Sentencia 39090 de junio 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 39090

SP7755- 2014

(Aprobado Acta 189)

Magistrada Ponente:

María del Rosario González Muñoz

Bogotá D.C., dieciocho de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala examinará inicialmente los dos primeros cargos que, respectivamente, el actor formula con relación a los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal, porque de prosperar los mismos, ello haría innecesario ocuparse de los demás reproches.

Primer cargo respecto de la falsedad material:

El demandante sostiene que la conducta desarrollada por el procesado Argemiro Villa Tobón carece de antijuridicidad material, por dos razones. En primer lugar, porque los agregados hechos a la escritura pública son tan burdos que cualquier persona podía advertir la falsedad sin dificultad alguna. Y, en segundo término, por cuanto la alteración del documento no se erigía necesaria para hacer efectiva la obligación por vía ejecutiva, luego se trató de una falsedad inocua.

Para responder los planteamientos del recurrente la Sala primero precisará el concepto de antijuridicidad material y se referirá a algunos aspectos dogmáticos relacionados con el delito de falsedad documental; luego concretará los hechos que se encuentran demostrados en el proceso en lo relativo a dicho punible; y por último, se ocupará del caso concreto.

(i) La antijuridicidad material y algunos aspectos dogmáticos de la falsedad documental.

Como ya ha tenido oportunidad de referirlo la Sala (CSJ SP, 18 de febr. de 2003, rad. 16262), un comportamiento típico solo puede considerarse base o fundamento del delito si de modo efectivo lesiona o al menos pone en peligro un bien jurídico tutelado por la ley. Se trata del principio de lesividad, acuñado por la doctrina jurídico penal y que en la legislación sancionatoria colombiana se erige como uno de los elementos esenciales de la conducta punible (art. 11 del Código Penal).

En el estatuto punitivo de 2000 la fe pública constituye uno de los bienes jurídicos objeto de tutela y su protección se procura, además de otros comportamientos punibles, con aquellos que describen los delitos de falsedad documental. Modernamente, dicho bien jurídico se entiende como la confianza de la colectividad en las formas escritas en cuanto tengan importancia como medio de prueba en el tráfico jurídico.

En particular, frente a los delitos relacionados con la falsedad documentaria pública, se tiene dicho que su estructuración requiere la presencia de los siguientes elementos: a) la mutación de la verdad, en el entendido de que se trata de la alteración de la misma en su sentido y contenido documental con relevancia o trascendencia jurídica; b) la aptitud probatoria del documento y c) la concurrencia de un perjuicio real o potencial (CSJ SP, 20 de oct. de 2005, rad. 23573).

La imitación de la verdad implica que el documento pueda servir de prueba por atestar hechos con significancia jurídica o relevantes para el derecho, es decir que el elemento falsificado debe estar en posibilidad de hacer valer una relación jurídica.

Se trata, por tanto, de la creación mendaz con apariencia de verosimilitud, que en el caso de la falsedad documental pública se entiende consumada con la editio falsi, es decir, con la simple elaboración o hechura del documento que se atribuye a una específica autoridad pública y que por ende representa una situación con respaldo en el derecho al involucrar en su formación la intervención del Estado por intermedio de alguno de sus agentes competentes, esto es, que se supone expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones y con el lleno de las formalidades correspondientes.

Además, es un delito clasificado entre los de peligro, en el entendido de que el mismo no exige la concreción de un daño, sino la potencialidad de que se realice, esto es, aquel “estado causalmente apto para lesionar la fe pública en que se encuentra el instrumento con arreglo a sus condiciones objetivas —forma y destino—, como a las que se derivan del contexto de la situación”(1), y cuya incidencia se mide por la aptitud que tiene de irrogar un perjuicio.

La falsedad documental pública, por tanto, no requiere del uso del documento; ella se presenta con la material elaboración espuria del mismo y la consiguiente adulteración de los signos de autenticidad, contrariamente a la conducta falsaria documental privada que supone, precisamente, su uso para ser reprochada.

