Sentencia 38954 de julio 25 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 38954

Acta 26

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Concedido por el tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente que se case la sentencia de segundo grado para que, en sede de instancia se confirme la del juzgado y se provea en costas como corresponda.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnante formula 3 cargos que fueron replicados.

Primer cargo

Denuncia la sentencia “por haber violado directamente, por infracción directa el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, trasgresión legal que trajo como consecuencia la indebida aplicación de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 101 de la Ley 50 citada y 101 de la Ley 100 de 1993, todos en relación con el artículo 53 de la Carta Política”.

Aludió a que el cargo, dirigido por la vía jurídica, se concreta en demostrar que el tribunal violó la ley sustancial, al otorgar valor al pago del auxilio de cesantías en un fondo que no fue elegido por el trabajador.

Discutió que la sentencia hubiese desconocido que el auxilio parcial de cesantías que se le entregó al actor, no estuviera autorizado por el ministerio respectivo, lo que lo condujo a disminuir el valor de la condena; copió algunos fragmentos de aquella y refirió que cuestionaba que “a pesar de que aplicó el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, lo trasgredió como consecuencia de su rebeldía contra el mandato expreso del artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo”; que esa preceptiva señala que las disposiciones del trabajo son de orden público y que el nuevo régimen que impuso la Ley 50 de 1990, comprendía que se estableciera por parte del trabajador el fondo en el cual se hiciera la consignación de sus cesantías.

Transcribió un aparte del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 e indicó que “cuando el juez del trabajo considera que el pago se torna válido cuando se hace en cualquier fondo de cesantías, ese juez se rebela contra una norma de orden público laboral (y desde luego atenta contra el orden público económico) y crea las condiciones para que el sistema se rompa” que “independientemente de la causa fáctica del pago inválido, el tribunal se rebeló contra la ley y a la Corte le está dado, en defensa de la misma, infirmar la sentencia”.

Aseveró, en síntesis, que como aquel era el soporte esencial de la sentencia, no era necesario demostrar los restantes errores jurídicos, entre ellos los relacionados con la revocatoria de las indemnizaciones; que es claro que “el tribunal violó la ley sustancial en punto a la validez del pago efectuado en un fondo de cesantías que el demandante no eligió, eso impone la anulación de la sentencia en relación con las pretensiones relacionadas, con indemnización moratoria y los rendimientos financieros, pues estas dos últimas pretensiones derivan, son consecuencia, del error jurídico primigenio en que incurrió el sentenciador”.

En un acápite que denominó “alegación de instancia” apuntó a que las razones de la demandada, relacionadas con su buena fe y la existencia de un error, no son atendibles pues aunque aquel es un vicio del consentimiento, no puede tratarse de cualquier yerro, que “si en el mundo de los negocios bastara con alegar el error para exonerase de responsabilidad frente al acreedor, la propia compañía de gas demandada se quebraría en menos de un año”, que no era posible validar el pago a un fondo de cesantías diferente y que esa teoría genera un equivocado precedente judicial.

Agregó que no era admisible predicar la buena fe, porque la empresa “primero hizo un pago inválido de la cesantía parcial. Una que el demandante no pidió. Una que el ministerio no autorizó. Y, sin embargo contestó la demanda diciendo, al folio 53, que el hecho alegado por el demandante no es cierto y que, en todo caso, el outsourcing de nómina que tiene contratado para el manejo de la nómina liquidó la cesantía parcial del demandante pues debió mediar, dice la parte demandada, la solicitud directa por parte del mismo Puglisi y que, en todo caso, efectuó el pago en la cuenta de ahorros de Puglisi en Davivienda”.

Hizo diferentes cuestionamientos sobre el anterior raciocinio y advirtió que no existían razones atendibles para negar la indemnización moratoria.

La réplica

Puso de presente el equivocado planteamiento del cargo, por cuanto no es posible aludir a la infracción directa y a la vez a la aplicación indebida de un mismo compendio normativo, que tampoco es admisible acudir a argumentos fácticos; que en todo caso el sentenciador de segundo grado no incurrió en ninguno de los desafueros normativos endilgados, pues no se desconoció el derecho de escogencia del fondo de cesantías, sino que existió un error de buena fe y que por tanto no se podía invalidar el pago.

