Sentencia 39162 de agosto 22 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 313

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005 en concordancia con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

El recurso en la segunda instancia se ritúa conforme lo prevé la Ley 1395 de 2010(1).

2. El señor Darinel Francisco Gil Sotelo, se desmovilizó colectivamente el 1º de agosto de 2005, como miembro del bloque Héroes de Granada.

El 31 de enero de 2008, el Alto Comisionado para la Paz, solicitó la inclusión de Gil Sotelo, en el proceso de justicia y paz.

Las diligencias administrativas fueron remitidas a la Fiscalía el 1º de febrero de 2008, a partir de lo cual, luego de la asignación correspondiente la fiscalía 20 delegada inició los trámites pertinentes, como el emplazamiento de las víctimas(2).

Rindió versión libre el postulado los días 18 y 19 de noviembre de 2008. La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo el 6 de febrero de 2009, y el 27 de mayo del mismo año, se surtió la diligencia de formulación de cargos.

Los cargos se legalizaron en audiencia llevada a cabo el 13 de diciembre de 2011 por la sala de conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá.

3. Toda transición comporta un cambio, una metamorfosis, un proceso dialéctico. Transición es el paso que se da de un estado de cosas a otro. La Ley 975 ha sido denominada transicional, en cuanto es el sendero que transita la República, de un estado de violencia generalizada, generada por diversas razones en la que intervienen una variada amalgama de actores, hacia la paz, la reconciliación nacional, el esclarecimiento de la requerida y anhelada verdad, hacia una justicia consensuada, transigida, siempre en aras de una paz ideal.

Como todo consenso, la transición implica la asunción de cargas, por lo que se entiende que el incumplimiento de esas cargas es la manifestación de menosprecio de dicho consenso, el desinterés por llevar a feliz término el acuerdo.

Cuando a través de distintos actos se exterioriza la voluntad de separarse del acuerdo transicional, se impone la exclusión. En términos procesales, esta se define como aquella decisión en virtud de la cual, el competente, esto es, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior, “decide expulsar del trámite previsto en la Ley 975 de 2005 al postulado —procesado o condenado—, por incumplimiento de uno de los requisitos de elegibilidad, o por faltar a las obligaciones impuestas, bien por la ley, ora en la sentencia condenatoria”(3).

Dado que la exclusión deviene del incumplimiento de las condiciones que van configurando la elegibilidad, el ejercicio de exclusión comporta determinar cuál de dichos supuestos fue transgredido. Para tal efecto se impone revisar cada uno de los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos décimo y undécimo, de la Ley 975, según el caso, y constatar su cumplimiento o incumplimiento. Tal es la didáctica sugerida por la Corte en la decisión del 23 de agosto de 2011, cuya radicación ha sido citada(4).

5. Dado que, en el presente caso, la exclusión se centra en que el desmovilizado no cumplió con la carga de “cesar toda actividad ilícita”, de ella se ocupará la Sala.

En primer lugar, corresponde precisar que si bien el señor Gil Sotelo se desmovilizó colectivamente como integrante del Bloque Héroes de Granada de las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, es importante destacar que su accionar, por el momento no afecta el proceso de desmovilización colectiva. Esto por cuanto si bien es cierto, en los actos delictivos cometidos con posterioridad a la desmovilización también participa su hermano José Miguel Gil Sotelo, comandante militar del aludido bloque desmovilizado, y al parecer otros desmovilizados (como Juan Alberto Gil Vargas), todo lo cual, tal como lo concluye el tribunal, “permite vislumbrar que fueron una continuidad de la actividad ilícita que desplegaban los paramilitares del Bloque Héroes de Granada. Las circunstancias de comisión de hecho, su modus operandi, la manera como doblegaron a sus víctimas, las exigencias de dinero, el hurto a los ocupantes de la vivienda y, en general, todos los crímenes cometidos, pueden calificarse como de la misma naturaleza a los que corrientemente cometía el grupo armado ilegal con el cual se desmovilizó”.

