Sentencia 38867 de junio 16 de 2010

 

Sentencia 38867 de junio 16 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 38867

Acta 20

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá D.C., dieciséis de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «V. Recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante y de acuerdo con el alcance de la impugnación, el recurrente persigue que la sentencia acusada se case totalmente, y en sede de instancia la Corte “confirme la sentencia de primer grado, que condenó a la demandada de acuerdo a las pretensiones solicitadas y se provea en costas como en derecho corresponde”.

Con tal propósito se fundamentó en la causal primera de casación laboral, contemplada en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por los artículos 60 del Decreto 528 de 1964 y 7 de la Ley 16 de 1969, y formuló tres (3) cargos que no fueron replicados, los cuales se estudiarán en el orden que aparecen propuestos.

VI. Primer cargo

Acusó la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, respecto de “la Ley 9ª de 1946, el Decreto 224 de 1966, artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en desarrollo del artículo 9º de la convención colectiva de trabajo firmada el 12 de noviembre de 1975 entre el municipio de Buga y su sindicato de trabajadores y, el artículo 17 de la convención colectiva de trabajo firmada el 21 de septiembre de 1990 entre El municipio de Buga y su sindicato de trabadores”.

Expresó que la anterior trasgresión de la ley se produjo por el error de derecho que cometió el tribunal, consistente en no haber dado por acreditado que los artículos 9º y 17 de las convenciones colectivas de trabajo, suscritas en los años 1975 y 1990 respectivamente, tienen plenos efectos jurídicos, por cuanto no hay “prueba solemne” que los haya modificado o derogado.

Para la demostración del cargo, la censura efectuó el siguiente planteamiento:

“(…) No hay duda alguna, que el sentenciador de segunda instancia, al firmar su fallo se valió de: la Ley 9ª de 1946 y el Decreto 224 de 1966, 1º artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990. Error en que incurre el tribunal, por cuanto a lo largo del proceso, no aparece acto jurídico alguno, que modifique en su totalidad la convención colectiva trabajo firmada el 12 de noviembre de 1975 entre el municipio de Buga y su sindicato de trabajadores y mucho menos el artículo 9º de la misma. Si no aparece, nuevo contrato colectiva o convención colectiva -solemne desde luego, que haya derogado el artículo 9º. Lo hace mal el tribunal de segunda instancia en su sentencia al no hacerle producir todos los efectos jurídicos a lo previsto en esa disposición convencional.

En consecuencia, si los jueces de segunda instancia, se hubiesen dado por enterados de la falta de acreditación procesal de la derogatoria o modificación del artículo 9º de la convención en cita y el artículo 17 de la convención colectiva de trabajo firmada el 21 de septiembre de 1990, no habrían aplicado como lo hicieron las normas del: de la Ley 9º de 1946 y el Decreto 224 de 1966, artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Entonces, estando vigente y con todo su vigor el artículo 9º de la convención colectiva de trabajo, y habiendo pasado por alto el tribunal en su sentencia, que esta disposición convencional, en el proceso no se demostró que hubiese sido derogada, no siendo del caso restarle eficacia jurídica, como hizo, incurriendo entonces, en el error de derecho señalado en el cargo, en cuanto dio por vigente y con eficacia jurídica el artículo 9º de la convención colectiva de trabajo”.

VII. Se considera

Como primera medida, cabe advertir, que el alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda de casación, está mal formulado, por cuanto allí se pretende que luego de quebrada la sentencia recurrida, en sede de instancia “se confirme la sentencia de primer grado, que condenó a la demandada de acuerdo a las pretensiones solicitadas”, cuando lo cierto es que, el fallo del a quo fue totalmente absolutorio, resultando pertinente la solicitud pero de su revocatoria. Así mismo, el censor denuncia inapropiadamente la violación de artículos de la convención colectiva de trabajo, siendo que esta clase de estipulaciones no son normas sustantivas del orden nacional que puedan integrar la proposición jurídica del cargo en los términos del literal a) numeral 5 del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y como es sabido dicho acuerdo colectivo dentro del recurso extraordinario, recibe el tratamiento de una prueba.

Pues bien, si la Corte actuara con amplitud y pasara por alto las anteriores deficiencias de índole técnico, encontraría que el tribunal no cometió ningún “error de derecho”, al confirmar la decisión absolutoria del juez de conocimiento, por lo siguiente:

El censor acudió a la vía indirecta para estructurar el primer cargo, atribuyéndole al fallador de alzada un supuesto “error de derecho”, consistente en que el tribunal no le hizo producir efectos jurídicos a los artículos 9º de la convención colectiva de trabajo firmada el 12 de noviembre de 1975 y 17 del estatuto convencional suscrito el 21 de septiembre de 1990, al no percatarse que no había quedado demostrado en la litis, que esas estipulaciones extralegales se hubieran modificado o derogado con “prueba solemne”, esto es, un nuevo acuerdo colectivo de trabajo, lo cual llevó al sentenciador a aplicar indebidamente las normas legales que regulan la compartibilidad pensional.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el fallador de alzada en ningún momento le restó efectos jurídicos a las convenciones colectivas de trabajo que menciona el recurrente, habida consideración que con ellas determinó que la pensión de jubilación reconocida al trabajador fallecido Víctor Joel Jaramillo Beltrán y posteriormente sustituida a la cónyuge demandante era de “carácter convencional”, y estableció que la fuente del derecho jubilatorio lo era específicamente el artículo 17 de la convención suscrita el 21 de septiembre de 1990, que reguló lo referente a la “pensión de jubilación”, obrante a folios 28 y 29 del cuaderno principal, que dijo fue “la norma convencional vigente para el año 1994” cuando se otorgó la jubilación al causante (resalta la Sala).

