Sentencia 38836 de julio 7 de 2010

 

Sentencia 38836 de julio 7 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 38836

Acta 23

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de Gilma Stella Montoya Ruiz contra la sentencia de 19 de septiembre de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido por la recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales.

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil diez.

I. Antecedentes

1. En lo que interesa a los efectos del recurso extraordinario, basta señalar que la ciudadana Gilma Stella Montoya Ruiz solicitó pensión de sobrevivientes, y sanción por no pago o indexación.

En apoyo de su pedimento adujo que contrajo matrimonio con el pensionado del Instituto Miguel Antonio Gaviria Osorio, antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003, por lo que no puede exigírsele el tiempo de convivencia de 5 años para ser beneficiaria de la prestación de supervivencia. Su cónyuge falleció el 30 de abril de 2004.

2. El instituto respondió el libelo, frente a los hechos manifestó que los consideraba ciertos si obraban en el expediente las pruebas respectivas. Se opuso a las pretensiones porque la muerte del pensionado ocurrió en vigencia de la Ley 797 de 2003, sin que su cónyuge cumpliera el requisito de convivencia para ser acreedora del derecho deprecado. Propuso las excepciones de prescripción e imposibilidad de condena en costas.

3. Mediante fallo de 14 de agosto de 2007, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, condenó al instituto al pago a favor de la actora de la pensión de sobrevivientes, a partir del 30 de abril de 2004. Por concepto de mesadas causadas impuso la suma de $ 29.033.266,63, y por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, $ 10.625.236,28. El valor de la mesada lo fijó para la fecha de la sentencia en $ 649.551.

II. Sentencia del tribunal

El tribunal en sentencia de 19 de septiembre de 2008, revocó la del juzgado y absolvió al instituto de todos los cargos.

En lo que incumbe a los efectos del recurso, señaló el juzgador ad quem que la norma aplicable a la controversia es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que exige 5 años de convivencia continuos con el pensionado fallecido con anterioridad a la muerte, para efectos del derecho a la pensión de sobrevivientes, los cuales no cumple la demandante. En efecto, “la señora Gilma Stella convivió con el señor Gaviria Osorio, hasta el momento de su muerte, pero no hizo vida común con el fallecido, durante los cinco años anteriores a su deceso”.

Agregó que:

“Al caso no es aplicable el principio de la favorabilidad porque no existe un conflicto normativo. Entonces, la normatividad aplicable al caso, es la contenida en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, porque, a pesar que el causante falleció el 30 de abril de 2004 y su calidad de pensionado y convivencia conyugal, son anteriores al 29 de enero de 2003, fecha en que entró en rigor la Ley 797 de la misma anualidad, en estos casos no se trata de un derecho adquirido, porque la pensión de sobrevivientes no se causa en vida del pensionado a favor de la cónyuge, sino que se causa con la muerte del primero, siempre y cuando sus beneficiarios sobrevivan al de cujus y cumplan con los requisitos de ley. Se ajusta a derecho que una norma súbitamente cambie las condiciones de causación para gozar de un derecho como es la pensión de sobrevivientes, porque no existe disposición constitucional que impida al legislador cortar las meras expectativas o esperanzas, frente a un derecho no adquirido y, contrario sensu, los derechos concretados no pueden ser menoscabados por nuevas leyes”.

III. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y su réplica.

Pretende el impugnante que la Corte case la sentencia del tribunal, y en sede de instancia confirme el fallo del juzgado.

Con tal fin formula cuatro cargos, así:

Cargo primero. Acusa la sentencia por vía directa por “interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (con la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003), en relación con los artículos 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993, 61 del Código de Procedimiento Laboral artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

En el desarrollo sostiene el censor que la interpretación de las normas que gobiernan el tema de la seguridad social debe hacerse desde la perspectiva de los fines que trazó el constituyente al elevar a rango constitucional la especial protección a la familia. Si bien es cierto que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, consignó la exigencia de convivencia de por lo menos 5 años anteriores al deceso del pensionado o afiliado, tal requisito solo es exigible para aquellos que hayan contraído nupcias o hayan iniciado convivencia después de la vigencia de tal normativa o no hayan satisfecho tal requisito en la legislación antecedente.