Justamente, con ocasión de la exigencia de que el documento tenga capacidad para producir daño, se creó la teoría de la falsedad inocua. Ya desde Carrara se advirtió que no puede reputarse la presencia de delito de falsedad si el acto cumplido no tiene potencia de dañar, indicándose al propio tiempo que un documento notoriamente falso —burdo— no puede calificarse de delictivo. En palabras del connotado tratadista italiano, “como regla absoluta se puede sostener que es indispensable una imitación capaz de engañar, y como regla absoluta es preciso admitir que la equidad del magistrado puede eliminar el título de falsedad cuando la torpeza llegue a tal grado que pueda llamársela palpable o intuitiva”(2).

La teoría de la falsedad inocua, es de recordarse, implicó la superación del antiguo concepto según el cual la veracidad e intangibilidad de los documentos públicos debían ser respetadas con independencia de la nocividad o inocuidad de sus efectos en el tráfico jurídico por ser una emanación del poder documentario del Estado, de modo que la sola alteración de la verdad en los mismos merecía reproche penal. Se trataba de proteger un pretendido derecho a la verdad absoluto.

Hoy en día, con los modernos desarrollos dogmáticos, la noción de la veracidad e intangibilidad ha quedado relegada a un segundo plano, para dar paso a otra prevalente en el derecho penal fundada en criterios de relevancia social y jurídica, a cuyo tenor los documentos deben representar la existencia de un hecho trascendente en el ámbito de lo social, sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. De allí precisamente que en la actualidad se exija que los documentos sobre los cuales recae la acción falsaria necesariamente deban ser aptos para servir de prueba de un hecho social y jurídicamente relevante.

De manera que si la falsedad documental, en cualquiera de sus modalidades, no recae sobre un medio que goce de confianza colectiva, resulta inidónea para vulnerar el bien jurídico de la fe pública, y no ocasiona un daño, ni al menos lo engendra potencialmente; no merece represión penal, ya que por virtud del principio de antijuridicidad material no aparece plausible sancionar el hecho realizado al margen de cualquier incidencia social (CSJ SP, 21 de abr. de 2004, rad. 19930).

Como ejemplos de falsedad inocua la doctrina refiere la adición de cláusulas inútiles a un documento verdadero o que se encuentran legalmente implícitas en el mismo; la falsificación que se realiza sobre un documento inexistente o carente de valor en su totalidad por tener objeto o causa ilícitos, o por provenir de persona absolutamente incapaz, o por haberse omitido formalidades ad substantiam actus; la alteración que recae sobre partes no esenciales del documento, entre otros casos.

En punto a la falsedad burda, es necesario señalar que la misma surge cuando la adulteración es tan grotesca y manifiesta que su presencia se advierte a simple vista y sin mayores esfuerzos por cualquier observador con mediana inteligencia. Desde luego, corresponderá al juez determinar si la falsedad es burda, dependiendo de las características tanto del documento original como de los textos objeto de mutación, así como del contenido intrínseco de uno y otros.

(ii) Lo demostrado en relación con la falsedad documental objeto de acusación:

En el presente caso, se encuentra establecido que los señores Argemiro Villa Tobón y Luis Emilio Álvarez Álvarez celebraron un contrato de mutuo, en virtud del cual el primero prestó al segundo la suma de $ 7.000.0000, por razón de los cuales el deudor se comprometió a pagar un interés mensual del 3%. Para garantizar la cancelación tanto del capital como de los intereses los contratantes constituyeron hipoteca sobre un bien inmueble de propiedad del prestatario, la cual se elevó a escritura pública el 17 de julio de 1997 ante el notario noveno de Medellín.

En la cláusula primera de dicho documento se estipuló que “si lo demorado fuere el pago de dos mensualidades cualquiera (sic) de los intereses, el acreedor podrá dar por terminado el plazo estipulado y exigir de inmediato el pago del capital e intereses no pagados por la vía judicial”.

