Sentencia 38733 de marzo 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 38733

SP3408-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Aprobado Acta 81

Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75, numeral 2º de la Ley 600 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer en segunda instancia de la sentencia condenatoria proferida en primera instancia por el Tribunal Superior de San Gil, Sala Penal, dentro del proceso adelantado contra Juan Eugenio Pinzón Ortiz, ex fiscal 34 seccional de la Unidad de Fiscalías de Puerto López, Meta, cuya calidad se acreditó con la información suministrada por la analista de personal de dirección administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación, seccional Villavicencio(10).

2. En orden a resolver la alzada necesario es precisar, de acuerdo con la sustentación expuesta por el procesado, que la Sala enfrentara los siguientes problemas jurídicos: (i) si en desarrollo de la indagatoria se incurrió en irregularidades que afectaron el derecho de defensa del procesado. (ii) si la conducta por la que este fue acusado tiene relevancia para el derecho penal y, en consecuencia, si concurren los presupuestos procesales de certeza acerca de su existencia y de la responsabilidad de aquel para proferir sentencia condenatoria.

2.1. La nulidad de la actuación por violación al derecho de defensa.

El argumento basilar sobre el cual el recurrente manifiesta que dentro de la actuación se le desconoció el derecho de defensa, estriba en que al terminar la indagatoria la Fiscalía no le hizo ninguna imputación jurídica, es decir, no lo enteró acerca de la hipótesis delictiva respecto de la cual se adelantaba la investigación, hecho que, aduce, le impidió realizar una defensa técnica.

Acerca de la temática aludida el a quo se pronunció en la audiencia preparatoria, circunstancia a pesar de la cual la Corte procederá a resolver lo pertinente, bajo el entendido que la posibilidad de plantear la nulidad por violación al derecho de defensa no se agota con su alegación y resolución en dicha oportunidad procesal.

Así, acerca de las nulidades procesales la jurisprudencia de la Sala reiteradamente ha señalado que para la configuración de los diferentes motivos de invalidación de la actuación necesariamente se debe observar el principio de trascendencia, conforme con el cual las consecuencias adversas de la actuación viciada afectaron el trámite subsiguiente, en este caso, según el censor, porque al terminar la indagatoria el instructor no le informó por qué delito se adelantaba la actuación, circunstancia que le impidió el ejercicio del derecho de defensa.

Es que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 306 y 310 de la Ley 600 de 2000, la nulidad solamente procede cuando se acredita de manera suficiente la afectación del derecho de defensa del sindicado, el debido proceso o las garantías de los intervinientes, como se precisó en CSJ, SP, 3 mayo 2007, Radicado 23486; CSJ, AP 377, 5 febrero 2014, Radicado 41717 y CSJ, SP 1850, 19 febrero 2014, Radicado 43002, entre otros.

En este caso la Fiscalía, a pesar de que formalmente no cumplió la obligación de informarle al sindicado en la injurada por qué delito lo procesaba, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338 ibídem, celosamente, desde cuando ordenó la apertura de instrucción, señaló procedía por el de privación ilegal de la libertad, circunstancia que le reiteró en las citaciones efectuadas para que compareciera a dicha diligencia, de modo que la omisión referida no le impidió defenderse técnica y materialmente de esa imputación(11).

En efecto, en la comunicación por medio de la cual se le llamó a indagatoria(12) se le advirtió se procedía “...por el delito de “privación ilegal de la libertad”, en atención de la denuncia que formuló el señor Édgar Carrillo Loaiza, por su actuación irregular como fiscal 34 seccional de Puerto López, en relación con la captura que dispuso dentro del proceso1209 por el delito de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público en contra del quejoso”.

Y, en la indagatoria manifestó: “...yo no me acuerdo de nada de eso porque los hechos sucedieron en el año 2006, yo me entero de toda la situación por notificación que me hiciera su señoría a través de escrito en el que se me indica que se le ha abierto una investigación penal por denuncia que instaurara Carrillo Loaiza, según hechos que sucedieron en el municipio de Puerto López, en esas circunstancias me acerqué ante la secretaría de este despacho y solicité fotocopias informales de la actuación con el fin de enterarme y ahí fue donde leí todas las diligencias que tienen que ver con los hechos de la denuncia...”.

