Sentencia 38992 de noviembre 3 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 38992

Acta 40

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A. - KOYOMAD S.A., contra la sentencia del 31 de julio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por JESÚS ANTONIO VELASQUEZ.

Antecedentes

JESÚS ANTONIO VELASQUEZ demandó a la sociedad KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A - KOYOMAD S.A., para que se le condene a reintegrarlo al cargo que desempeñaba al momento del despido, con el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, así como las cotizaciones no canceladas a favor del fondo skandia. Subsidiariamente, solicita el reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto; al igual que el equivalente a 180 días de salario, por terminar el contrato de trabajo sin la autorización del Ministerio de la Protección Social; y las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirmó, que prestó servicios a la demandada en ejecución de un contrato de trabajo a término indefinido, a partir del 1º de agosto de 1995; sus funciones fueron las de oficios varios, aseo de tinas y ayudante de camión; el último salario básico devengado fue de $462.000, más el auxilio de transporte y de alimentación, para un total de $500.400 mensuales; fue incapacitado desde el 28 de noviembre de 2002 durante más de 180 días, a raíz de una hernia abdominal; durante los tiempos de interrupción de la incapacidad, se presentó nuevamente a laborar, con lo cual se suspendió la continuidad exigida por el Decreto 806 de 1998, como justa causa de despido; el 19 de mayo de 2003, fue intervenido quirúrgicamente, siendo incapacitado por 20 días hasta el 17 de junio del mismo año; después de la cirugía intentó retornar a su trabajo, pero la empresa le sugirió consultar nuevamente al médico y éste le otorgó nuevamente incapacidad; el 30 de agosto de 2003, fue despedido unilateralmente por la demandada, en aplicación del numeral 15, literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, es decir, por cumplir más de 180 días de incapacidad; el empleador incumplió con la obligación de reinstalarlo a su cargo o a uno compatible con sus posibilidades físicas, como lo ordena el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965; no se solicitó autorización al Ministerio de Protección Social para su despido, por lo que debe entenderse que es ineficaz, al tenor del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien le dictaminó una pérdida del 21.55% de su capacidad laboral de origen común, lo cual indica que está en condiciones de seguir laborando

La demanda se contestó con oposición a las pretensiones, aceptó la existencia de la relación laboral, sus extremos y el despido, pero adujo, que el contrato de trabajo terminó por justa causa, a quien se le notificó con más de 15 días de anticipación. Formuló las excepciones de pago, cobro de lo no debido, compensación, inexistencia de la obligación y prescripción (fls. 50 a 60).

La primera instancia terminó con sentencia del 19 de diciembre de 2007, mediante la cual, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones y se abstuvo de imponer costas (fls. 144 a 153).

Sentencia del tribunal

Al decidir la apelación de la parte actora, el ad quem, por providencia del 31 de julio de 2008, revocó la del juez de primer grado, para en su lugar, condenar a la demandada a reintegrar al actor al cargo que desempeñaba, con el pago de los salarios, prestaciones y aportes al fondo de pensiones, dejados de percibir, y declaró que para todos los efectos, no hubo solución de continuidad. Impuso costas en primera instancia, pero se abstuvo de hacer lo propio en la alzada (folios 169 a 183).

El sentenciador de alzada en lo que al recurso extraordinario interesa, indicó que si bien en virtud de lo dispuesto en el numeral 15, literal a), artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, el empleador ostenta la facultad de terminar el contrato de trabajo de un trabajador que supere el término de 180 días en estado de incapacidad, tal potestad no es absoluta, ya que tiene ciertas condiciones, como es, el que la enfermedad lo incapacite para seguir desempeñando sus labores, ya que si al término de las mismas el trabajador conserva su capacidad de trabajo, el empleador está en la obligación de reinstalarlo a su empleo, para lo cual transcribe el artículo 16 del citado decreto, en cuanto dispone:"(…) la existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo".