En el cláusula segunda quedó incorporada la hipoteca, mientras en la sexta se consignó la manifestación expresa del acreedor de aceptar el mencionado gravamen.

En el curso de la actuación se acreditó también que en las cláusulas segunda y sexta se agregaron textos no acordados por las partes, y así en la primera de ellas se consignó: “...por un año a partir de la fecha”, mientras en la otra se escribió: “Por un año a partir de la fecha. Vale”.

Con dichas adiciones, por tanto, se quiso hacer aparecer que la obligación, garantizada mediante la hipoteca, se hacía exigible al año.

(iii) El caso concreto:

El primer argumento del casacionista para sostener que el comportamiento atribuido al procesado carece de antijuridicidad material es el de sostener que las alteraciones efectuadas a la escritura pública constituyen una falsedad burda. La Sala no comparte este aserto, pues, como ya se dijo, para presentarse ese tipo de fenómeno es necesario que la agregación sea grosera y manifiesta, de modo que salte de bulto sin mayores elucubraciones.

Y no es eso lo que ocurre en este caso, pues los textos ex novo se consignaron con un tipo de letra similar, en cuanto a tamaño y forma, al utilizado en el documento adulterado. De otra parte, con esas expresiones, contrario a lo dicho por el actor, no se rompió la secuencia interna del contenido original, pues con los agregados se hizo aparecer que la obligación garantizada con la hipoteca se hacía exigible en un año.

Ciertamente, la alteración queda evidenciada en forma clara cuando se compara el documento sobre el cual se realizaron —utilizado para promover la consiguiente acción ejecutiva— con la escritura pública que reposa en la notaría novena de Medellín e, incluso, con copias de la misma desprovistas de los agregados espurios, pues de esa forma surge sin discusión que las adulteraciones no figuran en el documento original ni en esas otras reproducciones. Pero tal presupuesto no es el que determina si hay o no una falsedad burda sino, se insiste, su aparición manifiesta y evidente con la sola aislada observación del documento contrahecho, como cuando se evidencia que a un texto escrito en computador se le añaden palabras en manuscritos.

En consecuencia, no es dable concluir que las falsificaciones son burdas. Distinta situación, empero, advierte la Sala en lo relativo al segundo argumento planteado por el demandante, pues, evidentemente, los textos agregados a la escritura pública no revestían la potencialidad de causar daño.

En efecto, de acuerdo con los artículos 1530 y siguientes del Código Civil, las obligaciones, en lo que interesa al presente asunto, pueden ser sometidas a condición o plazo, o a ambas modalidades, y en ese último caso, su exigibilidad se podrá hacer efectiva con la primera que se cumpla o, si lo prefiere el acreedor, con cualquiera de ellas. La obligación condicional es aquella que depende de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no (art. 1530 del Código Civil), mientras el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación (art. 1551 ibídem).

En el contrato celebrado entre los señores Villa Tobón y Álvarez Álvarez quedó estipulada expresamente una obligación condicional, en cuanto se estableció que en caso de incumplimiento por parte del deudor de dos mensualidades en el pago de intereses se hacía exigible el pago del capital y sus intereses.

Es cierto sí que no se estableció allí en forma expresa plazo alguno. Sin embargo, ello no significa que no existiera. Como lo enseña la doctrina especializada, el plazo puede ser legal, convencional o judicial; el primero opera cuando, precisamente, las partes no lo han estipulado, mientras el último cuando el legislador autoriza al juez a fijarlo en casos especiales(3). Para el caso del contrato de mutuo, es decir, aquel celebrado entre Villa Tobón y Álvarez Álvarez, el artículo 2225 del Código Civil consagra un caso típico de plazo legal al señalar:

“Si no se hubiere fijado término para el pago no habrá derecho de exigirlo dentro de los diez días subsiguientes a la entrega”.

Significa lo anterior que cuando las partes no acuerdan plazo diferente, después del día décimo de la entrega de la cosa el acreedor puede exigir el pago de la obligación.