No obstante lo anterior, no se encuentran otras evidencias indicativas de que ese accionar que se menciona haya correspondido a una decisión del grupo desmovilizado, como parte de un plan que involucre al frente como entidad. De manera que quien está llamado a asumir las consecuencias de su accionar de forma singular es el propio postulado.

En punto del alegato de la defensa, según el cual por haberse desmovilizado colectivamente, sus obligaciones son colectivas, debe responderse que, el hecho de la desmovilización masiva, no coloca las acciones personales o individuales del postulado por encima de la ley. Quien se desmoviliza colectivamente asume obligaciones tanto grupales como singulares y en cuanto las incumpla en una de las dos condiciones está llamado a responder.

6. La Corte ha precisado que esta causal de exclusión, en garantía del principio de presunción de inocencia, debe establecerse mediante sentencia condenatoria ejecutoriada. Este aspecto, sin duda, encuentra plena constatación en el caso sub judice. Se tiene entonces que el señor Darinel Gil Sotelo, en compañía de otros ocho participantes más, entre el 13 y el 23 de octubre de 2005, incurrieron en la comisión de los delitos de hurto, porte de armas, secuestro y posterior homicidio de Jesús Hernando Cadavid Vélez, hechos ocurridos en el municipio de Rionegro (Antioquia), y por los cuales fue condenado a 432 meses de prisión, sentencia que fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia.

Si de acuerdo con la reseña anterior, el señor Darinel Gil Sotelo se desmovilizó el 1º de agosto de 2005, de manera colectiva, como integrante del Bloque Héroes de Granada, a partir de esta fecha ha de entenderse que el postulado adquiere los compromisos derivados del sometimiento, esto es, todas las cargas señaladas en los artículos 10 y 11 de la Ley 975. Entre tales cargas, como se ha destacado, la de no incurrir en conductas ilícitas.

En el sub judice aparece suficientemente demostrado que el postulado Gil Sotelo, después de su desmovilización, continuó incurriendo en conductas ilícitas, tales como secuestro y homicidio, conforme se ha declarado judicialmente. De esta forma, se ha traicionado el pacto o acuerdo contraído para acceder a determinadas prerrogativas legales, lo cual impone su exclusión, conforme el mandato legal del proceso transicional.

7. Si bien el término actividades o conductas ilícitas que utiliza la ley puede resultar extendido a todo comportamiento que no se avenga al ordenamiento jurídico, la Corte ha precisado que allí se está haciendo referencia a conductas delictivas, tengan o no relación con el accionar de la agrupación al margen de la ley a la cual pertenecía el postulado. Contrariamente a lo pretendido por la fiscal apelante, lo que reclama la ley es el cumplimiento de un compromiso que implica la cesación de toda actividad delictiva por parte del postulado, sea ella cometida individual o colectivamente, en el marco de acuerdos dentro de estructuras organizadas de poder o en virtud de acuerdos accidentales. Sobre el particular ha sostenido la corporación:

15. En primer lugar se ha de destacar que la paz que se pretende alcanzar con la ley en cita es aquella perturbada por el accionar de los grupos armados ilegales, de modo que el alcance de la expresión “ilícita” debe entenderse en el contexto de las acciones delictivas realizadas en el pasado por los desmovilizados en tanto miembros de una organización dedicada a la ejecución de infracciones punibles de diferente naturaleza.

Si el desmovilizado-postulado transgrede las normas que regulan el tráfico automotor, no paga sus obligaciones con el fisco, incumple contratos o perturba la convivencia porque desde su residencia se producen olores o ruidos molestos para los vecinos, no cabe duda que está realizando actividades ilícitas, pero las mismas al no estar vinculadas directamente al espíritu de la ley no constituyen por sí solas condición suficiente para estructurar una causal de exclusión de la Ley de Justicia y Paz.

16. Para poder establecer si una persona realiza acciones ilícitas —se entiende delictivas— o prosigue la actividad criminal es menester acudir a la Constitución Política porque ella establece en su artículo 29 que

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable, axioma que se completa con un conjunto de disposiciones provenientes del denominado derecho internacional de los derechos humanos, el que por mandato de la propia Carta se integran al sistema normativo nacional por vía del bloque de constitucionalidad(5).

