiencia correspondiente habrá de repetirse(5).

En efecto, se desnaturaliza el sistema cuando el funcionario que emite el fallo no es el mismo —en términos de persona— a aquel que asistió al debate oral. El cambio en el juzgador se muestra admisible únicamente cuando el nuevo repite el juzgamiento.

De manera que si por cualquier circunstancia el funcionario que ha adelantado el juzgamiento es cambiado por otro, y es al nuevo a quien compete anunciar el sentido del fallo y proferirlo, ello solo es viable hacerlo con la previa repetición del juicio oral”(6).

No obstante, es oportuno destacar que a pesar de que la Corte ha reconocido pacíficamente la importancia y trascendencia de esos principios garantistas, también ha dicho que no siempre que se producen cambios en la persona del juez durante el juicio, se genera la nulidad de la actuación, pues cada caso habrá de examinarse particularmente, en orden a establecer si una incorrección de esa naturaleza, alcanza a trastocar los principios reguladores de la fase del juicio y, por consiguiente, las garantías fundamentales de los sujetos procesales.

Ello, porque en el deber de buscar la verdad en el desarrollo del esquema acusatorio penal, la realización del juicio oral no puede supeditarse, exclusivamente, al cumplimiento de las ritualidades que lo conforman, ya que el proceso penal no es un trámite de formas, ni un fin en sí mismo considerado.

Además, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-059 de 2010, donde se estudió la constitucionalidad del inciso 3º del artículo 454 de la Ley 906 de 2004, arriba trascrito, la repetición de las audiencias de juzgamiento “debe ser excepcional y fundada en motivos serios y razonables, so pena de vulnerar los derechos de las víctimas y testigos”.

Esa necesidad ha llevado a la Corte a marcar directrices para la aplicación del remedio extremo de la repetición del juicio cuando se mengua de alguna manera el principio de inmediación de la prueba, excluyendo en determinadas circunstancias la declaración de nulidad, como se evidencia en los siguientes antecedentes:

En el fallo del 30 de enero de 2008, Radicado 27.192, la Corte decidió no casar la sentencia impugnada, al no encontrar configurada una de esas circunstancias excepcionales, en la medida en que si bien el juicio oral fue instalado por una funcionaria que incluso practicó un testimonio y negó una petición probatoria de la Fiscalía, el mismo fue culminado por otro funcionario que dirigió el grueso de la practica probatoria, anunció el sentido de la decisión y dictó sentencia.

Allí se descartó la afectación a los principios de inmediación y concentración, así como de garantía fundamental alguna, toda vez que la testificación allegada por la primera funcionaria judicial que intervino en el acto, “no fue tenida en cuenta en el fallo ni como fundamento de la sentencia y, por tanto, no generó irregularidad de carácter sustancial constitutiva de nulidad”.

En ese caso, aunque dos funcionarios judiciales intervinieron en el juicio oral, el que en últimas anunció el sentido del fallo y lo emitió, fue quien intervino en la práctica de las pruebas que lo sustentaron.

En los tres eventos posteriores arriba citados, radicados 32.196, 32.556 y 32.829, la práctica probatoria fue plenamente dirigida por un juez de conocimiento que anunció el sentido de la decisión pero no profirió finalmente la sentencia, por cambio del funcionario, casos en los cuales se determinó que no hubo vulneración de garantías.

En el primer evento se especificó que la sentencia proferida por el segundo juez no desconoció el aviso público sobre la condena que hizo el primer juez una vez finalizado el debate, y además porque “su contenido corresponde con esa manifestación”; en el segundo, se asegura que la sentencia dictada por el nuevo funcionario fue un “simple desarrollo de los argumentos esbozados en la audiencia de anuncio del fallo, tal como acertadamente lo dejó consignado la juez que lo profirió”; situación que se verificó ocurrida en el tercer caso, en donde un mismo funcionario adelantó el juicio, practicó las pruebas y anunció el sentido de fallo, pero fue remplazado antes de dictarse la sentencia, la cual fue asumida por un nuevo funcionario que atendió estrictamente la voluntad expresada por su antecesor al anunciar el sentido de la decisión.

Como se ve, en todos estos precedentes el supuesto procesal revela que las pruebas soporte del fallo fueron recibidas por el mismo funcionario que anunció el sentido de fallo, y que la sentencia, aunque dictada por otro, guarda unidad temática con los argumentos expuestos en el anuncio.

Pero en esa misma línea jurisprudencial, encaminada a la salvaguarda de los principios de inmediación, concentración y juez natural, en los fallos de casación del 7 de septiembre de 2011 y del 26 de noviembre de 2011, dentro de los radicados 35.192 y 32.143, respectivamente, la Corte accedió a casar las sentencias impugnadas, tras encontrar que el desconocimiento de tales principios generó en los casos particulares el desquiciamiento de la estructura del debido proceso y las garantías fundamentales de los acusados.

En el primer evento, porque se verificó que el juicio (i) no se agotó en una sola audiencia; (ii) no fue continuo, ni las sesiones consecutivas; (iii) se extendió sin medida, innecesaria e irracionalmente, por largos intervalos de tiempo; (iv) fue presidido por cinco jueces (personas) diferentes; (v) las pruebas fueron practicadas, sin repetirse, por tres funcionarios en distintas fechas, y (vi) el juez que anunció el sentido del fallo y profirió sentencia no fue el mismo que presenció la totalidad del juicio.

