Sentencia 38863 de febrero 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 38863

Acta 3

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

Además, encuentra que en la sentencia acusada no aparece que el juzgador de segundo grado haya incurrido en un error manifiesto de hecho, al concluir que la entidad demandada se había situado en el plano de la mala fe, pues, en rigor, tal deducción no fue el fruto de que se tomara únicamente como antecedente la sentencia proferida en otro proceso, sino que también tuvieron inferencia en ella otras pruebas obrantes en el proceso.

Así mismo, se tiene que las pruebas que cita el ataque, vale decir, los contratos de prestación de servicios que celebraron las partes, las actas de liquidación de dos de los contratos referidos y las ofertas de prestación de servicios, corresponden a tipos de modelos documentales que, para efectos de ese tipo de contratación utilizaba el Seguro Social, pero que para este asunto solo reflejan el aspecto formal y nada indican sobre la manera como en la práctica se cumplieron los servicios por parte del actor, que, se definió por el juzgador de segundo grado, fueron subordinados, de manera que resultan insuficientes para evidenciar una equivocación fáctica manifiesta del tribunal al concluir que el ISS no obró de buena fe, pues nada aportan sobre los hechos que en la realidad se presentaron y que llevaron a la apreciación referida.

En torno a las características del contrato de prestación de servicios y el uso indebido del mismo, la jurisdicción laboral ha tenido oportunidad de pronunciarse reiteradamente, de manera que existe suficiente ilustración sobre su correcto empleo y su utilización excepcional, la que riñe con la vinculación permanente de un servidor a través del mecanismo del contrato de prestación de servicios para desempeñar las mismas tareas asignadas a los trabajadores de planta, como sucede en este caso en que las partes celebraron 24 contratos de prestación de servicios, de manera que, cuando se presentan estas situaciones irregulares, difícilmente puede exonerarse de la indemnización moratoria, salvo que medien circunstancias muy particulares que lleven a la convicción de que la entidad contratante no pretendió sustraerse del cumplimiento de ley.

Sobre el particular la jurisprudencia tiene entendido que, en principio, la sola existencia de los mencionados convenios, por sí solos, no son suficientes para tener por probada la convicción de la entidad de haber ajustado su conducta a los postulados de la buena fe. Criterio expuesto que aparece planteado en las sentencias de 23 de febrero de 2010, Radicación 36506, y de 7 de diciembre de 2010, Radicación 38822. Sobre el particular se dijo en la primera de ellas, lo siguiente:

“Bajo esta perspectiva, los contratos aportados y la certificación del ISS sobre la vigencia de los mismos, en este asunto no pueden tenerse como prueba de un actuar atendible y proceder de buena fe; ya que los mismos no acreditan más que una indebida actitud del ISS carente de buena fe, al acudir a iterativos y aparentes contratos de prestación de servicios que no están sujetos a la citada Ley 80 de 1993, con desconocimiento reiterado del predominio de actos de sometimiento y dependencia laboral que muestran todos los demás medios de prueba, lo cual no deja duda de que la entidad era conocedora de estar desarrollando con el actor un contrato de trabajo bajo la apariencia de uno de otra índole.

De ahí que, mirando en conjunto el caudal probatorio, lo que acontece en el sub examine, es que en la práctica el ISS abusó en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios con supuestos mantos de legalidad, con el único propósito de negar la verdadera relación de trabajo subordinado como la del analizado servidor, a efecto de burlar la justicia y los condignos derechos sociales que debieron reconocerse a tiempo a favor del trabajador demandante, lo que es reprochable y reafirma la mala fe de la entidad empleadora.

Y en lo que tiene que ver con los varios pronunciamientos por parte de esta corporación en otros asuntos análogos, donde se consideró en más de un centenar de ocasiones, que los contratos de prestación de servicios celebrados por el Instituto de Seguros Sociales bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 eran en realidad laborales y a los que alude la censura en el ataque, la verdad es que, el ISS ha hecho caso omiso a ellos y persiste en continuar utilizando esta forma de contratación para situaciones como la que ocupa la atención a la Sala, en la cual como atrás se explicó, conforme al acopio probatorio examinado, está plenamente acreditado que el vínculo del demandante de la manera como se desarrolló, en definitiva no encaja dentro de los presupuestos de la citada preceptiva, lo que sumado al conocimiento que tenía la demandada sobre lo que aflora de la realidad en el manejo de esas relaciones, conlleva a considerar bajo estas directrices, que el actuar sistemático del instituto demandado se constituye en burla de derechos fundamentales del operario.

En el sub lite, en efecto se colige una actitud obstinada del Instituto de Seguros Sociales de contratar de manera continuada al demandante bajo el ropaje de varios contratos de prestación de servicios, hasta el punto de realizarle sin justificación como se dijo veintidós (22) contratos administrativos para desempeñar por espacio de 7 años, 11 meses y 23 días una actividad habitual y permanente, a sabiendas de que se está en presencia de una relación de carácter laboral, donde el operario no reclama sus derechos sino hasta después de terminado definitivamente el contrato de trabajo.

En este orden de ideas, encuentra la Sala que en la presente actuación no hay elementos convincentes que permitan deducir la existencia de un obrar con lealtad por parte de la demandada como lo dedujo con error el tribunal, no siendo en consecuencia de recibo las razones esgrimidas por esta desde la contestación de la demanda inicial, en la medida que según quedó visto, las circunstancias de contratación utilizadas para con el demandante no son atendibles para sostener la buena fe como en otros casos anteriores se hizo, lo que genera en esta oportunidad el reconocimiento de la indemnización moratoria conforme a lo preceptuado en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.

Por todo lo dicho, el tribunal al definir específicamente la súplica de la indemnización moratoria y justificar la conducta del Instituto de Seguros Sociales revistiéndola de buena fe, incurrió en la deficiente valoración probatoria que le atribuye la censura, cuando como quedó expresado, en las condiciones antedichas y al ser inocultable la existencia del contrato de trabajo entre las partes, el proceder de la entidad accionada aparece caprichoso y más bien revestido de mala fe”.

No demuestra, en consecuencia, la acusación que el juzgador de segundo grado se equivocara al concluir que el Instituto de Seguros Sociales no obró de buena fe en la utilización de la modalidad contractual que utilizó para vincular al demandante.

Las costas en el recurso son de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 30 de julio de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que le adelantó Carlos Arturo Martínez García al Instituto de Seguros Sociales.

Las costas en el recurso son de cuenta de la parte recurrente.

Se fijan las agencias en derecho en seis millones de pesos ($ 6.000.000) moneda corriente.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».