Sentencia 38963 de febrero 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: 38963

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 03

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Es bien sabido que, cuando la censura opta por acusar la violación indirecta de la ley sustantiva, sus argumentos han de estar orientados a poner en evidencia los dislates cometidos por el ad quem, exclusivamente, de cara a las inferencias fácticas determinantes de la decisión, ya sea porque el ad quem no tuvo en cuenta un hecho que aparece nítidamente probado, ora porque las deducciones fácticas extraídas por el tribunal comportan abierta contradicción con el contenido probatorio; en todo caso el dislate se ha de predicar respecto a pruebas calificadas.

La demanda de casación presentada no es justamente un modelo a seguir en lo que concierne a la técnica apropiada para desvirtuar la legalidad de la sentencia de segundo grado, pues de ella se extrae que la primera inconformidad del impugnante, formulada por la vía indirecta, radica en que no comparte la adecuación jurídica que hizo el ad quem de los hechos alegados como justa causa por la empresa para justificar el despido, inconformidad que, a golpe de vista, está lejos de constituir de por sí un yerro fáctico.

En la sustentación de tal cargo, el impugnante no pone en entredicho la ocurrencia objetiva de los hechos establecidos por el ad quem, con base en los cuales configuró la justa causa de finalización del vínculo, en tanto era lo correspondiente en un cargo por la vía indirecta contra la sentencia que encontró demostrados los hechos atribuidos al extrabajador en la carta de despido y que, consecuencialmente, dada la situación concreta de las partes, los calificó de violación grave de las obligaciones del trabajador.

Contrario a la lógica de la casación, la censura le critica al ad quem, por la vía de los hechos, la supuesta falta de valoración de la fundamentación legal del despido expuesta en la comunicación de la empresa sobre la no continuación de la relación laboral, ya que, para él, ninguna parte de la sentencia está dedicada a la subsunción de tales hechos en las normas que sirvieron de fundamentación legal a la terminación del contrato de trabajo.

Más aún, al quejarse, este, por la valoración indebida del documento contentivo de los descargos, no refuta lo establecido por el ad quem de cara a la ocurrencia de las omisiones que le fueron a él atribuidas por la empresa para justificar la finalización de la relación laboral; tan solo se duele, sin razón, de que el juez colegiado no tuvo en cuenta sus explicaciones de aquel entonces, dadas para justificar la demora o retardo en el cumplimiento de tales tareas. Con este reparo, el censor deja intactas las consideraciones sobre las omisiones configurativas de la justa causa, por lo que su presunción de legalidad se mantiene incólume. Adicionalmente, desconoce que, para contrarrestar las consecuencias de sus omisiones probadas por la empresa, no bastaban las explicaciones dadas en una diligencia de descargos, sino que era menester, en primer lugar, allegar al juicio la prueba de su dicho, por lo que no se equivocó el ad quem si no le aceptó al actor sus excusas por el incumplimiento achacado dadas en la diligencia de descargos, pues solo se trataban de simples afirmaciones, carentes de valor probatorio. Estos razonamientos de la Sala, de contera, ponen de manifiesto que tampoco acierta el censor cuando le enrostra al ad quem no haber tenido en cuenta el cumplimiento de las obligaciones en el yerro 2º.

Tampoco configura error de hecho alguno en la sentencia el que las afirmaciones fácticas de la carta de finalización del vínculo laboral de marras no coincidan con las premisas de este mismo orden de las justas causas relacionadas en el artículo 7º del Decreto 2351, numeral 6º que versa sobre cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo,cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos de trabajo o reglamentos, supuesta irregularidad alegada por el recurrente, pues, amén de que no se da tal incongruencia, en el caso de presentarse, no sería un yerro del ad quem, sino del empleador a la hora de adecuar jurídicamente la causal, que, como lo tiene asentado la jurisprudencia de esta Sala, de tiempo atrás, cualquier clase de equivocación en la calificación jurídica o en la invocación de los textos de respaldo de parte del empleador no invalida la justa causa(1). Más aun, de presentarse dicha incongruencia en el razonamiento de la sentencia, se trataría de una violación directa por aplicación indebida de la norma contentiva de la justa causa de despido en comento, más no, la trasgresión indirecta denunciada por el impugnante, pero, con todo, tampoco tal situación se ha presentado en la sentencia, como seguidamente se expone.

