Sentencia 39202 de enero 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39202

Acta 002

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

Para confirmar la sentencia del juzgado que declaró probada la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas, el tribunal se limitó a manifestar que como la pretensión de pago proporcional de prima de navidad la fundamentó el demandante en el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, dentro de ese marco debía resolver la controversia, y como dicha norma solamente era aplicable a unos niveles estatales dentro de los cuales no se encontraban las empresas industriales y comerciales del Estado, que era la naturaleza que ostentaba la demandada al momento de terminar la relación de trabajo, no había obligación legal de hacer el reconocimiento deprecado.

Para controvertir tales argumentos, el recurrente propone un cargo por la vía indirecta, en el que atribuye al tribunal el error de no dar por demostrado que la convención colectiva de trabajo en su artículo vigésimo primero literal k) hizo extensivas a todos los trabajadores de Corelca la totalidad de las prestaciones y beneficios consagrados en la ley para los trabajadores oficiales del sector público del orden nacional, entre ellos la prima de navidad.

Sin embargo, saltan a la vista varias deficiencias que hacen imposible el estudio de fondo de la acusación, la primera de las cuales está relacionada con la falta de indicación precisa y específica del medio demostrativo que generó el reseñado error y si el mismo se produjo debido a la falta de apreciación o indebida estimación del mismo, con lo cual se desconoce la regla establecida en el literal b) del numeral 5º del artículo 90 del CPTSS que prevé que cuando la infracción legal haya ocurrido como consecuencia de errores de hecho o de derecho, la demanda de casación citará las pruebas singularizándolas y expresará qué clase de error se cometió. Y aunque con amplitud pudiera entenderse que se refiere a la convención colectiva de trabajo, con lo cual quedaría superado uno de los defectos, no es posible saber con certeza si el señalamiento que hace se orienta a denunciar su falta de estimación o su apreciación equivocada, omisión que no es posible subsanar en sede de casación.

Adicionalmente, resulta claro que el tribunal entendió que la pretensión formulada por el demandante tuvo su fundamento en el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978 únicamente, de modo que si en la demanda de casación quería demostrar que también se fundó en la convención colectiva, que entiende la Sala es lo que pretende el recurrente, es evidente que el cargo formulado resulta manifiestamente insuficiente porque para determinar si el juzgador atinó o se equivocó no es suficiente con revisar la convención colectiva, sino que ha debido relacionarse otros medios demostrativos o piezas procesales, que en el presente caso brillan por su ausencia y que la Corte no puede suplir de oficio. Cabe recordar que tal como lo ha dicho esta corporación, el recurso de casación no es un alegato de instancia en el que se establezca a cuál de los litigantes le asiste razón, sino un medio de impugnación extraordinario que tiene como carga la acreditación por el recurrente de la violación de la ley, objetivo que solo puede lograrse a través de la confrontación y fundamentación de los argumentos desplegados por el juzgador, pues si ello no se hace el recurso por más vehemente que sea resulta infructuoso; ejercicio que aquí no se realiza, pues el impugnante deja intactos los sustentos del fallo y se dedica a desarrollar otros planteamientos que no cumplen el cometido antes anotado.

Interesa precisar, igualmente, que el cargo no controvierte la tesis central del tribunal en cuanto a que el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, contentivo de la prima legal de navidad, no es aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, sino a otras entidades que están relacionadas en el artículo 2º de dicha disposición; tampoco refuta la conclusión de ser la demandada una empresa industrial y comercial del Estado para la fecha de terminación del contrato, pues los planteamientos que esboza al respecto no resultan claros ni concluyentes en ese sentido, ni de las normas que invoca de la Ley 489 de 1998, aflora con contundencia que la caracterización hecha por el tribunal sea equivocada, por lo que estos soportes del fallo se mantienen incólumes.

Aunque lo anterior es suficiente para desestimar el cargo, no puede dejar de señalarse que el cargo denuncia la violación del artículo vigésimo primero literal k) de la convención colectiva, que según el recurrente consagra la prima legal de navidad, pero hecha la revisión correspondiente, se encuentra que el citado artículo por lado alguno se refiere a dicha materia (fl. 53), sino que consagra la pensión a familiares por muerte del trabajador, sin que pueda la Corte entrar a estudiar aspectos diferentes de los propuestos por el impugnante, dado que el cuestionamiento fue preciso y específico.

En todo caso, frente a la inaplicación del Decreto 1045 de 1978 a las empresas industriales y comerciales del Estado, cabe traer a colación lo dicho por esta corporación en el fallo de 5 de agosto de 2004, Radicado 22027:

“... el campo de aplicación del Decreto 1045 de 1978, normatividad que la instituye, está delimitado en su artículo 1º, así: ‘El presente decreto fija las reglas generales a las cuales deben sujetarse algunas entidades de la administración pública del orden nacional para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales señaladas por la ley para su personal’ , a su vez el artículo 2º ordena que ‘Para los efectos de este decreto se entiende por entidades de la administración pública del orden nacional la Presidencia de la República, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales’, y por último el artículo 5º reza: ‘Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los organismos a que se refiere el artículo 2º de este decreto o las entidades de previsión, según sea el caso, reconocerán y pagarán las siguientes prestaciones sociales(...) d) prima de vacaciones’”.