Lo que echó de menos el juez de apelaciones al apreciar la prueba de la convención colectiva de trabajo, fue que esa norma convencional estipulara la compatibilidad entre la citada pensión de jubilación extralegal y la de vejez legal del Instituto de Seguros Sociales, no su compartibilidad que para el año 1994 estaba fijada por la ley, desde la expedición de los Acuerdos 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de igual año y 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y que fue la normatividad a la que dicho sentenciador se sujeto para definir el litigio.

En efecto, el tribunal en este punto dijo “en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el municipio de Guadalajara de Buga y el sindicato de trabajadores del municipio no se estableció expresa ni tácitamente en ninguno de sus apartes la compatibilidad de la pensión de jubilación con la de vejez otorgada por el ISS” y “El artículo 17 de la convención colectiva de trabajo vigente para cuando se le otorgó la pensión de jubilación al causante Victor Joel Jaramillo Beltrán y la resolución que le reconoció a la demandante Blanca Nubia Betancourt Pazmin la pensión de sobrevivientes guardaron silencio sobre la compatibilidad pensional, es decir, no acordaron que la pensión voluntaria patronal fuera concurrente con la de vejez del ISS, por lo tanto, debemos sujetarnos a las normas ya citadas” (lo resaltado es de la Sala); lo cual no puede constituir de ninguna manera un error de derecho, máxime que el ad quem no está exigiendo una “prueba solemne” para demostrar un determinado hecho, ni dejando de lado una especifica solemnidad ad substantian actus, como lo insinúa el ataque.

De no compartirse la anterior valoración probatoria, la censura debió ventilar cualquier reproche al respecto, por la senda indirecta pero mediante la formulación de errores de hecho y no de derecho como acá se está acusando.

Por último, conviene señalar, que el “error de derecho” se presenta cuando se da por acreditado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, siendo que la ley exige para su comprobación una prueba solemne, o también cuando no la ha apreciado, debiendo hacerlo, una probanza de esa naturaleza, que es condición para la validez sustancial del acto que contiene; mientras que en el “error de hecho”, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción, que lo lleva a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia o crédito a lo que en puridad de verdad está acreditado en los autos, lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada.

Por consiguiente, el tribunal no pudo cometer el error de derecho atribuido por el recurrente, y por ende el cargo no prospera.

VIII. Segundo cargo

Atacó la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea de “la Ley 9ª de 1946 y el Decreto 224 de 1966, 1º artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990. En relación con el artículo 9º y 17 de la convención colectiva de trabajo firmada el 12 de noviembre de 1975 modificada en lo pertinente por la convención colectiva de trabajo firmada el 1º de septiembre de 1992”.

En la sustentación del cargo, el censor expuso la siguiente argumentación:

“(….) No se discuten los supuestos fácticos que tomo en consideración el tribunal al proferir su sentencia de segunda instancia.

Lo que no se acepta es que el tribunal le haya dado un entendimiento equivocado de la Ley 9ª de 1946 y el Decreto 224 de 1966, el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990. En relación con el artículo 9º y 17 de la convención colectiva de trabajo firmada el 12 de noviembre de 1975 modificada en lo pertinente por la convención colectiva de trabajo firmada el 1º de septiembre de 1992. El tribunal plasmó:

“El artículo 5º de la cuerdo (sic) 029 de de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año (oct. 17); como el artículo 18 de la cuerdo (sic) 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad (abr. 11); consagró que si en las convencionales colectivas de trabajo no se dispone la compatibilidad de la pensión convencional con la del ISS, tal como acontece con la norma convencional acompañada al informativo, la pensión debe ser compartida. La primera norma en su artículo 5 dispuso…… La segunda norma sobre la misma materia señaló….”.

La cita anterior, deja ver que el fallador de segundo grado, se equivocó de manera protuberante al darle un sentido que las disposiciones antes citadas no tienen, como es que las convenciones colectivas no tienen compatibilidad de la pensión convencional con la del ISS., concluyendo entonces que la convencional debe ser compartida.

