Sentencia 38855 de agosto 28 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Rad. 38855

Acta Nº 30

Bogotá, D.C, veintiocho de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

De entrada es de advertir, que de conformidad con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

En el primero de los errores de hecho, el recurrente le enrostra al tribunal, en esencia: (i) el no haber apreciado que la conducta que le imputó la demandada al actor no está calificada como grave en el reglamento interno de trabajo; (ii) no observar que dicha conducta no fue objeto de diligencia de descargos; y (iii) que la decisión adoptada por el banco fue extemporánea.

Los restantes dislates los hace consistir en que el juzgador se equivocó al no haber estimado que, según la convención colectiva de trabajo, las primas de vacaciones y antigüedad tienen carácter salarial.

Pues bien, delimitado el meollo del asunto, se tiene lo siguiente:

1º) El tribunal no apreció que la conducta que le imputó la demandada al actor no está calificada como grave en el reglamento interno de trabajo, contrato de trabajo, ni en la convención colectiva de trabajo.

Carta de terminación de la relación laboral.

El banco demandado en la comunicación del fenecimiento del vínculo contractual adujo:

“... A juicio del banco con las conductas anteriormente descritas ha incurrido usted en la (s) siguiente (s) justa (s) causa (s) para la terminación unilateral y justificada del contrato de trabajo: a) Grave a (sic) injustificada negligencia que ha puesto en peligro la seguridad de las personas, bienes o cosas (D. 2351/65, art. 7º, num. 4º, lit. a) b. Grave violación de las obligaciones y prohibiciones que le incumbían a usted como trabajador (D. 2351/65, art. 7º, num. 6º, lit. a., en concordancia con los arts. 58 y 60 del CST)” (fl. 106, cdno. 1).

De la lectura de las líneas en precedencia emana claramente que el banco convocado a juicio invocó como causal de terminación del vínculo contractual las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, específicamente el artículo 7º, numerales 4º y 6º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con los artículos 58 y 60 del estatuto laboral, que instituyen las obligaciones y prohibiciones del trabajador, las que, para el tribunal, el actor incumplió, por lo que tuvo la certeza, de acuerdo al elenco probatorio, de la justeza del despido. Luego la sociedad demandada no soportó la decisión en el reglamento interno de trabajo, como parece entenderlo el recurrente.

De otra parte, ya que los cargos giran alrededor de la violación del artículo 7º, aparte A), numeral 6º), estima conveniente la corporación traer a colación lo sostenido recientemente en sentencia del pasado 10 de marzo, Radicación 35.105, así:

“Sobre la hermenéutica del citado texto normativo ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta corporación, entre otras sentencias en la proferida el 18 de septiembre de 1973, en la cual se dijo:

Es indudable que en el numeral 6º del aparte a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, se consagran dos situaciones diferentes que son causas de terminación unilateral del contrato de trabajo. Una es cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo y otra es ... cualquier falta grave calificada como tal en pactos o en convenciones colectivas, fallos arbitrales, contractuales o reglamentos....

En cuanto a la primera situación contemplada por el numeral señalado, es posible la calificación de la gravedad de la violación

(...).

‘En cuanto a la segunda situación contemplada por el numeral referido, es claro que la calificación de la gravedad de la falta corresponde a los pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentarios en que se consagran esas faltas con tal calificativo...’.

El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, edición 1970 dice que falta en su segunda acepción es: Defecto en el obrar, quebrantamiento de la obligación de cada una y en cuanto a la violación indicada:Acción y efecto de violar , y define el verbo violar como infringir o quebrantar una ley o precepto’.

Por lo anterior se concluye que la diferencia entre violación de las obligaciones del trabajador y la falta cometida por el mismo, no es lo que determina la diferencia entre las dos partes del numeral indicado. La violación de las obligaciones y prohibiciones a que se refieren los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye por sí misma una falta, pero esa violación ha de ser grave para que resulte justa causa de terminación del contrato. Por otra parte, cualquier falta que se establezca en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, implica una violación de lo dispuesto en tales actos, que si se califica en ellos de grave, constituye justa causa para dar por terminado el contrato.

