Sentencia 38983 de febrero 1º de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 38983

Acta 2

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil once.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Hoteles Bogotá Plaza S.A., contra la sentencia que dictó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de julio de 2008, en el proceso que promovió Félix Alberto Achury contra la recurrente.

Antecedentes

Solicitó el actor que se declarara que, como consecuencia de la violación de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y el sindicato de trabajadores por rama de actividad económica del que forma parte, su despido fue injusto, por lo cual, debe ordenarse su reintegro al cargo que ocupaba, “por carecer de validez la destitución realizada el día 28 de abril de 2005”, junto con el pago de los salarios dejados de percibir, durante el tiempo que permaneció cesante.

El soporte fáctico de las pretensiones, lo hizo consistir en haber prestado servicios para la demandada, que antes tuvo como razón social Inversiones RKC S.A., desde el 19 de julio de 1988, hasta el 28 de abril de 2005, y que fue despedido sin que se observara el procedimiento previsto en la cláusula décima de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Gastronomía Hotelera y Similares de Colombia, Hocar, del que es socio. Relató en detalle la discusión que sostuvo con un compañero y subalterno suyo, y cómo éste se le abalanzó y lo golpeó en el rostro, lo que generó su reacción defensiva, y aunque reconoce que cometió una falta grave, solo quería cumplir con sus funciones, y defenderse de la agresión del otro trabajador.

Explicó que la violación de la convención, radicó en que su empleador no tuvo en cuenta sus descargos, “y menos que al sindicato no se le acepto (sic) ninguno (sic) de las etapas que en estos casos se deben cumplir hechas por ellos, violando la cláusula décima de la convención colectiva de Hocar y la empresa Hoteles Bogotá S.A., violándose aquí el debido proceso a mi defendido, pues este se dedico (sic) solo a verificar pero realmente no se me tuvo en cuenta los descargos, como tampoco que nunca agredió físicamente a su compañero cosa que si hizo él”. Sin embargo, a renglón seguido aduce que lo que se dejó de analizar fue el video de los hechos, y que “solo se dedicaron a tener en cuenta los descargos tanto de los dos vinculados en esta diligencia como de los testigos (…)”. Dijo que a pesar de que el sindicato “solicita que cualquier decisión sea concertada y aprobada mutuamente con el personal del hotel esta reunión nunca se realiza saltándose la diligencia principal, pero además al día siguiente de la primera reunión ya la compañía había tomado la decisión de despedirlo, de manera unilateral sin que se hayan realizado una (sic) nueva reunión con la comisión de reclamos para concertar la decisión, ni siquiera para comunicar el despido tanto a mi defendido como a los miembros de la junta del sindicato” (fls. 30 a 40).

En la respuesta a la demanda (fls. 63 a 72), Hoteles Bogotá Plaza S.A., admitió los extremos temporales del contrato de trabajo, los cargos que desempeñó el demandante, de quien dice que confesó la comisión de una falta grave, y sobre la afiliación al sindicato de trabajadores del actor, dijo que no le constaba. Negó la fecha de suscripción del convenio colectivo de trabajo mencionado en la demanda, así como el contenido de su cláusula décima, y enfatizó que no está acordado que la decisión de despedir con justa causa, deba ser concertada entre el patrono y el sindicato. Recabó que el despido fue por causa justa, y en que en la diligencia de descargos contó con la asistencia de los integrantes de la comisión de reclamos del sindicato, con lo que se dio aplicación a la cláusula décima de la convención colectiva, que enlista las funciones de dicho órgano sindical.

Se opuso a las pretensiones, y propuso las excepciones de prescripción, prescripción especial, inexistencia de las obligaciones a cargo del demandado, cobro de lo no debido, y buena fe.

Por sentencia de 14 de diciembre de 2007, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, condenó a la accionada, a quien impuso costas, a reintegrar al actor al cargo que ocupaba para cuando fue despedido, y al pago desde ese momento, hasta cuando se produzca su reintegro, de los salarios dejados de devengar.

