Sentencia 3905 de marzo 7 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

TÉCNICA DE CASACIÓN

PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA

EXTRACTOS: «1. El presente caso, como viene de verse, trata de la reivindicación de un predio urbano, pretensión estimada por el Tribunal con base en los argumentos acabados de compendiar.

La parte recurrente, por su parte, acusa la sentencia del Tribunal como violatoria de una serie de normas dentro de las cuales no se halla el artículo 946 del C.C.

2. La cuestión, entonces, reside en determinar las consecuencias de esa omisión, habida cuenta de que el presente recurso se introdujo después de que entrara en vigor el Decreto especial 2651, el cual, en su artículo 51, prescribe:

Casación. Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación, cuando mediante ellas se invoque la infracción de normas de derecho sustancial se observarán las siguientes reglas:

1. Será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa (...)”.

2.1. De manera invariable, la jurisprudencia de la Corte venía sosteniendo que: “...cuando la sentencia del Tribunal ad quem decide sobre una situación dependiente no de una sola norma, sino de varias que se combinan entre sí, la censura en casación, para ser cabal, tiene que investir la forma de lo que la técnica llama proposición jurídica completa. Lo cual se traduce —añadía la Corte— en que si el recurrente no plantea tal proposición, señalando como vulnerados todos los textos que su estructura exige, sino que se limita a hacer una indicación parcial de ellos, el ataque es vano. Conclusión natural y potísima del precepto (actualmente art. 368-1 CPC) que, al hablar de violación de la ley sustantiva o sustancial, como motivo de casación, no ha podido entender nada distinto de quebrantamiento de la normación suficiente a sustentar un derecho de aquella especie, normación que si en una hipótesis puede estribar en un solo texto, en otras se forma indispensablemente de varios. Y es precisamente, tratándose de este último evento, como se precisa la necesidad de que en el recurso extraordinario, la impugnación se haga sobre la base de la llamada proposición jurídica completa...” (Cas. civ. 16 de nov. de 1967, entre muchas).

2.2. Debe hoy, en cambio, entenderse, a raíz de la reforma introducida por la regla legal antes transcrita, que cuando la situación considerada, depende de varias normas de índole sustancial que se combinan entre sí, es suficiente con que se denuncie la violación de alguna o algunas de ellas, sin que, por consiguiente, sea indispensable la configuración de la denominada “proposición jurídica completa”.

3. Pero, ¿entrañará esa innovación legislativa que el impugnador puede ad libitum indicarle a la Corte las normas que tenga como violadas, y que ésta motu proprio, debe inquirir por las que realmente correspondan cuando aquel, al formular el cargo, no atine a individualizar las que de hecho gobiernan o deban gobernar el caso?

3.1. Para responder el anterior interrogante debe tenerse presente, ante todo, que la casación no es una instancia más del proceso, a la cual pueda llegarse a debatir las cuestiones fácticas y jurídicas propias del proceso en términos similares a los que son utilizables ante el Tribunal o ante el juzgado respectivo. Mas exactamente, la casación, por su propia esencia, tiene que cumplir un papel diferente del que es propio de los recursos ordinarios, en particular del de apelación. De no ser así, casación y apelación se llegarían a confundir en sus proyecciones prácticas.

De ahí que, al trazar la distinción entre la casación como recurso excepcional, y la apelación como recurso ordinario, se haya dicho que mientras que en esta su materia propia es el proceso como thema decidendum, la de la casación es la sentencia como thema decissum, punto en torno al cual la jurisprudencia de la Corte tiene dicho:

“Por sabido se tiene que lo que se ventila en el recurso de casación no es el litigio mismo, lo cual haría del recurso una tercera instancia no consagrada por la ley, sino que lo enjuiciado aquí es la sentencia del tribunal en sí misma considerada, a efecto de que por la Corte se decida, dentro de los precisos límites de los cargos formulados, si la sentencia se conforma, si o no, con la ley sustancial en lo decisorio o con determinadas garantías de orden público en lo procesal” (Cas. Civ. 7 de dic. de 1965, G.J. t. CXIV, p. 222).

En relación con lo mismo no resulta impertinente recordar que la casación, como tal, aparece expresamente erigida en la Constitución Nacional, por cuanto en el ordinal 1º de su artículo 235 tiénese como atribución de la Corte Suprema de Justicia, la de “actuar como tribunal de casación”.

3.2. Entonces, si la casación ostenta y debe ostentar unos perfiles propios, y si estos han de ser delineados a partir de observar que por la misma lo enjuiciado es la sentencia de segunda instancia (o en la casación per saltum, la de primera), como thema decissum, para, entre otros eventos, averiguar si se ajusta, o no, a la ley sustancial, se ha de volver sobre lo antes señalado, o sea, que esa averiguación —a cumplirse mediante una confrontación entre la sentencia y la ley sustancial—, no se lleva a cabo más que dentro del ámbito que delimite el propio impugnador de la decisión, porque pensado de otra manera, es decir, suponiendo que ella pudiera ejecutarse merced al propio impulso o iniciativa del juez de la casación, se borrarían las fronteras con la apelación pues en esta, como es sabido, la investigación de la norma llamada a servirle de medida al caso, es del resorte o de la incumbencia del juzgador.

3.3. Ahora bien, las reglas originales del Código (arts. 368 y 371), al igual que las anteriores desde que la casación se instituyó legislativamente en Colombia exigían irrestrictamente al recurrente que determinara las normas de naturaleza sustancial con las cuales debía cumplirse la comparación de la sentencia a fin de establecer si esta las transgredía, siendo en tal exigencia donde residía la razón de ser de la proposición jurídica completa, desde luego que se advertía la presencia de casos en los que la expresión legal del derecho que se decía conculcado por el fallo depende de más de un precepto sustancial.

