CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN QUINTA

REPETICIÓN CONTRA FUNCIONARIOS

POR CONDENAS A ENTIDADES PÚBLICAS

Consejero Ponente:

Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía

Ref.: Expediente 0386

Partes: Tesorería del departamento de Caldas. C/Victoria Eugenia Osorio de Mejía. Jurisdicción coactiva.

Santafé de Bogotá, D.C., julio veintidós de mil novecientos noventa y cuatro.

Decide la Sala, las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada contra el auto de mandamiento de pago librado en el proceso de la referencia.

Antecedentes

El Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Departamento de Caldas, en auto calendado el 11 de mayo de 1993 obrante a folios 40 y s.s., libró mandamiento de pago ejecutivo por la cantidad de cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 5.497.148) m/cte., en favor del mencionado ente territorial y en contra de la señora Victoria Eugenia Osorio de Mejía.

Fundó la providencia el funcionario ejecutor, en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia que profirió el 27 de julio de 1992, en la cual ordenó al departamento de Caldas, repetir en contra de la demandada por la totalidad de las sumas que debió cancelar al señor Samuel Rondón Henao en proceso de restablecimiento del derecho.

Notificada por conducto de apoderado la orden de pago a la ejecutada el 8 de mayo de 1994 (fl. 49), en término y en escritos separados propuso excepciones previas y de mérito.

Las primeras fueron resueltas desfavorablemente a su proponente, correspondiendo en esta oportunidad procesal decidir las de mérito, que fueron denominadas así:

1. Inoponibilidad de la sentencia que ha servido de título ejecutivo.

La hace consistir en el hecho de que los artículos 78 y 79 del CCA, en caso de repetición por jurisdicción coactiva, se aplican cuando el funcionario ha sido demandado conjuntamente con la entidad, es decir, cuando en la demanda se impetra responsabilidad conexa. En el sub lite alega el apoderado, la entidad no puede hacer efectivos créditos en contra de su representada, en razón de que ésta como funcionaria no fue demandada conjuntamente con el departamento de Caldas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Señala que aquélla no pudo ejercer el derecho de defensa porque se inobservó el debido proceso.

2. El título ejecutivo no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

La sustenta el apoderado en los mismos hechos que sirven de soporte a la anterior excepción, además agrega que de acuerdo al artículo 68 del CCA, la sentencia no tiene fuerza ejecutiva contra su mandante porque las obligaciones reclamadas no provienen de ésta y en la parte resolutiva (ord. 6º) no ordenó repetir contra ella, ni podía hacerlo mediante jurisdicción coactiva; tampoco impone a su cargo y en favor del tesoro nacional la obligación de pagar una suma líquida de dinero. En síntesis, no contiene la sentencia que sirve de recaudo ejecutivo, una obligación clara, expresa y exigible, pues para proceder a dar cumplimiento a su numeral 6° es necesario agotar previamente un proceso ordinario ante la justicia competente, en donde se venza a su mandante observando el debido proceso.

3. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, y,

4. Indebida representación de la parte ejecutante.

Estas dos excepciones fueron formuladas igualmente como previas, que es su real naturaleza, y se sustentan en los mismos hechos que sirven de soporte a éstas, razón por la cual es improcedente su formulación como de mérito.

Finalizado el trámite del incidente, con el traslado a las partes para alegar sin que ninguna lo hubiera hecho, se procede a dictar sentencia de excepciones, previas las siguientes

Consideraciones

Examinará la Sala en primer lugar, la excepción denominada “El título ejecutivo no cumple con los requisitos exigidos por la ley”, dado que mediante ésta se ataca directamente el título que originó el mandamiento de pago, por carecer de los elementos característicos que lo integran, según el artículo 68 del CCA

Concentrando entonces el estudio sobre este aspecto fundamental para la decisión, se encuentra lo siguiente:

El documento sobre cuya base se libró la orden de pago consiste en una sentencia ejecutoriada proferida el 27 de julio de 1992 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.

Mediante dicho acto judicial se puso término a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantada por el ciudadano Samuel Rondón Henao contra el Departamento de Caldas.

Favorable que fue para el actor, la pretensión de nulidad y la orden de reintegro, la entidad seccional fue condenada a pagarle la totalidad de los sueldos y otros créditos allí relacionados.

En el ordinal sexto del fallo se dijo: “ORDENAR que el Departamento de Caldas REPITA en contra de la Gobernadora señora Victoria Eugenia Osorio de Mejía, por la totalidad de las sumas de dinero que en razón de la presente sentencia, deba cancelar al señor Rondón Henao”.

En obedecimiento al fallo, mediante Resolución N° 08604 de septiembre 29 de 1992 (fl. 8) se reconoció la suma de $ 5.497.148 pesos al beneficiado, la cual efectivamente se le pagó como aparece de autos, siendo este el valor que se tuvo en cuenta para librar mandamiento de pago contra la demandada.

