Sentencia 3880 de febrero 19 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA

CONTRALORES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

COMPETENCIA NORMATIVA SUBSIDIARIA

EXTRACTOS: «El ciudadano y abogado Gustavo Tamayo Arango, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del CCA, demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de la Resolución 30 de 26 de diciembre de 1995, “Por la cual se modifica el reglamento de vigilancia de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta y otras con participación del Distrito Capital”, expedida por el Contralor del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

(...).

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Luego del estudio de los antecedentes que atrás se han consignado, la Sala considera que el problema jurídico de fondo a resolver en esta instancia consiste en determinar si el Contralor del Distrito Capital de Santafé de Bogotá tenía competencia para expedir el acto acusado, mediante el cual modificó el reglamento de vigilancia de la gestión fiscal de las sociedades de economía mixta y otras con participación del Distrito Capital, como lo concluyó el a quo en la sentencia recurrida, o, por el contrario, carecía de ella, como lo sostiene el apelante, con el argumento central de que el Contralor General de la República es el único funcionario autorizado por la Constitución y por la ley para establecer los procedimientos que se deben aplicar para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de dichas sociedades, a lo cual procedió por medio de la Resolución 3466 de 1994, que, según sostiene el recurrente, regula total e íntegramente los procedimientos, razón por la cual no requería de reglamentación alguna.

Como marco de referencia para el análisis del problema jurídico planteado, a continuación se transcriben las normas constitucionales y legales que la Sala estima pertinentes para tal efecto:

Constitución Política

“ART. 268.—El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado (...).

4. Exigir informes sobre su gestión a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos de la Nación (...).

12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.

13. Las demás que señale la ley.

ART. 272.— (inciso sexto)

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de la jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal...”.

LEY 42 DE 1993

“ART. 6º—Las disposiciones de la presente ley y las que sean dictadas par el Contralor General de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 268 numeral 12 de la Constitución Nacional, primarán en materia de control fiscal sobre las que puedan dictar otras autoridades.

ART. 21.—La vigilancia de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que el Estado tenga en el capital de la sociedad, evaluando la gestión empresarial de tal forma que permita determinar que el manejo en los recursos públicos se realice de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 8º de la presente ley (...).

PAR. 2º—La Contraloría General de la República establecerá los procedimientos que se deberán aplicar en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo”.

Cabe agregar, que en el capítulo IV —artículos 13 a 23— de la Resolución Orgánica 3466 del 14 de junio de 1994, “por la cual se dictan normas sobre la rendición y revisión de cuentas, el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva”, expedida por el Contralor General de la República, se establecen las normas relativas a la vigilancia de la gestión fiscal de las sociedades de economía mixta y otras en que el Estado participe.

Precisado lo anterior, y luego del estudio armónico y sistemático de las normas transcritas, la Sala observa, considera y concluye lo siguiente:

1. Como quiera que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 42 de 1993, las disposiciones que dicte el Contralor General de la República en ejercicio de las facultades conferidas par el artículo 268-12 de la Carta Política, para armonizar los sistemas de control fiscal de las entidades públicas del orden nacional y territorial, dentro de las cuales indiscutiblemente se encuentran las contenidas en la Resolución Orgánica 3466 de 1994, son de carácter general, como se consigna en dicha norma constitucional, ello lleva a concluir que tales disposiciones, por su misma generalidad, no necesariamente regulan todos los detalles y aspectos que deben ser tenidos en cuenta para hacer realmente efectivos los sistemas de control fiscal, sino el marco básico para armonizar tales sistemas.

2. En concordancia con lo anterior, la Sala considera que si el artículo 272 de la Carta Política atribuye a los contralores departamentales, distritales y municipales, en el ámbito de su jurisdicción, las mismas funciones que atribuye el artículo 268 ibídem al Contralor General de la República, ello implica que el constituyente previó la posibilidad de que tales contralores puedan dictar normas en materia de control fiscal, entre éstas, las relativas a la materia indicada en el citado artículo 268-12, siempre y cuando no sean contrarias a las contenidas en la Ley 42 de 1993, y a las que expida el mencionado funcionario en ejercicio de las facultades a él conferidas en el referido artículo 268-12, por tener el carácter de prevalentes, como lo determina el artículo 6º del mencionado ordenamiento legal.

3. En consecuencia, la Sala considera, en un todo de acuerdo con lo expuesto por el a quo en la sentencia apelada, que los contralores en las entidades territoriales tienen constitucionalmente asignada una competencia normativa subsidiaria en materia de control fiscal, residual de la ejercida por el Contralor General de la República, cuyo válido ejercicio está condicionado a que las disposiciones de carácter general que expida dicho funcionario para armonizar los sistemas de control fiscal, requieran ser precisadas en algunos de sus aspectos, y no los desconozcan o contraríen, con el fin de hacer más efectiva las condiciones de aplicación de los sistemas de control fiscal en cada uno de los entes territoriales.

4. Todo lo expresado lleva a concluir, que al limitarse el acto acusado a reproducir en esencia los mecanismos de control fiscal consignados en la Resolución Orgánica 3466 de 1994, y precisar respecto de algunos de ellos determinados aspectos y requisitos, como lo observó el a quo ha de adoptarse la determinación de confirmar la sentencia apelada».

(Sentencia de febrero 19 de 1998. Expediente 3880. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

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