Trajo a colación un aparte de la sentencia acusada, luego de lo cual ratificó que el ad quem no pudo equivocarse en cuanto su argumentación se dirigió a que no encontró malintencionada la actitud de la empresa.

Se considera

Es cierto que el cargo, pese a dirigirse por la vía directa ataca conclusiones fácticas, sin embargo ello no es suficiente para desestimarlo, pues se advierte que lo debatido es el efecto que el juzgador le imprimió a las normas denunciadas, y por el cual estima se infringió el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo.

En efecto, el fundamento del fallo acusado se refiere a la validez que se le otorgó a la consignación realizada en un fondo de cesantía que no fue elegido por el actor, y respecto de la cual consideró el ad quem que pese a la equivocación, se cumplió con lo previsto en la norma, y dentro del término allí exigido.

El artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que se acusó como aplicado indebidamente por estimar que aunque fue correcta su invocación, se dedujeron unas consecuencias contrarias a las incorporadas en dicha normativa, en lo pertinente, es del siguiente tenor:

“ART. 99.—El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

“1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

(...).

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo (destacado fuera de texto).

4ª. Si al término de la relación laboral existieron saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto”.

El reseñado artículo impone unas consecuencias para el empleador incumplido, solo que, como en múltiples oportunidades lo ha decantado esta Sala, al tratarse de una preceptiva sancionadora, su imposición debe estar precedida de un razonamiento y de una evidencia de que la actuación no se enmarcó en los criterios de buena fe.

Y precisamente, fue en esa línea que el juzgador se amparó para contemplar los efectos de la disposición, y encontró que el término de la ley, y su verdadero espíritu fue respetado por el empleador, aunque no negó que ello estuvo precedido de un error, al que no otorgó la entidad suficiente.

Ello no significa, como se sugirió en el cargo, que se atente contra la potestad del trabajador de elegir libremente el fondo, menos que se transgredan disposiciones de orden público, solo que por el contrario se obligue al juez a ponderar si es admisible gravar al empleador con una moratoria, cuando quiera que su actuación, como lo concluyó el tribunal y no fue discutido por la censura según la vía elegida, estuvo libre de malicia, conforme con lo acreditado en el plenario, pues se insiste, aquella no es inexorable.

Por lo visto el cargo no prospera.

Cargo segundo

Acusó “la sentencia del tribunal por haber violado directamente, por interpretación errónea, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 249 y 254 ibídem, 53 de la Carta Política, 9º del Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil”.

Hizo referencia a que la sentencia “contiene en punto a la indemnización moratoria, planteamientos de carácter jurídico y de carácter fáctico”; tras copiar un aparte de aquella, indicó que contenía planteamientos contradictorios, pues señaló que “la demandada demostró la buena fe que exonera de la indemnización moratoria (...) dice en seguida que no se demostró que hubiera actuado de mala fe (...) y vuelve a decir, un poco más adelante que la sociedad demandada demostró su buena fe a pesar de la invalidez del pago de cara al artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Que “cuando el tribunal sostiene que el empleador aquí demandado, a pesar de haber hecho un pago que el propio tribunal calificó de inválido, uno prohibido por el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo y afirma al mismo tiempo, y por el mismo respecto, que aquel cumplió con sus obligaciones no solo incurre en un planteamiento contradictorio e inadmisible, sino también en uno ilegal, pues el pago inválido, el pago contrario al orden público laboral, no produce efecto alguno, y por eso mal puede afirmarse que la sociedad demandada cumplió con sus obligaciones”.

Explicó que no era posible admitir la teoría de doble sanción, es decir la del artículo 65 y la del 254 del Código Sustantivo del Trabajo, y para ello acudió a una sentencia de esta Corte, de 14 de mayo de 1987, que no identificó, y a partir de la cual concluyó que aquella no se presentaba en este asunto.

La réplica

Señaló que la acusación es inapropiada, por cuanto no era viable predicar la interpretación errónea cuando lo discutido era la valoración sobre la buena fe. Sin embargo acotó que no existía contradicción en la decisión y que “aunque la expresión del tribunal puede prestarse para lo manifestado por la censura, lo cierto es que el tribunal no basó la decisión de la absolución por indemnización moratoria por el hecho de que la misma constituya una segunda sanción, sino concretamente porque la compañía demandada pudo demostrar su buena fe”.