De tal suerte que el referido contrato no solo estaba sujeto a condición sino también a plazo, este último de carácter legal. Por tanto, los agregados efectuados a la escritura para señalar como plazo el correspondiente a un año se tornaban irrelevantes, máxime cuando ese último emergía más gravoso para el acreedor, pues era superior al que legalmente resultaba aplicable en este caso.

De lo anterior surge la sin razón del argumento del tribunal cuando sostiene que los textos añadidos al documento se hacían indispensables para promover la acción ejecutiva, en tanto sin ellos, el acreedor debía acudir a la acción ordinaria. Como quedó visto atrás, el mutuante podía perfectamente acudir a dicha acción para hacer efectiva la totalidad de obligación, no solo con ocasión del cumplimiento de la condición pactada sino por el vencimiento del plazo legal aplicable al contrato, y ello tanto más cuando, como quedó estipulado en la cláusula segunda, la hipoteca con la cual se garantizó operaba tanto para el capital como para los intereses.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la hipoteca tiene carácter indivisible, de manera que, como lo establece el artículo 2433 del Código Civil, cada parte de la cosa hipotecada está obligada al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. Y además es accesoria a la obligación principal, y esa la razón para que, conforme lo prevé el artículo 2457 ejusdem, se extinga junto con esta. Sobre esto último, el tratadista Arturo Valencia Zea señala:

“Que la hipoteca sea accesoria a un crédito, indica que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación, y que no puede constituirse en forma autónoma. La hipoteca solo nace cuando nace el crédito asegurado; su validez se condiciona a la del crédito; y se extingue con la extinción de la obligación (art. 2457, párr. 1º)”(4).

Conclúyase de lo analizado que la falsedad material en documento público atribuida al procesado, por su inocuidad, carece de potencialidad para lesionar el bien jurídico tutelado por la ley, luego se impone casar la sentencia impugnada para absolver a Argemiro Villa Tobón, por ausencia de antijuridicidad material respecto del aludido comportamiento punible.

Primer cargo respecto del fraude procesal:

En este reproche el libelista denuncia la presencia de un error de hecho por falso juicio de identidad, dada la distorsión por parte del tribunal de varias pruebas. En síntesis, para el casacionista, el yerro consistió en considerarse en el fallo impugnado que las alteraciones efectuadas a la escritura pública se utilizaron como sustento de la pretensión del pago del capital y de los intereses moratorios solicitados en la misma y que, por ende, tanto el mandamiento de pago como la orden de continuar adelante la ejecución se obtuvieron a raíz de dicha falsificación, cuando en realidad las agregaciones hechas al contrato de mutuo no incidieron en el proferimiento de tales decisiones.

Para pronunciarse sobre esta censura la Corte primero concretará los hechos probados referidos al fraude procesal imputado; posteriormente, hará algunas precisiones dogmáticas sobre ese punible; finalmente, se ocupará del caso concreto.

(i) Los hechos probados:

En el proceso se encuentra establecida la siguiente situación fáctica:

El 28 de enero de 2004 Argemiro Villa Tobón, a través de apoderado, promovió proceso ejecutivo con título hipotecario contra los herederos indeterminados y determinados del causante Luis Emilio Álvarez Álvarez, precisando que este falleció el 2 de enero de 2001. A la demanda adjuntó la copia de la escritura pública donde constaba la obligación, misma en la cual se efectuaron las alteraciones referidas en precedencia.

En los hechos de la demanda se señaló que de los $ 7.000.000 objeto del contrato de mutuo, el deudor había pagado ya $ 2.000.000, pero que los intereses causados fueron cubiertos hasta el 17 de noviembre de 1999, sin que en adelante se hubieran hecho abonos a intereses o a capital(5).

De esa manera, en el capítulo de las pretensiones, el ejecutante solicitó librar mandamiento de pago tanto de los $ 5.000.000 que todavía se adeudaban de capital, como de los intereses causados a partir del 18 de noviembre de 1999(6).