En el primer concepto la gravedad debe ser calificada por el que aplique la norma, en el segundo la calificación de grave ha de constar en los actos que consagran la falta ...’.

Y en sentencia de 19 de septiembre de 2001, Radicación 15822, así razonó esta corporación:

Sobre esta facultad, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral ha esbozado en múltiples fallos que la calificación de la gravedad de la falta corresponde a los pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos en los que se estipulan esas infracciones con dicho calificativo. Por ello, cualquier incumplimiento que se establezca en aquellos, implica una violación de lo dispuesto en esos actos, que si se califican de grave, constituye causa justa para fenecer el contrato; no puede, el juez unipersonal o colegiado, entrar de nuevo a declarar la gravedad o no de la falta. Lo debe hacer, necesariamente, cuando la omisión imputada sea la violación de las obligaciones especiales y prohibiciones a que se refieren los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo importante es que el asalariado incurra en una de las faltas calificadas de graves por el reglamento interno de trabajo, sin importar si ella, produjo daño o beneficio para la entidad patronal.

De manera que de conformidad con la primera de las hipótesis establecida en la norma bajo examen, le corresponde al juzgador evaluar la conducta del trabajador y calificarla como grave, y esto fue lo que en esencia aquí ocurrió, dado que el colegiado consideró que el actor fue negligente en el cumplimiento de sus funciones, e incurrió en violación de sus obligaciones y funciones de tal magnitud que ameritaba la terminación del contrato de trabajo por justa causa, es decir que para el tribunal la negligencia del demandante fue el vehículo para violar las obligaciones contractuales como la de vigilar presiones, flujo de gas y plantas deshidratadoras del gaseoducto Ballena - Barranquilla, en la cual tenían que dar datos hora a hora para hacer un seguimiento perfecto al gaseoducto y vigilar todos los parámetros de la parte compresora en conjunto con el operador de Centragas (fl. 430, cdno. 1). Dicho en otras palabras: la negligencia también significó el incumplimiento de órdenes e instrucciones y desde luego incumplimiento de obligaciones”.

De suerte que en el primero de los eventos del numeral 6º, letra a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, le compete al juzgador calificar la gravedad de la conducta, y eso fue lo que precisamente sucedió en el caso bajo escrutinio. En consecuencia, no se requería acreditar pactos, convenciones colectiva de trabajo, fallos arbitrales, contrato individual o reglamento alguno, como lo expone el recurrente.

b) Diligencia de descargos rendida por la señora Nora Isabel Forelo Arenas.

Primeramente, debe advertir la Corte que la anterior probanza no es hábil en la casación del trabajo para estructurar un desacierto de hecho, por cuanto debe ser considerada, para los efectos del recurso, como un documento declarativo emanado de terceros.

La jurisprudencia de la Sala tiene establecido que con arreglo al artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no obstante la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003, los documentos simplemente declarativos, emanados de terceros, deben apreciarse en la misma forma que los testimonios, con lo que solo está reconociendo su propia naturaleza. Así que, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, no pueden por sí solos estructurar un error de hecho evidente en casación.

Así se explicó, entre otras, en la sentencia de 17 de marzo de 2009, Radicación 31484:

“Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2 del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido ‘... mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos...’, ni su apreciación se debe hacer ‘... en la misma forma que los testimonios’, como lo exigía la anterior norma, sino que, simplemente, ‘... se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación’, tal como lo prevé el actual texto legal, y ya lo había previsto el ordinal 2 del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 y lo adoptó definitivamente el artículo el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dichos cambios legislativos no alcanzan a variar la vieja tesis de la Corte de que los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no autentico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse estos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados ‘... en la misma forma que los testimonios’, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción.

“En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, lo documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea”.

De manera que en virtud de lo estatuido en el citado artículo 7º de la Ley 16 de 1969, no puede la Corte analizar los testimonios que se consideran equivocadamente apreciados.

