Sentencia 38620 de octubre 26 de 2010

 

Sentencia 38620 de octubre 26 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 38620

Acta 38

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se considera

Dado que las dos primeras acusaciones comparten parecida argumentación, persiguen idéntica finalidad, se enderezan por la misma vía, es posible resolverlas en forma conjunta. Así lo autoriza el artículo 51, numeral 3º del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162, de la Ley 446 de 1998.

A partir de constatar que el actor era beneficiario de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que, en tal virtud, la norma llamada a gobernar la situación era el Acuerdo 49 de 1990, el ad quem verificó que aquel no satisfacía la exigencia de contar 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, y por ello absolvió al ente de seguridad social accionado. Además, estimó que, si se optara por aplicar el Acuerdo 16 de 1983, “tampoco era otorgable la pensión, ya que esta norma exigía 500 semanas cotizadas durante el lapso de los 20 años anteriores a la fecha de la solicitud y según se desprende de las probanzas que obran en los autos, esta solo tuvo lugar en el año 1999”.

El demandante no discute la inferencia fáctica a la que arribó el Tribunal, sino que muestra su desacuerdo con la regla de derecho que escogió el juzgador para dirimir la contención, al considerar que no era el Acuerdo 49 de 1990, el que tenía vocación de producir efectos, sino el Acuerdo 16 de 1983, dado que antes de la entrada en vigencia del primero, ya tenía cotizadas las 500 semanas que le dan derecho a la prestación que reclama.

A las notables deficiencias técnicas que presenta la demanda de casación, como por ejemplo, encauzar el segundo cargo por aplicación indebida del artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, pero en su demostración hacer claras alusiones a la no aplicabilidad, y a la infracción directa, habrá que sumar que el tribunal sí consideró la posibilidad de aplicar el Acuerdo 16 de 1983, solo que descartó la concesión del derecho bajo esta preceptiva, toda vez que dentro de los 20 años que antecedieron a la presentación de la solicitud de pensión, no registraba aportes durante por lo menos 500 semanas, que es la exigencia del artículo 1º de dicho reglamento.

Por ello, no puede predicarse la infracción directa, puesto que el fallador de la segunda instancia consideró su aplicación, solo que ante la ausencia de los supuestos de hecho necesarios para que produjeran efectos jurídicos favorables al afiliado, estimó que no era dable otorgar la prestación anhelada. Es decir, no desconoció la existencia de las dos reglas de derecho, ni se rebeló contra ellas, sino que le hizo producir efectos adversos al actor, por la ausencia de los requisitos legales para acceder a lo pretendido. Tampoco, puede decirse que aplicó en forma indebida el artículo 1º del Acuerdo 16 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983, puesto que el cumplimiento de la edad es la condición que marca el lindero temporal, con el fin de acertar en la escogencia de la norma que debe aplicarse.

En efecto, no puede aspirar el accionante a que por el hecho de haber cotizado 500 o más semanas en vigencia del reglamento últimamente mencionado, así haya cumplido la edad requerida en ambos ordenamientos legales para acceder a la pensión de vejez, nueve años después de la entrada en vigencia del Acuerdo 49 de 1990, que en su artículo 12 introdujo un cambio sustancial en cuanto al lapso en que deben cotizarse las 500 semanas, su situación se defina conforme al reglamento que dejó de tener vigencia, 9 años atrás —se reitera—, precisamente porque al no haber completado por lo menos la edad en vigencia del anterior, su derecho queda supeditado al cumplimiento de las exigencias contempladas en el nuevo acuerdo.

