Sentencia 39132 de noviembre 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39132

Acta Nº 40

Magistrada Ponente

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Recurso de casación de la demandada

Se resolverá inicialmente el interpuesto por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación.

Alcance de la impugnación

Aspira que se case totalmente la sentencia impugnada “a fin de que se anule la totalidad del aparte resolutiva que confirmó la condena contra la caja dictada por el juzgado a cubrirle a la actora la totalidad de la pensión de jubilación convencional además de la indexación de las sumas debidas, y para que en sede de instancia la honorable Corte revoque totalmente la sentencia de primera instancia proferida por el a quo (…) y por ende como se reseñó se absuelva a mi poderdante de todas las pretensiones de la demanda de la actora y para que se disponga en costas a como haya lugar”.

Por la causal primera de casación formula dos cargos, replicados oportunamente, los cuales se estudiarán conjuntamente por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2591 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Primer cargo

Por la vía directa acusa la sentencia recurrida, en la modalidad de falta de aplicación “del artículo 77 del Decreto 1848 de 1969, en relación con el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia de 1886, y con los artículos 128 y 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991; en relación con el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 y en relación con el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 del ISS, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; y por INDEBIDA APLICACIÓN de los artículos 467 a 480 del Código Sustantivo del Trabajo, que le dan aplicabilidad a las convenciones colectivas de trabajo, en relación con el artículo 3º del mismo Código Sustantivo del Trabajo; todo ello en relación con el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985 del ISS, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, y en relación con el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 del mismo ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990, también en relación con el ya citado artículo 3º del mismo Código Sustantivo del Trabajo; en relación con el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en su parte pertinente por los artículos 68 y 75 del Decreto 1848 de 1969; con el artículo 1º de la Ley 71 de 1988 y con el Decreto 1160 de 1989 reglamentario de dicha ley, y en relación igualmente con el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005”.

Expone que el tribunal aceptó que en la resolución de reconocimiento pensional se precisó que la pensión de jubilación convencional se compartiría con la legal otorgada por el ISS, sin embargo, consideró que por haberse concedido antes del 17 de octubre de 1985, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 029 de 1985, las pensiones eran compatibles, con lo que evidentemente inaplicó el artículo 77 del Decreto 1848 de 1969 que prohíbe la doble pensión para un servidor público, pues solo así se protegen los recursos de la Nación y se logra un equilibrio de naturaleza económica y laboral entre todos los servidores del Estado situándolos en una misma escala pensional.

Señala que el precepto referido, expedido en vigencia de la Constitución de 1886, conservó su vigencia aún con la promulgación de la Constitución Política de 1991, pues en su artículo 128 se corroboró la misma prohibición que debe aplicarse en armonía con el 13 de la Carta.

Advierte que la inaplicación del artículo 77 del Decreto 1848 por parte del tribunal, entraña una infracción dado que en el sub lite se está concediendo una doble pensión a cargo del tesoro público, pues la de jubilación la asume la caja y la de vejez el ISS, entidades de rango nacional; que esta situación conllevó a la violación por falta de aplicación de los artículos 467 a 480 del Código Sustantivo del Trabajo lo que implicó una segunda pensión.

Argumenta que el juez plural quebrantó lo dispuesto en los parágrafos 2º y 4º del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual reformó la Constitución Política y entró a subsanar las fallas estructurales del sistema general de pensiones al propender, entre otros aspectos, con terminar las pensiones convencionales y unificar el sistema (fls. 44 a 47).

Réplica

Cuestionó el haber introducido un hecho nuevo al debate, pues ni en la Resolución 03701 del 23 de mayo de 2005, ni en la contestación de la demanda, ni menos en la apelación “puso de presente que la razón por la cual se compartía la pensión convencional con la de vejez, estaba fundada en el hecho de que “… nadie puede percibir dos asignaciones del tesoro público…—, y como este argumento jamás se expuso en las instancias, bajo ninguna perspectiva lógica y jurídica, puede aceptarse que el tribunal incurrió la infracción directa del artículo 77 del Decreto 1848 de 1969, 13, 64 y 128 de la Constitución Política, que hablan precisamente del tema desatacado entre comillas”; advirtió que a pesar de lo anterior, los dineros con los que el ISS cubre los diferentes riesgos ostentan el carácter de parafiscales, situación que no implica que formen parte del erario, tal como lo sostuvo esta corporación en la Sentencia 20271 del 6 de junio de 2003, cuyos aspectos relevantes transcribió, y citó la radicada con el número 29006 del 17 de abril de 2007 (fls. 53 y 54).