Y como la señora Nora Isabel Farelo Arenas es un tercero en el litigio, no se puede pregonar, como lo pretende el recurrente, que sus manifestaciones tengan la naturaleza de constituirse en una confesión, como si fuera parte en el proceso.

2º) El juzgador de segundo grado se equivocó al no observar que las conductas imputadas al trabajador no fueron objeto de la diligencia de descargos.

En las dos ocasiones que fue citado el actor a la diligencia de descargos, en las actas respectivas quedaron consignados los siguientes aspectos:

Acta celebrada el 20 de septiembre de 2001.

“Ha sido usted citado por los siguientes cargos que se le imputan: descuadre por valor de $ 4.000.000 del día 4 de julio de 2001 (...) Pregunta: El día 29.06.2001, cuando usted como subgerente encargado de la sucursal, siendo las 3:00 p.m., hace entrega de la provisión para el cargue del cajero automático por valor de $ 90 mm, a la funcionaria Nora Farelo Arenas, encargada del mismo. [¿]Qué sucedió ese día[?], [¿]de que (sic) funcionarios se hizo acompañar la señora Nora Isabel Farelo Arenas[?], [¿]Efectuó supervisión desde el momento en que se recibe la plata hasta el momento en que se introduce las gavetas y se cierran las puertas del cajero automático[? ]'”.

Así mismo, se le preguntó al demandante si “el día 29 de junio de las corrientes (sic) se recibió (sic) los $ 90 mm, del cajero principal a satisfacción por usted y de usted a la funcionaria Nora Farelo a satisfacción de ella de acuerdo a lo expresado en acta de descargos efectuado a la funcionaria en fecha 6 de agosto de 2001, de manera breve puede usted describir cual (sic) la función específica (sic) de los funcionarios que colaboraron al cargue del cajero automático como son Davey González, Héctor Guarnizo y Marco Tulio Vegliante y en el momento de depositar las gavetas tuvo usted percepción visual de esto”.

Por su parte, en la diligencia de descargos realizada el 10 de septiembre de 2002, el banco le expresó:

“Usted ha sido citado para escucharlo en descargos en relación con la siguiente falta que se le imputa: incumplimiento a la norma sobre aprovisionamiento y desaprovisionamiento de cajeros automáticos, el cual facilitó la ocurrencia del faltante presentado en cajero automático de la sucursal Plato el día 4 de julio del 2001, en la suma de cuatro millones de pesos Mcte $ 4.000.000 (...) porque (sic) se solicito (sic) la intervención de dos funcionarios para que junto con la señora Nora Farelo hicieran el aprovisionamiento del cajero automático el día 29 de junio del 2001, no teniendo en cuenta lo establecido en la norma 60-05-004 del 30-03-1999, que entre otros apartes señala que el sugerente (sic) es el responsable de todos los aspectos inherentes a la protección del cajero, sin perder el control y supervision (sic), pues la responsabilidad es indelegable”.

Más adelante se le cuestionó en torno a que “porque (sic) se efectuó el conteo del dinero correspondiente al desaprovisionamiento del cajero del día 4 de julio del 2001 sin la presencia de la funcionaria encargada del manejo del cajero”.

Enseguida se le preguntó al accionante “[¿]que (sic) comentarios le merecen la respuesta de la funcionaria Nora Farelo Arenas en el acta de descargos que se le hizo el 9 de agosto de este año[?], la cual dice “la plata desaprovisionada se contaba anteriormente en presencia de ambos sugerentes (sic) y el encargado del cajero, y que en esta ocasión en particular el procedimiento cambio (sic), ella no se explica esta situación”.