En efecto, el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, regulan lo atinente a la compatibilidad y compartibilidad de las pensiones de jubilación y de vejez, sean de origen convencional o legal, por cuanto el artículo 17 de la convención firmada el 21 de septiembre de 1990, entre el sindicato de los trabajadores del municipio y el dicho municipio dejo vigente, en el parágrafo 1º cuando dejó plasmado: “Este artículo continuara vigente en todas sus partes, para los empleados públicos y trabajadores oficiales actualmente vinculados al municipio, o que se vincularen hasta el 31 de diciembre de (1991). A partir del primero (1) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), todo empleado público y trabajador oficial que ingrese laboralmente al municipio de Buga, se jubilará con el tiempo de servicios y la edad prevista en la ley”. El señor Victor Joel Jaramillo Beltrán, se encuentra amparado por esta disposición como quiera que venía vinculado al municipio desde antes del 31 de diciembre de 1991. Interpretación esta que es la que corresponde a exacto sentido literal, que debió hacer el tribunal, que erró al interpretar los artículos 5º del Acuerdo 029 de 1985 y su aprobatorio el Decreto 2879 del mismo año, así como el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, que regulan la compatibilidad de las pensiones convencionales con las del ISS, y que en el caso de no disponerse tal compatibilidad, la pensión debe ser compartida. El error es aún más manifiesto en su interpretación por cuanto desde la primera convención, esto es, desde el año 1975, la norma es preexistente y favorable, y guardó armonía con la cláusula convencional del artículo 17 de la convención del 21 de septiembre de 1990, que respeto el derecho que ya tenía quienes habían sido vinculados al municipio con anterioridad al 31 de diciembre de 1991.

Las anteriores consideraciones estimó son suficientes para demostrar que el tribunal está incurso en una interpretación equivocada de las normas señaladas en este cargo lo que llevara a que se providencie de acuerdo al alcance de la impugnación”.

IX. Se considera

En este cargo la censura pone a consideración de la Corte el tema relativo a la compartibilidad de pensiones, orientado a establecer jurídicamente, que el Tribunal se equivocó cuando determinó que a la luz de los artículos 5º del Acuerdo 029 aprobado por el Decreto 2879 de 1985 y 18 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990, la pensión de jubilación convencional era compartida con la de vejez legal del ISS, máxime cuando la convención colectiva de trabajo fuente del derecho no disponía la compatibilidad pensional.

Dada la vía escogida, los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal quedan incólumes: (I) Que el municipio de Buga le reconoció a su trabajador Víctor Joel Jaramillo Beltrán, una pensión de jubilación de origen convencional a partir del 1º de diciembre de 1994, conforme a la resolución 1721 del 2 de diciembre de 1994; (II) Que a su vez el Instituto de Seguros Sociales le otorgó a dicho afiliado, la pensión legal de vejez desde el 1º de diciembre de 1994, según la Resolución 010008 del 29 de noviembre de 1995; (III) Que el citado trabajador falleció el 24 de octubre de 1999; (IV) Que ambas pensiones fueron sustituidas a la cónyuge demandante Blanca Nubia Betancourt Pazmín, la de jubilación a partir del 1º de noviembre de 1999, con la Resolución 207 del 22 de diciembre de 1999, y la de vejez desde el 24 de octubre de 1999 a través de la Resolución 01572 del 9 de marzo de 2001; y (V) Que el empleador decidió compartir el pago de la pensión de jubilación extralegal que fue sustituida con la de vejez del ISS a partir del 1º de julio 2001, de conformidad con la Resolución 192 del 29 de junio de 2001, modificada por la Resolución DAM - 449 del 15 de noviembre de 2001, asumiendo solo la cancelación de la diferencia entre las dos pensiones.

En torno a este punto en controversia, la Sala comienza por recordar, que las disposiciones pertinentes de la Ley 90 de 1946 y el Acuerdo del Instituto de Seguros Sociales 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de ese mismo año, regularon la figura de la compartibilidad e incompatibilidad de las pensiones de origen legal; y tratándose de pensiones convencionales, extralegales o voluntarias su compartibilidad con la pensión de vejez que reconoce el ISS, fue posible únicamente a partir del 17 de octubre de 1985 al entrar en vigencia el Decreto 2879 de igual año que aprobó el Acuerdo 029, artículo 5º, momento en el cual les fue permitido a los empleadores inscritos a dicho Instituto que hubieren reconocido a sus trabajadores afiliados, pensiones de jubilación pactadas en convenciones colectivas de trabajo, que continuaran cotizando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando estos afiliados cumplieran los requisitos exigidos por los reglamentos del ISS para la prestación de vejez, quedando a cargo del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre ambas pensiones; lo que posteriormente fue también regulado en el mismo sentido, por el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese año.

De ahí que, esta corporación ha mantenido el criterio jurisprudencial según el cual sólo a partir de la multicitada fecha del 17 de octubre de 1985, es factible compartir pensiones de jubilación extralegales con las reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, a no ser que las partes hayan dispuesto expresamente en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre estas la compatibilidad pensional, o lo que es lo mismo que las pensiones no serán compartidas; que fue precisamente el entendimiento que le imprimió la colegiatura a la normatividad legal que estimó aplicable al caso, respaldando su postura con pronunciamientos jurisprudenciales relativos a la compartibilidad pensional.

