Sentencia 39073 de mayo 4 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 39073

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá D.C., cuatro de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IX. Se considera:

Se comienza por destacar que en el cargo que se examina, la censura se aparta de las conclusiones fácticas del juzgador de segunda instancia, al soportar la acusación en un hecho que no aparece acreditado en la sentencia recurrida y respecto del cual no se hizo ninguna alusión en esa providencia, en cuanto afirma que en este asunto el acto de la conciliación es nulo porque contiene a cargo del trabajador cláusulas de pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salarios, sobre los cuales durante la vigencia del contrato de trabajo se cobraron aquellos. Es decir, la censura parte de unos hechos distintos a los establecidos por el ad quem, lo que es contrario a las reglas que regulan el recurso extraordinario, que exigen a quien orienta su ataque por la vía directa, mostrarse conforme con los antecedentes fácticos acreditados en la decisión recurrida, toda vez que mediante esta vía solo es posible controvertir los errores jurídicos en que eventualmente haya podido incurrir el sentenciador.

No obstante lo anterior, encuentra la Sala oportuno precisar que el cobro de los aludidos intereses no se halla prohibido por la ley, como tampoco el modo que las partes acuerden para el pago del préstamo hecho al trabajador, siempre y cuando no se acredite que dichos intereses perjudiquen al asalariado, tal como ya se dijo en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicada con el número 20151, de cuyos apartes se hará cita al resolver el segundo cargo.

De otro lado, la aseveración que hace la acusación en punto a que la declaración en forma genérica de cosa juzgada de la conciliación celebrada por las partes, que en este asunto hizo el juzgador, es contraria a las garantías consagradas a favor de los trabajadores en los artículos 53 y 58 de la Constitución Nacional, no resulta acertada en este caso, pues en la decisión recurrida aparece que se examinó el contenido de la conciliación y se concluyó por tribunal que no adolece de vicios del consentimiento como son error, fuerza o dolo.

En consecuencia, la colegiatura no cometió los yerros jurídicos que se le endilgan y por consiguiente el cargo no prospera.

X. Segundo cargo:

Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de:

“(...) las disposiciones contenidas en los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, en relación con las disposiciones contenidas en 13, 14, 15, 16, 25, 29, 53, 58, 228 y 230 de la Constitución Nacional; los artículos 6º, 15, 16, 17, 633, 641, 768, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746 y 2313 del Código Civil; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del Código Civil; los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 104, 105, 106, 107, 140, 142, 149, 151, 152, 153 y 198 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 6º y 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965; los artículos 12, 20 y 99 del Código de Comercio; el artículo 38 de la Ley 153 de 1887; con violación medio de los artículos 30, 31 y 60 del C. P. T. y 177 del C. de P. C., aplicable por analogía por disposición del artículo 145 del C.P.L., los primeros artículos por haberlos aplicado indebidamente y los segundos por no haberlos aplicado siendo necesario aplicarlos (…)”.

Como errores de hecho cometidos por el tribunal, señala:

“1) No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada no contestó la demanda dentro del término legal.

2) No dar por demostrado, estándolo, que el Juzgado Quince Laboral, mediante auto, tuvo por no contestada la demanda.

3) No dar por demostrado, estándolo, que la demanda no propuso medios exceptivos dentro de las oportunidades legales.

4) No dar por demostrado, estándolo, que en el acta de conciliación del 26 de enero de 1993, suscrita ante el Juez Segundo Laboral del Circuito de Cali, entre las partes en litigio, adolece de objeto y de causa ilícitos y dar por demostrado sin estarlo, que dicho acto reúne todos los requisitos exigidos por la ley para su validez y eficacia.

6) (sic) No dar por demostrada, estándola, la nulidad absoluta de carácter sustancial del acta de conciliación, y no declararla en la sentencia, siendo una obligación legal y oficiosa del ad quem.