Sobre ese supuesto procesal se concluyó que la extensión en el tiempo del juicio, aunada al cambio de jueces y a la ausencia de percepción de la prueba de quien anunció el sentido del fallo y lo profirió, afectó, trascendentalmente, los principios de concentración, inmediación y juez natural, pues las situaciones evidenciadas no podían ser catalogadas como novedades de orden administrativo, en tanto, tuvieron incidencia en la garantía de los mencionados principios.

Advirtió la Sala en tal oportunidad, que a pesar de que se estaba ante un delito grave, la prevalencia del derecho material (C.P., art. 228) y la efectiva administración de justicia no podían avasallar el debido proceso y las garantías mínimas de los acusados.

En el segundo caso, sentencia de casación del 26 de noviembre de 2011,(7) la Sala verificó que la audiencia de juicio oral no tuvo realización en un mismo día, no fue continua, ni las sesiones consecutivas y, finalmente, que la persona del juez que anunció el sentido del fallo y profirió la sentencia, no fue la misma que presenció la totalidad del juicio, con lo cual resultaron desconocidos los principios de concentración, inmediación y juez natural.

Se advierte, entonces, que de acuerdo con la jurisprudencia vigente, cuando la persona del juez que presenció las pruebas en las cuales se basa la sentencia, no es la misma que después anuncia el sentido del fallo y profiere la sentencia, la violación a los principios de inmediación y juez natural es de tal trascendencia que trastoca la estructura del debido proceso y las garantías fundamentales de los acusados.

Necesidad de retomar el análisis del tema

La Sala advierte necesario reexaminar el punto al que llegó en las sentencias de casación del 7 de septiembre de 2011 y del 26 de noviembre de 2011, pues, aunque no se discute que los principios de concentración e inmediación, en cuanto soporte del principio de oralidad, son parte sustancial del sistema penal acusatorio, no es posible mantener una regla rígida de repetición del juicio en los casos en que la persona del juez que presenció las pruebas en las cuales se basa la sentencia, no es la misma que anuncia el sentido del fallo y profiere la sentencia, pues, debe precisarse, en la medida que no se trata de principios absolutos, en todos los eventos será necesario ponderar los efectos del ámbito de protección de los principios procesales, en orden a precaver la afectación de principios de mayor alcance tuitivo o decisiones infortunadas, arbitrarias e injustas frente a los derechos de las víctimas o terceros involucrados en la actuación.

Estima la Sala necesario, para una correcta evaluación del tema, asumir el examen de los siguientes tópicos (l) el principio de acceso a la administración de justicia; (Il) el principio de inmediación frente a otros principios y derechos; (Ill) el caso concreto.

(l) El principio de acceso a la administración de justicia

El artículo 229 de la Carta Política, estatuye el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en los siguientes términos:

“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

Respecto a los alcances de la norma, desarrollando el concepto de “acceso material a la justicia”, la Corte Constitucional advirtió(8):

“La administración de justicia, no debe entenderse en un sentido netamente formal, sino que radica en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera la resolución de un proceso, la obtenga oportunamente. (...) Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, comoquiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”.

En este sentido, entonces, la Corte Constitucional construye una línea indisoluble entre el principio de acceso material a la justicia y el de celeridad, para señalar que: “la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos”.

Y agrega que:

“la justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquella, se haya (sic) rodeada de una serie de garantías constitucionales (...)”, entre las cuales se encuentran, “la garantía de la celeridad en los procesos judiciales” y “la garantía de acceso a la administración de justicia, que no solo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida (C.P., art. 229)”. En otras palabras, es “parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”.

Lo anotado resulta necesario para verificar cómo la celeridad, en cuanto parte del derecho fundamental de acceso a la justicia, resulta un bien imperativo que ha de respetar y hacer valer el funcionario judicial e incluso, que estos integran, en general, el debido proceso instituido constitucionalmente en el artículo 29 de la Carta Política.

Es más, el alto tribunal en cita extiende los efectos del derecho de acceso a una justicia pronta, al punto de erigirlo en calidad de “Finalidad constitucional”.

Esto dijo la Corte Constitucional, en la Sentencia C-334 de 2012:

“4.2. El derecho de acceso a una justicia pronta, como finalidad constitucional.

Reconocida la facultad de configuración del legislador respecto de las competencias del Consejo Superior de la Judicatura, corresponde establecer si tal potestad se ha desarrollado en conformidad con la Constitución, si dicha regulación persigue una finalidad constitucional y constituye un medio idóneo para lograrla.

4.2.1. La Constitución Política consagra, como fundamental, el “derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia” (C.P., art. 229). La garantía de acceso a la justicia allí sentada, supone de una parte la remoción de barreras culturales, económicas, geográficas o administrativas para el ejercicio del derecho de acción ante la organización judicial. De otra parte, supone también la realización del derecho a la resolución justa y oportuna de conflictos de intereses jurídicamente tutelados.