La ley comprende hechos cometidos antes del 31 de julio de 2005, los hechos que se cometan con posterioridad no quedan sometidos a las prerrogativas de la ley. Se incumplen las obligaciones cuando quien se ha desmovilizado incurre en acciones delictivas.

8. Aduce la fiscal apelante, que “se excluye el delito no al postulado”, con lo cual pretende que se mantenga al procesado en el marco del proceso transicional, en cuanto los delitos por él cometidos no quedan comprendidos dentro de los privilegios legales. El proceso transicional ha trazado sus reglas a través de las distintas normas expedidas para el efecto. En punto de la materia que nos ocupa, la ley es clara al fijar que no quedan comprendidos los denominados delitos comunes cometidos por fuera del marco de la organización a que pertenece el postulado, no obstante estos delitos pueden ser acumulados al proceso transicional o la pena impuesta acumulada. De esta forma, si el postulado confiesa un delito que nada tiene que ver con el accionar del grupo desmovilizado, ese delito no queda comprendido en el proceso transicional y pasa a ser de competencia de la justicia ordinaria. En este caso, el delito se ha excluido del proceso transicional pero nada obsta para que el postulado se mantenga en él. Los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia de la ley, sean comunes o relacionados con la actividad del grupo, quedan excluidos; en tal caso, igualmente se excluyen esos delitos y el desmovilizado mantiene sus prerrogativas en el proceso transicional. Pero los delitos cometidos después de que se ha producido la desmovilización, no sólo no quedan comprendidos, sino que comportan la salida del postulado del proceso de desmovilización, en cuanto como se ha precisado, la comisión de delitos está indicando que el postulado ha incumplido las obligaciones para con el proceso y por tanto no se hace elegible o merecedor de acceder a dichas prerrogativas legales.

Conforme lo ha señalado la Corte:

Además se tiene que el temor de la Fiscalía, referido a que la pena de dieciocho (18) años de prisión impuesta en razón del concurso de delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, pueda ser “lavada” con la pena alternativa, carece de asidero, si se tiene en cuenta que precisamente la Corte Constitucional puntualizó al respecto en la citada Sentencia C-370 de 2006:

“Este segmento (‘pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley’, se aclara) elimina completamente las condenas impuestas por hechos delictivos cometidos con anterioridad a la desmovilización, puesto que condiciona la acumulación jurídica de penas a partir de la cual ha de determinarse en la sentencia la pena ordinaria cuya ejecución habrá de ser suspendida. Tal supresión total de la condena previa equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un indulto disfrazado” (resaltado fuera de texto), motivo por el cual declaró la inexequibilidad del referido aparte.

A su vez, en desarrollo de la citada posición jurisprudencial, el Decreto 3391 de 2006, en su artículo 10, detalla la forma en que opera la acumulación jurídica de penas para tales casos.

Adicionalmente se tiene que ya en auto del 12 de febrero de 2009, Radicado 30998, la Sala indicó:

“Respecto de los beneficios consagrados en la Ley de Justicia y Paz, o mejor, de los hechos que pueden ser objeto del tratamiento especial consagrado en Ley 975 de 2005, se ofrecen también tres escenarios diferentes, a saber: 1. Hechos que no han sido investigados y son confesados por el desmovilizado en la audiencia de versión libre, o verificados por la Fiscalía con posterioridad; 2. Hechos que están siendo investigados por otra jurisdicción; y 3. Hechos que ya han sido objeto de pronunciamiento judicial por vía ordinaria, con condena”.

“Todos estos escenarios exigen, como factor aglutinante necesario, que la conducta, tal cual lo consagran los artículos 2º y 10 de la Ley 975 de 2005, haya sido cometida ‘… durante y con ocasión de la pertenencia…’ a los grupos desmovilizados al margen de la ley”.

(…)

“3. Por último, ese mismo artículo 20 de la Ley 975 de 2005, permite la acumulación de penas, en los casos en los cuales ya la justicia ordinaria condenó al postulado por conductas ejecutadas en curso y por ocasión de la pertenencia de éste al grupo armado al margen de la ley”.