7) No dar por demostrado, estándolo, que durante los tres últimos años de servicios la demandada, efectuó a la señora Luz Eustacia Reyes, prestamos o anticipos de salario y prestamos de prestaciones sociales como la bonificación por retiro, sobre los cuales le cobró intereses, que fueron descontados de los pagos mensuales de salario, de las primas semestrales de servicios y de la liquidación de prestaciones sociales registrada en el acta de conciliación.

8) No dar por demostrado, estándolo, que al expediente no obra documento suscrito por el recurrente , que autorice a la demandada Almacafé S.A., para descontar de sus salarios mensuales, primas semestrales de servicios y prestaciones sociales definitivas —como la bonificación por retiro—, el valor de los préstamos o anticipos de salarios e intereses.

9) No dar por demostrado, estándolo, que la caja de ahorros, fondo de recompensas pensiones y jubilaciones de los empleados de la federación y Almacafé S.A. es un programa de bienestar carente de personería jurídica.

10) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada durante la vigencia del contrato de trabajo descontó a la señora Luz Eustacia Reyes, el cinco por ciento (5% de su salario mensual con destino a una caja –fondo de ahorros no autorizada por la ley descuento que tuvo el carácter de obligatorio por determinación reglamentaria de la demandada.

12) (sic) No dar por demostrado, estándolo, que los artículos 153 del Código Sustantivo del Trabajo y 38 de la Ley 153 de 1887, para la época de los hechos y en la actualidad se encontraban y encuentran en plena vigencia.

13) No dar por demostrado, estándolo, que al expediente reposa el reglamento interno de trabajo de la entidad demandada, en cuyo artículo 40 se prohíbe a la empresa hacer deducciones, retenciones o compensaciones del salario con destino al pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salario.

14) No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 48 del mismo reglamento de trabajo, dispone que: “Almacafé reconocerá y pagará todas las prestaciones establecidas o que establezca a cargo la legislación del trabajo (...)”.

15) No dar por demostrado, estándolo, que las leyes del trabajo contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, tienen rango constitucional y hacen parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por el constituyente en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

16) No dar por establecido, estándolo, que las leyes del trabajo contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, están protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 74 de 1968, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador “, adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y ratificado por Colombia el 22 de octubre de 1997 y prevalecen sobra la legislación interna por mandato del artículo 93 de la Constitución Política.

17) No dar por demostrado, estándolo, que la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de este proceso, es violatoria de los derechos humanos, entre otros, por el cobro de intereses sobre préstamos y anticipas de salarios cobrados por la empleadora Luz Eustacia Reyes.

18) No dar por demostrado, estándolo, que con el cobro de intereses, por el pago anticipado en calidad de préstamo de la bonificación por retiro—prestación social de propiedad patrimonial del recurrente, la demandada le causó perjuicios irremediables durante la ejecución del contrato de trabajo—, e incurrió en un detrimento del patrimonio económico de la señora Luz Eustacia Reyes, en cuantía de $ 634.324.00, de los años 1988/89/90/91 y en un enriquecimiento sin causa a su favor.

Para tratar de acreditar los yerros fácticos atribuidos al ad quem, la censura menciona como pruebas equivocadamente estimadas, “Las documentales de folios 38 a 40 del que corresponde al acta de conciliación suscrita entre la patronal y el trabajador”; y como dejadas de apreciar, las siguientes:

“1. La demanda, obrante entre folios 3 a 34.

2. La documental de folio 53 que corresponde al auto de 29 de octubre de 1996.

3. La documental obrante entre folios 305 a 314; 315 y 316 y 320 a 326, que corresponde a los acuerdos 3º de 1941, 3ºA de 1943, y 1º de 1948, expedidos por el comité nacional de cafeteros segundo órgano de dirección y de gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

4. La documental obrante a folio 260, que corresponde a la Circular GG-776, de la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en la cual se indica que la “Caja de ahorros es un programa de bienestar de la federación, carente de personería jurídica”.

5. La documental obrante entre folios 139 a 186 del cuaderno 2, que corresponde a los comprobantes mensuales de pagos de salarios y primas semestrales de servicios de los tres (3) últimos años de servicios de la señora Luz Eustacia Reyes, en los cuales se registran los descuentos por concepto de intereses sobre préstamos de salario y prestamos de la bonificación por retiro diferentes a préstamos destinados a la adquisición de viviendo.

