Sentencia 429-99 de agosto 12 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

SANCIÓN POR RECIBIR DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO

LA CONTRALORÍA DEBE IMPONERLA ANTES DE TRES AÑOS

EXTRACTOS: «Se discute en el presente evento la legalidad de los actos por los cuales la Contraloría General de la República le ordenó al actor reintegrar a favor del tesoro público (Ministerio de Defensa) la suma de $ 7.660.562,63, por considerarlo infractor de la prohibición establecida en el artículo 128 de la Carta y del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

Para una mejor comprensión del asunto conviene primeramente hacer un seguimiento específico de los hechos, frente a lo cual se tiene:

Mediante Resolución 4465 del 14 de noviembre de 1963 el Ministro de Guerra le reconoció al libelista una pensión mensual de jubilación.

Con Resolución 2709 del 3 de agosto de 1967 de la Policía Nacional el actor fue nombrado en el cargo de músico de la dirección general “Banda sinfónica” en la categoría de adjunto 1º nivel “A” (fls. 106 a108). Y según los considerandos de la Resolución 1410 de 1995 comenzó a desempeñar dicho empleo el 8 de agosto del mismo año (fl. 3).

También consta en autos que en virtud de contratación el recurrente prestó sus servicios como profesor (instructor de banda de guerra) en la Policía Nacional entre el 1º de enero de 1973 y el 31 de diciembre de 1984, con algunos días de interrupción (fls. 115-132). Que seguidamente continuó prestando sus servicios entre esta última fecha y el 7 de enero de 1992, según el Oficio Nº 048, sin fecha, de la sección prestaciones sociales de la Policía Nacional y la liquidación de la sección de prestaciones sociales de la misma entidad. Actos de los cuales cabe deducir que en tal interregno el libelista prosiguió y culminó sus servicios en ejercicio de la docencia (fls.132 y 146).

Con ocasión de la renuncia presentada por el demandante en relación con la pensión que le fuera reconocida mediante Resolución 4465 de 1963, el jefe de la división de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa le manifestó al subsecretario general de la Policía Nacional:

“Al vincularse nuevamente con esa entidad, el señor Elías Cuesta Murillo, violó la prohibición consagrada en el artículo 64 de la antigua Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 128 de la vigente.

Por lo anteriormente expuesto, esta división considera que esa subsecretaría, previo estudio y análisis del caso planteado, debe dar traslado del mismo a la Contraloría General de la República, al tenor de lo dispuesto en los artículos 9º y 10 del Decreto 1713 de 1960” (fls. 68-69).

Con fundamento en la certificación del secretario general del Ministerio de Defensa y en la constancia de la unidad de archivo general de la Policía Nacional, la Contraloría General de la República avocó el conocimiento de la situación del libelista resolviendo exigirle el reintegro a favor del tesoro público de la suma de $ 7.660.562,63, por considerar que tal suma la recibió durante el tiempo en que estuvo vinculado laboralmente a la Policía Nacional con violación del artículo 128 de la Carta y del artículo 19 de la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992. Es de observar que esta ley no se hallaba vigente para la época de los hechos, toda vez que el recurrente se retiró del servicio el siete de enero de 1992.

Del examen de lo actuado se infiere que el demandante recibió injustificadamente una doble asignación del tesoro público, por cuanto si bien a partir del 1º de enero de 1973 prestó sus servicios como docente, es lo cierto que lo hizo como profesor de tiempo completo, quedando al punto excluido de la excepción prevista en el literal a del artículo 1º del Decreto 1713 de 1960. Improcedibilidad exceptiva que se hace aún más patente si se considera que la Policía Nacional no es un establecimiento docente. Asimismo, el carácter ilegal de la nueva vinculación del libelista se reafirmó a instancias del parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto 2339 de 1971, que reza:

“No podrán ingresar como empleados del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional personas que se encuentren disfrutando de pensión a cargo del Estado”.

También es de notar que la nueva vinculación del recurrente pugnaba igualmente con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978, relativo a la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.

Pero si la infracción a la Carta Política, al artículo 1º del Decreto 1713 de 1960 y al prenotado parágrafo es ostensible, también lo es el hecho de que a términos del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo:

“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

Pues bien, considerando que el libelista se desvinculó de la entidad el 7 de enero de 1992 y que la Resolución 1410 fue expedida por la Contraloría General de la República el 3 de marzo de 1995, esto es, más de tres años después de la fecha de retiro del servicio, claro es que la misma fue manifiestamente extemporánea.

Esa falencia del factor temporal de competencia que la Contraloría trató de subsanar mutando escuetamente la fecha de retiro del recurrente dio al traste con la legalidad de las resoluciones acusadas, tal como se verá al resolver el presente recurso.

Consecuentemente la Sala estima que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar, por lo cual habrá de revocarse la sentencia de primer grado resolviendo lo conducente en su lugar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de septiembre de 1998, en el juicio promovido por Elías Cuesta Murillo contra las resoluciones 1410 del 3 de marzo de 1995 y 4012 del 24 de mayo de 1995, expedidas por la Contraloría General de la República. En su lugar, se dispone:

Declárase la nulidad de las resoluciones 1410 del 3 de marzo de 1995 y 4012 del 24 de mayo de 1995, expedidas por la Contraloría General de la República».

(Sentencia de agosto 12 de 1999. Expediente 429-99. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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