En sentencia del 10 de septiembre de 2002 con radicación 18144 y reiterada en decisiones del 30 de junio de 2005, 15 de junio de 2006 y 21 de mayo de 2008, radicados 24938, 27311 y 32041 respectivamente, la Sala en torno a esta puntual temática adoctrinó:

“(...) El punto que se debate ya ha sido materia de estudio y decisión por esta Sala en varias ocasiones, dentro de ellas, a través de la sentencia del 18 de septiembre de 2000, radicación 14240, repetida en la del 30 de enero de 2001, radicación 14207 y 17627 del 30 de abril de 2002. Allí, en lo pertinente se dijo lo siguiente:

“3. En varias oportunidades la Corte ha dilucidado el alcance del acervo normativo señalado por el impugnante como entendido equivocadamente y ha concluido que la pensión extralegal reconocida por un empleador antes del 17 de octubre de 1985, cualquiera sea el acto que le haya impuesto dicha obligación prestacional, esto es, contrato de trabajo, convención o pacto colectivo, laudo, o conciliación, por regla general es compatible con la pensión de vejez que alguna entidad del sistema de seguridad social también reconozca al beneficiario de aquella jubilación. A menos, ha puntualizado la jurisprudencia aludida, que por voluntad expresa de las partes se haya acordado la incompatibilidad de dichas pensiones y, por lo mismo, la compartibilidad de la pensión legal de vejez con la voluntariamente otorgada por el empresario, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y condiciones señalados en la ley.

“Díjose en la más reciente de las sentencias alusivas al problema jurídico planteado por el censor, al determinar los alcances del Acuerdo 224 de 1966, que durante la vigencia de este no era viable que una pensión de origen voluntario se compartiera con la de vejez otorgada por el Instituto de los Seguros Sociales, habida consideración de que la posibilidad consagrada en ese precepto se circunscribe de manera exclusiva a las pensiones de naturaleza legal (rad. 12461, nov.30/99). Es decir, que antes de la expedición del Decreto 2879 de 1985, aprobatorio del Acuerdo 029 del mismo año, no era factible conmutar una jubilación extralegalmente reconocida por el empleador, al cumplir su pensionado directo la densidad de cotizaciones y la edad requeridas para la adquisición del derecho a la pensión de vejez.

“En oportunidad anterior, el 8 de agosto de 1997 (rad. 9444), reiterando y complementando toda la doctrina contenida en los fallos de casación del 17 de abril de 1997 (rad. 9045), 15 de diciembre de 1995 (rad. 7960) y 11 de diciembre de 1991 (rad. 4441), se sostuvo lo siguiente:

“Si bien, como se ha admitido en diversas sentencias de esta Sala, al momento de convenir la pensión extralegal las partes pueden acordar determinadas condiciones o limitaciones que hagan factible una eventual subrogación futura del riesgo amparado, con lo cual obviamente no se irrespetaría la voluntad de los contratantes ni la trascendencia legal y constitucional de la contratación colectiva, ello debe hacerse dentro del marco institucional estatuido en los reglamentos del seguro social.

“Y, de otra parte, el fundamento de la compartibilidad de las pensiones voluntarias otorgadas antes de octubre de 1985 no puede derivarse, como lo entendió equivocadamente el fallador, del Acuerdo 224 de 1966, por las razones que se exponen a continuación:

“1. Filosofía y evolución normativa y jurisprudencial de la asunción de riesgos por el ISS. La Ley 90 de 1946 estableció en Colombia un sistema de subrogación de riesgos al Instituto de Seguros Sociales, de origen legal. Así se desprende de la lectura del artículo 72 cuando prescribió que las “prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso...”.

“A su vez, el artículo 76 dispuso que “El seguro de vejez a que se refiere la sección tercera de esta ley reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior...”.

“De suerte que desde entonces existe claridad que la norma matriz de la seguridad social colombiana dispuso que las pensiones asumibles inicialmente por el seguro social eran las reglamentadas en dicha “ley”, las que venían figurando a cargo de los patronos en la “legislación anterior”; y por tanto, la pensión de jubilación que se transmutaba en pensión de vejez es la “que ha venido figurando en la legislación anterior...”.

“Corrobora lo anterior la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 9 de septiembre de 1982, que declaró exequibles los artículos 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 8º, 24, 43 y 48 del Decreto Extraordinario 1650 de 1977, en cuanto de ese importante pronunciamiento constitucional se desprende que la composición, extensión, condiciones y limitaciones del régimen de las prestaciones de los seguros sociales obligatorios a cargo del ISS quedó sometido a esas normas y a los respectivos reglamentos.

“Por la misma razón expresó la doctrina constitucional de la época, aún vigente, que “por voluntad expresa del propio legislador ordinario se crearon las siguientes situaciones jurídicas: a- de una parte al régimen legal sobre prestaciones sociales se le daba un carácter eminentemente transitorio; y b- por otro lado, las prestaciones sociales indicadas quedaban sometidas a una auténtica condición resolutoria, la cual venía a cumplirse en la oportunidad en la cual el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumiera los riesgos correspondientes” (resalta ahora la Sala).