Resaltó que “el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo no establece como sanción al pago parcial indebido del auxilio de cesantías la sanción moratoria, a lo sumo establece que de efectuar un pago parcial de cesantías, dichas sumas pagadas se perderán, mas no establece que como consecuencia directa de pagos parciales sin autorización del auxilio de cesantías proceda la sanción consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo” y que por tanto la censura no podía otorgar relevancia a una frase inexistente sobre la doble sanción.

Cargo tercero

Endilgó a la sentencia “haber violado indirectamente por aplicación indebida, derivada de errores de hecho el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo”; tales yerros los concretó así:

“1. No dio por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada fue negligente en el cumplimiento de las obligaciones que debía el trabajador demandante.

2. Dio por demostrado, sin estarlo, que el empleador demandado procedió de buena fe”.

Dijo que esos yerros obedecieron a la falta de apreciación de las pruebas que militaban de folios 85 a 86 y de la contestación de la demanda, en cuanto existía confesión; que se produjo una valoración equivocada de la liquidación definitiva de prestaciones, de folio 36, y del interrogatorio de parte que rindió el representante legal de la sociedad demandada.

Arguyó que el pago parcial de la cesantía fue declarado inválido en las 2 instancias y que por ello el a quo accedió al reconocimiento de la indemnización moratoria; luego de copiar un fragmento de la sentencia de segunda instancia aseveró que no existía razón para exonerar a la empresa de la indemnización; que al contestar el hecho 14 de la demanda, así como en el interrogatorio de parte, se aceptó que no medió autorización del trabajador para autorizar el pago de la cesantía.

Esgrimió que era evidente “la mala fe y la falta de diligencia”; que no se advirtió “que se contestó la demanda aduciendo que el pago de la cesantía parcial se efectuó a solicitud del trabajador y todo en forma regular. Pero esa razón no podía ser razón atendible, pues lo que revelan las pruebas que se han reseñado es que se cometieron serias irregularidades que venían dándose de tiempo atrás y que aquella quiso justificar en que un tercero, especialista en el manejo de nóminas, había actuado de buena fe en la comisión de errores jurídicos y de hecho”.

Hizo un juicio de lo que consideró demostraban las pruebas acusadas para concluir que la demandada actuó con error, que no la exoneraba de la indemnización y por tanto pidió infirmar la sentencia.

La réplica

Acotó que el tribunal sí encontró acreditado el error de la empresa, solo que asumió que no tenía la entidad de invalidar el pago de la suma consignada en un fondo diferente “y para el caso del anticipo realizado sin el lleno de los requisitos de ley consideró que no se realizó con la intención de perjudicar al trabajador o de pretender evadir el cumplimiento de una obligación legal y en consecuencia no consideró procedente condena por indemnización moratoria”.

Citó un aparte de la sentencia, relativo al anticipo de la cesantía y otro relacionado con el pago en un fondo diferente al seleccionado, y luego advirtió que el juzgador no evidenció mala fe en la actuación de la empleadora; que las afirmaciones de la empresa solo son el resultado del convencimiento de que hubo una equivocación que no constituía una actuación de mala fe porque no se realizaron “con la idea de sembrar duda, afectar derechos laborales y causarle intencionalmente un perjuicio”.

Recabó en que la actuación de la demandada “no evidencia la intención de causarle un perjuicio al trabajador o de desconocerle el pago de un derecho laboral, sino porque el pago se realizó por un error involuntario en un fondo de cesantía diferente, error que seguramente obedeció al hecho que, tal como consta a folios 76 y 77 un importante número de trabajadores de la empresa se encuentran afiliados al fondo de cesantía Santander. Además desde septiembre de 2003 el demandante era conocedor del error en el que se encontraba inmersa la empresa, toda vez que el respectivo comprobante de nómina (el cual obra a folio 80) se indica expresamente como fondo de cesantía Santander. Es de resaltar que en todo desprendible de nomina se incorpora el siguiente mensaje el cual busca que el trabajador colabore con la identificación de errores en la información de nómina - Estimados colaboradores: En procura de mantener la base de datos de la nómina actualizada le solicitamos revisar detalladamente los datos de este volante de nomina consignados en la sección datos de seguridad social y datos particulares al igual que los campos de cédula, cargo y dependencia. Cualquier aclaración o comentario que tenga al respecto, le solicitamos enviarlo vía Lotus Notes. Dirección de recursos humanos estratégicamente apoyando a nuestra gente y al negocio”.