Lo anterior trasunta al entendimiento que pese a que no se le efectuó imputación jurídica de manera expresa en la injurada, Juan Eugenio Pinzón Ortiz, de manera anticipada y durante el interrogatorio que le efectuó el instructor, fue enterado tanto de lo fáctico como de lo jurídico, es decir, no desconoció el supuesto por el cual la Fiscalía lo vinculó a este proceso.

En síntesis la situación no es diferente y mejor para el procesado con el infundado yerro que se le atribuye al fallador de primer grado, porque compareció a rendir indagatoria por el delito de privación ilegal de la libertad, así se le anunció en la resolución de apertura de investigación, se le indicó en las comunicaciones que le fueron enviadas y confirmó durante el interrogatorio que se le formuló, con fundamento en la prueba legal, regular y oportunamente aportada.

De este modo, la omisión denunciada por el censor carece de trascendencia jurídico-procesal, pues previo a su vinculación mediante indagatoria, fue enterado por diferentes medios del delito por el cual se procedía, cuya denominación jurídica no fue variada en la fase de la instrucción ni en el juicio, es decir, se mantuvo indemne desde cuando se anunció en la resolución de apertura de instrucción,(13) amén de que el interrogatorio que se le formuló en dicha diligencia giró alrededor de los aspectos fácticos relacionados con la privación ilegal de la libertad de Édgar Carrillo Loaiza.

En consecuencia, no se accederá a decretar la nulidad de la actuación.

2. El delito de privación ilegal de la libertad y la responsabilidad del acusado.

En relación con este punto, el procesado argumentó, en primer lugar, que fue condenado por una conducta inexistente; sin embargo, seguidamente, de manera contradictoria, manifiesta que procesalmente no se demostró su participación en el ilícito, y más adelante admite su actuación, pero asegura la realizó bajo el convencimiento errado e invencible de que en su conducta no concurría ningún hecho constitutivo de la descripción típica, o que se configuran los presupuestos objetivos de una causal que excluye la responsabilidad; y, finalmente asegura no obra certeza acerca de la ocurrencia del hecho y de su responsabilidad.

Las diversas hipótesis presentadas por el recurrente desconocen el principio lógico de no contradicción, conforme con el cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, atendiendo que probatoriamente se encuentra demostrado que la privación de la libertad de Édgar Carrillo Loaiza fue consecuencia de su actuación dentro del proceso penal que adelantaba en contra de este y Jairo Rodríguez, por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, circunstancia que per se demuestra que contrario a lo afirmado, ejecutó un comportamiento humano voluntario con repercusiones jurídico procesales, la Sala se concentrará exclusivamente en la presunta configuración del error de tipo, contemplado en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal, aunque también adujo que no obró con dolo.

En tal sentido necesario es recordar que la esencia del delito de privación ilegal de la libertad dimana del contenido del artículo 28 de la Constitución Política, el cual afianza el derecho a la libertad, de modo que solamente puede ser afectada en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente y por motivo previamente definido en la ley, además de que expresamente prevé que no podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas.

El delito aludido solamente tiene cabida cuando el funcionario judicial investido de competencia para afectar el derecho a la libertad, en el sistema procesal de la Ley 600 de 2000 los fiscales y los jueces, abusando de las funciones en ellos discernidas, privan de la libertad a una persona excediendo el marco de su competencia, es decir, cuando la orden emitida para afectar ese derecho no se corresponde con los supuestos constitucionales y legales que la sustentan, por lo que en tratándose de casos adelantados bajo la égida de la ley en cita, la misma se restringe a los casos de captura para indagatoria y cumplimiento de la detención preventiva.