El derecho de acceso a la justicia (C.P., art. 229) ha sido cualificado como derecho a una justicia pronta. La propia Constitución, en relación con las actuaciones judiciales, alude a “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas” (C.P., 29); y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia consagra los principios de “celeridad” y “eficiencia” (L. 270/96, arts. 4º y 7º), según los cuales la administración de justicia debe ser “pronta y cumplida” como “eficiente” o “diligente en la sustanciación de los asuntos a su cargo”, respectivamente. La oportunidad de la función pública de administración de justicia, se concreta en el cumplimiento perentorio y estricto de los “términos procesales” por los funcionarios judiciales (C.P., 228; L 270/96, art. 7º).

4.2.2. Esta dimensión temporal de la administración de justicia es un factor determinante del grado de realización efectiva del derecho de acceso a la justicia. Al respecto ha dicho la Corte:

“(...) el acatamiento de las formas y los términos, así como la celeridad en el desarrollo del litigio judicial permitirán a las partes involucradas, a la sociedad y al Estado tener la certeza de que la justicia se ha administrado debidamente y es fundamento real del Estado social de derecho” (C-100/2001) (negrillas fuera del original).

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, sent. de ene. 29/97), ha aludido a la noción de “plazo razonable” contenido en el artículo 8.1 —garantías judiciales— de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como elemento del debido proceso, en consonancia con lo señalado por la Corte Europea de Derechos Humanos, dada la equivalencia de la norma americana con el artículo 6º del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

4.2.3. Los tiempos procesales comprometidos en la realización de una justicia pronta guardan directa relación con la carga procesal de los diferentes despachos judiciales. La provisión de una justicia pronta depende, en buena parte, de un número razonable de asuntos por resolver a cargo de cada autoridad judicial y de la existencia de mecanismos eficaces de carácter normativo, administrativo y presupuestal para la remoción de factores de congestión en los juzgados y corporaciones. Al respecto, ha reconocido la Corte:

Se debe reconocer además que la congestión de los despachos judiciales y la mora que afecta la resolución de muchos procesos son fenómenos que, aunque rotundamente indeseables, resultan a veces inevitables. Ello por cuanto estas situaciones se originan en factores de carácter estructural y de larga incidencia en el país, entre los cuales se destacan la alta conflictividad humana, el espíritu litigioso que caracteriza a muchos abogados, e incluso a la ciudadanía en general, los embrollados procedimientos, la falta de mecanismos alternativos apropiados y la insuficiencia de recursos para el cumplimiento de la labor asignada a la rama judicial del poder público (Sent. T-1249/2004)”.

(ll) El principio de inmediación frente a otros derechos

En primer lugar, es necesario precisar que el principio de inmediación como tal, cuyas características ampliamente se han referenciado en precedencia, hace parte toral, no de un debido proceso en general, esto es, de los requisitos mínimos que debe contener cualquier procedimiento penal, acorde con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución colombiana, sino del procedimiento instituido por el legislador en la Ley 906 de 2004, con soporte constitucional en el artículo 250 de la Carta.

Esto es, que perfectamente un determinado procedimiento que se adopte en Colombia para adelantar la investigación y juzgamiento penal, puede excluir el principio de inmediación, sin que por ello se pueda entender vulnerado el artículo 29 de la Carta, aunque, desde luego, dado que en el numeral 4º del artículo 250 de la misma se obliga a que el juicio se adelante, cuando se trata de sistema acusatorio, dentro de los presupuestos torales de la inmediación, sí es posible afirmar que en los casos en los cuales se elimina absolutamente el principio en cuestión puede verificarse vulneración constitucional.

En otras palabras, la vulneración del debido proceso por el camino de desconocer el principio de inmediación, opera únicamente en los casos tramitados dentro de la órbita del sistema acusatorio, hoy diseñado en la Ley 906 de 2004.

Obsérvese, para la muestra, que en la Ley 600 de 2000, actualmente vigente, cabe relevar, ese principio no opera en lo fundamental, dada la prevalencia del principio de permanencia de la prueba, sin que de ninguna manera se pueda decir que uno u otro sistemas se acoplan más o menos a esos principios basilares del artículo 29 en cita.

Por ello, se repite, la mención constitucional al principio de inmediación se hace precisamente en atención a la modificación que del artículo 250 de la Carta Política, realizó el Acto Legislativo 03 de 2002, cuando en su numeral 4º establece como deber del fiscal: “presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías”.

Evidente se aprecia, por lo anotado, que el principio en mención posee una clara connotación procedimental, de cara al sistema que el legislador estimó mejor para desarrollar la investigación y el juzgamiento penales.

Ahora, en el ámbito del llamado bloque de constitucionalidad, la Corte debe precisar que respecto de los compromisos mínimos que han de honrar los Estados en aplicación material del debido proceso, no se halla el principio de inmediación.

Así, los artículos 10 y 11 de la declaración universal de los derechos humanos, referidos a las mínimas garantías procesales, reseñan:

“ART. 10.—Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

ART. 11.—1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.

A su vez, los artículos 8º y 9º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, estatuyen:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

ART. 9º—Principio de legalidad y de retroactividad.

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

Por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 14 y 15, consagra:

“ART. 14.—1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

ART. 15.—1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

Está claro, conforme lo transcrito, que el cumplimiento de los deberes que competen al Estado colombiano por virtud de los tratados referidos a derechos humanos por este suscritos, no implica de manera alguna la implementación o respeto absoluto del principio de inmediación.