De otro lado, en la carta de terminación de la relación laboral el banco demandado sostuvo: “las graves faltas cometidas por usted y que constituyen las justas causas sobre las cuales fundamenta el banco esta determinación son, en apretada síntesis, las siguientes - Grave negligencia e incumplimiento de sus funciones como subgerente de gestión operativa (encargado) de la sucursal Plato, contraviniendo las normas sobre aprovisionamiento y desaprovisionamiento de cajeros automáticos, el cual facilitó la ocurrencia del faltante presentado en el cajero automático de la sucursal Plato (sic) el día 4 de junio de 2001, en cuantía de $ 4.000.000 (...) así mismo usted permitió que el desaprovisionamiento del cajero automático efectuado el 4 de junio del 2001, se realizara sin la presencia de la encargada, toda vez que esta se encontraba efectuando el conteo de la nueva provisión en el área (sic) de caja , situación esta no acorde a lo establecido en la norma 60-05-004, la que entre otros apartes señala que el subgerente de gestión operativa, es el responsable de todos los aspectos inherentes a la protección del cajero, su operatividad y manejo requerido para su correcto funcionamiento, sin perder el control y supervisión que debe ejercer pues la responsabilidad es indelegable”.

Luego, el banco se refirió a las dos diligencias de descargos.

En el hecho décimo de la demanda el actor expuso que “de manera arbitraria en la carta de despido se le atribuyen unos cargos distintos, como es la supuesta violación de la norma descrita con el número 60-05-004 de la cual afirmo que mi mandante no conoce, esto implica de manera plana la violación del debido proceso, derecho de defensa y contradicción que le asiste a mi defendido”, y al contestarlo la sociedad demandada dijo “No es cierto. El demandante sí conoció la norma la cual estaba disponible en la oficina en que laboraba y es tan claro que la conocía que sabía quiénes eran las personas que debían participar en el aprovisionamiento y desaprovisionamiento de cajeros”.

Pues bien, analizado el elenco probatorio en precedencia, estima la Sala que el tribunal no incurrió en los errores que le enrostra la censura, dado que a las claras se evidencia que tanto en la carta de terminación del contrato de trabajo, como en las citaciones y diligencias de descargos rendidas por el actor, el banco demandado le expresó de manera patente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que a la postre se convirtieron como constitutivas de justa causa y, dada esta situación, entonces, sí le permitió al trabajador ejercer sus derechos de contradicción y de defensa.

La Corte no comparte lo expuesto por el recurrente en cuanto a su desconocimiento de la norma 60-05-004, toda vez que nótese que en la diligencia de descargos efectuada el 10 de septiembre de 2002, el trabajador indicó “... procedí observando las medidas de seguridad correspondientes especialmente aquellas que solicitan que los dineros para el aprovisionamiento se entreguen a satisfacción de las personas encargadas del cajero automático y que el aprovisionamiento se haga en mi presencia (...) respecto a la anomalía del cajero automático el cual le mandaron a hacer un deudor para que quedara constancia de lo sucedido, dejo constancia que yo comuniqué el mismo día lo sucedido al señor Marlon Romero quien era el padrino de la oficina y a la respectiva Dar (sic) a Juan Solano. Procedimiento que reza en la Norma 60-05-004 (...) Como subgerente encargado apliqué la norma de cargue y descargue la cual no he violado...”, de lo cual se puede inferir que el promotor de la litis sí conocía las disposiciones internas y, en especial, la Norma 60-05-004.

3º) La decisión adoptada por el banco fue extemporánea.

Debe recordar la Corte lo que en múltiples ocasiones ha enseñado, en torno a que la terminación del contrato de trabajo por justa causa por parte del empleador debe ser, además de explícita y concreta, tempestiva, toda vez que aun cuando el legislador no ha establecido límites temporales máximos para que ante tal situación este invoque en su favor la condición resolutoria del vínculo jurídico, no puede desatenderse que entre estas y aquella no debería mediar término o, a lo sumo, el que resulte apenas razonable, y que de no proceder el empleador inmediatamente o dentro de un plazo razonable a provocar el despido del trabajador se impone entender, en sana lógica, que absolvió, perdonó, condonó o dispensó la presunta falta (sent. mayo 17/2011, rad. 36.014).