Frente a la hipótesis de la orden de captura para oír en indagatoria al sindicado, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 331 del mismo ordenamiento, el Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán la apertura de instrucción indicando los fundamentos de la decisión, las personas por vincular y las pruebas a practicar, decisión que necesariamente debe sobrevenir como resultado del estudio previo acerca de si ha ocurrido la conducta denunciada, si está descrita en la ley como punible, si se ha actuado bajo el amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple los requisitos de procesabilidad para iniciar la acción penal y la individualización o identificación de los presuntos autores o partícipes, aspectos respecto de los cuales, con fundamento en el artículo 322 ejusdem, cuando se presenta duda sobre cualquiera de ellos, es indispensable ordenar una investigación previa.

Por consiguiente, tanto la apertura de instrucción, como la orden de captura para oír al sindicado en indagatoria, deben obedecer a cuestiones eminentemente sustanciales, es decir, una y otra decisión tienen que corresponder a motivos previamente fundados en la ley, los cuales hacen parte de los derechos fundamentales de libertad y debido proceso, previstos en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política.

En tales condiciones, la apertura de instrucción y las decisiones orientadas a limitar la libertad de locomoción del imputado, no puede ser producto de un acto caprichoso o arbitrario del funcionario, aun cuando uno de los fines de la investigación sea determinar si se ha infringido la ley penal, como lo disponen los artículos 331, 336 y 341 de la Ley 600 de 2000.

En el caso bajo examen del contenido de la denuncia presentada contra Jairo Rodríguez y Édgar Carrillo Loaiza no refulgía con claridad la comisión de los delitos de fraude procesal, fraude a resolución judicial y falsedad ideológica en documento público, por los cuales fueron denunciados, porque aunque la queja daba cuenta de una conducta orientada a insolventarse para evadir el pago de una eventual condena de perjuicios dentro de otro proceso penal adelantado contra el primero de los mencionados, al que fue vinculado luego de que dispuso de los bienes, circunstancia esta que, per se, advertía como improbable la comisión de los aludidos delitos.

Además, respecto de Édgar Carillo Loaiza, el abogado Ríos Carvajal de manera insistente le advirtió se trataba de una persona “que merece respeto y no debe estar conciente (sic) del delito cometido por Rodríguez, pues es un humilde vaquero que le presta sus servicios en las actividades que lo utiliza...”,(14) lo cual constituía un motivo adicional para que el ex fiscal Pinzón Ortiz actuara prudentemente frente a la afectación del derecho a la libertad de aquel.

Más aún, al final de la indagatoria de Édgar Carrillo Loaiza, su defensor, con fundamento en razones fácticas y jurídicas adecuadamente expuestas, le explicó por qué consideraba que la conducta de su prohijado no configuraba ninguno de los delitos denunciados, por lo que le solicitó lo dejara en libertad incondicional, a pesar de lo cual el funcionario, mediante oficio de 13 de enero de 2006, ordenó al comandante de la estación de Policía de Puerto López mantenerlo “en calidad de custodia” mientras le resolvía la situación jurídica.

No obstante, el lunes siguiente, 16 de enero de 2006, procedió a liberarlo sin resolverle la situación jurídica, con fundamento en el escrito que presentó el abogado Pablo Julio Ríos Carvajal, por medio del cual le manifestó que Jorge Bedoya Londoño, su cliente, con fundamento en el artículo 41 de la Ley 600 de 2000, había adelantado “conciliación” extraprocesal con Jairo Rodríguez, quien lo indemnizó integralmente pagándole los perjuicios a satisfacción, circunstancia por la cual desistía de la acción penal.

La forma en que procedió el ex fiscal, contrario a lo que afirmó en la sustentación del recurso, revela que a ciencia y paciencia realizó un comportamiento humano [conducta] orientado de comienzo a fin, a lograr que Édgar Carrillo Loaiza y Jairo Rodríguez accedieran a las pretensiones económicas de Jorge Bedoya Londoño relacionadas con un negocio precedente de semovientes que había realizado con Jairo Rodríguez, conexo además con hechos por los cuales este fue investigado y acusado en otro proceso penal que, para la época de los sucesos investigados, estaba en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López, donde se adelantaba la etapa del juicio.