Ahora, ya dentro del mismo plano constitucional, incluidos los tratados internacionales, se establece una amplia limitación al principio de inmediación, en los casos en que el mismo forma parte toral del procedimiento, pues, específicamente se contempla en las normas mínimas que representan debido proceso ineludible, el derecho del procesado a interponer recurso de impugnación ante un superior del juez, en caso de sentencia condenatoria.

De esta forma, el literal h) del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, expresamente, dentro de las garantías mínimas obligadas de ofrecer al inculpado de un delito, delimita el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.

De la misma forma, el numeral 5º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estipula “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

Ello se acompasa perfectamente con los presupuestos mínimos que para el debido proceso referencia el artículo 29 de la Carta Política, cuando en el apartado final del inciso 4º, advierte que el sindicado tiene, entre otros, derecho a “impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

De la forma establecida en la Constitución colombiana y en los convenios internacionales, no cabe duda de que se establece ineludible la habilitación para que el procesado impugne “ante un tribunal superior” la sentencia condenatoria.

Ello, para ampliar más el espectro, fue extendido también por la Corte Constitucional en la Sentencia C-047 de 2007, a la sentencia absolutoria, en aplicación del derecho de igualdad y buscando proteger los derechos de las víctimas.

Entonces, si se ha verificado que el principio de inmediación opera obligatorio exclusivamente en atención al tipo de procedimiento penal adelantado, pero además está claramente deducida la obligación de acudir a una instancia superior para controvertir la sentencia condenatoria o absolutoria, la conclusión evidente es que el principio en cuestión puede limitarse en su aplicación, pues, no sobra recordar, la intervención de ese juez o tribunal superior, en lo que al análisis probatorio compete, implica morigerar en esa instancia, lo postulado en el mismo.

Pero, además, dentro del mismo diseño procedimental instituido por el legislador en la Ley 906 de 2004, se acota en sus efectos el principio de inmediación, dado que excepcionalmente se faculta la introducción de prueba anticipada y es permitido que se analice, aunque con efectos probatorios reducidos, la prueba de referencia admisible.

No admite discusión que los institutos en cita representan clara limitación de los efectos que busca producir el principio examinado, en el entendido que tanto en la prueba anticipada como en los casos de la prueba de referencia, el medio suasorio no es practicado en presencia del funcionario judicial encargado de emitir la decisión.

Y, es necesario precisar, si se acepta sin restricciones el pleno efecto demostrativo de la prueba anticipada, es porque en su práctica se respetan los principios de contradicción y confrontación.

Asunto que no ocurre con la prueba de referencia y en razón de ello se introduce por el legislador la tarifa probatoria negativa estipulada en el inciso segundo del artículo 381 de la Ley 906 de 2004(9).

Mírese cómo el mismo legislador establece un balance entre derechos y principios cuando, a pesar de la exigencia de inmediación, permite que se introduzca prueba anticipada y sobre ella no fija reglas probatorias en punto de su capacidad demostrativa, por entender que si bien, se reduce en sus efectos el principio en estudio, las razones que facultan la práctica del medio antes de llevarse a cabo la audiencia de juicio oral y ante el juez de control de garantías —justicia material— y la preservación de otros caros derechos —contradicción y confrontación—, resultan suficientes para validar el sacrificio.

Por último, en la Ley 906 de 2004, la configuración procesal y sustancial del recurso de casación implica necesariamente, cuando menos en lo que corresponde a los errores de hecho, la evaluación de los medios probatorios presentados ante la primera instancia, sin restricción ninguna, con ostensible desmedro del principio de inmediación.

Ahora, desde otra perspectiva argumental, tampoco puede pasarse por alto que por la vía jurisprudencial, en aplicación de métodos de ponderación o balanceo, se han ido estableciendo hitos que reducen aún más el campo material de acción del principio de inmediación.

Apenas como ejemplo, cabe citar lo resuelto por la Corte Constitucional, en la tutela T-205 de 2011, que en lo pertinente señala:

“Como se reiteró en la consideración tercera de esta providencia, los principios de concentración y de inmediación de la prueba dentro del sistema penal acusatorio contienen una caracterización trascendental. La inmediación permite al juez percibir de su fuente directa las pruebas y las alegaciones de las partes, mientras la concentración hace posible valorar el acervo probatorio en un lapso temporal que no debe ser prolongado, para que lo interiorizado por el juzgador no se desvanezca con el transcurrir del tiempo, principios estos que deben ser acatados con rigurosidad.

Sin embargo, es claro que estos principios no deben tomarse como absolutos, según lo reiterado en esta providencia, bajo el entendido que la repetición de un juicio oral para nominalmente preservar los principios de inmediación y concentración, debe ser excepcional y estar fundada en motivos muy serios y razonables.

El proceso penal no puede estar sujeto exclusivamente al cumplimiento de las ritualidades que lo caracterizan, pues de la mal entendida rigidez de unos preceptos podría derivarse, de manera abrupta e injustificada, la conculcación de valores superiores del Estado social de derecho, que brinda garantías fundamentales a todos los sujetos procesales, sumado a que el juez debe disponer de medios técnicos fidedignos, ágiles e idóneos para el registro y reproducción de lo actuado, pues, se repite, no puede desconocerse que “el legislador habilita la posibilidad de que la inmediación del juez no se limite únicamente a la práctica de pruebas en su presencia, sino que es posible acudir a medios técnicos de registro y reproducción idóneos y garantes del principio, cuando circunstancias excepcionales así lo requieran” (no está en negrilla en el texto original).