“La norma, debe relevarse, fue estudiada en su constitucionalidad por la Corte Constitucional(6), declarando inexequible el apartado en el cual se eliminaba completamente la pena impuesta en el proceso ordinario, y advirtiendo que esa sanción debía acumularse a la que corresponda por los delitos investigados en trámite de Justicia y Paz” (resaltado fuera de texto)(7).

9. Desde esa misma perspectiva, desvertebra todo el sentido del proceso de justicia transicional, la petición del apoderado de las víctimas para que se imparta la condena correspondiente pero se excluya la aplicación del beneficio de la pena alternativa. La solución resulta insostenible frente al espíritu de la ley y los derechos del postulado, dada la correlación que existe entre la confesión, aceptación de imputación y de cargos, la renuncia a un proceso ordinario y la pena alternativa, de manera que, condenarlo con fundamento en su confesión pero imponerle la pena ordinaria, conlleva una defraudación a la legítima expectativa. De manera que mientras se mantenga esa adecuada correlación, inexorable deviene la pena alternativa y no otra, al paso que no hallándose adecuada esa correlación, por cualquiera de las razones previstas en la ley (como en este caso) opera la exclusión, en la medida en que no es posible imponer una pena distinta de la alternativa, no obstante que en la sentencia también se tase la pena ordinaria, esto es, aquella que devendrá aplicable si se incumplen las obligaciones derivadas de la pena alternativa. Cuando ello sucede, esto es, cuando después de proferida la sentencia y encontrándose en ejecución la pena alternativa se incumplen las obligaciones del caso, se procede a la revocatoria de la pena alternativa para dar paso a que se haga efectiva la pena ordinaria.

Esto también, sin perjuicio de la validez y la eficacia que la confesión pueda tener en el proceso ordinario luego de producida la exclusión y que sumado a otras actitudes procesales (sentencia anticipada) puede irrogar beneficios al procesado.

10. La decisión de exclusión no implica la pérdida de los derechos de las victimas puesto que la justicia ordinaria está llamada a salvaguardarlos.

Suficientemente el tema ha sido tratado por la Corte(8):

Sobre el argumento de la Fiscalía relativo a la necesidad de salvaguardar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, presuntamente afectados por la exclusión de algunos postulados, la corporación ha señalado que tales expectativas también se pueden satisfacer en el proceso ordinario, por manera que dicha situación no ofrece soporte para inaplicar la regla de vigencia del artículo 72 de la Ley 975 de 2005.

La tesis planteada por el ente acusador comporta una distinción cualitativa entre la jurisdicción ordinaria y la transicional, según la cual en esta última sí se garantiza a las víctimas verdad, justicia y reparación, mientras que la primera adolece de dichas características, postura errada por desconocer los mandatos constitucionales y legales imperantes en el ordenamiento jurídico nacional que imponen a la administración de justicia, en sus diversas vertientes, la preservación de esas tres prerrogativas.

Los conceptos de verdad y justicia están íntimamente relacionados con el esclarecimiento de los hechos, esto es, determinar cómo ocurrieron, quién es el penalmente responsable, así como la aplicación de la sanción correspondiente.

Tales presupuestos deben satisfacerse no solo en los trámites surtidos al amparo de la ley de alternatividad penal sino en los procesos de la jurisdicción penal permanente, con mayor razón si comportan afectación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

En justicia y paz, obviamente, es factible obtener una versión más amplia de los hechos, sus circunstancias y motivaciones, por cuanto constituye requisito indispensable para acceder a los beneficios allí previstos la confesión de todos los punibles en que haya participado el postulado con ocasión de su pertenencia al grupo armado, pero ello no significa que en los procesos de la jurisdicción ordinaria no se puedan obtener similares resultados, eso sí, con mayor derroche investigativo.

Lo anterior por cuanto la exigencia establecida en la Ley 975 de 2005 de garantizar justicia, verdad y reparación está a cargo, de manera fundamental, en el postulado si aspira a beneficiarse de la pena alternativa.