Sentencia del tribunal

El resultado del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, fue la confirmación íntegra del fallo de primer grado, sin imponer costas por el mismo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal se limitó a comentar sobre el derecho de defensa de que está investido un trabajador al que se le han formulado cargos; a copiar un fragmento de una sentencia de tutela, y agregó que:

Así las cosas, cabrá indicar que a pesar de haberse producido el despido, especificando en el escrito de terminación del mismo (fl. 6 y 7) las causales por las cuáles este fenecía de manera clara, resulta evidente que la omisión en la cual incurrió el empleador se circunscribe al ámbito de la inobservancia de las formas en las cuales debía efectuar el despido, en consideración a la calidad del actor, y a la norma aplicable al respecto, esto es la cláusula décima de la CCT, la cual sanciona el incumplimiento de lo establecido con ineficacia de la medida adoptada por la empresa.

De manera que observadas las documentales obrantes a folios 52 y 53, es claro que la diligencia en la cual se le recibieron los descargos al actor se recepcionó en presencia de los dos trabajadores representantes de la comisión de reclamos de la organización sindical, en tal diligencia se concluyó que en efecto resultaba grave la falta cometida por el actor, de igual forma se observa que se omitió indicar además de las conclusiones emanadas de la organización sindical, la parte en la cual se relataba la decisión final respecto de los descargos vertidos por el trabajador, situación que de conformidad con lo dispuesto por la norma convencional producirá la ineficacia del acto.

Habrá de señalarse que la convención colectiva de trabajo tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados al establecer a favor de estos beneficios y prerrogativas superiores a las consagradas en el texto legal, deviniendo de un acuerdo de voluntades entre empleador y trabajadores que le otorga un carácter especial, convirtiéndola en una norma de aplicación preferencial para la resolución de los conflictos laborales.

El recurso extraordinario

Concedido por el tribunal y admitido por la corte, la parte recurrente propone que se case la sentencia acusada, para que en sede de instancia, sea revocada la del a quo, y en su lugar, se le absuelva de lo pretendido en la demanda inicial.

En subsidio, aspira a la casación parcial del fallo impugnado, en cuanto ordenó el reintegro del actor, con el pago de los salarios dejados de percibir, que no “en lo que hace a la conclusión implícita de que el despido del demandante fue ineficaz, para que una vez hecho ello y actuando como tribunal de instancia luego modifique el ordinal primero del fallo del juez a quo en el sentido de sustituir la condena de reintegro y de pago de salarios dejados de percibir durante el tiempo en que el demandante permaneciere cesante por la del pago de la indemnización ordinaria de despido (sic), y confirme dicha providencia en lo restante con la provisión correspondiente en materia de costas”.

Por la causal primera de casación, formula tres cargos, oportunamente replicados. A pesar de que se enderezan por diferente vía, conviene resolver conjuntamente los dos primeros, por la identidad de propósito, la similitud de proposición jurídica, y de argumentación que encierran.

Primer cargo

Acusa la sentencia de segunda instancia, por haber infringido indirectamente, por aplicación indebida, “el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887; 1740 y 1741 del Código Civil; 58, 60, 62 (Subrogado. D.L. 2351/65, art. 7º, lit. a), num. 2º, 3º y 6º), 64 (Subrogado. L. 50/90, art. 6º, num. 4º, y Par. Trans.), 65, 11, 112, 113, 127, 468, 469, 471 (Subrogado. D. 2351/65, art. 38) y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º, numeral 5º, 10, 37 y 39 del Decreto Ley 2351 de 1965; 174, 177 y 305 (Modificado. D. 2282/89, art. 1º, num. 135) del Código de Procedimiento Civil, y 50, 51, 60, 61, 66A (Adicionado. L. 712/2001, art. 35) y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, todo ello debido a evidentes y manifiestos errores de hecho en que incurrió el sentenciador al apreciar con error las pruebas que más adelante se singularizan”

A la errónea apreciación de la convención colectiva de trabajo (fls. 10 a 21), y del acta de descargos (fls. 52 y 53), atribuye la comisión de los siguientes desatinos fácticos:

1. Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que la empleadora incurrió en “(…) inobservancia de las formas en las cuales debía efectuar (…)” el despido del trabajador ya que en el acta levantada durante la diligencia de descargos no se consignó la “decisión final”, por lo que entonces la desvinculación devino en ineficaz y da lugar al reintegro del actor y al pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que el mismo permanezca cesante.