Observa la Sala que, en la carta de despido, la empresa justificó la terminación unilateral del contrato de trabajo en la causal contenida en el numeral 6º del literal a) del artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, “…por cuanto…en el ejercicio de sus funciones como auxiliar de ventas y servicios incumplió sus obligaciones... De acuerdo con sus funciones, en repetidas ocasiones se le ha solicitado la presentación del formato de ratificaciones por sobregiro, el cual usted ha presentado de manera extemporánea quedando sin la autorización del estamento superior correspondiente, situación que viola los procedimientos contemplados en el manual de crédito. A continuación se relacionan los clientes sin autorización correspondiente: (aparece la relación mes a mes, con el nombre del cliente, el valor y la fecha del desembolso)… Así mismo usted no presenta diariamente el informe sobre cartera vencida que produce la aplicación y que es clave para el control de crédito de la administración de la oficina. Pagarés sin diligenciar de los meses de febrero y marzo de 2003, colocando en peligro la pérdida del documento mismo y de una obligación contabilizada por el banco (incluyó relación de pagarés pendientes de diligenciar). No atención al superior inmediato en la cancelación de cuentas de ahorro del mes de febrero de 2003, por cuentas que expiran y deben ser llevadas al rubro de CXP. Los anteriores hechos, tanto en su conjunto como individualmente considerados, constituyen una justa causa para dar por terminado su contrato de trabajo, por cuanto con su conducta Usted ha violado los artículos 75 literal E, 76 numeral 2º y 11; 77 numeral 1º, 2º,; 87 numeral 5º, 14; 102 literal F, I, J, LL, del reglamento interno de trabajo del Banco de Bogotá, de igual manera los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Sobre estas faltas, el Banco le dio la oportunidad de rendir los descargos del caso en diligencia que se realizó el día 3 de abril del 2003, no hallando satisfactorias sus explicaciones, por lo tanto el banco ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo…”.

Los hechos imputados al actor en la carta de despido coinciden plenamente con los relacionados en el acta de descargos (fls.178 a 180), celebrada el 3 de abril de 2003 para la contradicción de tales imputaciones, por parte del trabajador; en dicha oportunidad (fls. 180 al 183), el actor aceptó conocer las funciones de su cargo; no negó que desde el mes de diciembre no elaboraba el formato de ratificaciones por sobregiro, sino que trató de justificar la mora debido al volumen de trabajo; igual actitud asumió ante la omisión atribuida consistente en que, en los meses de febrero y marzo, contabilizó nueve créditos sin diligenciar su correspondiente pagaré, como también de la no cancelación de las cuentas de ahorro en el mes de febrero.

En la demanda, el actor atacó la justedad de la terminación unilateral del contrato alegando que los hechos consignados en la carta de despido configuraban un supuesto “bajo rendimiento” del demandante en las labores a él asignadas, que no fue preavisado, ni se hicieron, para su caso, curvas de rendimiento comparativo ordenado por la ley; de tal manera que, en dicha oportunidad, también dejó de lado la contradicción sobre la ocurrencia de las omisiones y dirigió su ataque sobre la base de una adecuación normativa que no hizo la empresa, pues ya se vio que, tanto en el acta de descargos como en la carta de despido, esta siempre le acusó de incumplimiento grave de las obligaciones legales y reglamentarias, de ninguna manera por “bajo rendimiento”, por lo que no pudo incurrir el ad quem en los yerros achacados sobre la adecuación jurídica de la justa causa, alegados por la censura.

Por otra parte, no ameritaba buscar en el reglamento interno de trabajo de la empresa la calificación de falta grave de las obligaciones del trabajador a las omisiones que le fueron atribuidas, como lo extraña la censura, pues, según los antecedentes atrás reseñados, el ad quem, para solucionar la controversia, se remitió a la primera parte del citado numeral 6º que justifica la terminación unilateral del contrato por presentarse cualquier violación grave de las obligaciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuyo evento no se requiere la tipificación previa de la falta grave en los instrumentos que trata la disposición mencionada en la segunda parte, sino que el incumplimiento constituya una violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales previstas en los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, respectivamente, o en el reglamento; gravedad que no depende del reglamento, pues le corresponde calificarla al juez, según las circunstancias del caso, como lo hizo el tribunal de cara a la falta de ratificación de los sobregiros en que incurrió el trabajador, en razón, primordialmente, a que tal omisión, en el caso de no pago del sobregiro, traía consecuencias pecuniarias y desmedro financiero para el banco, consideración marginada de la discusión en el presente trámite, dado que no fue controvertida por la censura.