Con su determinación, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, al confirmar en junio 21 de 2010 (fls. 54 a 69, cdno. inicial) la censurada providencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de dicha ciudad, se limitó a anular la actuación, a partir del inicio del debate probatorio, creyendo “vulnerado el debido proceso, habida cuenta de los principios de inmediación y concentración, como consecuencia del cambio del titular del juzgado” (fl. 56 ib.), por lo cual erróneamente ordenó “repetir el juicio para que sea reconstruido en presencia de la nueva funcionaria, no obstante lo traumático que puede resultar, sobre todo para las menores ofendidas” (fl. 68 ib.).

Así, trató de aplicar el ad quem el estatuto procesal acusatorio penal, pero arrolló los derechos inherentes a las víctimas, máxime siendo ellas menores de edad, cuando se ha podido acudir al registro técnico de lo que ya se había efectuado válidamente en el juicio oral, tal cual se haría al resolver una apelación, un recurso extraordinario de casación o una acción de revisión.

Se concluye, entonces, que con la declaratoria de nulidad de la etapa probatoria en el proceso penal, sin respeto a los derechos de las victimizadas menores de edad, se transgredió el artículo 44 superior, entre otros preceptos, al no valorarse debidamente el interés superior del niño.

El asunto debió haberse resuelto con acatamiento del principio pro infans, previendo que en eventos donde resulten contrapuestas dos prerrogativas, deberá optarse por la solución que otorgue mayores garantías a los derechos de los menores de edad. Recuérdese que, en apropiado desarrollo de la preceptiva constitucional e internacional, el artículo 193.7 del Código de la Infancia y la Adolescencia (L. 1098/2006), consagra que en los procesos por conductas punibles donde las víctimas hayan sido menores de edad, las autoridades judiciales no les deben generar adicionales daños.

(...)

5.5. De otra parte, la Corte Constitucional reitera el llamado que consta en su precitada Sentencia C-059 de 2010, instando a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que suministren a plenitud la dotación técnica idónea y apropiada de equipos de audio y video, entre otros, a todos las áreas judiciales donde opere el sistema penal acusatorio, y así la rama judicial disponga de los medios necesarios, que permitan el registro ágil y la reproducción fiel de todo lo actuado, sin necesidad de repetir las actuaciones, de forma que supla de la mejor manera posible el principio de inmediación, cardinal en este sistema” (lo destacado no pertenece al original).

La Sala estima trascendental, para lo que aquí se decide, destacar cómo la decisión transcrita consagra una especie de capitis diminutio al principio de inmediación, al extremo de establecer como tesis principal que la nulidad del juicio, cuando el juez no presenció las pruebas, o mejor, estas no fueron practicadas en presencia del funcionario encargado de emitir la decisión, solo es posible decretarla por vía excepcionalísima, si se demuestran graves afectaciones a derechos o principios de más hondo calado.

Pero, cabe resaltar, no es, la anotada, una afirmación insular de la alta corporación, pues, apenas se reitera lo manifestado en la Sentencia C-059 de 2010, del siguiente tenor:

“Por supuesto que la interrupción de las audiencias de juzgamiento no es deseable en un sistema penal acusatorio, ni debe convertirse en una práctica recurrente. Por el contrario, los funcionarios judiciales deben garantizar la continuidad del juicio oral a efectos de acercarse, lo antes posible, a la verdad de lo sucedido, e igualmente, para evitar situaciones que puedan llegar a afectar a las víctimas y a los testigos. En efecto, no escapa a la Corte el hecho de que la repetición de la práctica de pruebas puede lesionar los derechos de los intervinientes en el proceso penal, en especial, cuando las víctimas sean niños o adolescentes.

Así las cosas, la Corte considera que las normas acusadas no lesionan el derecho al debido proceso. Sin embargo, insiste en señalar que la repetición de las audiencias de juzgamiento debe ser excepcional y fundada en motivos serios y razonables, so pena de vulnerar los derechos de las víctimas y testigos” (Lo destacado no pertenece al original).

Todo lo anotado en precedencia permite llegar a las siguientes conclusiones:

1. El principio de inmediación tiene una connotación eminentemente procesal, definida por el tipo de procedimiento adoptado en determinado momento histórico.

2. El principio de inmediación no hace parte del núcleo fuerte del debido proceso que en Colombia se instituye constitucionalmente en el artículo 29 de la Carta Política, aunque, ya instituido el trámite consagrado en el artículo 250 de la misma, su eliminación o afectación del núcleo básico sí conduce a estimar violado el debido proceso y, consecuencialmente, los dictados de la Constitución.

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la declaración universal de los derechos del hombre y La Convención Americana de Derechos Humanos, referentes ineludibles para nuestro país, no consideran el principio de inmediación como uno basilar u obligado de preservar por los Estados parte.

4. En contrario, tanto el pacto internacional, como la convención americana, demandan obligatorio permitir del condenado impugnar la sentencia ante un tribunal superior.

5. Esa exigencia se reproduce en el artículo 29 de la Carta Política colombiana y fue extendida por la Corte Constitucional a los fallos absolutorios.