“De suerte que inicialmente el legislador apenas dispuso la subrogación paulatina de prestaciones de origen legal, previstas en el código sustantivo del trabajo, motivo por el cual el Instituto se limitó en sus primeros reglamentos a fijar un régimen técnico de transición en el que no aparece prevista la subrogación de pensiones de distinta naturaleza, como son las de mera liberalidad del empleador, o en general las extralegales.

“En desarrollo de tal normatividad legal se expidió el Acuerdo 224 de 1966 del ISS, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, que en los artículos 60 y 61 reguló la subrogación paulatina por el ISS de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 260 del código laboral y previó consecuencias para la pensión sanción, ambas de indiscutible origen legal.

“De modo tal, que bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo dispuso también el artículo 259 del mismo estatuto, al señalar que “Las pensiones de jubilación dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto” (resalta fuera del texto).

“Por lo tanto, bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales no contaba con reglamentos ni previsiones legales que lo obligaran a hacerse cargo de aquellas pensiones que el empleador estuviera concediendo u otorgara a sus trabajadores por mera liberalidad o fruto de la negociación colectiva, y mucho menos puede afirmarse válidamente que lo que sucede es que las pensiones antaño extralegales devienen legales al cumplirse los requisitos del artículo 260 del código porque ese curioso darwinismo jurídico no tiene contemplación legal, dado que los derechos laborales que nacen y tienen su fuente obligacional como consecuencia de un acuerdo entre particulares, no pueden transformarse simplemente por ese prurito, huérfano de un sustento normativo expreso.

“Se advierte que esa situación se modificó parcialmente a partir de la vigencia del Decreto-Ley 1650 de 1977 y más específicamente del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por Decreto 2879 del mismo año, que en su artículo 5º dispuso: “Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.

“<La obligación de seguir cotizando al seguro de invalidez, vejez y muerte, de que trata este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.

“<PAR. 1º—Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales>.

“La anterior disposición se hizo más explícita en el Decreto 0758 de abril 11 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 del 1º de febrero de ese mismo año, cuando al regular en el artículo 18 la compartibilidad de las pensiones extralegales, señaló: “Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación, reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, (fecha en que fue publicado el D. 2879/85 en el Diario Oficial 37192), continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado (destaca fuera del texto).

“PAR. —Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales".

“Así las cosas, resulta claro que el Instituto de Seguros Sociales tan sólo comparte las pensiones extralegales cuando se causan con posterioridad a la vigencia del Decreto 2879 de 1985, es decir del 17 de octubre de ese año en adelante, si el empleador continúa aportando al instituto para el seguro de vejez, invalidez y muerte, a menos que sean las mismas partes quienes acuerden que la pensión voluntaria patronal sea concurrente con la de vejez del ISS.

“En consecuencia, no se puede ignorar ni recortar el texto de esta preceptiva, desconociendo lo prescrito claramente por ella o reduciendo el asunto a una simple continuidad de cotizaciones patronales, porque lo que fluye de su diáfana redacción es que la compartibilidad sólo opera respecto de las pensiones voluntarias causadas desde la vigencia del precepto hacia el futuro porque, además, sólo así se respetan los derechos adquiridos. Y si la compartibilidad surge únicamente para ese tipo de pensiones —salvo acuerdo expreso en contrario—, es lógico que la dicha consecuencia no puede aplicarse de idéntica manera a las causadas con antelación a la entrada en vigor de la norma, so pena de transgredir no solamente esta sino también el principio lógico que enseña que la expresa inclusión de una hipótesis supone la exclusión de las demás.

“Por esa misma razón, el axioma consistente en que como antes de la vigencia del Decreto 2879 de 1985 no estaba prohibido subrogar al ISS las pensiones extralegales de jubilación, era permitido hacerlo, no es válido en casos como este, porque esa disposición aclaró con autoridad sus propios reglamentos anteriores, y además, se trata de una actividad técnica, propia de la seguridad social que se rige por previsiones y limitaciones que imponen los riesgos subrogados, a tal punto que esos reglamentos generales son típicos actos complejos que están directamente controlados por el ejecutivo quien los aprueba, sin que el ISS pueda motu propio asumir con cierta laxitud todo tipo de prestaciones a cargo del empleador. Mucho menos le es permitido a los particulares imponer a la seguridad social cargas financieramente imprevistas y no consentidas por ella. De lo contrario, serían muchas las contingencias, aconteceres y situaciones particulares que en nombre de la falta de prohibición tendría que soportar el Instituto, en desmedro de la solidez financiera de los derechos previsionales de los actuales asegurados, los que quedarían así indebidamente calculados y desamparados.

“2. Por otro lado, los reglamentos generales del Instituto de Seguros Sociales no subrogan riesgos de cualquier manera frente a los peligros propios de la insolvencia económica o desaparecimiento del empleador. Para ello, existen disposiciones expresas, como la Ley 25 de 1971 y los decretos 2677 de 1971 y 1572 de 1973 sobre “conmutación de las pensiones de jubilación del sector privado”, la cual procede en casos excepcionales tanto para las pensiones de jubilación legales como para las “convencionales”. Mediante esta figura el ISS puede sustituir a la empresa obligada en el pago de la jubilación y demás derechos accesorios a ella. Opera principalmente en los casos de empresas en proceso de liquidación, cierre, notorio estado de descapitalización, disminución de actividades o desmantelamiento que pueda hacer nugatorio el derecho de jubilación de los trabajadores.