7. (sic) La documental obrante a folios 185 a 204, que corresponde a los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

8. La documental obrante a folios 195 a 197, que corresponde a la certificación expedida por la demandada sobre el descuento del 5% del salario con destino a una caja de ahorros.

9. La documental de folios (sic) 193 y 194, que corresponde a la constancia expedida por la demandada sobre pagos salariales y prestacionales de fecha 22 de noviembre de 1999.

10. La documental de folios 292 a 302, que corresponde a la resolución de declaratoria de unidad de empresa.

11. La documental de folios 270 a 291, que corresponde al reglamento interno de trabajo de la demandada Almacafé S.A.

12. La documental de folios 170 a 178, que corresponde al temario de puntos de inspección judicial propuestos por la parte demandante.

13. La documental vista a folios 183 y 184 del cuaderno 2, que corresponde a las actas de audiencia pública en las cuales se evacuó la prueba de inspección judicial”.

En su demostración la censura expone que el ad quem estimó equivocadamente el acta de conciliación, por haberse ocupado únicamente del análisis jurídico de la cosa juzgada, y seguidamente reitera varios de los argumentos jurídicos expuestos en el cargo primero, para aseverar que el acto registrado en el acta de conciliación es nulo, porque durante el desarrollo y ejecución del contrato de trabajo suscrito entre las partes, la empleadora otorgó a la trabajadora prestamos o anticipos sobre los salarios y prestaciones, que no tenían como destinación la compra de vivienda, y sobre los cuales le cobró intereses que le fueron descontados de su salario y de las primas legales y extralegales de servicios, quebrantando de esa manera el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

También afirma que el juez colegiado no apreció la documental correspondiente a los comprobantes de pago de salarios de los últimos tres años de servicios de la trabajadora, en todos los cuales se registran descuentos por concepto de intereses sobre préstamos o anticipos de salario, con destinación diferente a la financiación de vivienda o compra de casa, que le fueron hechos sin autorización alguna de su parte o del juez del trabajo; y que igualmente no tuvo en cuenta el certificado de existencia y representación de la demandada, donde consta que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, por lo que no le era permitido prestar dinero con intereses a sus trabajadores.

XI. Réplica:

La oposición aduce, que es claro que el ataque que se pretende en el cargo, se fundamenta en razones ajenas al fallo, y en pretensiones que no fueron reclamadas con la presentación de la demanda, que en esta oportunidad no pueden valorarse, y mucho menos pretender con interpretaciones subjetivas adicionales, hacer ver a la Sala circunstancias de hecho diferentes al soporte jurídico del principio de cosa juzgada.

Se refirió a los errores de hecho alegados por el recurrente, señalando que el acta de conciliación fue apreciada en su contexto verdadero y legal, pues sirvió de fundamento para que hiciera tránsito a cosa juzgada.

Afirma, en cuanto a las pruebas supuestamente dejadas de apreciar, que si el juzgador de segunda instancia no se refiere individualmente a ellas, no quiere decir que no las haya apreciado, sino que simplemente el estudio que debía abarcar, se limitaba a establecer que el acta de conciliación estuviese celebrada con los requisitos de ley y que sirviera de sustento al fallador para declarar probada la excepción de cosa juzgada propuesta desde la contestación de la demanda.

XII. Se considera:

No es cierta la afirmación de la censura, referente a que el juzgador de segundo grado incurrió en la apreciación equivocada del acta de la conciliación celebrada entre las partes por haberse dedicado exclusivamente al análisis jurídico de la cosa juzgada, pues en realidad sí efectuó el estudio del contenido del acuerdo mencionado, incluso estableció que en el proceso no se acreditó la existencia de vicios del consentimiento que afectaran la voluntad plasmada en el acto jurídico aludido que llevaran a su invalidez; por lo que dicha aseveración no resulta razonable, ya que sin lugar a dudas el sentenciador hizo el estudio completo del contenido del acta de conciliación que suscribieron las partes.