Bajo la anterior línea jurisprudencial, procede la Sala al estudio cronológico de la plataforma probatoria controvertida en el cargo:

a.) Acta de descargos de la señora Nora Isabel Farelo Arenas, fechada el 6 de agosto de 2001 (fls. 36-40).

b.) Carta de citación a diligencia de descargos del 14 de septiembre de 2001, para dar explicaciones por el descuadre del “día 04.07.2001, en efectivo del ATM de la sucursal, por valor de $ 4.000.000” (fl. 21, cdno. 1).

c.) Comunicación del 18 de septiembre de 2001, por medio de la cual se suspendió la diligencia de descargos que debía celebrarse en esa fecha (fl. 22, cdno. 1).

d.) Descargos rendidos por el actor el 20 de septiembre de 2001 (fls. 23-25).

e.) Informe de auditoría Daiba/170/2002, del 24 de mayo de 2002.

f.) Carta del 3 de septiembre de 2002, con la que se cita nuevamente a descargos al actor para el 6 de septiembre siguiente (fl. 26).

g.) Comunicación del 5 de septiembre de 2002, mediante la cual se convocó al actor a diligencia de descargos para el 10 de septiembre de 2002. Allí se le hace saber al trabajador que “se aclara, que a pesar de que el día 20 de septiembre de 2001, usted fue escuchado en descargos como consecuencia del faltante mencionado, esta segunda citación se efectúa con base en la aparición de un elemento nuevo cual es la investigación llevada a cabo sobre los hechos ocurridos por parte de la auditoría interna, según consta en el informe Daiba 170 de 2002 y en atención a la solicitud que hiciera la organización sindical ACEB, en la diligencia de descargos rendida por la funcionaria Nora Isabel Farelo, en el sentido de efectuar las investigaciones correspondientes al caso”.

h.) Acta de descargos de 10 de septiembre de 2002 (fls. 28-35).

i.) Carta de terminación del contrato de trabajo de fecha 21 de octubre de 2002 (fls. 17 y 18, cdno. 1).

Del estudio concienzudo del anterior recuento sucesivo de los acontecimientos, brota palmario una primera inferencia, cual es, la tardanza injustificada de la demandada en adoptar una decisión relacionada con unos hechos ocurridos y por ella conocidos con algo más de 465 días de antelación a la fecha en que se le comunicó al promotor de la litis la terminación del vínculo contractual.

Desde luego que la Corte Suprema de Justicia no desconoce que hay eventos complejos que ameritan una prolongada y extensa averiguación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron tales hechos; empero, ello no es dable pregonarlo en torno al episodio bajo examen, pues nótese que la misma auditoría interna en su informe dejó consignado que su investigación se inició el 21 de mayo de 2002 y terminó el 24 siguiente; vale concluir, que solo se demoró en dicha faena alrededor de 4 días.

Es que obsérvese que entre la fecha de la ocurrencia de la presunta falta (jul. 4/2001) y la de la determinación de poner fin a la relación laboral (oct. 21/2002.), la empleadora solo evacuó una actuación investigativa (mayo 24/2002), escudriñamiento que, como se dijo en precedencia, solo duró 4 días. Ahora, repárese que entre la primera fecha y la del informe transcurrieron alrededor de 321 días y entre la fecha del informe con la de la terminación 147 días.

Tampoco, es dable pasar por alto que las razones y hechos aducidos por la demandada al momento de citar al actor a la primera diligencia de descargos (sep. 14/2001), en últimas son idénticos a los invocados al citarlo a la segunda diligencia de descargos (sep. 3/2002). Luego ello lo que denota a las claras es que no existieron diferentes o nuevos supuestos fácticos hallados el 24 de mayo de 2002, por la auditoría interna.

Entonces, tales extremos temporales evidencia, a no dudarlo, la tardanza en que incurrió, sin justificación alguna, el banco demandado en adoptar la determinación de romper el contrato de trabajo, lo que atenta contra la inmediatez y razonabilidad de la decisión, tal como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corte.

Aquí resulta útil reiterar lo adoctrinado en la sentencia antes citada, en cuanto a que la justeza del despido no es dable predicarla sino en tanto aparezca debidamente probada la conducta disonante del trabajador con sus deberes de tal, encauzada en el marco legal correspondiente invocado por el empleador; y en cuanto este haya ejercido con inmediatez su prerrogativa de provocar la terminación del vínculo, o en caso de no ser así, que resulte razonable, apareciendo también debidamente acreditado en el proceso, que debió cumplir diligencias, actuaciones o tomar medidas apropiadas para tal efecto. De no ocurrir lo primero, la ilegalidad de la decisión del empleador no amerita mayor comentario; y de no aparecer establecido lo segundo, muy a pesar de la gravedad de la falta imputada al trabajador, el despido deviene igualmente ilegal.