“Las pensiones conmutables no son solamente las causadas, sino también las que están en curso de adquisición por trabajadores que tengan más de diez (10) años de servicios a la respectiva empresa. A esta figura pueden acudir, debidamente legitimados: el trabajador de manera independiente, este y la empresa, o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este, una vez ordenada la conmutación, no debe autorizar la liquidación ni el cierre de la empresa hasta tanto se le acredite la constancia del pago respectivo expedida por el Instituto de Seguros Sociales.

“Como se puede apreciar, en los reglamentos del ISS existen mecanismos apropiados para que el empresario en épocas de crisis conmute aun las pensiones voluntarias a su cargo al Instituto de los Seguros Sociales. Lo que no puede aceptar la Corte es que se eluda ese procedimiento legal, con el riesgo de que los pensionados tengan que perder ese derecho que han ganado con el esfuerzo de toda su vida laboral.

“3. Además, si la Corte modificara su jurisprudencia sobre la no compartibilidad de las pensiones voluntarias causadas antes de octubre de 1985, invariable desde diciembre de 1991 radicado 4441, y reiterada, entre otras, en sentencias 7481 de mayo 26 de 1995, 7875 de octubre 23 de 1995, 7960 de diciembre 15 de 1995, 7889 de marzo 1º de 1996, 9276 y 9329 de febrero 26 de 1997, y 9045 de abril 17 de 1997, y aceptara la susodicha compartibilidad con las del ISS, habría exactamente razones análogas para cambiar sus tesis respecto de la eventual compatibilidad de las pensiones de jubilación oficiales con las de vejez reconocidas por el seguro social.

“Y finalmente, sería inadmisible desde el punto de vista jurídico y social, que el patrono que adeuda la pensión convencional, causada con anterioridad a octubre de 1985, reduzca el monto de su obligación, o se exonere totalmente de ella, como consecuencia de cotizaciones efectuadas por el jubilado al ISS fruto de sus servicios a otros empleadores, prestados con posterioridad al reconocimiento de la pensión voluntaria patronal, puesto que estos no tienen ningún vínculo con el empresario deudor y tales aportes ulteriores, si fueron recaudados legalmente por el Instituto, generan un derecho independiente y autónomo del asegurado frente al ente gestor de la seguridad social, en la medida en que se cumplieron los requisitos establecidos en el reglamento respectivo, por lo que son fuente de la pensión de vejez que debe pagar el ISS”.

“Como se advierte a primera vista, no existe ningún error jurídico en el entendimiento dado por el fallador de segundo grado a las normas incorporadas en los cargos como indebidamente interpretadas. Los argumentos del censor no tienen el alcance de desvirtuar los soportes con los cuales la Corte ha sostenido su jurisprudencia sobre la temática aludida, transcrita in extenso en esta sentencia.

“Por otra parte, el sentido de los artículos 13, 16-2 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo no es el de impedir la coexistencia de prestaciones similares que tienen un origen jurídico distinto, como lo deduce el impugnante. Así, el primero de ellos prohíbe la estipulación de las partes tendientes a menoscabar los derechos mínimos que el Código consagra; el segundo es un caso especial de inaplicación de una ley que llegare a establecer alguna prestación no contenida antes en disposición legal alguna, pero sí convenida entre patronos y trabajadores, cuando la nueva preceptiva resulta desfavorable frente a lo voluntariamente estipulado; y el último, es regla de interpretación de la ley del trabajo en caso de conflicto o duda en cuanto a su aplicación. Ninguno de tales eventos, como se advierte, se acomoda al caso sub lite, en donde la jurisprudencia ya anotada ha despejado las dudas existentes y el resultado de tal ejercicio hermenéutico es evidentemente más beneficioso para los asalariados.

“De igual manera y bajo la misma perspectiva han de entenderse los artículos 36 y 49 de la Ley 6ª de 1945, pues no se ve como puede ser más favorable para el trabajador la interpretación que torna incompatibles las dos referidas pensiones, la de vejez y la convencional, respecto de la sostenida por la Corte, según la cual tales prestaciones son concurrentes; al menos las voluntarias reconocidas antes del 17 de octubre de 1985 con la pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales....”.

En este orden de ideas, volviendo a los hechos indiscutidos atrás reseñados, al haberse otorgado la pensión de jubilación convencional al causante en el año 1994, valga decir, con posterioridad al 17 de octubre de 1985, dicha situación pensional queda enmarcada dentro de los presupuestos de las normas que dieron cabida y regulan la compartibilidad de esta clase de pensiones, como son los aludidos artículos 5º del Acuerdo 029 de 1985 y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobados en su orden por los decretos 2879 y 758 del respectivo año.