Se considera

Aun cuando los cargos segundo y tercero están enderezados por distintas vías, la Sala asumirá el estudio conjunto, por existir identidad en el compendio normativo legal denunciado, perseguir un mismo propósito, y apoyarse en similares argumentos, dirigidos a controvertir la absolución que impartió el tribunal por la indemnización moratoria pretendida, y por ello le atribuyó la comisión de yerros jurídicos en la interpretación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en la primera acusación y errores evidentes de hecho por la equivocada valoración de las pruebas que denunció, en la segunda.

El ad quem estimó que la entidad demandada incurrió en la prohibición del artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, que efectuó un pago parcial de cesantías, sin que mediara la autorización del ministerio, ni del demandante, y en tal sentido condenó al pago nuevamente de esa prestación, solo que no accedió a la sanción moratoria por cuanto “no se demostró que tal proceder de la demandada haya sido derivada de una mala fe, en querer perjudicar al trabajador, sino por el contrario se advierte que la misma quiso cumplir con el pago de dicha acreencia, aún antes del término que tenía para efectuar dicho pago”; que ese dinero se consignó en la cuenta de ahorros del actor, según lo visible a folios 80 y 137 y que “al tenerse legalmente por no echo el pago, no se puede sancionar doblemente a la demandada por el mismo hecho”, tal postura no se advierte equivocada, porque incluso, en sentencia de esta Corte, Radicado 32061, de 3 de julio de 2008 se indicó:

“[D]e conformidad con la postura actual de la Sala, la pérdida del valor pagado por cesantía en los términos del artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo, no genera la moratoria del artículo 65 del mismo estatuto, por no poderse acumular estas dos sanciones, lo cual se dejó sentado desde la sentencia del 28 de marzo de 2003 Radicado 18990, que se reiteró en casación del 26 de septiembre de 2006 Radicación 27186, en la que se dijo:

‘... Para imponer la sanción moratoria, considera el tribunal que el demandado, a la terminación del contrato de trabajo, queda adeudando al trabajador la suma de $ 1.809.378, por concepto de cesantía, pues considera que la suma pagada por ese concepto en vigencia de la relación de trabajo, debe perderla el empleador con base en lo dispuesto en el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo.

Como lo señala el censor, esta Sala en sentencia del 28 de marzo de 2003 (Rad. 18990), luego de analizar las diferentes posiciones asumidas por la jurisprudencia en el pasado sobre el tema, define la imposibilidad de la concurrencia de las sanciones previstas en los artículos 65 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo, atendidas las siguientes consideraciones:

‘El eje medular de la controversia radica en dilucidar la viabilidad de la concurrencia de las sanciones previstas en los artículos 65 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo, tópico que ha sido objeto de múltiples y variados pronunciamientos jurisprudenciales; para hacer claridad al respecto, se esbozan los siguientes:

Sobre la temática en cuestión, el 14 de mayo de 1987, Radicación 328, la entonces Sección Primera de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al no ser pacífico el punto en controversia, luego de estudiar la diferente naturaleza de las sanciones previstas en los artículos 65 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo y no involucrar al trabajador en el quebranto de la ley, optó por el criterio de la simultaneidad de las sanciones en referencia, para lo cual expresó:

‘el hecho de que el empleador pierda la suma pagada por cesantía parcial no autorizada por el Ministerio del Trabajo, no justifica la deficiencia en el pago final, en primer lugar porque se trata de sancionar una falta diferente (el incumplimiento patronal de la obligación de obtener el permiso del Ministerio del Trabajo, para el pago parcial de cesantía), y en segundo lugar porque no puede tenerse como una conducta revestida de buena fe la que ha conducido a la violación de una prohibición expresa de la ley.