Asimismo, se impone traer a colación la sentencia de 30 de julio de 1993, Radicado 5889, reiterada, entre otros, en el fallo del 16 de julio de 2001, Radicación 28682, en el que se razonó:

“... En efecto, es de esperar que un empleador prudente se cerciore suficientemente acerca de la forma como ocurrieron los hechos constitutivos de la violación del contrato, y asimismo sobre otras circunstancias que puedan tener influencia en la grave decisión que habrá e privar del empleo al trabajador, sin olvidar que, además, el empresario puede estar obligado por convención o reglamento a cumplir ciertos trámites previos al despido, o que desee simplemente acatar las pautas que sobre la materia señala la Recomendación 166 de la Organización Internacional del Trabajo.

Lo que la jurisprudencia de la Corte ha precisado como voluntad del legislador es que entre la falta y la sanción debe existir una secuencia tal que para el afectado y para la comunidad laboral en la cual desarrolla su actividad no quede ninguna duda acerca de que la terminación unilateral del contrato se originó en una determinada conducta del trabajador, impidiendo así que el empleador pueda invocar incumplimientos perdonados o infracciones ya olvidadas como causales de un despido que, en verdad tiene motivación distinta, pero esto no significa, que el empresario esté obligado a precipitar decisiones que, tomadas apresuradamente, en muchos casos redundarían en perjuicio de los intereses de los propios trabajadores”.

Puestas en esa dimensión las cosas, habrá de casarse parcialmente la providencia fustigada, en cuanto revocó la decisión de primera instancia que había condenado a la sociedad convocada a juicio al reconocimiento y pago de la indemnización por terminación de la relación laboral sin justa causa.

4º) El juzgador se equivocó al no haber estimado que las primas de vacaciones y antigüedad tienen carácter salarial, según la convención colectiva de trabajo.

En este asunto, y como recientemente lo hizo la Corte en sentencia del pasado 5 de junio, Radicación 40530, en un proceso seguido precisamente en contra del banco hoy demandado, efectivamente no es posible concluir que las referidas primas están concebidas como una contraprestación directa del servicio, esto es, que con ellas se estuviera retribuyendo de manera inmediata la actividad laboral desplegada por el causante.

En dicha providencia se asentó que el reconocimiento para el caso de la “prima de vacaciones”, está relacionado con el descanso remunerado, que como es sabido, no tiene naturaleza salarial, porque durante el mismo, obviamente, no hay prestación del servicio, lo que ratifica que es un derecho accesorio o consecuencial que no puede tener la connotación de salarial, a menos que las partes del contrato de trabajo o de la convención pacten en sentido distinto, lo que en esta oportunidad no acontece. Es así que el artículo 46 del reglamento interno de trabajo del banco, aprobado en el año 1994 y el artículo 47 del aprobado en 1974, establecen que ese beneficio se pagaría junto con el disfrute de las vacaciones (fl. 186, cdno. 1 y fl. 20, cdno. 2). En sentencia del 27 de mayo de 2009 Radicado 32657, en un proceso análogo seguido contra la misma entidad demandada, esta corporación puntualizó:

“... Por ende, no cabe duda de que el reconocimiento de la prima en comento no tenía como propósito retribuir el servicio, en la medida en que se pagaba precisamente en relación con un momento en la vida laboral de la demandante en la que no prestaba ningún servicio, es decir, no trabajaba por disfrutar de un descanso legal remunerado.

Y el hecho de que su causación requiriera de la prestación de servicios durante cierto lapso, no significa que estuviera retribuyendo ese trabajo, que se remuneraba de otras maneras y a través de otros pagos, estos sí claramente salariales.