Añadió el impugnante que los pensionados que habían satisfecho una convivencia de dos años o más antes de la nueva ley, tenían no una expectativa sino un derecho adquirido a que sus derechohabientes lo sustituyeran en la prestación, lo cual no puede ser desconocido por una norma posterior.

Cargo segundo. Acusa por la vía directa, por infracción directa “del artículo 58 de la Constitución Nacional y del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original (en relación con los artículos 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993), lo que condujo a la indebida aplicación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 (modificatorio del 47 de la Ley 100 de 1993). Artículos 42, 48 y 53 de la Constitución Nacional y 61 del Código de Procedimiento Laboral”.

En la demostración afirma el censor que si para la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003 la pareja del sub lite ya tenía los dos años de convivencia que exigía el original artículo 47 de la Ley 100 de 1993, “es claro que el tribunal está violentando los derechos adquiridos cuyo respeto reclama el artículo 58 superior y de paso también desconoce el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuya vigencia en el caso de autos es indiscutible, atendiendo como se dijo, la protección de los derechos adquiridos que consigna la norma constitucional atrás aludida”.

Cargo tercero. Acusa la sentencia por la vía directa, por “aplicación indebida del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, e infracción directa … del primigenio artículo 47 de la Ley 100 de 1993 sin la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los artículos 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993, 61 del Código de Procedimiento Laboral, artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

En la sustentación aduce el censor que en este caso es aplicable el principio de la condición más beneficiosa o el principio de favorabilidad, dado que la demandante y el pensionado fallecido habían convivido más de dos años al 29 de enero de 2003, inicio de vigencia de la Ley 797 de 2003, y que era el tiempo que exigía el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original para que el causante dejara derecho a la pensión de sobrevivientes.

El opositor manifiesta que la jurisprudencia ha sido clara respecto a que es ineludible para el cónyuge o compañero (a) permanente, la demostración de la existencia de la convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante los cinco años continuos antes de este, en vigencia del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

IV. Consideraciones de la Corte

La Corte procederá al estudio conjunto de estos tres cargos, en atención a que se orientan por vía directa, acusan similar elenco normativo y persiguen el mismo objetivo.

Se ha de precisar que como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. Esto es así, porque la pensión de sobrevivientes tal como fue consagrada en el sistema general de pensiones y antes en los reglamentos del seguro social, es un derecho autónomo que nace o se estructura con la muerte del afiliado o pensionado, y por ende es la normatividad que rige en ese momento, la que gobierna el derecho que así se consolida.

Por lo tanto para efectos de la pensión de sobrevivientes antes de que ocurra la muerte del afiliado o pensionado, no puede hablarse de derechos adquiridos por parte de los beneficiarios, y entonces, mientras ese hecho no se presente, si el legislador en virtud de la facultad de configuración que en materia de seguridad social le es reconocida constitucionalmente por el artículo 48 superior, introduce modificaciones a la norma como ocurrió con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 respecto del 47 de la Ley 100 de 1993 al aumentar el requisito de convivencia para el cónyuge y compañero(a) permanente de dos a cinco años, no podrá alegarse por quien cumplió el término de vida en común prescrito en la normatividad anterior, la protección de derechos adquiridos, pues por no haber sucedido el hecho de la muerte no se tenía causado derecho alguno. 

Esta situación es distinta a la que se presentaba en regulaciones anteriores, donde se trataba de la transmisión de derechos pensionales a los beneficiarios de quien había estructurado el derecho a la pensión de jubilación, como se concibió inicialmente en las pensiones de empresas y en el sector público.

Ahora bien, no puede invocarse la aplicación del principio de favorabilidad por no presentarse aquí un conflicto entre normas vigentes, pues el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en la versión que el recurrente pretende se aplique al sub lite había sido modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 

En este caso, como no se discute que el causante falleció el 30 de abril de 2004, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; y como también es un hecho admitido dada la orientación jurídica de los cargos, que la pareja de que aquí se trata no tuvo vida en común de por lo menos cinco años continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado, se ha de concluir que no incurrió el sentenciador en los yerros jurídicos que se le endilgan. 