Por otra parte, la circunstancia de haber mediado la intervención del trabajador en la consumación del acto violatorio de la ley, si bien es censurable, no convierte la actitud de la empleadora en una conducta revestida de buena fe, particularmente si se tiene en cuenta que la prohibición consagrada en el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo específicamente se orienta hacia los empleadores que son quienes deben responder por la violación de la misma’.

La extinta Sección Segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 10 de diciembre de 1986, Radicación 448, luego de analizar el objetivo de las referidas normas, el principio de equidad y la finalidad de las sanciones, concluyó la no simultaneidad en su aplicación, al asentar:

‘Si bien es cierto que los artículos 65 y 254 del Código Sustantivo del Trabajo prevén hipótesis y situaciones diferentes, la Sala estima que no deben aplicarse simultáneamente porque ello sería contrario a las finalidades de dichas normas, fuera de que daría lugar a injusticias irreparables (CST, arts. 1º, 18, 19). La interpretación de las normas laborales debe hacerse dentro de un espíritu de equidad.

Es verdad, por un lado, que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo tiene claro carácter de indemnización por parte del patrono renuente a pagar salarios y prestaciones que le deba al trabajador. Por lo tanto, la norma no puede aplicarse en los casos de duda justificada acerca de la existencia misma del derecho por haber incertidumbre de buena fe del patrono acerca de ella.

El artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe a los patronos, bajo sanción de perder lo que hayan pagado, efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados. Con esta sanción no puede concurrir la indemnización del artículo 65, porque esta última tiene por objeto y finalidad resarcir los perjuicios que el patrono le haya podido causar al trabajador con el no pago oportuno de los salarios y prestaciones debidos, y en el caso del pago irregular de cesantía parcial ningún perjuicio se le ha ocasionado al trabajador cuando este efectivamente ha recibido anticipos por ese concepto, de los cuales se ha usufructuado. Entonces no cabría en rigor jurídico hablar de indemnización, como lo hace el artículo 65, porque esta solo se debe cuando se han causado perjuicios a una persona.

La sanción impuesta a los patronos por infringir lo dispuesto en el artículo 254 priva del poder liberatorio el pago hecho ilegalmente, razón por la cual debe volver a hacerlo cuando el trabajador se lo reclame al terminar el contrato de trabajo, porque bien puede este aceptar el pago parcial que se le haya hecho por aplicar en sus relaciones con los demás el principio de equidad’.

La misma Sección Segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 11 de diciembre de 1986, Radicación 284, reiteró ese entendimiento al decir:

‘... pues realmente se trata de sanciones independientes que tienen origen diferente.

La jurisprudencia transcrita y que el tribunal acoge en su integridad como apoyo de la decisión absolutoria respecto de la indemnización moratoria, hace referencia al concepto de buena fe que lleva implícito el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, acorde con la misma, si la única condena que resulta en contra del patrono es la que corresponde al pago que nuevamente debe hacer de lo que entregó aquel al trabajador por anticipo de cesantía durante la vigencia del contrato de trabajo sin el lleno de los requisitos legales y por ello, resultó inválido el pago, conforme al artículo 254 del mismo código, esa sola condena no desvirtúa la conducta de buena fe asumida por el patrono, que a la terminación del contrato ha pagado al trabajador lo que cree deberle por salarios y prestaciones, pues de todos modos el trabajador se lucró en su momento con el monto del pago que a la postre resultó ineficaz y el patrono lo hizo efectivamente.

Y no es el caso afirmar que aquí la indemnización moratoria procede de todas maneras, dado que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque esta presunción no contempla excepciones y por ello es predicable tanto para el patrono como para el trabajador, y así resulta que en el caso bajo examen, que si la actora recibió pagos que, se presume, sabía no se le podían hacer legalmente y los aprovechó sin hacer manifestación alguna, ello compensa la actitud a la vez ilegal del patrono al hacer un pago, que, se presume, conocía que era contrario a la ley. Entonces, si hubo mala fe, esa mala fe compartida por uno y otro de los contratantes y, por consiguiente, no puede traer consecuencias benéficas para la trabajadora, que se lucra nuevamente, y perjudiciales para el patrono al ocasionarle el pago de la indemnización moratoria por deber cesantía, pues este, como ya se dijo, pagó al finalizar el contrato lo que creía deber, que es lo que el artículo 65 del código le exige para quedar libre de satisfacer la indemnización moratoria’.

