Sentencia 39111 de febrero 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39111

Acta 3

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá D.C., seis de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «XI. Se considera

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal, para confirmar el fallo absolutorio de primer grado, en esencia se fundó en lo siguiente:

(I) Que lo perseguido y argumentado en el escrito de apelación, que contra la decisión del a quo interpuso el demandante, no hace parte de las pretensiones de la demanda primigenia, ni de los hechos que las fundamentan, por cuanto lo solicitado por el impugnante de que en este asunto se declare la existencia de un contrato de trabajo y se ordene el pago de salarios y prestaciones sociales, no fue lo demandado a través de la presente acción judicial, en la que se peticionó fue el reconocimiento de “honorarios profesionales” en virtud de un contrato de prestación de servicios; (II) que la reclamación del pago de “honorarios”, corresponde a una relación civil y no laboral, pues el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo son dos modalidades contractuales diferentes, con singularidades y características propias e inconfundibles; (III) que en el examine, las pruebas como la confesión del demandante al absolver el interrogatorio de parte, el contrato escrito de prestación de servicios, el dictamen de medicina legal y el testimonio de Carlos Ramiro Arbeláez, comprueban que los servicios de asesoría del departamento eléctrico de la demandada prestados por el accionante, se rigieron por un contrato de prestación de servicios; (IV) que los elementos probatorios obrantes en el proceso, igualmente desvirtúan la existencia de un contrato de trabajo entre las partes y la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, pues el servicio en el caso del actor no era subordinado sino autónomo; y (V) que en el plenario no se acreditó que se le adeudara al demandante, suma alguna por concepto de los “honorarios” suplicados, ya que de lo narrado en el hecho segundo de la demanda inicial y lo confesado por este en el interrogatorio de parte, se desprende que los mismos fueron pagados, y que las demás pretensiones que atañen al “lucro cesante, intereses de mora, cláusula penal y demás beneficios adquiridos, en virtud de la relación de carácter privado que se dio” no son de conocimiento de la justicia del trabajo, habida cuenta que “...la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, le asigna competencia a los jueces laborales, según el numeral 6º del artículo 2º del Código Proceso Laboral para el conocimiento exclusivamente del pago de honorarios profesionales derivados del contrato de prestación de servicios y cualquier otro derecho que se reclame con fundamento en esa clase de contratos debe dirigirse a la jurisdicción ordinaria en lo civil”.

La censura no se ocupó de desvirtuar lo inferido por el tribunal, de cara a obtener lo verdaderamente reclamado mediante esta acción judicial, cuyas “pretensiones” según la pieza procesal de la demanda inicial, aparecen formuladas en los siguientes términos: “Por medio de este escrito persigo se condene a la sociedad demandada a pagar los honorarios correspondientes a que tiene derecho el ingeniero Augusto Peter Schroeder Soto, y a su vez solicito que se haga extensivo al lucro cesante, intereses de mora, cláusula penal, agencias en derecho y demás beneficios adquiridos a que tenga derecho mi poderdante” (resalta la Sala, fl. 4, cdno. del juzgado); petitum demandatorio que en ningún momento la parte actora reformó o adicionó, y que por el contrario en la fijación del litigio a través de apoderado judicial lo ratificó, al expresar “Me ratifico en las pretensiones y hechos de la demanda” (fl. 42, ibídem).

En efecto, en lo concerniente a la reclamación de “honorarios profesionales”, el recurrente en casación para nada se refirió a los razonamientos del tribunal que lo llevaron a confirmar la absolución por esta precisa súplica. No cuestionó en los cargos propuestos, ninguna de las inferencias que soportan las conclusiones que giran en torno a la cancelación de dicho emolumento, ni las que llevan a establecer que la demandada no adeuda suma alguna al actor por este concepto. Del mismo modo, el censor no intenta controvertir lo referente a que el “lucro cesante”, “intereses de mora”, “cláusula penal” y “demás beneficios adquiridos” derivados de un contrato de prestación de servicios, se tienen que reclamar ante la jurisdicción ordinaria civil, pues la justicia ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social, únicamente tiene la competencia para el cobro de los honorarios profesionales y no cualquier otro derecho derivado de aquellos.

Como quedó visto, la principal conclusión del juez colegiado para desechar lo argumento por el demandante en la apelación, es que en ese acto procesal se están solicitando pedimentos ajenos a los demandados en este proceso, lo que por sí solo estimó era suficiente para el fracaso del recurso. El recurrente, no se detuvo a cuestionar en rigor esta conclusión; ni siquiera alude a los principios de consonancia del artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, al de congruencia regulado por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 281 del Código General del Proceso, como tampoco señaló cuáles pretensiones de la demanda inaugural o primigenia contienen las peticiones que ahora alude en el recurso de apelación.