Segundo cargo

Se dirige por la vía directa en la modalidad de falta de aplicación del “artículo 60del Acuerdo 224 de 1966 del ISS, aprobado por el Decreto 3041 de 1966 y por INDEBIDA APLICACIÓN de los artículos 467 a 480 del Código Sustantivo del Trabajo, que le dan aplicabilidad a las convenciones colectivas de trabajo, en relación con el canon 3 de dicho código; todo ello en relación con el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985 del ISS, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, y en relación con el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 del mismo ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990, también en relación con el ya citado artículo 3º del mismo Código Sustantivo del Trabajo; en relación con el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por los artículos 68 y 75 del Decreto 1848 de 1969; con el artículo 1º de la Ley 71 de 1988 y con el Decreto 1160 de 1989 reglamentario de dicha ley, con los artículos 1º, 8º, 10, 11, 15 y demás preceptos de la Ley 100 de 1993 consagratoria del sistema general de pensiones; y en relación igualmente con el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005”.

Esgrime como fundamento del ataque, que la decisión adoptada por el tribunal se sustenta en pronunciamientos de esta Corte “en lo que en nuestro concepto consiste el yerro del ad quem, puesto que si bien el Acuerdo 29 de 1985 comenzó a regir como es apenas obvio a partir de su aprobación por parte del Decreto 2879 de ese mismo año, el ad quem no toma en cuenta el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 del ISS, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año” el cual transcribe, y que considera la norma aplicable a la situación jurídica de la actora en la fecha del reconocimiento pensional.

Manifiesta que el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, y el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, ratificaron la disposición según la cual los patronos inscritos al ISS seguirán cotizando con posterioridad al reconocimiento de la pensión extralegal para que, cumplidos los requisitos de ley, se compartieran las pensiones; alude nuevamente, a la unificación de las pensiones reconocidas por los empleadores con las otorgadas por el ISS o los fondos privados con el fin de garantizar su pago, y la extinción de las pensiones extralegales por medio de los parágrafos 2º y 4º del Acto Legislativo 01 de 2005 (fls. 47 a 50).

La réplica

Sostuvo que el derecho pensional reconocido a la actora es de naturaleza extralegal, que la compartibilidad establecida en el referido artículo 5º debe entenderse aplicable a partir del 17 de octubre de 1985 y no desde el 1º de enero de 1967, como se refirió en el cargo y para el efecto reprodujo los apartes de la Sentencia 29466 del 27 de febrero de 2007.

Finalmente adujo que el artículo 60 del citado Acuerdo 224 de 1996 “debe mirárselo en perspectiva de los artículos 18 y 61 del mismo acuerdo, y de los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, para con ello concluir que no hay la más mínima duda, que a partir del 1º de enero de 1967, son compartibles las pensiones legales, nunca las convencionales, como lo propone el recurrente” (fls. 55 y 56).

Consideraciones de la Corte

Dado el sendero de ataque elegido por la impugnante, permanecen incólumes las conclusiones fácticas a las que arribó el tribunal, esto es que la Caja Agraria reconoció a la demandante pensión de jubilación convencional en cuantía de $ 43.683.22 mensuales a partir del 16 de agosto de 1985; que el Instituto de Seguros Sociales otorgó la de vejez (desde el 23 de enero de 1997) en cuantía mensual de $ 175.806; y que la entidad dispuso, de forma unilateral, compartir (fls. 62 a 64).

En punto a lo discutido, esta Corte, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, ha sostenido que las pensiones voluntarias o extralegales reconocidas antes del 17 de octubre de 1985, por regla general son compatibles con la de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, salvo que se disponga lo contrario en el mismo acto que le da origen a la jubilación extralegal. Así lo ha ratificado en innumerables oportunidades, entre las cuales se cuentan las sentencias 36773, 36790 y 37217 del 26 de enero y 25 de mayo de 2010, la Radicada 40863 del 6 de diciembre de 2011, y las 39720, 51616 y 53293 del 31 de enero, 6 de marzo y 26 de junio de 2012.