2. No dar por demostrado, siendo evidente, que los términos de rechazo a la conducta del trabajador que se advierten en el acta levantada durante la diligencia de descargos expresan una decisión implícita de despido por parte de los representantes de la empresa y de la organización sindical que examinaron la conducta del señor Félix Alberto Achury.

3. No dar por demostrado, resultando axiomático, que el hecho de enviar el acta levantada durante la diligencia de descargos a la gerencia de la empresa o de consultarla con abogados es una circunstancia intrascendente que no atenúa la gravedad de la conducta cometida por el trabajador ni puede invalidar la calificación dada a la misma por los representantes de la empresa y de la organización sindical, la que por sus términos equivale y/o envuelve una decisión implícita de despido.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada cumplió las exigencias convencionales previstas para el despido del actor y le garantizó en forma absoluta su derecho de defensa, por lo que entonces la decisión de desvincularlo con justa causa no puede reputarse ineficaz.

En la demostración del cargo, alude a una sentencia de la Corte Constitucional de la cual, dice, partió el tribunal, y sostiene que la obligación del empleador de expresar las razones del despido al trabajador fue satisfecha en este caso; reproduce un fragmento del fallo gravado, en el que, asume, están contenidos buena parte de los yerros que denuncia; criticó la inferencia de ineficacia del despido por el hecho de que en el acta de descargos no se consignó expresamente la “decisión final” de despedir, a pesar de la contundencia de la gravedad de la falta cometida que en ese documento se dejó allí expuesta. Aduce que con esa constancia, quedó implícitamente definida la decisión de dar por terminado el contrato, unilateralmente y por justa causa. Agrega que:

“Si el ad quem hubiera apreciado correctamente esta prueba, habría admitido que ella envuelve una decisión implícita de despido en función de la calificación dada a la falta cometida por el trabajador.

Bastaba con leer —que ni siquiera estudiar con cuidado— este documento, para advertir estas tres realidades: i) que el señor Félix Alberto Achury al tranzarse en una discusión con un subalterno suyo, conflicto que degeneró en agresiones físicas y verbales proferidas por el actor, incurrió en un proceder grave y violatorio de la legislación laboral y que por lo mismo constituye justa causa de despido; ii) que estos hechos fueron admitidos por el encartado, y iii) que los representantes de la sociedad empleadora y de la organización sindical calificaron las conductas sometidas a su escrutinio como graves”.

Copió una parte del acta de folios 52 y 53, y continuó así:

“Esta calificación es suficientemente contundente y contiene en sí misma una decisión. Si los representantes de las partes lograron establecer que la conducta censurada al trabajador se expresó en agresiones que violan el reglamento interno de trabajo y la legislación laboral colombiana y que para ellos tiene carácter de grave, no hay manera de inferir, como lo hizo el sentenciador, que esa valoración excluya la decisión de despido. Mejor dicho: asumir que una valoración inequívoca como la precedentemente transcrita carece de significación y/o no envuelve una decisión implícita sobre la consecuencia que acarrea, es tapar el sol con las manos”.

