Sentencia 38951 de mayo 8 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Rad.: 38951

Acta: 14

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

Tiene dicho la Corte de manera reiterada que no es función suya en el recurso extraordinario de casación laboral, interpretar y darles alcance a normas convencionales. Primero, porque la finalidad de dicho recurso es la de unificar la jurisprudencia en torno a los preceptos jurídicos del orden nacional que se estimen violados, y las convenciones colectivas de trabajo, si bien tienen naturaleza sustancial, no son normas del orden nacional, en tanto que su ámbito de aplicación es restringido. Segundo, porque de acuerdo con lo dicho, la convención colectiva de trabajo es, para los efectos del recurso de casación, una prueba en tanto los derechos que emanan de ella deben ser probados y acreditados en el proceso. Y tercero, porque como prueba que es, al igual que los demás medios probatorios ordinarios, puede ser apreciada por los jueces dentro del principio de la libre formación del convencimiento que inspira las decisiones laborales, de ahí que la conclusión del juzgador al interpretarla, siempre y cuando se muestre razonable y formalmente válida, debe ser respetada en el recurso extraordinario, pues de conformidad con las reglas que gobiernan dicho medio de impugnación, solo el error de hecho evidente, ostensible o manifiesto, es el que puede dar lugar al quebrantamiento de una sentencia cuando se controvierte a través de la violación indirecta de la ley, de manera, que en ese orden, cuando la apreciación del sentenciador de una norma convencional sea manifiestamente equivocada, es cuando podría la Corte entrar a remediar el desacierto del juzgador de la alzada, situación que impide que en esta sede se de aplicación al principio del indubio pro-operario.

Al respecto, en sentencia de casación del 25 de septiembre de 2012, radicación 40365 de 2012, en la que se reiteran sus orientaciones sobre el particular, sostuvo la Corte lo siguiente:

“(...) no es función de la Corte en casación fijar el sentido de las cláusulas plasmadas en las convenciones colectivas de trabajo, pese a la gran importancia que ostentan esos acuerdos en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho laboral, dado que no son normas legales sustanciales de alcance nacional. Por esa misma razón, las partes son las que, en principio, están llamadas a determinar su sentido y alcance, puesto que esta Sala de la Corte sólo puede separarse de la interpretación que le asigne el juzgador, en caso de que ésta se exhiba absurda, para concluir que, por su errónea apreciación como prueba, se produjo un yerro manifiesto.

Igualmente, en aquellos casos en que ante una misma disposición convencional resulten atendibles diferentes interpretaciones, la circunstancia de que el juzgador opte por una de ellas no puede constituirse en un error de hecho manifiesto, protuberante, o garrafal, por cuanto, como lo ha enseñado esta corporación, los distintos significados que surjan de una misma cláusula de la convención colectiva de trabajo implican que no pueda estructurarse un yerro fáctico ostensible, ya que sólo en el caso de que el juez le dé a ese texto normativo, de condiciones generales de trabajo, un alcance absolutamente descabellado, puede la Corte precisarlo y, si es del caso, corregirlo, lo cual no sucede en esta ocasión, dado que el ad quem acogió uno de los posibles alcances razonables que admite el precepto convencional.

Por lo tanto, la estimación que de las cláusulas de una convención colectiva de trabajo haga el juzgador, debe entenderse enmarcada dentro de la facultad de apreciar, de manera libre y razonada, los medios probatorios, que confiere a los jueces laborales el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que solo puede merecer el repudio de este tribunal de casación, en la medida en que resulte contraria a la razón, a la ciencia y a la técnica, es decir, que de ella pueda predicarse el disparate y el absurdo. Ello no ocurre en este caso, dado que el juzgador acogió una de las posibles interpretaciones razonables que admite el documento referido”. Sentencia del 6 de septiembre de 2011, rad. 44008.

En el asunto bajo examen, la cláusula cuarta de la convención colectiva firmada por las partes en mayo de 1992, que figura a folios 426 a 432 establece:

“Pensión de jubilación: a partir de la vigencia de la presente convención el Inderena pensionará a los trabajadores que cumplan 46 años de edad y 20 años de servicio. Para la liquidación y retiro del trabajador que cumpla estos requisitos, se dará prelación a quienes tengan mayor edad y el reconocimiento pensional se hará efectivo a partir del momento en que este es comunicado. Este proceso será vigilado por una comisión mixta Inderena-sindicato, y cada vacante que por este hecho se produzca quedará automáticamente congelada, quedando a discrecionalidad del Inderena su descongelación”.

A su turno, la cláusula decimosegunda de la convención colectiva firmada en marzo de 1994, que figura a folios 442 a 447 establece:

“Pensión de jubilación: El Inderena seguirá reconociendo pensión de jubilación a los trabajadores del proyecto Carare-Opón, de acuerdo con lo señalado en la Cláusula Cuarta de la Convención suscrita en 1992”.

El ad quem concluyó que el condicionamiento impuesto por las cláusulas convencionales, de que la edad fuera cumplida en vigencia de la relación laboral, pues esa intelección era la más sana y acorde con el espíritu contractual, de manera que cuando el sentido de la ley es claro, no le es dable al interprete darle alcances que no tiene.

Para tales efectos, aseveró que “Abundando en razones debe indicarse que el anterior criterio encuentra respaldo en la naturaleza misma de la convención colectiva de trabajo, la cual en términos del artículos 467 del Código Sustantivo del Trabajo, fija las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia y como quiera que entre las partes contendientes al momento en que el actor cumplió la edad de 46 años requerida, no existía ningún tipo de vínculo contractual laboral, por sustracción de materia es inaplicable la convención colectiva de trabajo de 1994 en concordancia con la de 1992 para efectos de acceder al renacimiento de la pensión deprecada”.

Así las cosas, debe advertir la Corte que la interpretación que le dio el tribunal a las normas convencionales que aquí se examinan, se muestra razonable y valedera, lo cual descarta la comisión de un error mayúsculo o evidente, lo que conlleva necesariamente a encontrar infundado el cargo.

Las costas del recurso son a cargo del impugnante, dado que hubo réplica a la demanda de casación. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3’000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de junio de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Descongestión), en el proceso que Manuel Salvador Restrepo Arenas le sigue a la Nación, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».