Precisamente, en la referida Sentencia 40863 se resolvió una situación fáctica idéntica a la ahora expuesta contra la misma entidad bancaria demandada, y en esa oportunidad se dijo:

“El juzgador no incurrió en las infracciones de la ley que se le endilgan, dado que, su conclusión respecto de la compatibilidad de pensiones de naturaleza convencional con la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, cuandoquiera que las primeras fueron reconocidas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 y en el acto jurídico que les dio origen —no el de su reconocimiento, sino aquél que creó el derecho, verbigracia, la convención colectiva de trabajo, el laudo arbitral, el pacto colectivo, etc.—, no se consignó su compartibilidad, ya ha sido suficientemente abordada y definida por la Corte, entre otras muchas en sentencia de 31 de mayo de 2005 (Rad. 24.424), que aquí es necesario reiterar, en las que también se han resuelto los cuestionamientos que ahora hace la recurrente respecto de los acuerdos expedidos por el ISS desde su establecimiento y su incidencia en el fenómeno de compartición pensional, en los siguientes términos:

“El punto que en realidad se discute tiene que ver con el alcance del artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, pues mientras el ad quem aduce que solamente a partir de la expedición de esta normativa es posible la compartibilidad de las pensiones extralegales otorgadas por el empleador con la de vejez que llegue a reconocer el ISS, de donde dedujo que las pensiones convencionales otorgadas antes de esa fecha son compatibles y no compartibles, el impugnante sostiene que la compartibilidad incorporada en el Acuerdo 224 de 1966 se aplica a todo tipo de pensiones dada la subrogación del riesgo y de prestaciones que implicó la aparición de los seguros sociales en el país, situación que fue reafirmada con la expedición del Acuerdo 029 del ISS.

“Analizada la cuestión desde el punto de vista del artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, es evidente que ninguna razón tiene el recurrente, por cuanto una lectura atenta de esta disposición lleva al convencimiento de que la misma se refiere a las pensiones extralegales que se reconozcan a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe el citado acuerdo y no a las otorgadas con anterioridad. Y como el Decreto 2879 de 1985, que aprobó el Acuerdo 029, fue publicado el 17 de octubre de 1985, es obvio que la compartibilidad a que se refiere la norma en examen solo es aplicable a las pensiones extralegales reconocidas a partir de ese momento.

“El anterior entendimiento no cambia ni se altera si se amplía el análisis a las demás disposiciones enunciadas por la censura, porque tales preceptos se refieren a la subrogación de pensiones de carácter legal y no a las convencionales, como insistentemente ha dicho esta corporación, de tal suerte que la compartibilidad allí establecida era aplicable a las pensiones legales en las precisas hipótesis a que aluden esas normativas”.

Así las cosas, no le asiste razón al banco cuando plantea la compartibilidad pensional, puesto que desde que la jubilación fue reconocida tenía la vocación de compatible, que no se modifica por las circunstancias que expone el recurrente en el cargo.

Con relación a la afectación al tesoro público que alude el recurrente, basta con referirse al pronunciamiento efectuado por esta Corte en la Sentencia 39069 del 19 de octubre de 2011:

“La censura alega que como los aportes que efectuó la Caja Agraria, entidad de derecho público, son dineros públicos, al recibirlos el ISS adquieren dicho carácter, y en aplicación del precepto constitucional, de que nadie puede percibir dos asignaciones del tesoro público, esto traería como consecuencia que las pensiones otorgadas por el Estado no puedan ser compatibles con las de vejez del ISS, puesto que tienen la misma naturaleza y los dineros aportados son públicos.

Para la Sala no es de recibo dicho argumento, debido que aunque es indiscutible que el artículo 128 de la Carta Política, dispone que nadie puede recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas e instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, lo cierto es que la naturaleza jurídica del fondo público que administra el Seguro Social se constituye con los aportes de los afiliados en el régimen de prima media con prestación definida, y dado su carácter parafiscal, en ningún caso, debe ser entendida en el sentido que los dineros que de él hacen parte pertenecen a la Nación.