Luego de transcribir algunos apartes de varias sentencias de la Corte Constitucional, relacionadas con el tema, concluyó que en el presente asunto, el actor sufre de "Colon espástico - colitis crónica y hernia inguinal", que de conformidad con el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez le representa una pérdida de la capacidad laboral del 21.55%, lo cual indica que tiene una incapacidad parcial, con derecho a ser reinstalado, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965.

El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.

Alcance de la impugnación

Pretende que se case parcialmente la sentencia recurrida, “y una vez convertida en sede de instancia, proceda a revocarla en todas sus partes y proceda a confirmar en todas sus partes la sentencia del a quo”.

Por la causal primera de casación formula dos cargos, que fueron replicados.

Cargo primero

Acusó la sentencia impugnada de “ser violatoria, por la vía directa, de la ley sustancial en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 7º del Decreto 2351 de 1965, literal A), numeral 15 y artículo 16 de la misma obra, que lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 24 y 31 de la Ley 361 de 1997; artículos 14, 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; artículos 186, 187, 193, 306 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993; artículo 28 de la Ley 789 de 2002; artículo 4º del Decreto Reglamentario 1373 de 1966; Decreto 806 de 1998; Decreto Reglamentario 2463 de 2001; Decreto 917 de 1999 y artículo 1º del Decreto 2177 del 21 de septiembre de 1989, reglamentario de la Ley 82 de 1998 a aprobó dicho convenio 159 de la OIT”.

En la demostración del cargo, admite los supuestos fácticos que dio por acreditados el tribunal, pero discrepa del alcance que se le dio a las normas denunciadas, en cuanto consideró que el trabajador que es despedido por una enfermedad no profesional, cuya curación no ha sido posible dentro de los 180 días continuos y sin previa autorización del inspector del trabajo, tiene derecho a ser reintegrado, por ser una persona con debilidad manifiesta o con limitaciones. Que el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965, no prevé por ninguna parte el reintegro, como erróneamente lo interpretó el ad quem y, que además, esta corporación ha sido reiterativa en el sentido de declarar que la empresa puede dar por terminado en forma justa y legal el contrato de trabajo, con fundamento en el artículo 7º, literal A), numeral 15 del Decreto 2351 de 1965, cuando la enfermedad no profesional no ha sido curada durante 180 días.

Agregó, que la interpretación errónea de las anteriores normativas, condujo al sentenciador de alzada a aplicar indebidamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que otorga una protección especial a las personas con limitaciones. Que para no surtir efecto jurídico alguno el despido de un trabajador con debilidad manifiesta, por no haberse solicitado permiso al inspector del trabajo, se requiere que este pierda su capacidad laboral en un porcentaje superior al 25%, previa calificación del órgano competente.

La réplica

Adujo, que no existió interpretación errónea del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, sino una hermenéutica integral y conjunta con las normas que regulan la protección especial a las personas limitadas, pues la Ley 361 de 1997, aplica a todas las limitadas, indistintamente del grado de pérdida de su capacidad laboral, del origen y de su condición de trabajador o no. Que la causal de despido por incapacidad superior a 180 días, no es de aplicación automática y está sometida al cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 217 del Código Sustantivo del Trabajo.

Segundo cargo

Textualmente lo planteó así: “Acuso la sentencia recurrida (…) de ser violatoria, por la vía indirecta, de la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en relación con los artículos 7º del Decreto 2351 de 1965, literal A), numeral 15 y artículo 16 de la misma obra; artículos 24 y 31 de la Ley 361 de 1997; artículos 14, 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; artículos 186, 187, 193, 306 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993; artículo 28 de la Ley 789 de 2002; el artículo 4º del Decreto Reglamentario 1373 de 1966; Decreto 806 de 1998; Decreto Reglamentario 2463 de 2001; Decreto 917 de 1999 y artículo 1º del Decreto 2177 del 21 de septiembre de 1989, reglamentario de la Ley 82 de 1988 que aprobó dicho convenio 159 de la OIT”.

