Sentencia 3885 de febrero 6 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA

CONSECUENCIAS CUANDO SE ACEPTA A PARTIR DE FECHA ANTERIOR A LA SOLICITADA

EXTRACTOS: «La demanda. José Gabriel Fonseca Parra, en ejercicio de la acción del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el 8 de junio de 1999, presentó demanda contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, mediante la cual solicitó la nulidad de la Resolución 242 de 9 de febrero de 1999, expedida por la directora general, por la cual se le aceptó a partir dicha fecha, la renuncia del cargo de jefe de división, Código 2040 grado 24 de la división de gestión humana en la sede central.

Como restablecimiento del derecho solicita el reintegro al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría; que se condene a la parte demandada a pagar a título de indemnización, todos los sueldos con sus aumentos y prestaciones sociales dejados de percibir entre el retiro y el reintegro; que para todos los efectos legales se declare que no existió nunca solución de continuidad en la prestación del servicio; y que se ordene dar cumplimiento y aplicación a los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Hechos. Como tales menciona:

— Que el 3 de noviembre de 1998 inició la prestación de sus servicios laborales en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

— Que por escrito de 2 de febrero de 1999 dirigido a la directora general, presentó renuncia al cargo de jefe de la división de gestión humana Código 3020 grado 24, a partir del 1º de marzo de 1999.

— Que contrariando su voluntad la directora general mediante el acto acusado, le aceptó la renuncia pero a partir del 9 de febrero de 1999 y no como lo había expresado en aquélla a partir del 1º de marzo de 1999, lo cual se fraccionó la voluntad única e indivisible del actor.

— Que por lo anterior la administración se atribuyó una discrecionalidad inexistente dado que la renuncia señalaba la fecha de efectividad y además la ley regla la regularidad en la aceptación de dicho acto (fls. 5º y 6º exp.).

(...).

La sentencia de primera instancia. El tribunal de instancia resolvió de la siguiente manera: Accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, declarando nulo el acto administrativo acusado en cuanto le aceptó al actor la renuncia de su cargo a partir del 9 de febrero de 1999 y no a partir del 1º de marzo de 1999, como lo había consignado en su renuncia; ordenando a la demandada a título de restablecimiento reconocer y pagar los sueldos, las prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el 9 de febrero de 1999 hasta el 1º de marzo de 1999, dentro de los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. Negó el reintegro al cargo.

Consideraciones:

En este proceso se debate la legalidad de la Resolución 60424 de 9 de febrero de 1999, expedida por la directora general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que aceptó a partir de la fecha, la renuncia presentada por el actor del cargo de jefe de división, código 2040 grado 24, de la división de gestión humana en la sede central. El a quo, como ya se precisó, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Esta decisión fue apelada.

Para resolver se tendrán en cuenta los siguientes aspectos relevantes:

1. El régimen jurídico de la renuncia.

El artículo 27 del Decreto 2400 de 19 de septiembre de 1968, consagra:

“ART. 27.—Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente.

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio.

La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia deberá determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no podrá ser posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en el abandono del empleo.

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante cualquier otras circunstancias pongan con anticipación en manos del jefe del organismo la suerte del empleado. (...)”.

El Decreto 1950 de 1973, reglamentario de los decretos 2400 de 1968 y 3074 de 1968, sobre el particular, dispuso:

“ART. 111.—La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.

ART. 113.—Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar con el desempeño del mismo caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.

ART. 115.—Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nominadora, la suerte del empleado”.

El artículo 26 de la C.P, prevé:

“ART. 26.—Toda persona es libre de escoger profesión u oficio ...”.

El Decreto 407 de 20 de febrero de 1994, “por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, consagra:

ART. 49.—Causales de retiro. Son causales de retiro para los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, las siguientes: (...).

b) Renuncia regularmente aceptada.

ART. 51.—La renuncia se produce cuando un empleado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, manifiesta en forma escrita, no motivada, espontánea e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio.

La competencia para aceptar la renuncia corresponde a la autoridad nominadora, por medio de providencia, en la que se deberá determinar la fecha de retiro. La fecha que se determina para el retiro no podrá ser posterior a treinta (30) días calendario después de presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el empleado podrá retirarse sin incurrir en abandono del empleo ...”.