En efecto, como bien lo argumenta la réplica, en Sentencia 7109 del 27 de enero de 1995 la Corte al explicar la naturaleza de los fondos de pensiones del ISS, estimó:

“Para la Sala es indiscutible que el artículo 128 de la Carta Política, dispone que nadie puede recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas e instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. El Constituyente de 1991 agregó que no solo se entiende como tesoro público, la Nación, los departamentos y los municipios sino también los entes descentralizados.

“La filosofía del precepto constitucional que no permite la percepción de dos asignaciones del tesoro público o que provengan de empresas o de instituciones en que la participación estatal sea principal o mayoritaria, no es otra que la de impedir, por razones de moralidad y decoro administrativos, que los empleados oficiales puedan valerse de su influencia para obtener del Estado una remuneración diferente o adicional a la que perciben como sueldo, sea que tal asignación adicional revista el carácter de honorario, dieta o como quiera denominarse. Pero debe observarse que esa prohibición constitucional no puede extenderse a aquellos casos en los cuales no se vulnera esa norma, que tiende —se repite— a preservar la moral en el servicio público.

“El artículo 47 del D.L. 1650 de 1977 calificó al ISS como establecimiento público (hoy empresa industrial y comercial del Estado, art. 1º, D.L. 2148/92). El ISS fue creado por la Ley 90 de 1946. En el artículo 16 de la citada ley, se adoptó un sistema de financiación tripartita: trabajadores, empleadores y Estado. Dicha forma de financiación se varió con el Decreto-Ley 433 de 1971, en cuanto a los aportes del Estado, por un “aporte anual que se señalará en los presupuestos de rentas y gastos de la Nación” (lit. e ibíd.). Posteriormente se dictó el Decreto-Ley 1650 de 1977, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 12 de ese mismo año, estableciéndose en el artículo 22 lo siguiente: “De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el sesenta y siete por ciento de la cotización total y los trabajadores el treinta y tres por ciento”.

Puede decirse, entonces, que el ISS se convirtió en un mero administrador de los dineros que aportaran asalariados y empleadores, con el compromiso de manejarlos y por ende, no puede afirmarse que las pensiones que este Instituto otorgue provinieron del tesoro público, toda vez, que los recursos que ingresan al mencionado fondo de pensiones del ISS, tienen naturaleza parafiscal y, por lo mismo, no ingresan al patrimonio del administrador.

Lo anterior, es suficiente para colegir que en este caso, estamos en presencia de dos pensiones completamente diferentes, la convencional otorgada por la Caja Agraria y la de vejez del ISS, las que igualmente tienen un origen o concepto distinto, todo lo cual hace que las dos pensiones sean compatibles”.

Finalmente, en torno a los efectos jurídicos que generó la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, referidos por el censor en sus alegatos, basta decir que tal preceptiva no es aplicable al sub lite, toda vez que el derecho pensional extralegal se causó con anterioridad a su entrada en vigencia.

Corolario de lo expuesto, los cargos no prosperan.

Recurso de casación de la actora

Concedido por el tribunal y admitido por la Corte, pretende que se case parcialmente la sentencia impugnada “en cuanto confirmó la de primer grado respecto a la absolución de las mesadas de junio y diciembre; para que una vez constituida en sede de instancia, REVOQUE dicha absolución del a quo, y en su lugar acceda al pago de las mesada adicionales”.

Por la causal primera de casación formula un cargo, replicado oportunamente.

Único cargo

Acusó la sentencia recurrida por violación directa en la modalidad de interpretación errónea del “artículo 142 de la Ley 100 de 1993, que lo llevó a la infracción directa (falta de aplicación) del artículo 5º de la Ley 4ª de 1976; 7º de la Ley 42 de 1982 y 50 de la Ley 100 de 1993 en relación con el parágrafo 1º del artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el artículo 1º del Decreto 2879 de 1985, parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, 13 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 53 y 230 de la Constitución Política”.