Señala como errores de hecho en que incurrió el tribunal, los siguientes:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante se encontraba en circunstancia de debilidad manifiesta en los términos del artículo 13 inciso tercero, de la Constitución Política.

“2. No dar por probado, estándolo, que el demandante no se encontraba en circunstancia de debilidad manifiesta en los términos del artículo 13, inciso tercero, de la Constitución Política.

“3. No dar por demostrado, estándolo, que el hecho de haber alcanzado el demandante una incapacidad superior a 180 días sin que en dicho lapso hubiese sido posible su curación, constituía justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo por parte de Koyomad S.A. de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2351 de 1965, artículo 7º, literal A) numeral 15.

“4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante es una persona con limitación en los términos de la Ley 361 de 1997.

“5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no tenía la condición de persona limitada, en los términos de la Ley 361 de 1997.

“6. No dar por demostrado, estándolo, que la pérdida de la capacidad laboral del demandante fue inferior al 25%.

“7. Dar por demostrado, sin estarlo que Koyomad S.A. debía solicitar autorización al inspector del trabajo para terminar el contrato de trabajo del demandante.

“8. No dar por demostrado, estándolo, que Koyomad S.A. no tenía obligación de solicitar autorización al inspector del trabajo para terminar el contrato de trabajo del demandante.

“9. Dar por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato de trabajo del actor tuvo como causa su limitación física.

“10. No dar por demostrado, estándolo, que la terminación del contrato de trabajo del actor obedeció a la causa legal prevista en el Decreto 2351 de 1965, artículo 7º, literal A) numeral 15, es decir, por haber superado los 180 días de incapacidad y no haber sido posible su curación durante este lapso”.

Denuncia como pruebas erróneamente valoradas, los documentos de folios 74 a 76 del expediente, relacionados con la carta de terminación del contrato de trabajo y la incapacidad que la EPS le dio al actor por más de 180 días.

En la demostración del cargo advierte, que si el tribunal hubiera analizado correctamente la carta de despido, visible a folio 76, habría llegado a la conclusión de que el mismo fue con justa causa, con fundamento en lo previsto en el artículo 7º, literal A), numeral 15 del Decreto 2351, es decir, por llevar más de 180 días de incapacidad derivada de una enfermedad general, sin que en ese lapso se hubiese producido su recuperación, tal como lo ratifica el documento de folios 74 y 75. Que teniendo en cuenta el análisis de las anteriores pruebas, el ad quem debió deducir, que el actor no era una persona con limitación por razón de su enfermedad, que mereciera una protección especial.

La réplica

Advierte, que los errores de hecho planteados en el cargo, no tienen asidero legal ni probatorio, por cuanto la causal de despido generado en la incapacidad del trabajador por más de 180 días sin lograr su recuperación, no es de aplicación automática, sino que está sujeta al cumplimiento de las condiciones señaladas por el mismo legislador, pues si no fue declarado inválido, mal puede truncarse su estabilidad laboral y económica.

SE CONSIDERA:

La Sala asume el estudio conjunto de los dos cargos, conforme lo autoriza el numeral 3º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, por cuanto si bien están dirigidos por vías diferentes, persiguen un idéntico objetivo, denuncian iguales disposiciones legales, y se valen de similares argumentos para su demostración.

En ninguno de los cargos propuestos se discute que la iniciativa de poner fin a la relación contractual laboral existente, provino de la parte demandada, quien le comunicó al actor su decisión de despido, con fundamento en lo establecido en el numeral 15, literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, esto es, por haber superado los 180 días de incapacidad sin que hubiera sido posible su recuperación. Igual situación acontece, con la pérdida de la capacidad laboral de origen común que le dictaminó al demandante la junta regional de calificación de Invalidez, quien la fijó en un 21.55%.