Hoy, a términos del numeral 1º del artículo 51 del Decreto 2651, esa exigencia ha sido atenuada, mas no suprimida. Es decir, sobre el recurrente continúa gravitando la carga de indicarle a la Corte las normas sustanciales con las cuales debe compararse la sentencia para ver si, efectivamente, esta las vulnera; eso está determinado con toda claridad en el texto del susodicho numeral. En consecuencia, si el recurrente desacierta radicalmente en la tarea de señalar esos preceptos, a la Corte no le es dable enmendar esa falta para acomodar el examen a los mandatos que sí son pertinentes al caso.

3.4. Traído a este punto el problema, corresponde elucidar cuándo el recurrente no atina de un modo radical o absoluto en el señalamiento de las normas sustanciales tenidas como transgredidas.

Dejando de lado aquellas hipótesis perfectamente obvias, debe advertirse que la pauta esclarecedora de la cuestión se halla en el propio ordinal 1º cuando alude a las normas que constituyen “base esencial del fallo”, o que deben serlo, y que a juicio del recurrente, cualquiera de ellas haya sido violada.

Así, pues, si la base esencial del fallo está —o debe estar— constituida por varias normas sustanciales, al recurrente le basta con denunciar la transgresión de cualquiera de ellas.

Mas lo que el impugnador no puede perder de vista es que, cuando son varias, debe incluir en la denuncia por lo menos una de las reglas que constituyan —o deban constituir— la base esencial del fallo, pues de ello no lo exoneró el legislador de 1991. Y, por supuesto, mal podía exonerarlo sin desvirtuar la naturaleza propia de la casación y su raigambre constitucional.

3.5. Pero si bien las cosas pueden ocurrir como se acaba de anotar, tampoco es posible desconocer la existencia de casos en los cuales la base esencial de los fallos la constituyen ciertos preceptos que, por su grado de abstracción totalizadora, su inclusión dentro de las normas tenidas como violadas resulta insoslayable y, por lo mismo, irreemplazable. O sea, son normas que por estar situadas en el propio centro de una determinada estructura jurídica no pueden ser reemplazadas por otras, siendo entonces esa singularidad lo que tiene que llevar al recurrente a que en el cargo se ocupe de su infracción, si es que aspira a exponerlo de manera cabal y a que la Corte pueda estudiarlo en su fondo.

A guisa de ejemplo, pueden mencionarse estas hipótesis en las que es advertible la presencia de tal clase de normas: cuando la decisión impugnada en casación recae o deba recaer sobre resolución de un contrato bilateral por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, constituye “base esencial” de la misma, y, por ende, no podría dejar de ser incluido dentro del elenco de las normas cuya transgresión por la sentencia se denuncia, el artículo 1546 del Código Civil, o en su caso, el artículo 870 del Código de Comercio. O en una determinación atinente a declaratoria de nulidad absoluta de un contrato, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936. O en una sentencia que provea o deba proveer sobre petición de herencia, el artículo 1321 del Código Civil. O en un fallo que estime o desestime la reivindicación de un bien, como es el caso sub júdice, el artículo 946 del Código Civil.

En cualquiera de los supuestos anteriores, el recurrente, por más que alegue el quebrantamiento de preceptos más o menos aledaños a los citados, si no incluye el que corresponde según el caso, no se habrá acoplado a las exigencias de la ley puesto que habrá omitido señalar la regla que, sin ningún género de dudas, representa —o debe representar— el soporte esencial del fallo.

3.6. Circunscribiendo la atención a la acción reivindicatoria, por fuera del evento previsto en el artículo 951 del C.C. el cual atañe a una hipótesis diferente, soporte medular —e insustituible— de la misma lo constituye el artículo 946 íb., pues es él, y ningún otro de los que se ocupan de la materia, el que le atribuye al titular del dominio que se halla privado de la posesión del bien, el derecho de recuperarlo de quien lo tenga bajo su poder alegando ser dueño del mismo. Por ende, no obstante que dejen de citarse otros preceptos propios de la reivindicación dentro de la denuncia que en contra de la sentencia se plantee como transgresora de la ley sustancial, resulta inevitable o forzosa la inclusión del susodicho artículo. Es él el que define los elementos configurantes de la acción reivindicatoria; de forma que si el recurrente omite su invocación, cuando la cuestión decidida recae sobre todos o cualquiera de ellos, la confrontación de la sentencia con la norma legal para saber si aquella resulta transgresora de ésta, no se podrá adelantar, y entonces el cargo estará llamado a fracasar.

4. En el caso materia de la decisión, como se sabe, el Tribunal le dio cabida a la pretensión reivindicatoria de la parte demandante por haber encontrado que la posesión de la demandada era posterior al título de dominio aportado por aquella, y, desde luego, por juzgar que militaban en el caso los restantes elementos axiológicos de la pretensión reivindicatoria.

Esa consideración toca certeramente con la aplicación del artículo 946 del C.C., precepto que, como atrás se hizo notar, no lo incluyó el recurrente dentro de las normas supuestamente violadas por la sentencia. Tal omisión no la suple ninguno de los otros artículos cuya transgresión se denuncia en el cargo pues, como resulta obvio decirlo, ninguno de ellos es el que consagra el derecho que tiene el dueño de un bien a recuperarlo de quien lo tiene bajo su poder como poseedor. Y desde luego la Corte, como Tribunal de Casación, no se encuentra facultada para llenarlo por su propia iniciativa por cuanto, por lo atrás discurrido, hasta ese extremo no alcanza la innovación legislativa introducida por el Decreto 2651, en el numeral 1º de su artículo 51».

(Sentencia de casación, marzo 7 de 1994. Expediente 3905. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

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