Como fundamento del cargo sostuvo que el tribunal erró al interpretar el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, en punto a que la compatibilidad pensional no incluía las mesadas adicionales amén de que aquella norma solo las contemplaba para las pensiones de naturaleza legal y, además, porque entendió que en el texto legal se incluían las mesadas de junio y diciembre, pese a que tal prerrogativa se establecieron “con mucha anterioridad a ella, concretamente en el artículo 5º de la Ley 4ª de 1976”, que posteriormente reguló el artículo 7º de la Ley 42 de 1982 y que incluso prevaleció con la expedición del artículo 50 de la Ley 100 de 1993.

Afirmó que en la sentencia impugnada se “perdió de vista que los derechos pactados en un convención colectiva, superan los mínimos legales tal y como lo señala el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, si la ley establece como un mínimo derecho el pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre, por sustracción de materia debe concluirse que tales mesadas están incorporadas dentro de la pensión pactada en una convención colectiva de trabajo, pues de lo contrario, ningún beneficio se generaría a favor del trabajador, si se pacta una pensión convencional y a la vez ésta carece de las mesadas de junio y diciembre establecidas por la propia ley”; asevera que no es necesario pactar convencionalmente el derecho a las mesadas adicionales pues es la ley la que consagra su derecho. Como soporte de sus argumentos, reprodujo parcialmente la Sentencia C-409 de 1994.

Finalmente adujo que “bajo ninguna óptica las mesadas adicionales de junio y diciembre pueden quedar por fuera de una pensión de jubilación convencional, de una parte porque las mismas hacen parte de unos mínimos legales, y de otra, porque aceptar ello, sería aceptar una abierta y odiosa discriminación que está en contra del propio artículo 13 de la Constitución Política, norma que propende por la protección del derecho a la igualdad entre todas las personas, máxime cuando están previstos en la ley” (fls. 9 a 17 cdno. de la Corte).

La réplica

Explicó que la negativa para reconocer las mesadas adicionales no puede reprocharse pues la pensión de jubilación reconocida es de carácter extralegal, y por ello “no pueda haber lugar a las susodichas mesadas adicionales”; esgrimió que resulta ilógico e inequitativo que una persona que se encuentra en una situación privilegiada pretenda el reconocimiento de mesadas adicionales, dado que ello transgrede abiertamente el derecho a la igualdad elevado a la categoría de fundamental. Refirió que el sistema de seguridad social integral y los postulados institucionales, creadores del Instituto de Seguros Sociales, tienen como objeto unificar la prestación de la seguridad social, y en el caso de las pensiones trasladar esta obligación de los patronos al ISS y a los fondos privados, de tal manera que se centralice y garantice su pago (fls. 36 a 39).

Consideraciones de la Corte

Para el tribunal, según el contenido del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, las mesadas adicionales de junio y diciembre están previstas únicamente para las pensiones de naturaleza legal, de modo que no pueden otorgarse a las pensiones extralegales.

No obstante, esa hermenéutica es desacertada pues en la norma que tuvo como base el ad quem para emitir su decisión no se establece restricción o limitante para ser beneficiario de las mesadas denominadas 13 y 14 (junio y diciembre), siendo, por tanto, indiferente la naturaleza de la pensión, esto es legal o extralegal, para ser acreedor de tales prorrogativas que, huelga aclarar, fueron causadas con anterioridad a que entrara en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el texto original del artículo 48 de la Constitución Política.

Así lo ha considerado esta Corte, entre otras en reciente providencia 39407 de 25 de septiembre de 2012, en la que se dijo:

“Para la Sala, la interpretación que le asignó el tribunal a los preceptos denunciados, no resulta equivocada como lo afirma el censor, en cuanto los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993 no establecen ninguna restricción o limitante para ser beneficiario de las mesadas denominadas 13 y 14 (correspondientes a junio y a diciembre), pues basta que se tenga la condición de pensionado, independientemente de la naturaleza jurídica de su pensión (legal o extralegal), para ser acreedor de las mesadas adicionales, a menos de que se trate de una pensión consolidada con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, para quienes se eliminó la mesada 14.