En las condiciones que anteceden, debe determinarse si a pesar de la demostración de los referidos supuestos fácticos, el proceder del empleador se ajustó al ordenamiento jurídico existente y, en consecuencia, el despido se produjo por una justa causa prevista legalmente, tal como lo aduce el impugnante, o si por el contrario, le asiste el derecho al trabajador a ser reintegrado por no haber perdido su capacidad laboral en forma tal que se considere inválido y no haberse obtenido la autorización del inspector del trabajo, conforme lo concluyó el tribunal, con apego en la especial protección que prevé el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

Para la Corte, el sentenciador de alzada sí incurrió en las violaciones legales denunciadas, pues en el presente asunto, no se dan las condiciones exigidas para obtener la garantía de estabilidad de que trata la Ley 361 de 1997, pues dentro de los requisitos para que proceda la protección estatuida en la citada ley (inc. 2º del art. 26), se encuentra el que la pérdida de la capacidad laboral supere el 25%, para esa forma poder ser considerada con una limitación severa, situación en la que no se encuentra el demandante, toda vez que su discapacidad slo alcanza el 21.55%. 

En efecto, ya esta corporación ha fijado su criterio en torno al tema relacionado con la aplicación de la Ley 361 de 1997, en el sentido de que ella está diseñada para garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones “severas y profundas”, pues así lo establece el artículo 1º, al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, en cuanto son las personas consideradas discapacitadas, esto es, aquellas que tengan un grado de minusvalía o invalidez superior a la limitación moderada, pues la sola circunstancia de que el trabajador sufra alguna enfermedad que lo haya incapacitado temporalmente para laborar, no lo hace merecedor a esa especial garantía de estabilidad laboral. 

Precisamente, la Corte en Sentencia del 15 de julio de 2008, Radicación 32532, reiterada en las del 25 de marzo de 2009. Radicación 35606, 16 y 24 de marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235, entre otras, al fijar el alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, expresó

“La protección con la que cuentan las personas limitadas en lo concerniente a que no pueden ser despedidas o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie la autorización de la oficina de trabajo se encuentra regulada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de manera que la minusvalía a que se refiere esta disposición debe ser buscada, en primer lugar, en el contexto de este articulado y, sólo en ausencia de disposición que lo determine, es dable acudir a la aplicación supletoria de otras normas, conforme lo prevé el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

“Al respecto conviene precisar que la Ley 361 de 1997 contiene un régimen de carácter especial, que trasciende el campo del sistema de seguridad social integral, dado que su protección va más allá de las garantías que este régimen cubre, pues su propósito es la protección de los derechos fundamentales de las personas con limitaciones, previendo para quienes las padecen en los grados de “severas y profundas” la asistencia y protección necesarias. En este sentido la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25130, lo siguiente:

“cumple observar que la Ley 361 de 1997 es un estatuto especial que estableció “... mecanismos de integración social de las personas con limitación...” y que según su primer artículo los principios que la fundamentan están en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política. Se trata de una ley que según la exposición de motivos tuvo por objeto la integración social de los discapacitados (Gaceta del Congreso Nº 364 del 30 octubre de 1995). Los capítulos que la integran consagran garantías que asumen el Estado y la sociedad para facilitar al antes señalado grupo de personas un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, bienestar social, el acceso preferente a la educación, a los bienes y al espacio de uso público, al trabajo, etc.”.

“Aclarado lo anterior, se observa que la Ley 361 de 1997 está dirigida de manera general a garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1º; al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación, como ya se anotó, a quienes padecen una minusvalía significativa.

“Es en desarrollo de esta preceptiva y particularmente en lo que tiene que ver con las personas a que está orientada la protección especial que consagra, según el grado de su limitación, que se dispone en el artículo 5º que las personas con limitaciones deberán aparecer como tales en los carné de afiliación al sistema de seguridad social en salud, correspondiendo a las empresas promotoras de salud consignar, en tal documento, la existencia de la respectiva limitación, con la especificación del grado de limitación que presenta su portador, en las escalas de moderada, severa y profunda, con el fin de que puedan identificarse como titulares de los derechos previstos en la ley comentada. No se trató entonces de una previsión caprichosa del legislador al aludir, en esta disposición, a los distintos grados de minusvalía que pueden afectar a las personas según la limitación que padezcan, por el contrario, la razón está de parte de aquellas que padecen mayores grados de limitación, naturalmente con el propósito de lograr su integración social en todos los ámbitos de la vida en comunidad en que se desenvuelven los seres humanos. Obviamente que el amparo es menor o inexistente para las personas con limitaciones de menor intensidad que no se les dificulta su inserción en el sistema competitivo laboral.

