Sentencia 3859 de noviembre 8 de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

CONTRATO DE TRABAJO

TERMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN POR RELACIÓN INDEPENDIENTE

EXTRACTOS: «Es evidente que el actor laboró bajo contrato de trabajo al servicio de la Compañía Frutera de Sevilla, en calidad de “director de la oficina de Bogotá” del 15 de julio de 1975 al 15 de mayo de 1984, fecha esta última a partir de la cual las partes de común acuerdo pusieron fin al vínculo laboral que tenían. Esto se desprende sin duda alguna de los documentos visibles a folios, 278, 33 a 35 y particularmente del acta de la conciliación que las partes efectuaron ante el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Medellín el 13 de agosto de 1986 (folios 30 a 32), donde consta que el actor expuso lo siguiente:

“En forma libre, espontánea y en uso de mis facultades mentales normales, desde el día 15 de mayo de 1984 convine con la Compañía Frutera de Sevilla, terminar por mutuo consentimiento el contrato de trabajo que con ella tenía celebrado desde el día 15 de julio de 1975...”.

También es ostensible que una vez terminada la relación jurídica laboral arriba descrita, el señor Francisco Dávila comenzó a prestar sus servicios en desarrollo del contrato escrito que celebró con la compañía norteamericana United Brands Company el 11 de mayo de 1984 (ver fols. 287 a 294), en el cual entre otras cosas se estipuló:

“Contrato celebrado entre United Brands Company, una corporación organizada bajo las leyes del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, con oficinas en el 1271 Avenue of the Americas, Nueva York, Nueva York, que en adelante se denominará “UB”, y Francisco Dávila M., como contratista independiente, ciudadano colombiano, residente en Bogotá, Colombia, que en adelante se denominará “contratista”;

CONSIDERANDO QUE: La UB requiere una persona en Colombia para actuar como enlace entre los funcionarios del gobierno y las organizaciones privadas y públicas, así como para proporcionar a la UB información sobre el banano y otras actividades en Colombia;

CONSIDERANDO QUE: El contratista está calificado para emprender dichas actividades para la UB;

POR CONSIGUIENTE: En consideración a los convenios mutuos contenidos en este documento, las partes acuerdan mutuamente lo siguiente:

El contratista acuerda trabajar en Colombia para la UB y sus compañías subsidiarias y filiales. Esto incluye pero no está limitado a ello:

a) Mantener contactos con los funcionarios gubernamentales y el mundo de los negocios de Colombia.

b) Concertar reuniones entre directivos de la UB y los funcionarios gubernamentales y los negociadores.

c) Mantener informada a la UB sobre los cambios y nuevos nombramientos del gobierno.

d) Suministrar información a la UB sobre el banano, el aceite de palma y otras actividades de negocios en Colombia.

e) Representar a la UB a solicitud de ella, ante la FAO y otras agencias.

f) Obtener licencias y permisos en las oficinas del gobierno.

g) Viajar, dentro de Colombia y en el exterior para representar a la UB por solicitud de ésta.

h) Mantener informada a la UB sobre las actividades y realizaciones a través de informes semanales por teléfono o télex.

i) Todos los asuntos relacionados con el “Plan Vallejo” .

j) Entenderse con los oficiales de aduana.

k) Todos los asuntos relacionados con la Compañía Petrolera Agripa y Compañía Marítima y Fluvial Ltda. (COMA).

l) Obtener visas para clientes visitantes o empleados de la compañía.

m) Todos los aspectos relacionados con ventas a países del Comecon.

n) Realizar encargos específicos especiales a solicitud de la UB...” (fls. 287 a 289 cuad. 2).

Como la Compañía Frutera de Sevilla es una filial de la United Brands, según lo reconoció el representante de la demandada (fols. 227 vto., primera pregunta) el actor plantea en el juicio que el contrato inicial de trabajo no terminó en realidad sino que siguió bajo la apariencia de la prestación de servicios acordada en los términos precedentemente transcritos. Sin embargo, hay en el expediente elementos de juicio que excluyen claramente esta hipótesis. En efecto, los testigos Virginia Bonnet (fols. 85 a 88), William Allan Brenes (fols. 94 a 100), George M. Skelly (fols. 233 a 238) y Emilio Arango (fols. 238 a 243), que son analizados por la sentencia acusada y referidos por la oposición, están de acuerdo cuando explican que en el año de 1984 la Compañía Frutera de Sevilla reorganizó el giro de sus actividades en Colombia circunstancia que implicó el cierre de la oficina de la compañía en Bogotá, la cual como quedó dicho arriba era dirigida por el señor Dávila. Por consiguiente, la terminación del contrato de trabajo que vinculaba al demandante como “director de la oficina de Bogotá” tiene una explicación real y atendible que descarta la idea de que dicha terminación haya sido simulada o fraudulenta.

En otras oportunidades esta Sala se ha referido al principio doctrinario del derecho laboral que se enuncia como de la primacía de la realidad, según el cual cuando se ha de determinar la naturaleza, características y demás circunstancias y aspectos de una vinculación laboral deben preferirse los informes que puedan extraerse de la realidad de la relación a los datos aparentes que puedan ofrecer los documentos o contratos, máxime cuando éstos implican simulaciones o fraudes a la ley laboral que resultan perjudiciales al trabajador. Pero tal principio no se traduce en una presunción de que todos los documentos contienen siempre simulaciones y fraudes ya que ellos bien pueden corresponder lícitamente a circunstancias reales.

cargo desempeñado por el empleado, y para el cual fue contratado, deja de ser necesario para la empresa, es completamente factible que ésta acuerde con aquél la terminación del contrato de trabajo, pues el mutuo consentimiento es un modo legal de hacerlo que no tiene porqué perder eficacia si las partes convienen seguidamente una nueva modalidad de prestación de servicios diferente en absoluto de la anterior, conforme se desprende que en este caso aconteció. (Ver los documentos contractuales de folios 278 y 287 a 294).

Además, en el asunto de autos mal puede restarse validez a la terminación por mutuo acuerdo del contrato de trabajo que se dio en mayo 15 de 1984 y se confirmó mediante conciliación ante juez en 1986, en desarrollo del principio protector de los trabajadores que contiene el derecho laboral, siendo el demandante un trabajador directivo, altamente calificado, quien concurrentemente se desempeñaba en la suplencia de la representación legal de la Compañía, por virtud de un mandato que continuó aun después de terminado el vínculo laboral. No resulta lógico deducir pues que la necesidad económica del demandante o una imposición fraudulenta de la demandada hayan obligado a éste a consentir una terminación ficticia del contrato. Al contrario la terminación benefició al actor hasta el punto que recibió el valor de una indemnización como si hubiese sido despedido y si continuó prestando servicios no lo hizo en iguales condiciones para el mismo puesto sino que pasó a desempeñar otras labores bajo el disfrute de especiales gajes, prerrogativas y ventajas, según se desprende del contrato. Así por ejemplo basta advertir que de una retribución mensual de 900 dólares de los Estados Unidos, pasó a recibir 9.166 dólares mensuales.

En suma, las pruebas examinadas son suficientes para determinar que entre las demandadas y el actor existió un solo contrato de trabajo entre el 15 de julio de 1975 y el 15 de mayo de 1984, de modo que la conclusión absolutoria del ad quem encuentra bastante respaldo en el proceso».

(Sentencia de noviembre 8 de 1990. Radicación 3859. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez).

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