Admitir la tesis contraria, sería tanto como asegurar que los reajustes o incrementos pensionales ordenados por ley, con la finalidad de paliar la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas, son solo procedentes respecto de aquellas pensiones que tengan naturaleza legal y no para las convencionales o voluntarias, es decir, o extralegales, a sabiendas de que ambas sufren la misma depreciación monetaria, para lo cual resultan pertinentes las mismas consideraciones que ha hecho la Corte al examinar el tema de la indexación de la primera mesada pensional, en tanto no diferencia, para considerar su viabilidad, la naturaleza jurídica de la pensión, “pues el impacto del fenómeno económico de la inflación lo padece tanto el uno como el otro” (sent. 31/07/2007, Rad. 29022).

Adicional a lo destacado, esta corporación en sentencia de 3 de agosto de 2010, Radicado 38295, al referirse a la mesada adicional para una pensión convencional señaló:

“Así las cosas, si la fecha en que se consolidó la pensión de jubilación convencional, fue el 1º de octubre de 2005, forzoso resulta concluir que el derecho se causó con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 22 de julio 2005, toda vez que el mismo empezó a regir, el 25 de ese mismo mes y año, fecha en la cual se publicó en el Diario Oficial Nº 45.980.

“En las anteriores condiciones, no le asiste el derecho al demandante a percibir la mesada catorce que reclama en el presente proceso, pues la misma fue eliminada respecto de las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del citado acto legislativo, que fue lo aconteció en el presente caso.

“Adicionalmente, el demandante no se encuentra dentro del régimen de excepción a que alude el parágrafo transitorio 6º…”.

Por lo visto, es claro que no debe existir diferencia alguna en relación con la naturaleza jurídica de la pensión reconocida, para efectos del beneficio del pensionado a recibir las mesadas adicionales; de ahí que como el cargo está orientado por la vía directa, no es tema de discusión que las pensiones otorgadas a los actores son de fecha anterior a la vigencia del acto legislativo mencionado, por tanto les asiste el derecho a percibir la mesada adicional consagrada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993”.

Es claro entonces, que no debe existir diferencia en relación con la naturaleza jurídica de la pensión reconocida, para efectos de recibir las mesadas adicionales, y en ese contexto el cargo es fundado. En sede de instancia, además de lo considerado, debe indicarse que la pensión de jubilación convencional otorgada a la demandante es anterior a la vigencia del mencionado acto legislativo, circunstancia que corrobora la documental aportada al plenario, de modo que debe procederse al pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre, dejadas de cancelar por la caja.

Los efectos del fenómeno prescriptivo propuesto por la entidad no afectan el reconocimiento pleno de las mesadas adicionales reclamadas, toda vez que la demanda ordinaria se instauró el 8 de julio de 2006, dentro el término trienal contemplado en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues la caja profirió la Resolución 0301 del 23 de mayo de 2005, a través de la cual dispuso compartir la pensión de jubilación con la de vejez otorgada por el ISS, y colateralmente suspendió el pago de las mesadas pretendidas.

En ese orden, se casará parcialmente la sentencia acusada en cuanto confirmó la absolución que dispuso el juzgado respecto de las mesadas adicionales de junio y diciembre y en sede de instancia se revocará parcialmente la proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, el 27 de julio de 2007, en cuanto absolvió de la petición relacionada con las referidas mesadas y en su lugar se condenará a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación, a pagar a la demandante las mesadas adicionales, de junio y diciembre dejadas de cancelar desde mayo de 2002, debidamente indexadas. Se confirmará en todo lo demás.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación, por cuanto su recurso no prosperó y hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 12 de agosto de 2008 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en cuanto confirmó la absolución que dispuso el juzgado respecto de las mesadas adicionales de junio y diciembre en el proceso ordinario que Dioselina Ayala de Gaitán promovió contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación.

En sede de instancia, se REVOCA parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, el 27 de julio de 2007, en cuanto absolvió de las mesadas adicionales, y en su remplazo se condena a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación, a pagar a la demandante las mesadas adicionales de junio y diciembre dejadas de cancelar desde mayo de 2002, debidamente indexadas. Se confirma en todo lo demás.

Costas en casación a cargo de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación. Se estiman como agencias en derecho la suma de $ 6´000.000.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».