Finalmente, para responder a la argumentación del impugnante sobre el principio de progresividad en materia de seguridad social, resulta oportuno recordar las enseñanzas de la Sala plasmadas en sentencia de 2 de septiembre de 2008, rad. 32765:

“… no desconoce la Sala la obligación de progresividad con que el Estado debe ofrecer la cobertura en la seguridad social, la cual como ya lo ha dilucidado la jurisprudencia constitucional, no es un principio absoluto sino que debe estar sujeto a las posibilidades que el sistema tenga de seguir ofreciendo unas prestaciones sin que se afecte la sostenibilidad financiera del sistema.

El juicio de progresividad comparando lo que ofrece la legislación nueva respecto a la anterior, no puede responder a una mera racionalidad del interés individual que se examina, sino que en correspondencia con la naturaleza de la seguridad social, debe atender la dimensión colectiva de los derechos tanto de los que se reclaman hoy como de los que se deben ofrecer mañana.

Según señalan los convenios internacionales que fundan la seguridad social, esta debe entenderse como una economía del bienestar justa que comprenda a las generaciones presentes, pasadas y futuras. A manera de ilustración, el numeral 3º del artículo 12 del Código Iberoamericano de Seguridad Social aprobado por la Ley 516 de 1999 establece que ‘3. Los Estados ratificantes recomiendan una política de racionalización financiera de la seguridad social basada en la conexión lógica entre las diferentes funciones protectoras de esta, la extensión de la solidaridad según sus destinatarios, y la naturaleza compensatoria o sustitutiva de rentas de sus prestaciones, que guarde la debida concordancia con las capacidades económicas del marco en que debe operar y basada en el adecuado equilibrio entre ingresos y gastos y la correspondencia, en términos globales, entre la capacidad de financiación y la protección otorgada’.

La deliberada voluntad del legislador en las reformas introducidas al sistema pensional con las leyes 797 y 860 de 2003, propenden a asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo”.

Por las razones anteriores los cargos no prosperan.

Cargo cuarto. Acusa la sentencia por vía indirecta, por “aplicación indebida (violación de medio) de los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 28 y 29 de la Ley 712 de 2001, a consecuencia de lo cual se inaplicaron los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 (D. 758/90), en armonía con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993. Artículos 25, 40, 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Cita como error evidente de hecho: “No dar demostrado contra la evidencia, que la apoderada de la demandada, no cuestionó en la sustentación de la alzada la aplicación del postulado de la condición más beneficiosa al sub lite”.

Denuncia como erróneamente apreciado el escrito de folios 55 a 58, que contiene la sustentación de la apelación.

En el desarrollo de la acusación asevera el impugnante luego de transcribir los artículos 66 y 66 A adicionado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que “una desprevenida lectura del escrito con que la apoderada del instituto accionado pretendió la sustentación del recurso de apelación, permite colegir que allí el impugnante no argumentó en defensa de la inaplicabilidad al sub lite del principio de la condición más beneficiosa y si ese puno no fue cuestionado, no podía el tribunal estudiarlo, so pena de violentar la consonancia que la norma aludida le impone al operador jurídico”.

V. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón al impugnante en cuanto el instituto demandado en el recurso de apelación, se opuso de manera expresa a la aplicación de la condición más beneficiosa en este caso, y explicó los motivos de su desacuerdo con los argumentos del juzgador de primera instancia en este punto específico.

Pero independientemente de lo anterior, la acusación al fallo gravado que contiene el cargo resultaría intrascendente, pues en virtud del principio de derecho procesal iuris novit curia el juzgador quien es el que conoce el derecho, debe aplicar la norma que regula la controversia aunque no haya sido la invocada por las partes. Esto es, en el sub lite no se afecta la consonancia cuando el juez aplica el precepto legal que gobierna el pleito a pesar de que no hubiera sido el citado por el recurrente, pues ello no implicaría modificación en las materias objeto del recurso de apelación.

El cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de diecinueve (19) de septiembre de dos mil ocho (2008) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido por Gilma Stella Montoya Ruiz contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».