Distinta sería la solución, si al menos hubiera alcanzado los 60 años de edad, durante el espacio de tiempo en que rigió el Acuerdo 16 de 1983, dado que ante ese supuesto fáctico, sí era jurídicamente razonable tener como extremo temporal máximo, la fecha en que este reglamento perdió su fuerza obligatoria, por la entrada en vigencia del Acuerdo 49 de 1990, y con la posibilidad de reclamar la pensión aún en vigencia de este. Y es que, similar fue el contexto fáctico en el cual esta Sala de la Corte resolvió el litigio en el que se produjo la sentencia que la censura invoca como precedente (mar. 29/96; rad. 7854) en procura de lograr su aspiración de quebrantamiento de la sentencia de segunda instancia. En esa oportunidad, aunque la demandante sí había cumplido 55 años de edad en vigencia del Decreto 1900 de 1983, pues había nacido en 1930, carecía de la densidad de cotizaciones en el término exigido antes de que expirara el Acuerdo 16, ó 29 de 1983, por lo cual su anhelo devino frustrado. En el evento presente, como ya se señaló, es la insatisfacción del requisito de la edad, antes de que ocurriera el mismo supuesto, el motivo que impide concederle la razón al accionante. Nótese que paladinamente el fallo de 1996 alude a que “Si el Decreto 758 de 1990, regresó a la normatividad primigenia, es lógico que no podía afectar los derechos adquiridos de quienes al amparo del 1990 de 1983, habían reunido los requisitos de edad y semanas cotizadas así le faltare la solicitud, por cuanto la nueva normatividad no lo prohibió ni podía hacerlo so pena de ser retroactiva (...)”, de donde es inexorable colegir que los dos requisitos deben concurrir para que, aún habiéndose elevado la petición después de la vigencia del Acuerdo de 1983, la decisión de la controversia deba hacerse bajo la cobertura de éste reglamento.

En ese orden, si bien el tribunal no dio cabal aplicación a lo que la Sala de Casación Laboral tiene definido en este específico punto, sino que lo hizo en forma literal, de todas maneras, no hay lugar a casar la sentencia.

Tercer cargo

Denuncia la infracción directa del artículo 13 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el “Decreto Reglamentario” 3041 del mismo año.

Arguye que al aplicar el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, a efectos de establecer la cuantía de la indemnización sustitutiva, el tribunal no se percató de su calidad de sujeto del régimen de transición, pues tenía más de 40 años para el 31 de marzo de 1994, ni tampoco, que tenía derecho a que se le aplicara la condición más beneficiosa, de suerte que el reglamento que debía aplicarse era el Acuerdo 224 de 1966, “posteriormente ratificado por el Artículo 14 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto Reglamentario 758 de la misma anualidad”, que en su artículo 13 preceptúa que la indemnización de marras equivale a una mensualidad de la pensión de invalidez, por cada 25 semanas de cotización. Que la ecuación aritmética que debe hacerse es:

“872 semanas (cotizadas ante el ISS) = divididas entre 25 semanas arroja un monto de 34.88 mensualidades que multiplicado por el promedio correspondiente al IBL de $ 329.571.oo ml. (asignado en la Resolución 1963 del 25 de junio de 1999 emanada del ISS), arroja un monto total de $ 11.372.285.oo. Para un monto total de diferencia $ 8.123.151,48 mlc.

El juzgador de segunda instancia en vez de aplicar la norma sustancial anterior (Ac. 224/66), aplicó [el] artículo 37 de la Ley 100 de 1993 diciendo que se aplicaba esta norma porque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que regula la transición, solo operaba para las pensiones de vejez y no para las indemnizaciones sustitutivas de la misma”.

Asevera que “estamos en presencia de una inconsistencia normativa”, pues se aplicó el Acuerdo 224 de 1966 en lo que respecta a la pretensión principal —pensión de vejez—, al tiempo que, en lo relativo a la indemnización sustitutiva, se hizo producir efectos al artículo 37 de la Ley 100 de 1993, lo que además, vulneró “los principios rectores de inescindibilidad e indivisibilidad de la norma, ya que las normas anteriormente descritas son excluyentes, o se aplica en su integridad la norma anterior o se aplica en su integridad la Ley 100 de 1993”.