Luego si como lo anunció el procesado en el oficio que dirigió al comandante de la Policía de Puerto López, Édgar Carrillo Loaiza debía permanecer privado de la libertad mientras le resolvía la situación jurídica, así hubiera procedido, absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento porque las pruebas que hasta ese momento había recaudado descartaban la comisión de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y fraude a resolución judicial, y con mayor razón cuando el denunciante insistentemente refirió que aquel desconocía la trascendencia jurídica de su comportamiento.

El anterior aserto encuentra respaldo en la decisión adoptada el 22 de junio de 2006, seis meses después de la indagatoria, por otro fiscal, quien con fundamento en la misma prueba de que disponía el doctor Juan Eugenio Pinzón Ortiz, precluyó la investigación a favor de Édgar Carrillo Loaiza y Jairo Rodríguez, porque las conductas por las cuales fueron denunciados “no tienen asidero jurídico”, o, dicho de otro modo, eran inexistentes.

Así, cuando el ex fiscal procesado se abstuvo de dejar en libertad a Édgar Carrillo Loaiza, conforme lo solicitó el defensor, no solo lo privó ilegalmente de la libertad, sino que facilitó que al abogado Pablo Julio Ríos Carvajal aprovechara tal circunstancia para forzarlo bajo la amenaza de causarle un mal mayor por su eventual traslado a la cárcel de Villavicencio, a entregar 2 millones de pesos en efectivo y suscribir una letra de cambio por la suma de 23 millones, utilizada posteriormente en un proceso ejecutivo dentro del cual le fueron embargados sus bienes y salario(15).

En consecuencia, la afirmación del procesado de que obró bajo la circunstancia excluyente de responsabilidad prevista en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal, no es más que un vano subterfugio para evadir su responsabilidad, porque su actuación dentro del aludido proceso evidencia que inusitadamente y de manera apresurada ordenó la apertura de instrucción con base en una denuncia que ofrecía dudas acerca de la existencia de las conductas delictivas atribuidas a los sindicados, además de que conoció lo sucedido durante el fin de semana que Édgar Carrillo Loaiza estuvo privado de la libertad, por lo que, para ser consecuente con ello, no debía resolverle la situación jurídica a los sindicados, cuyo sentido, de haberlo hecho, no podía ser diferente al que posteriormente consideró el funcionario judicial que precluyó la investigación a los procesados, fue una forma de no dificultar la actuación del abogado Pablo Julio Ríos Carvajal, ante los evidentes vicios del consentimiento de Carrillo Loaiza en la transacción celebrada.

En este sentido, obsérvese que el abogado Ríos Carvajal de forma habilidosa en el escrito mediante el cual desistía de la acción penal, acerca del cual tampoco se pronunció el ex Fiscal Juan Eugenio Pinzón Ortiz, informó que Jorge Bedoya Londoño “concilió extraprocesalmente” con Jairo Rodríguez, cuando lo cierto es que el acuerdo lo hizo con Édgar Carrillo Loaiza, a quien constriñó de la forma referida atrás.

Al respecto también debe tenerse en cuenta que el abogado en mención adoptó precauciones en orden a atomizar su responsabilidad frente a los hechos, pues puso a un tercero a recibir el dinero y la letra de cambio entregados por Édgar Carillo Loaiza para evitar su eventual traslado a la Cárcel de Villavicencio.

Tampoco puede dejarse de lado la seguridad del abogado Pablo Julio Ríos Carvajal cuando prometió a Carrillo Loaiza y a los familiares de este que tan pronto cumplieran lo exigido hablaría con el fiscal para que lo liberara, en franco desconocimiento de que su labor es de medio y no de resultado, además de que los delitos atribuidos a los procesados no admiten el desistimiento como forma de terminación anormal, luego para que se materializara dicha promesa, como efectivamente ocurrió, tenía que haberlo convenido con el ex fiscal Pinzón Ortiz, por esto fue por lo que este, a escaso tiempo de haber recibido el memorial de desistimiento de la acción penal, procedió a dejarlo en libertad, se itera, sin resolverle la situación jurídica.