6. Tanto la posibilidad de impugnar los fallos ante otra instancia, como los institutos de la prueba anticipada, la prueba de referencia y el recurso extraordinario de casación, representan limitación del principio de inmediación.

7. El principio de inmediación debe ceder ante otros derechos fundamentales o de más peso y, en consecuencia, la nulidad de la audiencia de juicio oral cuando las pruebas no fueron practicadas ante el funcionario encargado de emitir el sentido el fallo o este, solo opera como mecanismo excepcionalísimo cuando se advierta que esa circunstancia causó un daño grave.

La nueva perspectiva de la Corte frente a la jurisprudencia que se busca ampliar

Pues bien, las conclusiones referidas en el acápite anterior obligan de la Sala expandir, como se anotó al inicio, la tesis hasta el presente sostenida, en tanto, aparece evidente que el principio de inmediación no comporta la naturaleza y efectos superlativos que se estimaron en las decisiones jurisprudenciales ampliamente reseñadas en precedencia y, en consecuencia, su limitación o afectación no necesariamente implica que deba acudirse al mecanismo extremo de la nulidad.

La Sala, visto que el principio en estudio debe balancearse con otros de igual o superior cariz protectivo, entre ellos el de acceso a la justicia en su componente de celeridad, junto con los derechos de los menores, las víctimas y testigos, ha de advertir que no necesariamente debe propenderse por el remedio extremo de la nulidad en los casos en los que el funcionario encargado de emitir el fallo estuvo ausente de la práctica probatoria fuerte.

Ello, se resalta, porque en sí mismo el principio de inmediación no representa un valor constitucional, legal o procesal obligado de respetar de manera absoluta, superior, y ni siquiera de la misma jerarquía, a otros inmanentes que deben privilegiarse.

Comparte la Corte Suprema de justicia, con su par constitucional, que en razón a esa naturaleza intrínseca del principio de inmediación, su afectación o limitación no debe conducir a la nulidad, que apenas puede decretarse en circunstancias particularísimas y muy excepcionales de daño grave demostrado a otros distintos derechos de raigambre fundamental.

De esta manera, nunca la sola afirmación de que el juez encargado de emitir el fallo —o su sentido— es distinto de aquel encargado de presenciar la práctica probatoria trascendente, puede conducir a la anulación del juicio oral, consecuencia que, de solicitarse, obliga demostrar grave afectación de otros derechos o principios fundamentales.

Es que, para el operador judicial debe ser materia obligada de examen, cuando se presente la circunstancia analizada, tanto lo correspondiente a las razones que motivaron ese cambio de fallador, como los derechos que en concreto pueden ser afectados si se dispone la nulidad.

Entonces, para ir precisando el punto con los tópicos que al día de hoy se observan decantados, si la repetición del juicio implica afectar de manera importante o grave los derechos de los menores —víctimas o testigos trascendentales—; o de las mujeres víctimas de delitos sexuales (que obligadas a recordar el episodio vejatorio pueden ser objeto de doble victimización o sufrir daños sicológicos); o si corren peligro los testigos o víctimas, en atención a amenazas o temores fundados de retaliación; el juez debe ponderar los derechos en juego para proteger a estas personas y, en consecuencia, mientras no existan razones de mayor peso, diferentes a la de tutelar de forma irrestricta el principio de inmediación, está en la obligación de morigerarlo y evitar la invalidez del juicio.

Pero, además, la definición de cuál debe ser la solución también debe pasar por apreciar cuáles fueron las razones que obligaron el cambio de funcionario.

De esta manera, para citar apenas por vía enunciativa algunos temas puntuales, si son motivos de fuerza mayor o caso fortuito los que demandan el cambio de juez, dígase la licencia por embarazo, la muerte o enfermedad impeditiva que se prolonga en el tiempo, la sanción disciplinaria o medida restrictiva personal de carácter penal que se impongan al titular del despacho, las calamidades que obliguen la dejación prolongada de la función, siempre será necesario proteger lo actuado evitando la nulidad, dado que esas son situaciones que se salen de las manos de la judicatura o su administración, al punto que no pueden preverse o eliminarse en sus efectos inmediatos.

Ahora, si el cambio de funcionario obedece a una situación administrativa normal o previsible, ya no es posible acudir a esos factores ingobernables para soportar mantener incólume el proceso, pues, aquí sí refulge en toda su dimensión el principio de inmediación, que no puede ser desnaturalizado solo en atención a circunstancias particulares de interés apenas para el funcionario.

En estos casos, sigue invariable el deber del juez de adelantar el juicio desde su inicio hasta la cabal terminación; y de los nominadores, de hacer respetar esa obligación, como así lo han señalado la Corte Constitucional y esta corporación.

Para resumir, la nulidad solo puede decretarse excepcionalmente cuando se cumplan (en conjunción) dos presupuestos: (i) que no se afecten de forma importante o grave otros derechos fundamentales; (ii) que el cambio de funcionario no obedezca a situaciones ingobernables para el funcionario o la administración.

Debe precisar la Corte que la decisión en ciernes no significa sacrificar absolutamente, o mejor, eliminar el núcleo central del principio de inmediación, en tanto, no puede desconocerse cómo al día de hoy los adelantos tecnológicos, facultan (sic) remplazar con una fidelidad bastante aceptable la verificación in situ que realiza el juez dentro de la audiencia.