El artículo 68 del CCA, al definir las obligaciones que en favor del Estado prestan mérito ejecutivo, en su numeral 2°, señala las sentencias ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. Obligación que debe, además, ser clara, expresa y actualmente exigible.

Implica lo anterior, que lo primero a examinar en el presente caso, es si en la sentencia que sirve de título consta una obligación a cargo de la demandada y en favor del departamento de Caldas y adicionalmente, en caso de su existencia, si es clara y exigible.

Del estudio que hace la Sala de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y su posterior actuación, no encuentra que la señora Victoria Eugenia Osorio de Mejía haya sido vinculada al proceso mediante notificación personal del libelo, emplazamiento u otro medio de los dispuestos por la ley para citar a las personas que puedan resultar afectadas por los efectos jurídicos de la sentencia. Al no tener participación alguna en el debate con pleno ejercicio de sus derechos procesales, como el de igualdad de las partes ante la ley, de defensa, el debido proceso y contradicción, no puede decirse que la sentencia la haya vinculado con una disposición de condena, creadora de una obligación pecuniaria con implicaciones de carácter ejecutivo.

El fallo es claro al estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y su contestación, observando el principio de congruencia, pues al ser aquellos probados decreta la nulidad solicitada, ordena el reintegro pedido y condena al departamento de Caldas al pago de varias sumas de dinero.

En el ordinal 6º simplemente dispone que la entidad condenada repita en contra de la Gobernadora Victoria Eugenia Osorio de Mejía, por la totalidad de las sumas que deba cancelársele al demandante, disposición que no debe confundirse con una declaración de condena, no sólo por los motivos antes expresados, sino porque mediante la acción de repetición derivada del artículo 90 de la C.N., y contemplada en el artículo 78 del CCA “lo pretendido en últimas es el reembolso de lo pagado como consecuencia de un reconocimiento indemnizatorio previamente decretado por la jurisdicción y que como tal debe ceñirse al procedimiento señalado para el ejercicio de la acción de reparación directa, de la cual, en la práctica, la repetición viene a ser secuela o prolongación” (Auto de abril 8 de 1994, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente AR-001, Consejero ponente Dr. Daniel Suárez Hernández, Actor: Procuraduría General de la Nación).

Se tiene entonces que de la simple orden de repetición dada en la parte resolutiva de la sentencia atacada en este proceso, no puede deducirse como equivocadamente lo hace la parte actora, una obligación a cargo de la demandada, pues para que ello suceda es necesario que se le dé la oportunidad de controvertir los hechos en debido proceso, y se demuestre que por su actuar causó el daño que se ordenó reparar con el reintegro e indemnización.

Carece pues la sentencia del principal presupuesto básico exigido por el artículo 68 del CCA para que preste mérito ejecutivo, o sea, el que conste una obligación a favor de la entidad administrativa demandante, tal como lo alega el apoderado de la excepcionante con apoyo en claros argumentos.

Ahora bien, la excepción que se examina no está incluida entre las que pueden proponerse cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o laudo de condena o en otra providencia que conlleve ejecución, conforme lo establece el artículo 510 numeral 2º del CPC.

Pero es razonable entender que la taxatividad de la norma en materia de excepciones, parte del supuesto jurídico de la existencia de la obligación cuyo pago se demanda; si la obligación no consta en el título no se cumple el presupuesto básico que hace viable la ejecución. Sería ilógico oponer excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, que son modos de extinguir las obligaciones (art. 1625 C.C.), contra un título en que no consta obligación.

Estima entonces la Sala, que al no contener la sentencia en la cual se fundamentó el mandamiento de pago en este proceso una obligación expresa a cargo de la demandada, ante la falta de este requisito, le es oponible la excepción que ha sido motivo de análisis, en aplicación del numeral 1° del artículo 509 del C.P.C., la cual en consecuencia se declarará probada.

Como esta excepción prosperará contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, se abstendrá la Sala de estudiar las demás, tal como lo establece el artículo 510 numeral 2° ordinal c) del estatuto citado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Quinta—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase probada la excepción denominada “El título ejecutivo no cumple con los requisitos exigidos por la ley”, propuesta por la demandada.

2. Declárase terminado el proceso. En consecuencia, se ordena el desembargo de los bienes, en caso de que esta medida se haya decretado.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y en firme este proveído vuelva el expediente a su lugar de origen.

Miren de la Lombana de Magyaroff, Presidente—Amado Gutiérrez Velásquez—Luis Eduardo Jaramillo Mejía—Miguel Viana Patiño.

Octario Galindo Carrillo, Secretario.

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