Dentro de los objetivos de la justicia ordinaria también se encuentra hacer efectivos los derechos de las víctimas, siendo, además, el escenario natural e idóneo para ello, por cuanto es allí donde los fiscales y los jueces pueden ejercer las facultades a ellos deferidas por la ley para adelantar las investigaciones, esclarecer los hechos, obtener el juzgamiento y sanción de los responsables.

Y ello es así por cuanto los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, integrantes del ordenamiento jurídico interno en virtud del bloque de constitucionalidad, imponen a los diversos operadores judiciales velar por la efectiva y real satisfacción de los derechos de las víctimas.

Así, la Declaración universal de derechos humanos de la ONU de 1948 prevé el derecho de acceder a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales para protegerse de los actos violatorios de los derechos fundamentales, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentran los derechos de las víctimas.

En igual sentido, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, artículo 2.3, establece cómo toda persona cuyos derechos hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo que debe ser resuelto por la autoridad competente.

La Convención americana de derechos humanos, artículo 25, ordena la protección de las personas ante actos que conculquen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la convención.

Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 obligan a los Estados a juzgar las infracciones al derecho internacional humanitario y a brindar a las víctimas protección efectiva a sus derechos.

Así mismo, el artículo 250-6 de la Constitución Nacional ordena a la Fiscalía General de la Nación “… disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito”, expresiones que necesariamente implican la protección plena de los derechos de las víctimas en las actuaciones judiciales donde el ente acusador deba intervenir, trátese de la jurisdicción ordinaria o de justicia y paz.

El canon 11 de la Ley 906 de 2004, marco procesal de la jurisdicción penal ordinaria, enlista dentro de las facultades de las víctimas: i) El derecho a una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del injusto (lit. c); ii) El derecho a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto (lit. e).

Y el artículo 137 refiere cómo “… las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal…”, de lo cual se colige que esas prerrogativas también informa la jurisdicción ordinaria, razón por la cual los operadores judiciales deben velar por su realización.

Aún más, la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos(9) ha señalado cómo los derechos de las víctimas de los delitos incluyen los conceptos de verdad, justicia y reparación, por estar así establecido en la normatividad constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos:

“La jurisprudencia constitucional colombiana ha efectuado un profuso y consistente desarrollo de los derechos de las víctimas del delito, basándose para ello en la propia normativa constitucional (arts. 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250) y en los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Desde la Sentencia C-228 de 2002, la Corte Constitucional estableció el alcance y la naturaleza compleja de los derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho punible, decantando las siguientes reglas que han sido reiteradas con posterioridad:

(i) Concepción amplia de los derechos de las víctimas: Los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, no restringida exclusivamente a una reparación económica, sino que incluye garantías como los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de los daños sufridos. Esta protección está fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos. La tendencia universal a esta protección ampliada comprende actuaciones relativas al interés en el esclarecimiento de los hechos en aras de la verdad, como al interés en el derecho a que la víctima sea escuchada cuando se negocie la condena o se delibere sobre una medida de libertad condicional.

(ii) Deberes correlativos de las autoridades públicas: El reconocimiento de estos derechos impone unos correlativos deberes a las autoridades públicas quienes deben orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible”(10).

11. Inaceptable el argumento del defensor de que la exclusión de Gil Sotelo puede desestimular las pretensiones de otros postulados de acceder a los beneficios del proceso de justicia y paz, conforme se dejó sentado al comienzo, el sometimiento implica la asunción de responsabilidades, el cumplimiento de cargas. El consenso evidencia la concordancia en ello. Quien no asume o desconoce sus obligaciones y cargas, sencillamente está exteriorizando su intención de separarse de ese acuerdo. Las prerrogativas, concesiones o dispensas que el Estado le hace al postulado equivalen a la correlativa actitud del mismo, no solo del arrepentimiento de lo cometido en el pasado, de la reparación del daño causado, sino del compromiso de no volver a incurrir en acciones ilícitas, de reinserción a la vida social. Resulta contradictorio que quien dice someterse a un proceso bajo esos presupuestos continúe incurriendo en tan graves delitos.