Armonizando las disposiciones precedentes, se colige que toda persona que desempeñe un cargo de voluntaria aceptación puede libremente renunciarlo, mediante escrito, en el cual conste la fecha de su efectividad.

2. De la situación fáctica.

El actor en escrito radicado bajo el número 7210 DGH108 del 2 de febrero de 1999, dirigido a la directora general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, presentó renuncia al cargo de jefe de la división de gestión humana código 3020 grado 24 del Inpec, con efectividad a partir del 1º de marzo de 1999. Dicho escrito es del siguiente tenor:

“7210-DGH108

Santafé de Bogotá, D.C., 2 de febrero de 1999.

Doctora

Eugenia Aguilar Rueda

Directora General Inpec

Ciudad.

Estimada señora directora

Tal como se lo había anunciado en diciembre pasado, me permito presentar a usted renuncia al cargo de jefe de la división de gestión humana código 3020 grado 24 del Inpec, la cual espero se haga efectiva a partir del 01 de marzo del corriente año.

Hago propicia esta oportunidad para desearle los mejores éxitos en su gestión al frente de esta entidad, así como en sus asuntos personales y familiares.

Agradezco su atención

Cordialmente

José Gabriel Fonseca Parra”.

Mediante Resolución 424 del 9 de febrero de 1994 expedida por la directora general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se aceptó “a partir de la fecha” la renuncia presentada por el doctor José Gabriel Fonseca Parra, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 6.755.946, del cargo de jefe de división, código 2040 grado 24, de la división de gestión humana en la sede central ...”.

De conformidad con lo anterior se observa que:

La renuncia a términos de los artículos 27 del Decreto 2400 de 1968, 110 del Decreto R. 1950 de 1973 y 51 del Decreto 407 de 1994, se produce cuando existe una manifestación escrita, inequívoca y espontánea del empleado en la que consigna su voluntad de hacer dejación de su cargo.

Del contenido del inciso 3º del artículo 113 del Decreto 2400 de 1968, en armonía con el artículo 113 del Decreto 1950 de 1973, y los artículos 49 y 51 del Decreto 407 de 1994, se infiere que la administración no puede aceptar una renuncia con efectos a partir de una fecha diferente de la que señale el empleado en aquella, dado que el retiro del servicio se produce por la voluntad de éste, y no por decisión unilateral de la administración.

Así las cosas, en el evento de que la entidad nominadora acepte una renuncia a partir de una fecha anterior a la que aparece consignada en el correspondiente escrito, ello implica una modificación unilateral de la voluntad del dimitente en cuanto al señalamiento de la fecha de dejación del cargo.

Ahora en el sub lite conforme al escrito de renuncia del 2 de febrero de 1999, no existe duda acerca de la voluntad inequívoca del actor de hacer dejación del cargo de jefe de división de gestión humana, código 3020 grado 24 del Inpec a partir del 1º de marzo de 1999; luego la administración no podía aceptar su renuncia en fecha anterior a la mencionada, es decir, a partir del 9 de febrero de 1999.

No obstante lo anterior, la Sala considera que el hecho de que la administración hubiese anticipado la fecha de retiro del actor, en el acto acusado, tal situación no torna anulable la totalidad del acto, sino únicamente en cuanto a este aspecto se refiere, pues en el escrito de la renuncia aquel plasmó en forma clara e inequívoca la voluntad libre y espontánea de hacer dejación de su cargo; haciendo de esta manera improcedente ordenar, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro al mismo. Empero y a título de restablecimiento debe sí la administración reconocer y pagar los salarios y prestaciones a que haya lugar, dejados de devengar entre el 9 de febrero de 1999, día en que efectivamente se le aceptó la renuncia y el 1º de marzo de 1999, fecha esta indicada en el escrito de su renuncia, como lo dispuso el a quo, en el fallo apelado.

Dadas las consideraciones precedentes, procede la confirmación de la sentencia de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de febrero 6 de 2003. Referencia 3885-02. Consejero Ponente: Dr. Tarsicio Cáceres Toro).

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