Finalmente es de agregar, en lo concerniente al discurso del censor sobre el contenido de los artículos 9º y 17 de las convenciones colectivas de trabajo, en su orden las suscritas el 12 de noviembre de 1975 y el 21 de septiembre de 1990, en lo que atañe a la aplicabilidad del régimen de la pensión de jubilación convencional para “quienes habían sido vinculados al municipio con anterioridad al 31 de diciembre de 1991”; fuera de que este aspecto no fue materia de discusión en el presente proceso, dado que el tribunal no ha puesto en duda la condición de beneficiario de la convención colectiva de trabajo del causante, quien se vinculó laboralmente con antelación a esa data, es un punto más fáctico que jurídico.

Por todo lo expresado, la interpretación que le imprimió el tribunal a las normas denunciadas, coincide con las enseñanzas y directrices jurisprudenciales que antes se esbozaron, y en tal circunstancia no pudo incurrir el fallador de alzada en los yerros jurídicos endilgados.

En definitiva, el cargo no puede prosperar.

X. Tercer cargo

El censor acusó la sentencia de segundo grado de violar de manera indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el mismo conjunto normativo enunciado en el cargo anterior, en relación con los artículos 146 de la Ley 100 de 1993, 53 y 58 de la Constitución Política.

Adujo que dicha vulneración tuvo ocurrencia por los siguientes errores de hecho en que incurrió la colegiatura:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la pensión de jubilación de carácter extralegal, para los trabajadores del municipio de Buga, terminaba el 31 de diciembre de 1991.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la pensión de jubilación prevista para los trabajadores del municipio de Buga, no se extiende como pensión sustitutiva de jubilación a la señora Blanca Nubia Betancourt Pazmin, a partir del 1º de enero de 1992”.

Relacionó como pruebas apreciadas erróneamente, las convenciones colectivas de trabajo obrantes a folios 12 a 18 y 19 a 31 del expediente.

Para el desarrollo del cargo el recurrente expuso:

“(…) El cargo no controvierte el hecho de la jubilación del señor Victor Joel Jaramillo Beltrán y que al fallecer lo sustituyó la señora Blanca Nubia Betancourt Pazmin, lo que no se acepta es que el tribunal llegara a la conclusión, que la pensión de jubilación que consagran los artículos 9º y 17 de las convenciones antes citadas, se deba compartir con la pensión de vejez del ISS y solo se paga el mayor valor a cargo del municipio de Buga. Conclusión esta a todas luces equivocada, como lo indicó enseguida.

El artículo 9º (fl. 16) de la convención del 25 de noviembre de 1975, dice: “Pensión de jubilación el municipio de Buga jubilará a sus trabajadores en cuanto cumplan veinte (20) años de servicios continuos al municipio de Buga, con el 80% del sueldo promedio al último año de servicio sin tener en cuenta la edad. En los demás casos se a cojera a las disposiciones legales”. Quiere decir lo anterior que de este derecho se benefician los trabajadores que cumplan 20 años de servicios, sin tener en cuenta su edad.

A su turno el artículo 17 (fl. 28) de la Convención Colectiva firmada el 21 de Septiembre de 1990 empatan perfectamente cuando se dijo: “ART. 17.—Pensión de jubilación: Se jubilara a los trabajadores al cumplir veinte (20) años de servicios continuo o discontinuos, sin tener en cuenta la edad, con el ochenta por ciento (80)% del sueldo promedio del último año de servicio. La pensión se cancelará en esta forma siempre y cuando al cumplir los veinte (20) años de servicio el trabajador este laborando en el municipio”. PAR 1º—Este artículo continuará vigente en todas sus partes. Para los empleados públicos y trabajadores oficiales actualmente vinculados al municipio, o que se vincularen hasta el treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991). A partir del primero (1) de enero de mil novecientos ochenta y dos (1992), todo empleado público y trabajador oficial que ingrese laboralmente al municipio de Buga se jubilará con el tiempo de servicio y la edad prevista en la ley. En cuanto hace referencia al porcentaje de jubilación, el municipio reconocerá y pagará el ochenta por ciento (80) %” (resalto). “PAR. 2º—El trabajador o empleado público, actualmente vinculado con el municipio de Buga, o que se vincularé hasta el treinta y uno (31) de diciembre de de mil novecientos noventa y uno (1991), que fuese desvinculado del municipio de Buga, y cuya situación laboral no dependan de un fallo judicial, en el lapso de dos (2) años de contados a partir de la fecha de su retiro, regresare legamente al municipio de Buga, gozará de todos los beneficios sobre pensión de jubilación, estipulado en el artículo decimo séptimo de la convención colectiva de trabajo”. (He destacado).

Del contenido de este artículo se extrae que: a) Que el derecho pensional del artículo 9º de la anterior convención continua vigente en todas sus partes cuando fueren trabajadores legalmente vinculados con anterioridad o hasta el 31 de diciembre de 1991. b) Que el artículo 9º de la convención antes citada no se aplica a los trabajadores o empleados vinculados al municipio a partir de 1º de enero de 1992. Nunca más en estas dos convenciones colectivas de trabajo se dice que la pensión de jubilación de que habla las normas antes citadas sea compartible como igualmente no se lee por ninguna parte que no sean compatibles.

