Sentencia 38848 de mayo 11 de 2010

 

Sentencia 38848 de mayo 11 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 38848

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Acta 15

Bogotá, D.C., mayo once de dos mil diez.

EXTRACTOS: «III. Demanda de casación

Inconforme con la anterior determinación, la parte demandante interpuso el recurso de casación, con el siguiente contenido:

Alcance de la impugnación

”Con la presente demanda de casación pretendo que la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia 007… proferida…, el 31 del mes de enero de 2008…, y una vez constituida en sede de instancia se sirva CONFIRMAR la sentencia..., proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura…, por medio de la cual se condenó a la entidad demandada de las pretensiones formuladas en al demanda…”.

Con tal propósito presentó dos cargos así:

Primer cargo

“Acuso la sentencia ... de violar la ley sustancial en forma directa, en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes normas legales: Artículo 292 del Decreto-Ley 1333 de 1986, artículo 41 de la Ley 142 de 1994, artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 ;artículo 1º del Decreto 3135 de 1968; artículo 1º del Decreto 3135 de 1968; artículo 1º del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; artículo 2º del Decreto Reglamentario 1950 de 1973; artículo 6º Decreto-Ley 1005 de 1968, artículo 123 de la Constitución Política y artículo 467 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo”.

En la demostración del cargo, señala que si bien es cierto el ad quem concluyó que la situación planteada se debía resolver de conformidad a lo previsto en el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, finaliza el fallo sin determinar si el cargo ocupado por la demandante se clasifica como empleado público o trabajador oficial, pero que al revocar la sentencia debe entender que le dio la calidad de empleado público; por tanto considera que el tribunal no aplicó el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 y 5º del Decreto 3135 de 1968, ya que ante la ausencia de estatutos internos de la entidad, se debía concluir que el cargo desempeñado por la actora se clasificaba como de trabajador oficial.

Que el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 y 5º del Decreto 3135 de 1968, remite a los estatutos de la demandada, que es el instrumento idóneo para determinar cuáles son las actividades de dirección y confianza, a ser desempeñadas por personas que ostenten la calidad de empleados públicos; que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han reiterado que son las juntas directivas que dichas entidades determinan en sus estatutos, que actividades son de dirección o confianza correspondientes a cargos de empleados públicos.

Réplica

Señala el opositor que el cargo está llamado al fracaso toda vez que, no puede señalar el recurrente que el tribunal aplicó indebidamente los artículos 292 del Decreto-Ley 1333 de 1986 y 5º del Decreto 3135 de 1968, para luego señalar que este no aplicó el contenido de las normas ya referidas, presentando contradicción el cargo.

IV. Consideraciones de la Corte

El cargo presenta una deficiencia técnica insuperable como es el acusar al tiempo la indebida aplicación y la no aplicación de normas que regulan la naturaleza de la vinculación de un servidor público a una entidad del Estado; y este error que señala el censor no es un mero lapsus en el planteamiento de la controversia, sino que tiene que ver con el fondo de la decisión como se advierte en el desarrollo del cargo.

Ciertamente el cargo señala una equivocación del tribunal en haber concluido que era un empleado público, situación que está diametralmente alejada de lo asentado por el ad quem.

Por lo anterior se desestima el cargo.

Segundo cargo

Acuso la Sentencia 07 proferida por el … Tribunal Superior del Distrito de Cali Sala Laboral, el día 31 de enero de 2008, de violar la ley sustancial en forma indirecta, en la modalidad de indebida aplicación de los artículos 1494, 1495 y 1506 del Código Civil y artículo 38 del Decreto 2351 de 1965 y artículo 467 y siguientes del Código Sustantivo del trabajo.

a.) No dar por demostrado estándolo, que la convención colectiva de trabajo vigencia 1999-2000 (prorrogada automáticamente hasta el 31 de diciembre del 2003), se aplica a todos los trabajadores oficiales vinculados con Emcali EICE ESP.”

b.) No dar por demostrado estándolo, que Sintraemcali es un sindicato mayoritario, único representante de los trabajadores.