En cuanto a la cláusula décima de la convención colectiva de trabajo, arguye que con ella se está garantizando el derecho de defensa de los trabajadores llamados a descargos, empero no defiere la adopción de la sanción o del despido a la comisión integrada por representantes de la empresa y del sindicato. Reprodujo su contenido, y reiteró que una adecuada valoración de su texto, no puede conducir sino a que lo que se pretendió fue “honrar el derecho de defensa a través de una comisión de reclamos encargada de oír los descargos (…) y de establecer la verdad de su ocurrencia, siendo de competencia exclusiva de la empresa la adopción de la decisión final que corresponda a cada caso. La cláusula bajo examen no dice que en el acta levantada en la diligencia de descargos necesariamente deba dejarse consignada la “decisión final”, como lo infiere el sentenciador. Y no lo dice porque esa “decisión final”, solo compete a la empresa”.

Que por ello, es irrelevante que se haya optado por enviar el acta a la gerencia o consulta con un abogado, pues de todas formas, insiste, es la empresa la única con facultades para resolver. Por último, trascribió un extenso trozo de una sentencia de la Sala de Casación Laboral, que identificó con radicación 19/01/01.

La oposición

Se opone al éxito de la demanda de casación, porque considera que no es sino observar el fallo del tribunal, para entender que se ajusta a lo que las pruebas recaudadas, y las normas de derecho aplicables imponen, y que si bien la conducta del trabajador no es de aplaudir, ello no autoriza a la empresa para violar la convención, pues la diligencia de que da cuenta el acta de descargos, fue sólo un remedo, en la medida en que la decisión de despedir ya había sido tomada, pues solo al día siguiente fue informado de la desvinculación.

Segundo cargo

Acusa la violación directa, por interpretación errónea de “los artículos 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887; 1740 y 1741 del Código Civil; 58, 60, 62 (Subrogado. D.L. 2351/65, art. 7º, lit. a), num. 2º, 3º y 6º), 64 (Subrogado. L. 50/90, art. 6º, num. 4º, y Par. Trans.), 65, 11, 112, 113, 127, 468, 469, 471 (Subrogado. del D. 2351/65, art. 38) y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º, numeral 5º, 10, 37 y 39 del Decreto Ley 2351 de 1965”.

En función de demostrar el desatino hermenéutico endilgado, advierte que no controvierte las inferencias fácticas del juez de la alzada, pero sí la “interpretación implícita” que de las disposiciones legales relacionadas en el cargo, hizo el ad quem, “que se expresa en la idea de que el hecho de no consignar la “decisión final” en el acta levantada durante la diligencia de descargos del trabajador precipita la ineficacia de su despido”, la que rotula de desafortunada, pues implica el sofisma de que “cualquier trasgresión a los ritos o formalidades establecidas en los contratos o prevista para los actos jurídicos afecta la esencia de los mismos y su validez cuando ocurre que ello no es así: mientras existan los elementos sustanciales del acto o contrato, este conserva su plena validez, formal y material, de modo que una inobservancia menor como la que se expresa en el hecho de no explicitar la decisión de despido mal puede tener entidad para precipitar la conclusión de su nulidad o ineficacia”.

Copió el mismo pronunciamiento de la Corte del cargo anterior, e insistió en que la omisión en que fundó el tribunal la ineficacia del despido, traduce una interpretación exegética y errónea. Brevemente, reflexionó sobre lo que debe ser la decisión de instancia.

La réplica

Dice que es absurdo y descabellado aludir a los elementos sustanciales del contrato de trabajo, cuando lo que se ha discutido es precisamente su violación, dado que la convención hace parte del mismo, y la irregularidad de la empresa no es intrascendente como lo alega la censura.

Se considera

No forma parte del debate la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, ejecutado entre el 19 de julio de 1988 y el 28 de abril de 2005, que finalizó por decisión unilateral de la sociedad convocada a juicio. Tampoco se cierne duda sobre la condición de beneficiario de Félix Alberto Achury de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre Hoteles Bogotá Plaza S.A., y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera, y Similares de Colombia, Hocar, seccional Bogotá D.C., cuya cláusula décima, es del siguiente tenor:

Fuero sindical para los trabajadores que conformen la comisión de reclamos y funciones de la misma: la empresa reconoce fuero sindical a los dos (2) trabajadores que conformen la comisión de reclamos y únicamente por el término que sean miembros de esta. Al dejar cualquier representante de los trabajadores de ser miembro de la comisión de reclamos, el fuero sindical [a] aquel reconocido pasará a ser conferido a quien la junta directiva del sindicato Hocar seccional Bogotá D.C. designe dentro de los trabajadores al servicio de la empresa para reemplazarlo. De todas maneras se dará la respectiva notificación al representante legal de la empresa sobre el nuevo nombramiento. La empresa acepta y reconoce a dos (2) suplentes de los trabajadores que conformen la comisión de reclamos, los cuales no gozarán de fuero sindical. Igualmente, 2 miembros representantes de la empresa nombrados por la gerencia continuarán reuniéndose con los miembros del comité de reclamos representantes del sindicato para estudiar, analizar y discutir todo lo relacionado con la aplicación de los contratos de trabajo, convenciones colectivas, reglamento interno de trabajo y sanciones disciplinarias. De igual manera, la escuchará con relación a los descuentos ocasionados por actos cometidos por los trabajadores en el desarrollo de la operación y que causen perjuicio al Hotel.

Así mismo, a oír directamente a los trabajadores en descargos antes de imponer una sanción disciplinaria o terminar el contrato de trabajo con justa causa, en procura siempre del beneficio de los trabajadores y del mejor entendimiento entre las partes con espíritu conciliador y objetivo obrando sus miembros con base en la imparcialidad y la justicia. Las partes están debidamente facultadas para buscar la verdad y resolver las situaciones que sean del caso, de lo cual levantarán las actas correspondientes debidamente firmadas para la empresa y el sindicato. El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula genera ineficacia de la medida adoptada por la empresa (no está resaltado en el texto).

Aunque el fallador de segundo grado no se refirió en forma explícita al entendimiento que le merecía la cláusula recién trascrita, concluyó que la desvinculación del accionante adolecía de ineficacia porque, a pesar de que los descargos fueron recibidos en presencia de los integrantes de la comisión de reclamos, y que se había concluido que la falta del trabajador era grave, “se omitió indicar además de las conclusiones emanadas de la organización sindical, la parte en la cual se relataba la decisión final respecto de los descargos vertidos por el trabajador”.

La censura, por su parte, reprocha con vehemencia la inferencia anterior, y alega que la misma luce forzada, en la medida en que, si del acta de descargos se desprende que los representantes del empleador y del sindicato calificaron como grave la falta que el actor admitió haber cometido, “no hay manera de inferir, como lo hizo el sentenciador, que esa valoración excluya la decisión de despido”, en tanto, no asumir que esa valoración inequívoca “carece de significación y/o no envuelve un decisión implícita sobre la consecuencia que acarrea, es tapar el sol con las manos”.

En los descargos de que da cuenta el acta de folios 52 y 53, se escuchó la versión del demandante, así como la de algunas otras personas que presenciaron el altercado suscitado entre Achury y uno de sus compañeros de trabajo, que motivó el despido del primero, y al culminar la diligencia, se anotó lo siguiente:

“Para finalizar, se deja constancia que tanto la organización sindical como la empresa se encuentran debidamente facultadas para buscar y resolver las situaciones del caso. Por lo anterior, una vez escuchado el trabajador(a) inculpado, debatiendo el caso entre los representantes del sindicato y los representantes de la empresa, cada una de las partes señala su conclusión final frente al caso así:

Conclusiones de los miembros de la organización sindical

Conclusiones de los miembros de la empresa

Discusión empresa con sindicato: lo sucedido es considerado una falta grave en el reglamento interno de trabajo y en el régimen laboral colombiano: es evidente que en los descargos el declarante omitió alguna información que los compañeros de turno sí pudieron atestiguar y fue el irrespeto y provocación con palabras ofensivas, irrespetuosas, y que es la forma usual de tratar a los compañeros, siendo (sic) aceptado esto por el asociado, aduciendo a situaciones normales del trabajo. Por lo anterior, consideramos pertinente enviar estos descargos a gerencia general y a su vez [a] consulta con los abogados, por lo cual se considera que estos descargos quedan abiertos hasta tanto esperar respuesta que será notificado a usted personalmente.