En consecuencia, los precedentes raciocinios de la alzada, independiente de su acierto, se mantienen incólumes por estar precedidos de la presunción de legalidad que caracteriza toda decisión judicial.

Es cierto que la censura pretende desvirtuar la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales del demandante -—que es la fuente de los honorarios profesionales implorados—, planteando en los cuatro cargos la presencia de los elementos esenciales de un contrato de trabajo durante la ejecución del vínculo que ató a los contendientes; pero para ello, el recurrente debió previamente destruir los verdaderos pilares que mantienen en pie la sentencia impugnada atrás reseñados, y demostrar que contrario de lo determinado por la segunda instancia, las peticiones incoadas en este proceso ordinario laboral buscaban también el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales derivadas de un contrato de trabajo, lo cual omitió por completo.

Lo manifestado en el primer cargo orientado por la vía directa, que se advierte involucra aspectos fácticos ajenos a la senda de violación escogida, por invitar a la Corte a apreciar o valorar las piezas procesales de la demanda introductoria y su contestación, donde según el recurrente se está cuestionando la existencia de un contrato de trabajo, y las pruebas que en su decir demuestran el elemento de subordinación laboral del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, no es suficiente para tener por acreditado que además de los “honorarios profesionales” demandados en razón de un contrato de prestación de servicios, también se demandó el pago de salarios y prestaciones sociales por haberse dado la mutación a un vínculo de carácter laboral.

Lo anterior es así, porque la demanda inaugural no es clara frente a lo pretendido por el impugnante en casación.

Conforme antes se anotó, las pretensiones formuladas desde un comienzo se contraen indudablemente a la reclamación de “honorarios profesionales”, “lucro cesante”, “intereses de mora” y la “cláusula penal”, sin que su proposición permita deducir la inclusión del pago de otros conceptos como salarios, prestaciones sociales o acreencias de carácter laboral.

Aun cuando en los hechos 7, 8 y 9 de la demanda primigenia, se insinúa que el demandante pasó de asesor a un funcionario de la entidad con funciones directivas administrativas, con mayor permanencia en la empresa y con asistencia a comités técnicos, conferencias y seminarios; expresamente no se alude a la declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes con sus consabidas consecuencias salariales y prestacionales, para que se entendiera, como se plantea en el alcance de la impugnación del recurso extraordinario, que las “pretensiones” relativas a la “configuración y existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y al pago de las sumas a que legalmente tiene derecho” están insertas “en el acápite de los hechos”, porque ello no es así.

Así las cosas, además de que las inferencias que soportan la sentencia de segundo grado no fueron debidamente atacadas, por virtud de que el recurrente desvió el ataque, lo que hace que se conserve incólume la sentencia impugnada, lo cierto es que no se equivocó el fallador de alzada, cuando aseguró que lo demandado en esta litis era el reconocimiento y pago de “honorarios profesionales” a favor del demandante como ingeniero, más no la cancelación de salarios o prestaciones sociales de este como trabajador. Así, al margen de lo anterior, adicionalmente hubiera estimado sin hacer uso de las facultades ultra o extrapetita, que las pruebas del proceso además de corroborar que la relación de las partes estuvo regida “por un contrato de prestación de servicios”, desvirtúan la existencia de un contrato de trabajo y la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

Conviene agregar, que las pretensiones de una demanda, además de reunir las exigencias propias de su formulación, requieren ser claras y precisas y traer consigo los supuestos fácticos que las apoyen o las respalden, que es lo que finalmente permite al juez del trabajo resolverlas, pues la claridad y precisión de las peticiones y los hechos son fundamentales. De allí que se sostenga que una demanda deficiente perjudica al propio accionante, en la medida que el juez no puede sustituirlo en la afirmación de los hechos omitidos, ni modificarlos cuando la manifestación es defectuosa, y menos adicionar pedimentos no propuestos, a más que ello iría en contra del derecho de defensa que le asiste al demandado.

En relación con el respaldo que deben tener las pretensiones en los hechos que a su vez deben claramente expresarse en el libelo, es pertinente traer a colación lo adoctrinado de antaño por esta corporación:

“(...) Al juzgador no le está permitido fundar la sentencia en hechos no invocados en la demanda, aun cuando se demuestren en el juicio, pues para el demandado la decisión resultaría sorpresiva, ya que respecto de tales hechos no fue llamado a responder en el juicio ni tuvo por tanto oportunidad para impugnarlos, aportando las pruebas del caso (CSJ, Sala de Cas. Laboral, sent. de feb. 21/61, G.J. t. XCIV, p. 787, negrilla fuera del texto).