Ahora bien, al abordar en esta oportunidad igual temática, es oportuno precisar que las referidas sanciones no pueden concurrir coetáneamente y no es dable acumularlas, porque al realizar un análisis sistemático de los indicados preceptos, interesa recordar que en la interpretación de las normas laborales debe tomarse en cuenta, esencialmente, su finalidad, esto es, la de lograr la justicia en la relación de trabajo, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, tal y como explícitamente y de manera armónica lo señalan los artículos 1º y 18 del Código Sustantivo del Trabajo; y en este caso particular, respecto de la indemnización moratoria, bastante se ha dicho por la Corte que únicamente procede cuando no se hayan brindado razones atendibles por el empleador para no pagar los salarios y prestaciones que debe al trabajador a la terminación del contrato, es decir media un análisis de la buena fe y, en cuanto al pago irregular de cesantías, tal actuar tiene sanción específica expresamente regulada, que lo es la pérdida de ese pago parcial por cesantías realizado de forma irregular; pero, sin que adicionalmente por sí misma genere indemnización moratoria’.

Como de acuerdo a lo dicho, es evidente que el tribunal incurre en el dislate que lo acusa la censura, al haber acumulado la sanción prevista en el artículo 254 y con la del 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el cargo es fundado y, en consecuencia, se casa la sentencia recurrida” (destacado fuera de texto).

Entonces no puede admitirse el desvío hermenéutico denunciado respecto de la indemnización moratoria, pues como ya se dijo, no es posible la aplicación automática de la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y ello fue lo que advirtió el juzgador en la sentencia acusada.

Tampoco se advierte un desatino fáctico ostensible, pues las pruebas que se señalan como inapreciadas, entre ellas, la comunicación que se le dirigió el 17 de febrero de 2006 (fl. 85), da cuenta de que las cesantías no le fueron consignadas en Colfondos sino en Santander, y que de ello se percató la empresa demandada cuando dio respuesta a la petición del actor, lo que no desvirtúa la consideración del juzgador, en tanto no desconoció ese hecho, solo que aseveró que Gas Natural S.A. ESP tuvo el férreo convencimiento de que ese era el fondo elegido por el actor, lo que apoyó en los documentos que militan a folios 76 y siguientes y que, huelga significar, no fueron señalados por la censura, cuando era su deber derruir todos los soportes del fallo acusado.

Asimismo, la liquidación de prestaciones sociales de folio 36, que se denuncia como mal valorada, en nada incide para deducir la ausencia de buena fe, y del comprobante de Gas Natural en el que consta el pago de cesantías parciales por $ 1.212.500 y del extracto que aparece a folio 137 que corrobora esa situación, a lo sumo se ratifica que la postura del ad quem atinente a que el actor conocía del pago de las cesantías parciales y que no cabía imponer doble sanción, lo que tampoco se considera abiertamente trasgresor, como para predicar la comisión de algún error manifiesto, y eso mismo debe decirse de la aceptación que emitió la entidad, en la que reconoció que no medió autorización del trabajador para el pago parcial de las cesantías, conforme la jurisprudencia que atrás se citó.

En ese orden, esa hermenéutica finalística del ad quem, no es equivocada, en tanto, se insiste la jurisprudencia de la Sala, ha sido uniforme y constante en el sentido de que la imposición de la sanción por la desatención de las obligaciones laborales, debe estar precedida de un análisis de la conducta del empleador que se ha abstenido de cumplir esas obligaciones, con el propósito de verificar si el incumplimiento derivó de una razón que justifique la mora o la abstención.

Los cargos no prosperan

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente, dado que hubo réplica. Las agencias en derecho se fijan en cuantía de tres millones de pesos ($ 3.000.000) m/cte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de junio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Bruno Antonio Puglisi Entralgo le promovió a Gas Natural S.A. ESP.

Costas en casación a cargo del recurrente; se fijan las agencias en cuantía de tres millones de pesos $ 3.000.000 m/cte.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».