Decisión final: (...)”.

A la Sala no le cabe duda de que, en los términos de la reciente reproducción, los representantes de la empresa y del sindicato coincidieron en calificar como grave la falta cometida por el demandante, no solo por la expresa aceptación de este, sino además, porque la justificación que esgrimió en su defensa, fue desmentida por lo que aseveraron sus compañeros de trabajo, en su condición de testigos de lo acontecido, amén de haber salido a flote que el irrespeto y el mal trato, era uno de los rasgos destacados de su conducta.

El hecho de que hubieran optado por remitir el acta de la diligencia a la gerencia de la empresa, ninguna consecuencia irradia sobre la gravedad con la que ya habían catalogado la conducta del trabajador, sino que más bien lo que denota es un claro reconocimiento de parte de la organización sindical, de que aquella era la instancia competente para ratificar la decisión de despedir, lo cual, efectivamente hizo mediante la misiva fechada el 28 de abril de 2005 (fl. 6) —dos días después de rendir descargos—, en la que le fueron señalados con toda precisión las razones fundantes del desahucio que, por demás, el trabajador había aceptado desde un comienzo.

Es claro, entonces, que la enjuiciada no se apartó del trámite convenido en la parte final de la cláusula convencional arriba copiada pues, contrario a lo colegido por el ad quem, en perspectiva de garantizar el debido proceso al trabajador inculpado, el empleador se comprometió a oírlo directamente en descargos antes de disponer su desvinculación, con la presencia de representantes del sindicato, empero no trasladó la facultad, que por antonomasia asiste al empresario, de adoptar la determinación más conveniente en aras de la armonía y la paz dentro de la comunidad laboral, plasmada en la carta que dio cuenta de la terminación del contrato de trabajo.

Es decir, en parte alguna del texto convencional se expresa, ni se sugiere, que la opción de despedir debía ser ejercida al finalizar la diligencia de descargos, sino que lo que se imponía era levantar y suscribir las actas correspondientes, que fue precisamente lo que hicieron el 26 de abril de 2005, no sin antes, dejar constancia de la gravedad de la falta cometida por el trabajador. Mucho menos, puede asumirse que, en los términos de la cláusula convencional de marras, el empleador hubiera renunciado a hacer uso de una de las manifestaciones más claras del poder de subordinación que le compete en esa condición, para compartirlo con los representantes del ente sindical al que pertenecía el actor.

En ese orden, ningún derecho le fue desconocido a Félix Alberto Achury pues, además de haber contado con el concurso de miembros de la dirigencia sindical, hubo pleno consenso entre estos y la empresa acerca de la gravedad de la falta, ante lo cual, la gerencia de la empresa confirmó la decisión de despedirlo por justa causa, mediante carta entregada al interesado dos días después de los descargos (fls. 49 y 50).

Se sigue de lo anterior, que el tribunal incurrió en un desatino fáctico ostensible, dado que su inferencia de que era necesario tomar la determinación de despedir al finalizar los descargos, y dejar expresa constancia de lo resuelto en el acta respectiva, lejos estuvo de ser consensuado entre la empresa y el sindicato de trabajadores.

Se casará la sentencia gravada, y para resolver en instancia, son suficientes las precedentes consideraciones, para revocar la de primer grado. En consecuencia, se hace innecesario el análisis del tercer cargo.

Dada la prosperidad del recurso extraordinario, no se imponen costas en esta sede. En las instancias, a cargo del demandante.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 18 de julio de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio promovido por Félix Alberto Achury contra Hoteles Bogotá Plaza S.A.

En sede de instancia, revoca el fallo de 14 de diciembre de 2007, dictado por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar, absuelve a la demandada de todas las pretensiones.

Sin costas en casación. En las instancias, a cargo del demandante.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Valencia—Francisco Javier Ricaurte Gómez.