Y, entonces, si los registros de lo sucedido en la práctica probatoria permiten esa auscultación directa del funcionario encargado de emitir el fallo, sin desnaturalizar el contenido esencial del medio, nada obsta para que el examen se adelante por quien remplazó al juez anterior.

Desde luego, en todos los casos, independientemente que se afecten otros derechos de mayor calado o se trate de una situación obligada de sustitución del funcionario, si no existe registro de la práctica probatoria realizada en la audiencia de juicio oral, o la fidelidad del mismo es tan precaria que impide verificar cabalmente lo ocurrido con las pruebas, es menester anular lo actuado y repetir el juicio a partir del momento en que se inicia la presentación de las pruebas.

En contrario, si se cumplió cabalmente con la posibilidad de contradicción y confrontación probatoria —con la obvia excepción de la prueba de referencia y su eficacia demostrativa limitada—, se tomaron registros fidedignos que permitan del fallador examinar la prueba de forma adecuada, y si además se entiende necesario proteger derechos fundamentales o se advierte que la sustitución del juez devino obligada, no es factible decretar la nulidad de la audiencia de juicio oral apenas buscando que se repitan las pruebas en presencia del funcionario que proferirá el fallo.

De la afectación del principio de juez natural

En las decisiones que ahora se examinan con otra óptica por la Corte, fue señalado que el principio de inmediación se encuentra inescindiblemente vinculado con el principio de juez natural y, en consecuencia, que la vulneración o limitación de uno, implica afectación del otro.

Empero, esa postura debe ser recogida, comoquiera que se aparta con mucho de la verdadera naturaleza y efectos del principio del juez natural, cuando menos, respecto de lo que tradicionalmente se ha entendido al respecto.

En efecto, la Sala precisó el concepto de la siguiente manera(10):

“(i) Del concepto de juez natural

El concepto de juez natural como imperativo constitucional se erige en una garantía formal y material en orden a que los ciudadanos en desarrollo del principio de igualdad no puedan llegar a ser sometidos a persecuciones por parte del Estado por razones políticas, raciales, ideológicas o de cualquier otra índole, conjurando que el aparato jurídico-penal se pueda llegar a ejercer de manera arbitraria o ilegal.

Por juez natural se entiende al funcionario judicial preexistente a las conductas objeto de investigación y juzgamiento penal, instituido por la Constitución o la ley con competencias singularmente establecidas, quien a su vez deberá pronunciarse de manera imparcial, es decir, sin sometimiento, ni dependencia ideológica, discursiva, ni conceptual de ningún otro órgano o funcionario de la rama ejecutiva, legislativa, incluidos sus inmediatos superiores. Estos reglados de autonomía de igual se aplican a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación,(11) quienes no podrán tener ninguna clase de incidencia personal ni corporativa en las decisiones cuando de efectuar pronunciamientos se trate”.

Lo anotado, sobra recalcar, apenas desarrolla el contenido del artículo 29 de la Carta Política que, en punto del juez natural, exige de su consagración legal preexistente.

Nada, sobre el particular, permite afirmar que el concepto en cuestión pueda extenderse para amparar los casos en los cuales ese funcionario preexistente y con plena competencia es remplazado por otro con las mismas cualidades.

Es que, si ese fuese el entendimiento o alcances del principio estudiado, apenas elemental surgiría decretar la nulidad en todos los casos de cambio de juez durante el juicio, sin siquiera verificar si se practicaron o no pruebas, o si ese cambio representó que el encargado de emitir la sentencia fuese diferente de aquel ante quien se practicaron esas pruebas, entre otras razones, porque, cabe agregar, el principio de juez natural posee una jerarquía constitucional mucho mayor al de inmediación, lo que representa que su afectación abarque un ámbito mayor en lo que a la invalidación de lo actuado compete.

No es posible, así, emparentar el principio de inmediación con el de juez natural, de lo que se sigue que en tratándose del cambio de funcionario por otro con iguales calidades y competencia previamente establecidas en la ley, de ninguna manera se vulnera el principio de juez natural.

El caso concreto

De acuerdo con las constancias procesales, en este evento, el 16 de marzo de 2011 la Fiscalía Treinta y Siete Especializada de Medellín radicó escrito de acusación contra el procesado Carlos Mario Ortiz Chaverra, cuya audiencia de formulación se llevó a cabo el 7 de abril siguiente, ante el juez primero penal del circuito especializado de Medellín, entonces a cargo del doctor Humberto Navales Durango.

La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 23 de mayo de 2011, diligencia presidida por el mismo funcionario.

El juicio oral se inició el 8 de junio de 2011 por el doctor Humberto Navales Durango, sesión en la cual se recibieron los testimonios de Mary Isabel Sánchez Quintero, Juan Esteban Arenas Carmona, Juan Fernando Londoño Álvarez, Edison de Jesús Jaramillo Aguirre y Darío Benjumea Hernández, todos testigos de la Fiscalía.

La audiencia fue suspendida, fijándose los días 26 y 27 de julio de 2011 para su continuación, pero un día antes la Fiscalía solicitó aplazamiento, razón por la cual se fijó como nueva fecha los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011.