Fuera de lo anterior, valga anotar que la redacción del acta que la contiene, permite inferir que las partes tenían claridad acerca de lo que estaba conciliando, incluida la forma de terminación del contrato por mutuo acuerdo. Además, de su contexto surge nítidamente que quisieron precaver cualquier conflicto futuro, y que con la suma acordada quedaba cubierta toda obligación y conciliando cualquier derecho que pudiera subsistir a cargo de la accionada, dentro de las que se incluyen obviamente las diferencias numéricas o jurídicas que pudieran resultar por los pagos o deducciones discriminados en la liquidación final de prestaciones sociales del demandante, plasmada expresamente en tal acuerdo, con lo que se evidencia que ese acto jurídico fue lícito, pues en parte se garantizó con la suma convenida, el pago de todo crédito existente o generado a la terminación del contrato de trabajo por cualquier concepto.

En consecuencia, es obvio que las deducciones por prestamos e intereses sobre los mismos, efectuados durante la relación laboral o en la liquidación final de prestaciones sociales, que en sentir de la acusación fueron ilegales, quedaron cubiertos con la suma conciliada, en el supuesto que fueran improcedentes, porque precisamente con tal acuerdo se quiso zanjar cualquier diferencia.

Ahora, en relación a que el ad quem ha debido declarar la nulidad sustancial de la conciliación, porque la accionada dedujo de las prestaciones finales del actor, sumas por concepto de préstamos que le había concedido y sus intereses, por ser ello violatorio de la normatividad laboral y civil, se observa que este punto concreto no fue materia del debate propuesto en este proceso, pues para cuestionar la validez de tal acuerdo en la demanda inicial se aludió a las presiones efectuadas por la empresa y al hecho de haber esta elaborado el acta respectiva, pero nada se dijo acerca de la incidencia de la ilegalidad de las deducciones mencionadas en la eficacia jurídica del acto conciliatorio.

Sobre el aspecto concreto del cobro de intereses por parte del empleador por préstamos otorgados y lo referente a los descuentos que por este concepto se efectuaron por la empleadora, que es el punto sobre el cual centra el ataque su inconformidad, por considerar que constituye una apropiación indebida o pago incompleto de salarios y prestaciones, corresponde señalar que los mismos no están del todo prohibidos, como tampoco el acuerdo a que se llegue para su pago, y mientras no se demuestre que su imposición estaría perjudicando al trabajador, no hay quebrantamiento de los principios y normas protectoras sobre la materia, tal como lo concluyó esta corporación en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicado 20151, en la cual se dijo:

“(...) La tacha de ilegalidad por el cobro de intereses, se soporta en los artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen:

“ART. 152.—Préstamos para vivienda. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado para retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se provean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa.

“ART. 153.—Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los prestamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses.”

“Así las cosas, aquí no se controvierte la existencia de varios préstamos otorgados por la empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos.

“No obstante que aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van a mejorar su nivel de vida. Créditos que si son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del estatuto sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se le estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas disposiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto.

“Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen la naturaleza humana que las inspira y justifica.”

“Entonces, para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere demostrar que con él se está perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de los que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos. Como esa situación no se presentó en el caso objeto de examen, máxime si se toma en cuenta la condición de nivel intelectual del demandante, quien se desempeñó como vicepresidente financiero y administrativo, ha de concluirse que en realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem al solucionar la controversia no quebrantó los tantas veces citados preceptos legales.

“Finalmente, cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando los principios protectores establecidos a favor de los mismos, razón por la cual no es ineficaz una cláusula concebida bajo tales parámetros (...)”.

Colofón a lo anterior, el tribunal no pudo cometer ninguno de los errores de hecho atribuidos por la censura, y por ende el cargo no prospera.

Al no salir avante el recurso extraordinario y haber réplica, las costas en casación serán a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2008, en el proceso ordinario adelantado por la señora Luz Eustacia Reyes Méndez contra Almacenes generales de depósito de café s.a. “Almacafé S.A.”.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y PÚBLIQUESE.»