Aparece también acreditado en la actuación que con base en la mencionada demanda, el Juzgado Trece Civil Municipal de Medellín profirió el auto del 15 de septiembre de 2004, en el cual libró mandamiento de pago con título ejecutivo hipotecario por la suma de $ 5.000.000 como capital, más los intereses moratorios causados desde el 18 de noviembre de 1999(7). Respecto de esas mismas sumas, el citado juzgado dictó sentencia el 23 de mayo de 2005, ordenando seguir adelante con la ejecución(8).

(ii) Algunos aspectos dogmáticos del delito de fraude procesal:

Al procesado Argemiro Villa Tobón se le atribuye el punible de fraude procesal, al considerarse que con las alteraciones efectuadas a la escritura pública con fundamento en la cual promovió, a través de apoderado, el proceso ejecutivo, indujo en error al juez trece civil municipal de Medellín, con el fin de obtener decisión contraria a la ley.

La mencionada conducta punible se encuentra prevista en el artículo 453 del Código Penal de 2000, constituyendo uno de los comportamientos que tutelan el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia.

Como elementos del tipo pueden mencionarse (i) el uso de un medio fraudulento, (ii) inducción en error a servidor público a través de ese instrumento, (iii) propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley (ingrediente subjetivo específico del tipo), y (iv) idoneidad del medio para producir la inducción en error.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, fraudulento es aquello que se hace con fraude. Por su parte, fraude es aquel “engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien”. En consecuencia, medio fraudulento puede definirse como el instrumento engañoso que se usa maliciosamente para sacar provecho de alguna situación.

Como lo sostiene el demandante, constituye criterio consolidado de la Corte que la estructuración del comportamiento punible en comentario requiere que el medio fraudulento utilizado revista idoneidad para inducir en error al servidor público. Así en SP, 29 de abr. de 1998, rad. 13426 se expresó lo siguiente:

“Como reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala lo ha señalado, para que se estructure este delito no es indispensable que el servidor público efectivamente haya sido engañado, sino que el medio utilizado tenga la potencialidad suficiente para engañar, lógicamente debe entenderse que cuando tales medios no son idóneos porque de la manera como se presentan la ley no les otorga ninguna validez, no puede en consecuencia predicarse la existencia de este delito”.

De la misma manera, en SP, 17 de agost. de 2005, rad. 19391, se dijo:

“... resulta pertinente precisar, que el acto de inducción desplegado por el agente y que se exige para la estructuración de la conducta punible objeto de análisis, ha de contar con la fuerza o idoneidad suficiente para encaminar hacia un raciocinio errado al servidor público.

Si se comprueba que ese acto no reviste esa especial connotación, no será viable el juicio de adecuación típica, pues si bien el legislador prevé la utilización de “cualquier medio fraudulento” para el propósito indicado en la norma, este debe contar con la aptitud o la fuerza necesaria para incidir en el razonar del sujeto pasivo de la conducta, hasta el punto de sustraerle a una verdad específica, para introyectarle, en su defecto, una convicción distante de la realidad”.

Y más recientemente, con cita de otros precedentes, se ratificó dicha postura al señalarse en AP, 8 de jul. de 2009, rad. 29353, lo siguiente:

“... el medio fraudulento en la conducta punible de fraude procesal debe ser idóneo para inducir en error al funcionario, así no siempre se produzca el resultado perseguido, por lo que no cualquier mentira o artificio que se presente durante la actuación procesal, tan solo por el hecho de ser tal, podrá ser estimada como constitutiva del delito:

“El acto de inducción desplegado por el agente y que se exige para la estructuración de la conducta punible objeto de análisis ha de contar con la fuerza o idoneidad suficiente para encaminar hacia un raciocinio errado al servidor público.

“Si se comprueba que ese acto no reviste esa especial connotación, no será viable el juicio de adecuación típica, pues si bien el legislador prevé la utilización de “cualquier medio fraudulento” para el propósito indicado en la norma, este debe contar con la aptitud o la fuerza necesaria para incidir en el razonar del sujeto pasivo de la conducta, hasta el punto de sustraerle a una verdad específica, para introyectarle, en su defecto, una convicción distante de la realidad”(9).