“En el articulado de la Ley 361 de 1997 se toman como parámetros los diferentes grados de minusvalías a que se hecho alusión para establecer condiciones que garanticen su incursión en el ámbito laboral o que los haga merecedores de la protección del Estado, entre otros, en el campo de vivienda, seguridad social y educación. Así por ejemplo en el 24 se garantiza a los empleadores que vinculen laboralmente a personas con limitación que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitaciones, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si tienen en sus nóminas un mínimo del 10% de sus empleados, en las condiciones de discapacidad enunciadas en ese mismo ordenamiento; en el 31 se dispone que los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales, pagados durante el año o periodo gravable a los trabajadores con limitación, y el 37 prevé que el gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación, apropiará los recursos para crear una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuela de trabajo para atender las personas con limitaciones severas.

“Es claro entonces que la precitada ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitación a que se refieren sus artículos 1º y 5º; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para aquellos que su minusvalía está comprendida en el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo.

“Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace, aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que su aplicación comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este decreto en lo que tiene que ver con la citada Ley 361, es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal razón no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias. 

“Pues bien, el artículo 7º del Decreto 2463 de 2001 señala los parámetros de severidad de las limitaciones en los términos del artículo 5º de la Ley 361 de 1997; define que la limitación “moderada” es aquella en la que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; “severa”, la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral y “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%. 

“En las condiciones anotadas es claro que el juzgador de segundo grado se equivocó al aplicar en este asunto el artículo 5º de la Ley 776 de 2002, pues si bien este precepto limita los grados en que se encuentra comprendida la incapacidad permanente parcial lo hace de manera expresa para los afiliados al sistema general de riesgos profesionales y para los fines de las indemnizaciones y prestaciones que cubre este régimen, que obviamente no guarda relación con el tema de estabilidad laboral que protege la Ley 361 de 1997. 

“Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitación moderada. Situación en la que no se encuentra el demandante, pues su incapacidad permanente parcial tan sólo es del 7.41%, es decir, inferior al 15% del extremo mínimo de la limitación modera, que es el grado menor de discapacidad respecto del cual operan las garantías de asistencia y protección que regula esa ley, conforme con su artículo 1º”. 

A lo anterior se agrega, que la desvinculación del actor no se produjo por razón de la pérdida de su capacidad laboral, sino en virtud de haberse prolongado la incapacidad por más de 180 días sin que hubiera sido posible su recuperación, causal que se encuentra prevista como justa causa de terminación del contrato de trabajo, en el numeral 15 del aparte a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965. 

Así las cosas, los cargos prosperan.

Como consideraciones de instancia, además de las razones que se expusieron para despachar la acusación, advierte la Corte que en el sub judice, no solo se estructuró la causal esgrimida por la sociedad demandada para proceder a la desvinculación del demandante, sino que también, se cumplió con el aviso anticipado y en el lapso previsto en el inciso final del aparte a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

En tal virtud, se confirmará la sentencia absolutoria que profirió el juez de primer grado.

Costas en las instancias a cargo de la parte demandante. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia de 31 de julio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que Jesús Antonio Velásquez le promovió a la Sociedad Koyomad Productos Cárnicos S.A. - Koyomad S.A. En instancia, se confirma la proferida por el juez de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Costas en las instancias a cargo de la parte demandante. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino GallegoElsy del Pilar Cuello Calderon—Gustavo José Génecco Mendoza—Francisco Javier Ricaurte Gómez