En consecuencia, no tenía derecho la promotora del pleito a que las sumas que recibió, por concepto de prima de vacaciones, se le tomaran en cuenta como factor de salario para efectos de liquidar sus prestaciones sociales...”.

Del mismo modo, la “prima de antigüedad” existente en el banco, no tiene el carácter retributivo, directo y habitual del servicio prestado, ya que según el texto convencional se cancela por arribar el trabajador a cierto número de años de servicio, valga decir, 10, 15, 20 y 25 años (fls. 153 y 154, cdno. 2), como un estímulo a su permanencia en la entidad demandada. En sentencia del 20 de octubre de 2010 Radicación 42333, proferida en otro caso con características similares al que ocupa la atención de la Sala, adelantado contra la misma entidad bancaria, se dijo:

“... En lo relacionado con la prima de antigüedad, se observa que nació como una gratificación que la demandada concedía a sus trabajadores por haber cumplido determinado tiempo de servicio, según la resolución de junta directiva Nº 9 del 22 de marzo de 1961. En las diversas convenciones colectiva de trabajo aportadas a los autos, aparece pactada en una suma determinada, por una sola vez, con referencia al sueldo devengado por el trabajador y su causación se da al cumplir el tiempo de servicio predeterminado, cuyo mínimo es de cinco años, lo que posibilita entender que en realidad no tiene carácter retributivo, directo y habitual del servicio prestado, sino que se cancela por llegar a cierto número de años de servicio, es decir, como un estímulo a la perseverancia del empleado en sus labores, todo lo cual indica que no puede considerarse como factor de salario”.

De acuerdo con lo expresado, no se observa yerro protuberante del juzgador.

Ahora bien, ciertamente, el artículo 83 de dicho reglamento interno de trabajo consagró que “El banco a través de las diferentes convenciones y fallos arbitrales tienen establecidas las siguientes prestaciones sociales adicionales para sus trabajadores” y entre ellas relaciona la “prima de vacaciones” y la “prima de antigüedad”; sin que en parte alguna de ese articulado se especifique el carácter salarial o no de esas primas extralegales, siendo en consecuencia necesario remitirse a la fuente de esos beneficios o prestaciones adicionales a las legales, para el caso las convenciones colectivas de trabajo, y siendo ello así, la interpretación del tribunal es razonable.

En cuanto a la liquidación de prestaciones sociales, debe decirse que para desvirtuar lo inferido por el sentenciador de segunda instancia, no basta con afirmar que, como en la aludida liquidación de prestaciones sociales se computó como salario la denominada prima extralegal “semestral”, de igual manera se tenían que acoger como factores salariales las primas de vacaciones y de antigüedad, según lo plantea la censura; habida cuenta que no todos los pagos, reconocimientos o beneficios tienen connotación salarial, ya que como sucede en el sub lite, ciertas prestaciones extralegales pueden tener un propósito distinto al de retribuir directa e inmediatamente la actividad, tarea o labor del trabajador, no constituyendo salario, así se reciban por causa o con ocasión de la relación subordinada de trabajo.

En resolución no se observa yerro alguno en torno a este específico reproche.

En sede de instancia, solo basta decir que se confirmará la sentencia de primer grado en cuanto condenó a la sociedad demandada a reconocer y pagar la indemnización por despido injusto.

Sin costas en el recurso extraordinario por haber salido triunfante la acusación, las de las instancias a cargo de la parte vencida.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2007, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso adelantado por Ricardo Antonio Poveda Ariza contra la sociedad BBVA Banco Ganadero S.A., en cuanto revocó la condena impuesta por el juez de primer grado concerniente a la indemnización por terminación de la relación laboral sin justa causa, e impuso costas a la parte actora. No se casa en lo demás.

En sede de instancia se confirma la sentencia dictada por el Juez Noveno Laboral de Barranquilla, el 18 de junio de 2004, en cuanto condenó a la demandada a reconocer y pagar al actor la indemnización por despido injusto en cuantía de $ 22.425.336,47. Las costas no hay lugar a ellas en el recurso de casación y las de instancias a cargo de la parte vencida.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».