Lo anterior indica que las convenciones colectivas de trabajo antes relacionadas, como pruebas solemnes que son esa honorable Sala de Casación si debe de hacerle producir los efectos que las mismas tienen y de otra que la pensión de jubilación no tiene por que compartirse, circunstancias estas dos que son las que el tribunal no entiende y la razón por la cual incurre en los ostensibles errores fácticos.

Lo anterior es suficiente para que se lleve a la prosperidad el cargo aquí formulado y se proceda con forme al alcance de la impugnación”.

XI. Se considera

Con este cargo el recurrente pretende acreditar, que el tribunal dio por demostrado sin estarlo, como primera medida que la pensión de jubilación extralegal a cargo del municipio de Buga se terminó o extinguió el 31 de diciembre de 1991; y en segundo lugar, que esa prestación convencional no se extendía como pensión sustitutiva de jubilación a la cónyuge demandante del causante, a partir del 1º de enero de 1992; para lo cual propuso dos (2) errores de hecho y denunció la errónea apreciación del texto convencional.

Para dar al traste con la acusación, basta con decir, que el juez colegiado no cometió ninguno de los yerros fácticos enrostrados ni pudo apreciar con error las convenciones colectivas de trabajo; si se tiene en cuenta, que en momento alguno arribó a las conclusiones que cuestiona la censura.

En efecto, de acuerdo con la motivación de la sentencia censurada, el tribunal nunca infirió que la prerrogativa de la pensión de jubilación convencional terminara el 31 de diciembre de 1991, como tampoco concluyó que ese beneficio no se extendía en sustitución a la cónyuge del pensionado; es así que por el contrario, estableció que el causante Víctor Joel Jaramillo Beltrán se jubiló “a partir del 1º de diciembre de 1994, con fundamento en el artículo 17 de la norma convencional vigente para el año 1994” y que dicha prestación extralegal “le fue sustituida a la señora Blanca Nubia Betancourt Pazmin a partir del 1º de noviembre de 1999” (resalta la Sala); lo que significa, que ese beneficio convencional la alzada no lo limitó en el tiempo en los términos propuestos por el recurrente, ni tampoco le negó la posibilidad de sustituirlo a los beneficiarios del trabajador fallecido, para el caso la cónyuge sobreviviente.

Situación distinta, es que el juez de apelaciones sin desconocer el contenido de las clausulas convencionales que apreció, encontró que por tener la pensión de jubilación extralegal reconocida al causante después del 17 de octubre de 1985, la vocación de ser compartida con la pensión legal de vejez que concedió posteriormente el ISS, únicamente el empleador tenía a su cargo el mayor valor entre ambas pensiones, y que en estas mismas condiciones debía entrar a sustituirse a la cónyuge demandante; a más que, conforme al texto convencional estimó que “no se estableció expresa ni tácitamente en ninguno de sus aportes la compatibilidad de la pensión de jubilación con la de vejez otorgada por el ISS”, al igual que también se guardó silencio sobre una posible compatibilidad en la resolución de reconocimiento, lo que confirmaba la compartibilidad pensional; aspectos últimos de índole fáctico que el recurrente en rigor no atacó, ni logra desvirtuar con lo planteado en este cargo encauzado por la vía de los hechos.

De suerte que, el recurrente en esta acusación extravió el ataque sin observar las verdaderas conclusiones de la alzada, pues lo edifica con base en inferencias ajenas a las que soportan la decisión cuestionada.

De otro lado, en relación a la alegación del censor contenida en la sustentación del cargo, en el sentido de que se debe tener en cuenta, que las normas convencionales controvertidas expresamente no señalan que las pensiones de jubilación y vejez “sean compartibles” e igualmente “no se lee por ninguna parte que no sean compatibles”; es menester aclararle al recurrente, que por ser la regla general contenida en los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales y la ley, que las pensiones extralegales causadas con posterioridad al 17 de octubre de 1985 son compartibles con las que otorgue el ISS, resulta suficiente para tener por probada esa compartibilidad, que aparezca evidenciada la naturaleza extralegal o convencional de la pensión originalmente reconocida y su causación después de la citada fecha, que fue lo que en esta oportunidad aconteció; y a contrario sensu para considerar la existencia de la compatibilidad que en este evento es la excepción, si se requiere que en la fuente del beneficio pensional que lo es la convención colectiva de trabajo, se dispusiera expresamente la coexistencia entre ambas pensiones, que es el supuesto fáctico que no encontró demostrado el tribunal y que la censura no logra acreditar.

Colofón a lo anterior, el fallador de alzada no pudo incurrir en los errores de hecho endilgados, y por ende el cargo no prospera.

De las costas del recurso extraordinario, no hay lugar a ellas por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 29 de agosto de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso adelantado por Blanca Nubia Betancourt Pazmín contra el municipio de Guadalajara de Buga.

Sin costas en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».