A dicho proceso se someten todos bajo las condiciones establecidas en la ley, el supuesto desestímulo para quienes se encuentran en la misma situación, esto es, continuaron delinquiendo luego de someterse al proceso, no podría entenderse de otra forma sino como el establecimiento de odiosos privilegios, y la admisión de un velado chantaje.

Corolario de todo lo anterior, se impone para la Corte impartir confirmación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 18 de mayo de 2012 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual decidió excluir del proceso de justicia y paz al postulado Darinel Francisco Gil Sotelo.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) C-250 de 2011.

(2) Ver recuento detallado en escrito de acusación y en auto de control de legalidad de cargos.

(3) Radicado 34423.

(4) Los requisitos de elegibilidad colectiva, contenidos en el artículo 10 de la citada Ley 975 de 2005, están vinculados al fenecimiento de la actividad delictiva, esto es, la modificación en el presente y en el futuro, de lo que ha sido su actividad criminal del pasado. Por eso se exige, como requisito de desmovilización colectiva:

“1. Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno Nacional.

2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal(4).

3. Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.

4. Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita”.

5. Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

6. Que se liberen a las personas secuestradas, que se hallen en su poder”(4).

A su turno, la desmovilización individual, según lo dispuesto por el artículo 11, trae como requisitos de elegibilidad; esto es, como actitud inicial de cada postulado que se desmoviliza en forma individual, lo siguiente:

“11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2. Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.

11.3. Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.

11.4. Que cese toda actividad ilícita.

11.5. Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal(4), para que se repare a la víctima”.

De tal manera que, constatada la satisfacción de los requisitos de elegibilidad, el desmovilizado camina ahora el sendero del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley e impuestas en la sentencia, relacionadas con la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas.

(5) Entre otras, radicaciones 34423 y 29472.

(6) Sentencia C-370 de 2006.

(7) Radicación 33124. En Radicación 31539. Dentro de ese contexto estructural suelen presentarse diversas hipótesis relacionadas con la situación judicial del postulado al momento de su desmovilización, así(7): (i) si al momento de dejar las armas y reinsertarse a la vida civil no soporta medida de aseguramiento ni condenas pendientes, el procedimiento que se sigue a efectos de su imputación es el gobernado por el parágrafo del artículo 5º del Decreto 4760; frente a este evento la Corte se ha pronunciado autorizando la imputación parcial(7), situación que hoy encuentra válida en el marco de las reflexiones expuestas en precedencia; (ii) si al momento de la desmovilización se estuvieran adelantando contra el justiciable procesos judiciales por punibles cometidos en desarrollo de su pertenencia al grupo armado ilegal, en los que se le haya impuesto medida de aseguramiento o incluso sentencias condenatorias, el procedimiento a seguir es el previsto en los artículos 10 y 11 del Decreto 3391 de 2006; (iii) si el justiciable se encuentra privado de la libertad como consecuencia de su desmovilización previa, adelantada de conformidad con la Ley 782 de 2002, el trámite que se sigue es el previsto en los artículos 5º y 6º del Decreto 3391 de 2006; y, (iv) cuando luego de su desmovilización es afectado con medida de aseguramiento o condenas impuestas por delitos perpetrados sin relación con el conflicto armado, la solución jurídica se encuentra en el parágrafo del artículo 5º del Decreto 4760 de 2005, que prevé la figura de la imputación parcial de cargos.

La jurisprudencia ejemplificó(7) que si un desmovilizado está siendo investigado o juzgado por la justicia ordinaria por un delito de homicidio cometido en desarrollo de su pertenencia a esa organización y ocurrido antes del 25 de julio de 2005, no le basta acudir al proceso adelantado en su contra por la justicia transicional y admitir dicho punible. Para beneficiarse de la pena alternativa es menester que en la diligencia de versión libre indique las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales cometió el crimen, revele el sitio donde quedaron los despojos mortales de la víctima y procure reparar de manera integral los perjuicios causados con su acción delictiva.

(8) Radicación 36103.

(9) Corte Constitucional, sentencias C-228 de 2002; C-209 de 2007; C-516 de 2007, entre otras.

(10) Corte Constitucional, Sentencia C-516 de julio 11 2007.