Igualmente, en casación del 23 de mayo de 2001 Radicado 15771, reiterada en sentencias del 13 de octubre de 2006 rad. 28130 y 25 de octubre de 2011 Radicación 40109, la Sala puntualizó:

“(...) El derecho de defensa y el debido proceso exigen que la relación jurídica procesal quede delimitada ab initio en el juicio. Es por eso que el demandante, al elaborar su demanda laboral, debe ser cuidadoso no solo al formular las pretensiones, sino de manera muy especial al presentar los hechos que constituyen la causa petendi. Si bien las falencias en cuanto a las primeras pueden ser reparadas en los juicios del trabajo por el juzgador de primer grado, en el desarrollo de la facultad extra petita, a condición de que los hechos que le sirven de apoyo hayan sido planteados y discutidos en juicio, no puede ese mismo funcionario, ni ningún otro, corregir el rumbo del proceso trazado por el accionante, alterando la causa petendi en que este fincó su acción”.

Y en decisión del 28 de mayo de 2008 Radicado 30488, reiterada en casación del 18 de noviembre de 2009 Radicación 37220, esta corporación dijo:

“(...) Dadas las deficiencias que exhibe la demanda inicial del proceso, debe en esta ocasión también manifestarse que se ofrece propicia la ocasión para que la Corte recuerde que las pretensiones de la demanda deben ser planteadas con claridad y precisión, alejadas de la ambigüedad y sin proclividad a la confusión.

Tal exigencia en la determinación transparente, clara y precisa de las súplicas, propende por evitar que sea el juez —y no el demandante, como en verdad lo es—, el que, en últimas, establezca lo pedido en la demanda.

Eso no es lo que se espera de los administradores de justicia. Pero no puede soslayarse el deber de estos de interpretar las demandas confusas, ambiguas, en las que no se exprese claramente el pensamiento.

Se corre el riesgo de que la interpretación de la demanda termine por distorsionar el verdadero querer del demandante. Precisamente, frente a casos de interpretaciones de demandas que desnaturalizan totalmente la real voluntad del actor, la jurisprudencia del trabajo ha admitido la posibilidad de aniquilar fallos judiciales en sede de casación.

A no dudarlo, todo ello se evitaría con una demanda pródiga en claridad, transparencia y precisión, en la que tanto las pretensiones como los sustentos fácticos no generen confusión alguna y en que las ideas queden consignadas sin equívocos.

En ese sentido, la súplica subsidiaria registrada en el ordinal vigésimo sexto, llama a una natural confusión, puesto que, la ambigüedad con la que viene expresada, no permite apreciar la naturaleza jurídica de la pensión de jubilación reclamada, de manera que se deja al buen criterio del juez su entendimiento razonable bajo el prisma del estudio de la demanda, en su integridad.

Con ese marco conceptual, no podría atribuirse al tribunal una inteligencia notoriamente equivocada de la demanda, toda vez que, según se dejó anotado, su revisión en conjunto permitía, en términos razonables, ese entendimiento.

No sobra anotar que ampliar, de manera extemporánea, la causa procesal con una pretensión que no fue planteada en la demanda, comportaría un atentado al derecho de defensa de la parte demandada, en tanto que se le sorprendería con la inclusión, por primera vez, en sede de apelación, de una nueva súplica. Desde luego, los jueces no pueden tolerar un quebranto del derecho fundamental al debido proceso, que, sin duda, es una de las grandes conquistas de una sociedad civilizada” (resalta la Sala).

Lo dicho es suficiente para dar al traste con la acusación, sin que se haga necesario entrar en detalle en otros aspectos, puntos o tópicos planteados en los cargos segundo, tercero y cuarto, y que tienden básicamente a demostrar la valoración conjunta del material probatorio para el establecimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, por virtud de estar edificado el ataque sobre una causa procesal con una pretensión que no fue planteada ni formulada en la demanda genitora.

Finalmente, no sobra decir, que independiente de lo cuestionado en los cargos, se observa que los mismos adolecen de deficiencias técnicas, tales como la ya mencionada, relacionada con el primer cargo en el que se efectúa una mixtura indebida de vías de violación al exponer una argumentación jurídica y fáctica a la vez; los cargos segundo y tercero dirigidos por la vía indirecta, no especifican los supuestos errores de hecho cometidos por el tribunal con la connotación de manifiestos, como tampoco se explica qué es lo que la prueba acredita frente a lo decido en la segunda instancia y cómo su errónea apreciación o falta de valoración incide en la resolución judicial; y, el desarrollo del tercer cargo al igual que la demanda en casación en general, es más un alegato de instancia que la sustentación del recurso extraordinario, cuya acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido.

De acuerdo con todo lo expresado, el tribunal no cometió ninguno de los yerros jurídicos y fácticos enrostrados, y por ende los cargos no prosperan.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte recurrente, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 29 de agosto de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Augusto Peter Schroeder Soto, contra Ciudadela Comercial Unicentro Bogotá.

Costas como quedó indicado en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».