Ahora bien, el tipo penal en cuestión no exige que se produzca el resultado perseguido, esto es, la obtención de la decisión contraria a la ley. Sin embargo, se entiende consumado cuando el agente, de manera fraudulenta, induce en error al servidor. Y la conducta perdura mientras se mantiene el estado de ilicitud y aun con posterioridad si se requiere de pasos finales para su cumplimiento. Se trata, por tanto, de un delito de ejecución permanente, pues sus efectos se prolongan en el tiempo mientras subsista la inducción en error (CSJ SP, 17 de agost. de 1995, rad. 8968; CSJ SP, 8 de agost. de 2007, rad. 27473).

Por tanto, el fraude procesal se configura siempre y cuando exista una actuación judicial o administrativa en la cual habrá de resolverse un asunto jurídico, de manera que debe ser adelantada por autoridades judiciales o administrativas. En suma, incurre en la conducta el sujeto —no calificado— que por cualquier medio engañoso de carácter idóneo induzca en error al servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

(iii) Caso concreto:

Como se concluyó al responder el primer cargo formulado con respecto a la falsedad material en documento público, las adulteraciones realizadas a la escritura pública surgían innecesarias, por cuanto el contrato contenía el plazo para el vencimiento de la obligación, que era de carácter legal, de manera que el incluido ex novo (un año) resultaba irrelevante para hacerla efectiva judicialmente.

Si, en esas condiciones, la falsedad se tornaba inocua, es claro que el medio utilizado por el procesado para obtener el mandamiento de pago y luego la sentencia de seguir adelante con la ejecución no puede catalogarse como fraudulento, elemento necesario, como quedó visto en el acápite precedente, para la estructuración del delito de fraude procesal.

A este respecto, es pertinente recordar que los delitos conexos son aquellos que se encuentran estrechamente entrelazados, como cuando un punible se erige en medio para alcanzar un fin delictivo (conexidad teleológica); por ejemplo, cometer un homicidio para realizar un hurto. También, cuando una conducta delictiva se comete para asegurar el producto de otra; v.g., cuando se lavan los activos procedentes de un delito de extorsión (conexidad paratática). Igualmente, en aquellos casos en los que el segundo delito se comete para ocultar uno anterior; por ejemplo, cuando se causa la muerte al testigo de un acceso carnal violento (conexidad hipotática) [CSJ SP, 24 de nov. de 2010, rad. 34482].

Bien puede afirmarse aquí que entre la alteración de la escritura pública y su posterior uso para promover, con base en ella, el proceso ejecutivo hay una conexidad teleológica, pues con lo primero se pretendía obtener una decisión favorable a los intereses del demandante. Sin embargo, en cuanto no es factible predicar la existencia del delito medio, pues la falsedad, dado su carácter inocuo, no tuvo concreción, es claro que tampoco sería afortunado preconizar la ocurrencia del delito fin.

De todas maneras, así pueda considerarse que las agregaciones hechas al documento público, no obstante la inocuidad de la falsedad así realizada, ostentan la condición de medio engañoso, tampoco en ese caso es factible sostener la estructuración del punible de fraude procesal, pues las alteraciones carecían de idoneidad para inducir en error al juez trece civil municipal de Medellín, si se tiene cuenta que no sirvieron de fundamento para demandar la cancelación de la obligación, ni consiguientemente, para librar el mandamiento de pago y ordenar seguir adelante con la ejecución.

En efecto, como quedó visto atrás, en la demanda ejecutiva se solicitó el pago de la suma de $ 5.000.0000 de capital, más los intereses causados a partir del 18 de noviembre de 1999. Es cierto, como lo reconoce el actor, que en el punto 4. de los hechos de la demanda se señaló lo siguiente: “El plazo pactado para la cancelación del capital fue el de un (1) año contado a partir desde (sic) el día de constitución de la hipoteca, es decir, el día 17 de julio de 1997”, en una clara remisión a los agregados efectuados a la escritura pública.

