Sentencia 38946 de noviembre 23 de 2010

 

Sentencia 38946 de noviembre 23 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Rad.: 38946

Acta 41

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se considera

Luego de referenciar los artículos 8 a 10, y 12 del Decreto 1295 de 1994, el ad quem culminó su labor de juzgamiento anotando que “La reseña que antecede viene al caso para concretar que en este proceso no quedó demostrado que la entidad demandada, de alguna manera, hubiera manifestado alguna circunstancia constitutiva de discrepancia en cuanto al origen del anotado siniestro. Esto se traduce en concretar que la entidad demandada no probó las afirmaciones en las que apoyó su mecanismo defensivo”, aserto que encierra una clara contradicción, pues en primer lugar, afirmó que la demandada no cuestionó el origen común del siniestro que cobró la vida de Diómen Giraldo Castro y, enseguida, señaló que dicho sujeto procesal no demostró la veracidad de lo que adujo en su defensa.

Con base en las fotocopias remitidas por el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación (fls. 177 y ss.), no hay motivo para dudar que Diómen Giraldo Castro falleció como consecuencia de las heridas ocasionadas con arma de fuego el 30 de junio de 2005, a las 5:15 p.m., cuando se encontraba, junto con su hijo Carlos Augusto Giraldo Bedoya, en una cafetería “en la esquina de la estación de servicio Bolívar”. También da cuenta el acta de inspección al cadáver (fl. 177) de la indeterminación del motivo por el cual fue asesinado el señor Giraldo Castro, razón por la cual, el 6 de julio de 2001, la jefatura de la unidad de fiscalías delegadas ante los juzgados penales del circuito de Armenia (fl. 183), dispuso suspender la investigación iniciada a raíz del homicidio mencionado.

Si bien, desde el inicio del proceso, la persona jurídica accionada llamó la atención sobre falta de precisión del origen del accidente que desencadenó el deceso del afiliado, e incluso llegó a manifestar su oposición al éxito de las pretensiones “entre tanto no se acredite probatoriamente dentro del juicio que la causa del deceso (…) derivó de riesgos de origen de común”, y que como los hechos sucedieron en las proximidades del lugar de trabajo de aquél, dentro del horario de trabajo, cuando se disponía a tomar un café, se trató de un accidente de trabajo, lo cual develaría la equivocación del tribunal.

En orden a verificar si el infortunio que generó el fallecimiento del afiliado fue de índole profesional, ninguna trascendencia tiene lo que la administradora accionada sostuvo en los escritos de réplica a la demanda, de proposición de excepciones previas, ni el de sustentación del recurso de apelación, obviamente, porque lo que afirma una de las partes, no puede reportarle ventajas probatorias, y de las pruebas calificadas que se enlistan como no apreciadas, ninguna arroja luces sobre los motivos que condujeron a la perpetración del punible que cegó la vida de Giraldo Castro, de suerte que ante tal incertidumbre, en los términos que la jurisprudencia de la Sala tiene decantado, el siniestro generador de la pensión de sobrevivientes, no puede ser catalogado sino como de origen común. Importa recordar que, sobre el accidente de trabajo, se ha dicho que:

“En consecuencia, es claro que para que exista un accidente de trabajo debe haber una relación de causalidad entre el percance sufrido por el trabajador y la prestación del servicio bajo subordinación, bien sea por causa del trabajo o con ocasión de éste, de suerte que existiendo tal vínculo causal y en tratándose de un suceso repentino que ocasione un daño en la salud del trabajador, se estará en presencia de los supuestos de hecho exigidos por el artículo 9º en comento, del que no es dable deducir elementos diferentes para la configuración del accidente laboral, relacionados con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el infortunio que, desde luego, no son ajenas a la definición de su índole laboral, pero como integrantes de la relación causal arriba mencionada y no como una cuestión adicional a ella. (Sent. ago. 23/2005, rad. 24232).

En consecuencia, no se presenta ninguna complejidad para concluir que el juez de la alzada no incurrió en ningún yerro fáctico con la connotación de evidente, manifiesto, u ostensible, que es requisito de imprescindible concurrencia para que pueda derruirse la presunción de legalidad y acierto, con que está sellada la sentencia del tribunal.

El hecho de que el homicidio se presentara durante el horario habitual de trabajo, si es que eso estuviera demostrado, no indica, necesariamente, que el mismo hubiera ocurrido por causa o con ocasión de las funciones desempeñadas por el causante, ni que se presente una relación de causalidad entre las actividades de la víctima, y la agresión de que fue objeto.

Finalmente, y aunque es más un tema jurídico que fáctico, no sobra advertir que frente a la presunción legal contenida en el inciso 1º del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994, a la demandada le incumbía demostrar que el supuesto accidente varias veces mencionado, había sido de índole profesional, tarea que lejos estuvo de cumplir.

A pesar de la improsperidad del cargo, no se imponen costas por el recurso extraordinario, dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 6 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso que Elizabeth Montalvo y otros promovieron contra Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».