El 5 de octubre se reanuda la audiencia, pero para entonces ya fungía como juez primero penal del circuito especializado de Medellín, la doctora Liliana María Arias Uribe, circunstancia que llevó a la defensa a solicitar que se repitiera la parte del juicio evacuada en la sesión anterior, pues, la nueva funcionaria no había podido ejercer inmediación sobre las pruebas de cargo, con lo cual se afectaban los derechos del procesado, petición que fue negada por el despacho, continuándose con la diligencia de juicio oral los días 6, 7 y 10 del mismo mes y año.

En la sesión del 6 de octubre la Fiscalía culminó con la introducción de sus pruebas y a continuación el despacho recibió las pruebas de la defensa, tarea que culminó el 7 de octubre de 2011. El 10 siguiente, las partes presentaron sus alegatos de cierre y a continuación la funcionaria profirió el sentido condenatorio del fallo, que fue leído el 2 de noviembre de 2011.

Se destaca que la declaración de responsabilidad se sustentó en los testimonios rendidos por Mary Isabel Sánchez Quintero, Juan Esteban Arenas Carmona y Esteban Andrés Peña Pastrana, recibidos, como ya se anotó, en la primera sesión del juicio, que estuvo a cargo del entonces juez Humberto Navales Durango.

La evidencia enseña que para dictar la sentencia de condena la doctora Liliana María Arias Uribe tuvo que valerse de los registros sobre las pruebas practicadas en presencia de su antecesor.

También merece destacarse cómo el fiscal en la audiencia de sustentación del recurso de casación advirtió del homicidio de que fue víctima uno de los testigos que comparecieron al juicio oral, junto con varios de sus familiares, y de las amenazas que se ciernen sobre otros de los declarantes, dada la peligrosidad de la banda criminal encargada de ejecutar los delitos aquí investigados.

Acorde con la reseña antes realizada, para la Corte, conforme los presupuestos argumentales destacados en precedencia, es claro que no resulta atendible la solicitud del casacionista encaminada a que se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de juicio oral, en tanto, la sola limitación del principio de inmediación no puede conducir a ello cuando, a la par, se advierte, primero, que ningún derecho fundamental o principio basilar se afectó gravemente con el cambio de juez; segundo, que de repetirse la diligencia, algunos de ellos, en su núcleo fundamental, entre los que destacan el acceso a la justicia en su componente de celeridad, así como las legítimas pretensiones de las víctimas y la necesidad de protección de estas y de los testigos, sí pueden ser dañados profundamente; y, tercero, que la razón del cambio de juez operó ineludible y obligada para la administración judicial, fruto de medida provisional tomada en su contra por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.

Como, además, en el presente asunto los registros permitieron al nuevo juez apreciar en su totalidad las pruebas recogidas en el juicio oral, se mantendrá incólume lo decidido por las instancias.

En este sentido, no puede tener buena fortuna la manifestación del demandante referida a que uno de los testigos explicó algunas distancias a partir de gestos o maniobras que no fueron advertidos por la juez encargada de fallar, dado que los registros operan apenas auditivos.

Al respecto, el fiscal delegado ante la Corte explicó suficientemente la intrascendencia del asunto, comoquiera que esas maniobras apenas constituían una apreciación subjetiva del testigo, que para nada incidió en la decisión que se cuestiona.

Como está claro que esa inadvertencia postulada por el recurrente, careció de trascendencia, ninguna posibilidad tiene de derrumbar el fallo, evidente la ausencia de daño.

A manera de colofón, debe la Corte referirse a la supuesta vulneración del principio de concentración, alegada en el mismo cargo por el demandante, bajo el supuesto que la audiencia de juicio oral se prolongó injustificadamente.

Sobre el particular, es tempestivo partir por significar que de ninguna manera el inciso tercero del artículo 454 de la Ley 906 de 2004, contempla expresa e inexorable la nulidad por el solo paso del tiempo. Precisamente, el apartado examinado consagra: “Si el término de suspensión incide por el trascurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia, y sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá”.

En lo alegado por la recurrente se echa de menos la precisión respecto de cuál fue la incidencia del paso del tiempo en la rememoración de lo sucedido durante la audiencia de juicio oral y, en especial, respecto de las pruebas practicadas y sus resultados.

Pero, además, la crítica emerge insustancial cuando ya se ha referido que el juez encargado de practicar las pruebas, o mejor, ante quien se presentaron, no fue el encargado de emitir el fallo, pues, el paso del tiempo ya ninguna incidencia tiene, acorde con el artículo 454 de la Ley 906 de 2004, para la recordación, en tanto, huelga decirlo, la funcionaria que emitió el sentido del fallo hubo de recurrir a los registros de audio, examinados en tiempo no real.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Radicado 27.192.

(2) ART. 404.—Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad.

ART. 420.—Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.

(3) Sentencia de casación del 30 de enero de 2008, Radicado 27.192.

(4) Tal como lo dispone el artículo 446 de la Ley 906 de 2004.

(5) “ART. 454.—Principio de concentración. La audiencia del juicio oral deberá ser continua salvo que se trata de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión. El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. Si el término de suspensión incide en el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”.

(6) Sentencia del 20 de enero de 2011, Radicado 32.556.

(7) Radicado 32.143.

(8) Sentencia C-543 de 2011.

(9) “La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”.

(10) Auto del 17 de marzo de 2009, Radicado 31080.

(11) Corte Constitucional. Sentencia C-1260 del 5 de diciembre de 2005. M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.