En tales condiciones no puede afirmarse que el procesado ignoraba que su comportamiento se adecuaba a un tipo penal (C.P., art. 32, num. 10), o dicho de otra manera, que desconocía que con el mismo afectaba ilegalmente el derecho a la libertad de Édgar Carrillo Loaiza, así como la detención domiciliaria de Jairo Rodríguez, quien para ese momento se encontraba privado de la libertad por cuenta del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López, por lo que no debió librar orden de captura en su contra sino simplemente solicitarlo en remisión con la previa autorización del juez.

El registro fáctico y probatorio hecho establece la existencia material y jurídica de la conducta por la que se condenó a Pinzón Ortiz, que dada su experiencia y cultura jurídica, la sencillez de los problemas jurídicos a resolver y lo evidente de la situación para que no se obrara de la manera que se hizo, se tiene que aceptar con certeza que el proceder delictivo se ejecutó con dolo en el asunto sub judice.

Finalmente, a propósito de la situación de Jairo Rodríguez, debe precisarse que en este asunto el ex Fiscal Juan Eugenio Pinzón Ortiz fue procesado y condenado por la privación ilegal de la libertad respecto de Édgar Carrillo Loaiza, pues respecto de aquel, el fiscal delegado ante el Tribunal de Villavicencio al calificar el mérito del sumario consideró se tipificaba el delito de abuso de autoridad en consideración a que se encontraba privado de la libertad; sin embargo, como no presentó querella de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, que aplicó por virtud del principio de favorabilidad, consideró operaba el fenómeno de la caducidad de la misma y le precluyó la investigación por tal hecho.

3. Conclusión.

Como corolario de lo expuesto, teniendo en cuenta que la actuación fue adelantada legalmente y que probatoriamente se encuentra demostrada la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado, respecto de quien no procede la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, la Corte negará la nulidad solicitada y confirmará el fallo recurrido.

4. Otras determinaciones.

Teniendo en cuenta que la privación ilegal de la libertad de Édgar Carrillo Loaiza devino como consecuencia de la apertura de instrucción fundamentada en la situación fáctica que le presentó el abogado Pablo Julio Ríos Carvajal, la cual apenas resultaba suficiente para iniciar una investigación previa, se ordenará la expedición de copias de la actuación con destino a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Villavicencio para que se determine si el ex funcionario judicial incurrió en otras infracciones a la ley penal habida consideración de las decisiones adoptadas y omitidas.

Igualmente, se dispondrá la expedición de copias con destino a las fiscalías seccionales de Villavicencio para que se establezca si el abogado Pablo Julio Ríos Carvajal infringió la ley penal con su comportamiento observado en los hechos que dieron origen a la presente investigación, y de los que da cuenta Lina Sofía Carrillo, entre otros.

En caso de que contra el ex fiscal y abogado en mención curse investigación por los aludidos delitos, las copias pasaran a formar parte de la respectiva actuación, debiendo el instructor verificar si la acción penal está vigente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DENEGAR la nulidad invocada por el sentenciado Juan Eugenio Pinzón Ortiz.

2. CONFIRMAR en su integridad la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil en la causa adelantada contra Juan Eugenio Pinzón Ortiz por el delito de privación ilegal de la libertad.

3. EXPEDIR, por la Secretaría de la Sala, las copias referidas en el capítulo de otras determinaciones.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) Folios 23 -28 del c.o. 1.

(11) Folio 166, cuaderno de instrucción.

(12) Folio 124, cuaderno de instrucción.

(13) Folio 120 c.o. 1.

(14) Folios 1 y 2, cuaderno de anexos.

(15) Folios, 35 - 36 c.o. 1