Sentencia 39128 de marzo 21 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 39128

Acta 9

Magistrado Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

El tribunal en realidad no realizó ningún examen probatorio para imponerle la sanción moratoria al Invías; del resumen del fallo acusado es claro advertir que su soporte fue netamente jurídico a partir del entendimiento del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que trata de la solidaridad del beneficiario de la obra, sobre el valor de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores, frente a los contratistas independientes; en esa medida, no pudo haber apreciado con error la póliza de seguros, como lo sugiere la censura.

La contestación de la compañía de seguros al segundo hecho de la demanda que la recurrente señala como no apreciada, es intrascendente para desvirtuar la solidaridad que jurídicamente el ad quem le endilgó a Invías, al catalogarlo como beneficiario de la obra; la respuesta fue la siguiente: “Es cierto que la compañía de Seguros Generales Cóndor S.A. celebró un contrato de seguros bajo la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales N CU003139 bajo el riesgo ejecución de obra civil y entre los amparos el del pago de salarios y prestaciones sociales”.

Está por fuera de debate que el Instituto Nacional de Vías, Invías, era el beneficiario de la obra, como lo afirmó el tribunal, y no lo discute la impugnante. Frente al tema planteado por la censura relacionado con la buena fe del instituto, conviene recordar que esta Sala, por mayoría, en procesos de similares características al aquí estudiado, en los que se llamó solidariamente a Invías, definió el asunto, en el sentido de indicar que la buena fe o carencia de ella por parte del contratista es la que debe analizarse, para efectos de imponer la sanción moratoria, y no la del obligado solidario, por lo que el dueño de la obra o el beneficiario de la misma, se equipara al empleador, para efectos de la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así quedó dispuesto entre otras en sentencia de 10 de febrero de 2009, radicación 33560, en la que se hizo referencia a las del 6 de mayo de 2005, 20 de febrero de 2007 y 5 de noviembre de 2008, con radicados 22905, 28438 y 32953 respectivamente, según las cuales: “El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo no hace otra cosa que hacer extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista, al dueño de la obra conexa con su actividad principal, sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La relación laboral es única y exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, apenas lo convierte en garante de las deudas de aquél. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de septiembre de 2000 (rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (rad. 17432).

“Es claro, entonces, que la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a éste una vez cancele la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que, se ha dicho, reafirma aún más su simple condición de garante.

“En estas condiciones, es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario.

“Como tuvo oportunidad de analizarse, al ser despachado el cargo anterior, el tribunal al confirmar la decisión del a quo sin ninguna consideración al respecto, acogió sin reservas los planteamientos de éste con relación a la conducta injustificada del empleador contratista, que lo llevaron a concluir su falta de buena fe al abstenerse de cancelar oportunamente las acreencias de su extrabajador. Fundamento fáctico este que no ataca el cargo y que es suficiente para mantener la decisión.

“Es, en consecuencia, irrelevante para la decisión, que la conducta asumida por la obligada solidaria hubiere estado o no revestida de buena fe, por lo que la acusación se torna infundada”.

En este caso se está frente a una situación similar a la ya resuelta, en consecuencia la sentencia se debe mantener.

Costas a favor del único replicante; se fijan como agencias en derecho la suma de $ 6.000.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de octubre de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Ramón Ignacio Rincón Chaparro le promovió a Víctor Raúl Rodríguez Amaya y solidariamente a la recurrente y a la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A.

Costas a cargo de la parte recurrente, en favor del demandante. Se fijan agencias en derecho la suma de $ 6.000.000.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.»