Amén que poner en entredicho hasta ahora, con el recurso, la prueba de que al cargo del actor le correspondía la elaboración de los formatos de ratificaciones de sobregiros, la presentación diaria de informes de cartera y diligenciar integralmente los pagarés, como también el cumplimiento de las instancias administrativas y disciplinarias para el despido, con el propósito de derribar el pilar de la sentencia, como lo hace el recurrente con la formulación de los yerros 5º y 8º, es a todas luces extemporáneo. Si el actor no negó, ni en el acta de descargos ni en la demanda, que las obligaciones cuyo incumplimiento le atribuyó la empresa para despedirlo las tenía a su cargo (por el contrario, trató, sin soporte, justificar sus omisiones), no refleja desatino grave el que el ad quem hubiese tomado como premisa que sí lo eran, como también que no fueron cumplidas a tiempo, pues, en sana crítica de las explicaciones dadas por el propio trabajador en la diligencia de descargos y de la misma demanda, bien se podía inferir la ocurrencia del incumplimiento endilgado, como lo hizo el tribunal.

Según quedó atrás anotado, contrario a lo denunciado por el censor en el yerro 9º, la carta sí dejó plenamente identificados los hechos y omisiones que sirvieron de motivación a la decisión del banco para dar por terminado el contrato de trabajo; claridad que comparte el acta de descargos, en tanto allí le fueron precisados al actor, de igual manera, por cliente, fecha y monto aquellos formatos de ratificaciones de sobregiros, como también los pagarés, pendientes de diligenciar; igualmente, se identificaron los informes de cartera vencida no presentados y las cuentas de ahorros no canceladas; tanto fue así que el actor, en la citada diligencia, se defendió alegando alto volumen de trabajo y, en la demanda, no alegó imprecisión de las imputaciones, sino que la falta achacada como justa causa correspondía más a un “deficiente rendimiento”, planteamiento que descarta de plano la Sala, en razón a que las omisiones que le fueron atribuidas no giraban en torno a cantidades de trabajo, sino a la no ejecución de sus deberes a tiempo.

Por otra parte, contrario a lo alegado por el censor en el 10 yerro, el ad quem sí tuvo en cuenta la antigüedad en el servicio del demandante; situación que, de por sí, no necesariamente conduce a demostrar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador para derribar la justa causa demostrada por la empresa. Por tanto, para la Sala, goza de razonabilidad la premisa del tribunal fijada para efectos de ponderar la gravedad de la falta, según la cual, el actor no era un trabajador inexperto dado que venía laborando desde 1982.

Tampoco la razón está de lado del censor cuando acusa a la sentencia de haberse apartado de los pasos de la sana crítica de todas las pruebas obrantes en el expediente y de la falta de análisis jurídico de las normas aplicadas al caso. Justamente, siguiendo el discurso de la sustentación de la apelación, el ad quem examinó las pruebas del expediente, con expresa referencia a los testimonios, prueba no calificada para configurar errores de hecho en casación, de los cuales dedujo que el actor utilizaba horarios por fuera de su labor y que tales “…testigos defensivos en la apelación en vez de ayudar de alguna manera como busca el demandante, lo que hacen es confirmar la sentencia de primera instancia, dejando ver que el trabajador si fuese organizado, no tendría que utilizar jornada laboral extra, además la falta de cumplimiento de las ratificaciones era de gran importancia, para evitar daños al usuario, a sus compañeros, al gerente de la sucursal del banco, lo que se califique como grave…”.

Lo anterior muestra que el ad quem sí atendió los lineamientos señalados en las normas procesales acusadas sobre cómo se dicta una sentencia y se valora la prueba, por lo que no se dió la violación de medio acusada; por tanto, mucho menos, se presentó la aplicación indebida de las normas sustantivas señaladas en los términos denunciados.

Con base en lo anteriormente discurrido, concluye la Sala que los cargos no prosperan.

Costas en el presente trámite a cargo de la parte recurrente dado que no prosperó el recurso y hubo réplica. Se le condena a pagar la suma de $ 3.000.000 por concepto de agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 22 de octubre de 2008 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso instaurado por Jaimes Herrera Moreno contra Banco de Bogotá S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Rad. 6847 de 1994.