En la demostración del cargo sostiene que el ad quem dejó de aplicar lo establecido en el documento auténtico, como lo son los artículos 1º y 8º del acuerdo convencional 1999-2000, los cuales establecen que el acuerdo convencional se aplicara a todos los trabajadores oficiales de Emcali, y que Emcali seguirá reconociendo a Sintraemcali como único representante legal de sus trabajadores.; que el acuerdo convencional cumple con lo dispuesto en el artículo 1495 del Código Civil, ya que la demandada al suscribir el mencionado acuerdo se obligó con Sintraemcali a aplicar dicha convención a todos sus trabajadores, obligación que fue adquirida de manera voluntaria de conformidad con el artículo 1494 del Código Civil.

Posteriormente el censor transcribe un aparte de la Sentencia T-540 de 2000, proferida por la Corte Constitucional, y cita algunas sentencias proferidas por esta Sala que a su juicio reitera la de la Corte Constitucional.

Finaliza la demostración transcribiendo algunos apartes de los salvamentos parciales de voto proferidos por el Magistrado Gustavo José Gnecco Rad. 33272 y 31976.

Réplica

Señala el opositor que la actora no se ocupó en acreditar que era beneficiaria de la convención colectiva de conformidad con los artículos 470 y 472 del Código Sustantivo del trabajo, debiendo demostrar que era miembro del sindicato; que se hubiese adherido o hubiese ingresado posteriormente al mismo; que el total de los trabajadores sindicalizados excedían la tercera parte del total de los trabajadores de Emcali, o que la extensión hubiese emanado de una decisión gubernamental.

Finalizó su escrito diciendo que la actora no sólo debía demostrar la calidad de trabajadora oficial, sino que también debía acreditar que era beneficiaria de la convención colectiva, acreditando los aportes señalados en el acuerdo convencional, en su cláusula 11 y 10, vigentes para los años 1996-1998, y 199-2000, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003, tal como lo ha enseñado esta Sala de Casación.

IV. Consideraciones de la Corte

La acusación contra la sentencia se hace radicar en que el tribunal dejó de aplicar lo establecido en el documento auténtico, como lo son los artículos 1º y 8º del acuerdo convencional 1999-2000, los cuales establecen que el acuerdo convencional se aplicara a todos los trabajadores oficiales de Emcali, y que Emcali seguirá reconociendo a Sintraemcali como único representante legal de sus trabajadores.

Si bien es cierto que el tribunal, dentro de sus consideraciones pasó por alto analizar el artículo 1º y 8º de la convención colectiva 1999-2000, el censor no destruye el pilar fundamental de la sentencia recurrida, cual fue que la actora no aportó prueba alguna de la cual se pudiera derivar que este es beneficiaria de la convención, al estudiar el artículo 10 del acuerdo convencional, el cual dispone un descuento por beneficio convencional, o prueba de que fuese afiliado del sindicato, o su decisión de adherirse o que el sindicato fuera mayoritario.

Considera esta Sala que, no incurre en error el ad quem toda vez que, de conformidad con los antecedentes jurisprudenciales de esta Sala, —rad. 24492—, “… la condición de beneficiario de la convención colectiva de trabajo no se presume, sino que es menester de acuerdo con la ley, demostrar esa calidad, bien con la prueba de que es afiliado al sindicato que la celebró, o ya porque sin serlo decidió adherirse a sus disposiciones, o que el sindicato agrupa más de las tercera del total de trabajadores de la empresa o por último por disposición o acto gubernamental.

Además en el sub lite, no se puede predicar del recurrente sea beneficiario de la convención colectiva, toda vez que, no demostró el pago los aportes al sindicato, que por acuerdo convencional están consagrados en el artículo 9º del mencionado documento”.

De conformidad con lo anterior, el cargo no prospera.

Con costas a cargo del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 31 de enero de 2008, en el proceso seguido por Liliana de la Cruz Serrano, contra las Empresas Municipales de Cali S.A. ESP Emcali S.A. ESP.

Con costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».