Sin embargo, no es menos cierto que en el punto 6., también de los hechos de la demanda, se consignó: “Los intereses de plazo pactados en la escritura pública fueron cubiertos hasta el 17 de noviembre de 1999, y de ahí en adelante no han hecho ningún otro abono ni a intereses ni a capital”. De esta afirmación surge claro que el ejecutante echó mano de la cláusula aceleratoria consignada en la parte inicial del contrato, en la cual a modo de obligación condicional se estableció, conforme quedó visto atrás, que la demora de dos mensualidades en el pago de intereses haría exigible la cancelación del capital e intereses no pagados.

En el punto 6. de los hechos de la demanda, se insiste, se dijo que a partir del 17 de noviembre de 1999 el deudor no había hecho abonos ni a capital ni a intereses. Si se tiene en cuenta que el libelo civil se instauró el 28 de enero de 2004, es claro que para entonces ya habían transcurrido, y de lejos, los dos meses de retardo. Es claro que si los textos alterados hubieran constituido el fundamento de la demanda, lo lógico es que su instauración se hubiese dado con mucha anticipación, incluso antes de ocurrir la condición, pues el año al cual aludían dichas agregaciones se cumplió el 17 de julio de 1998.

Para abundar en razones, obsérvese cómo, precisamente, el juez civil libró el mandamiento de pago y la posterior orden de seguir adelante la ejecución por los intereses causados desde el 18 de noviembre de 1999, es decir, el día siguiente a aquel en que empezó a producirse la mora.

Sin duda, la lectura distorsionada de las pruebas antes mencionadas, no advertida por el procurador delegado porque no contrastó el fallo impugnado con dichos elementos de juicio, llevó al tribunal a sostener que el fundamento de la demanda y de las posteriores decisiones del juez trece civil municipal de Medellín lo constituyeron las agregaciones efectuadas a la escritura pública cuando, de acuerdo con lo visto, tal enfoque está lejos de la realidad de lo ocurrido.

En consecuencia, la conducta atribuida al procesado no configura el delito de fraude procesal porque el medio utilizado en la demanda ejecutiva no ostentaba la condición de fraudulento y, en todo caso, carecía de idoneidad para inducir en error al servidor público, en este caso el juez trece civil municipal de Medellín.

Prospera también el cargo, por lo que se casará, igualmente, la sentencia impugnada para absolver a Argemiro Villa Tobón por razón del delito atentatorio de la eficaz y recta impartición de justicia en alusión.

La prosperidad de los dos cargos analizados por la Sala, torna innecesario abordar el examen de los otros dos, también postulados en la demanda, pues estos últimos persiguen el mismo objetivo, es decir, obtener la absolución del acusado.

Es de anotar que la Sala se abstiene de disponer acerca de la libertad del procesado, porque en el curso del proceso no se le impuso medida de aseguramiento, y si bien en la sentencia de primera instancia se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, allí mismo se le concedió la prisión domiciliaria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada.

2. ABSOLVER a Argemiro Villa Tobón de los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal.

3. COMUNICAR a las autoridades respectivas lo pertinente, con el fin de cancelar las anotaciones que le generó al procesado la iniciación de esta actuación procesal.

Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Creus, Carlos. Ed. Astrea, 1993.

(2) Carrara, Francesco. Programa del curso de derecho criminal, numeral 3697.

(3) Ospina Fernández, Guillermo. Régimen general de las obligaciones, octava edición, Editorial Temis, Bogotá, 2005, pág. 219.

(4) Derecho Civil, tomo II, derechos reales, Editorial Temis, octava edición, Bogotá, 1987, pág. 392).

(5) Folio 11 del cuaderno de primera instancia.

(6) Folio 12 cuaderno ídem.

(7) Folio 29 cuaderno ídem.

(8) Folio 62 cuaderno ídem.

(9) Sentencia de 17 de agosto de 2005. En el mismo sentido, sentencia de 19 de mayo de 2004, radicación 18367.