Cuarto cargo

Sostiene que el juez de la alzada violó directamente, por aplicación indebida, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, pues no era esta norma la norma que debía aplicarse, sino el artículo 13 del Acuerdo 224 de 1966.

Como lo anotó en el cargo anterior, en la demostración dice que, para “cumplir cabalmente con la técnica del recurso extraordinario (...)”, reproduce el pasaje de las motivaciones del fallo que, según el recurrente, contiene el desatino que le endilga. Que, como para el 31 de marzo de 1994, contaba más de 40 años de edad, se encontraba en régimen de transición, por lo cual, el precepto legal llamado a aplicarse era “el artículo 23 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado [por] el Decreto Reglamentario 3041 del mismo año y posteriormente ratificado por el Artículo 14 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto Reglamentario 758 de la misma anualidad”. Por lo demás, repitió lo que argumentó en el cargo anterior.

La réplica

El Instituto de Seguros Sociales argumenta que el ataque debió dirigirse por interpretación errónea de la ley, que no por infracción directa, ni aplicación indebida; y que, la norma que debe ser aplicada, es el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, como adecuadamente lo hizo el tribunal.

Se considera

Es viable resolver conjuntamente estos dos cargos, por lo que se expuso al proveer sobre los dos primeros.

El tribunal se limitó a expresar que el precepto legal llamado a gobernar lo relativo a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez del demandante, era la Ley 100 de 1993, “pues las ventajas de la transición solo rige[n] en lo atiente (sic) a las condiciones o requisitos para obtener la pensión”.

Si bien, lo concerniente a la prestación legal por vejez del demandante, se dilucidó con base en lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, dada la aplicación de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, desde ningún punto de vista, lo relativo a la indemnización sustitutiva, puede estimarse sometido a las mismas reglas, por el principio de la retrospectividad de la ley, consagrado en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, que excluye la retroactividad, y la ultractividad, e impone que es la norma vigente al momento en que se suceden los supuestos fácticos contemplados en la norma, la que debe presidir la solución de la controversia.

Si el principio general es que las leyes sociales comienzan a regir inmediatamente se surten los trámites respectivos, el decaimiento de las que son derogadas se produce simultáneamente, a no ser que en la nueva normativa se conserve su subsistencia temporal, en este caso, bajo las condiciones impuestas por el nuevo ordenamiento.

Precisamente, uno de estos eventos es el de los conocidos regímenes de transición, en los que, con el propósito de morigerar los efectos del tránsito de legislación que, regularmente comportan mayores exigencias para acceder a un derecho, afectan a aquellas personas que se encuentren cercanas a consolidarlo. En consecuencia, los beneficios que tal medida legislativa reporta, están circunscritos exclusivamente, en primer lugar, a quienes cumplan los requerimientos previstos —verbigracia: edad y tiempo de servicios—, y en segundo lugar, a las materias que, taxativamente, contemple la nueva ley, dado que se trata de una excepción a la regla general.

Así las cosas, como el artículo 36 de la Ley 100 restringe el régimen de transición a las pensiones de vejez, y en forma más específica la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión, la extensión a otros elementos que no estén expresamente mencionados en la regla de derecho que dispone la excepción, implicaría la ruptura con elementales y conocidas reglas de hermenéutica jurídica.

Así las cosas, al estimar aplicable al caso litigado, en el tema de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, lo que manda el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, pues no puede dejarse de lado que el actor cumplió los 60 años de edad el 3 de febrero de 1999, el juez de apelaciones no incurrió en el desacierto imputado por el demandante.

La improsperidad de los cargos, y la oposición que presentó en oportunidad la parte demandada, acarrean la imposición de costas, a cargo del actor.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de junio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que Pablo Rodríguez Polo promovió contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas, a cargo del demandante, que serán liquidadas por la secretaría. Estímanse como agencias en derecho la suma de $ 2.500.000.oo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».