Sobre este tópico, en sentencia del 5 de septiembre de 2000, Rad. 14234, se expuso:

“El tribunal no pudo incurrir en la interpretación errónea que se le endilga por el impugnante, toda vez que cuando extrajo de la inteligencia de los artículos 1º y 2º del Decreto 1045 de 1978 que dicha normatividad no era aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, se ajustó al sentido y al texto de dichas normas, pues, efectivamente, de las mismas aflora claramente que tales entidades descentralizadas fueron excluidas del campo de aplicación de ese decreto, como ya tuvo oportunidad de expresarlo la Corte en la sentencia de fecha 12 de noviembre de 1993 (Rad. 5.830), en la que dijo exactamente lo siguiente:

... entra la Corte al estudio del tema específico del cargo, que lo es determinar si el asunto bajo examen se rige por la disposición del inciso 3º del literal f del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, como lo afirma el censor, o por el artículo 42 del Decreto 1045 de 1978, como lo entendió el fallo atacado.

Para proceder con método, observa la Sala que el citado decreto delimita claramente el campo de su aplicación al estatuir que el mismo ‘fija las reglas generales a las cuales deben sujetarse algunas entidades de la administración pública del orden nacional’ (art. 1º), a propósito de lo cual concreta en el artículo 2º.: ‘Para los efectos de este decreto se entiende por entidades de la administración pública del orden nacional la Presidencia de la República, los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales’. De donde es fácilmente deducible que están excluidas de su normatividad las empresas industriales y comerciales del Estado, así como las sociedades de economía mixta, que ‘están vinculadas a la administración y sujetas a su orientación, coordinación y control’” (D. 1050/68, art. 1º. par.).

“Es decir, que aunque en el título del aludido decreto se dice que por él ‘se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional’, ha de entenderse, en los términos de los artículos 1º y 2º de aquel, que los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional a quienes van dirigidas las normas del decreto, o sea sus destinatarios específicos, son los de ‘la Presidencia de la República, los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales’; ninguno otro”.

Incluso, si por amplitud se entendiera que reclama la inclusión de la prima de navidad legal de navidad, en los términos en que quedó incorporada en la convención colectiva, tampoco asiste ningún derecho al demandante, porque como lo dijo la Sala en su decisión de 1º de marzo de 2006, Radicación 26788, reiterada en la de 22 de agosto de 2007, Radicado 29287:

“Ahora bien, tampoco podía el tribunal con fundamento en la norma que el censor acusa de infracción directa es decir, el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968 modificado por el artículo 1º del Decreto 3148 de 1968, fulminar condena a la mencionada prima en forma proporcional, pues sabido es que para que el operador jurídico le haga producir efectos a una determinada disposición se deben cumplir los supuestos fácticos que ellas consagran.

“De conformidad con el parágrafo 2º de la norma en cita, ‘Quedan excluidos del derecho a la prima de navidad a que se refiere este artículo, los empleados públicos y trabajadores oficiales que presten sus servicios en establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, que por virtud de pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales o reglamentos de trabajo, tengan derecho a primas anuales similares, cualquiera sea su determinación (sic)”.

“Y el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969 reglamentario del anterior, dice a la letra en el parágrafo 1º:

‘Quedan excluidos del derecho a la prima de navidad a que se refiere este artículo, los empleados públicos y trabajadores oficiales que presten sus servicios en establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta, que por virtud de pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales y reglamentos internos de trabajo, tengan derecho a primas anuales de cuantía igual o superior cualquiera sea su denominación, conforme a lo dispuesto al efecto en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, subrogado por el artículo 1º del Decreto 3148 del mismo año citado’”.

“Como el sentenciador dio por demostrado hechos no controvertidos por el censor, que Corelca era y es ‘una empresa comercial e industrial del Estado’ y que la prima de navidad tenía consagración convencional, esto ubicaba la situación del actor en la hipótesis excluyente del parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto-Ley 3135 de 1968 modificado por el artículo 1º del Decreto 3148 de ese año, y por lo tanto, si pretendía acceder a ella debía probar como lo prevé el Decreto 1848 de 1969 en el precepto ya referido, que las primas anuales cualesquiera fuera su denominación, eran inferiores a la prima de navidad de consagración legal, y el censor no demostró ante la Corte por medio probatorio calificado haber demostrado esa circunstancia, máxime cuando la convención colectiva que se denuncia como apreciada con error, consagra en su artículo décimo noveno atinente a primas y auxilios las siguientes prestaciones:

“d. Prima legal de navidad: Treinta (30) días de salario promedio, pagaderos anualmente dentro de los primeros quince (15) días del mes de diciembre de cada año.

e. Prima extralegal de servicios: setenta y cinco (75) días de salario promedio pagaderos anualmente así: cuarenta y cinco (45) días en junio y treinta (30) días en diciembre”.

“La Corte en sentencia de 2 de diciembre de 1998, Radicado 1181, frente a una pretensión idéntica contra el Banco Central Hipotecario, reiterando el criterio sostenido en la sentencia de 13 de agosto de 1997, Radicado 9645, señaló:

‘En lo que atañe con la prima proporcional de navidad que reclamó la actora, fundando su pretendido derecho en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, y la cual fue negada por el ad quem por hallar demostrado que la accionante devengaba una prima superior, lo que la ubicaría en la hipótesis excluyente del parágrafo 1º del artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del primero, encuentra la Corte que tampoco incurrió el segundo juzgador en dislate fáctico, pues, ciertamente, como la última norma lo dispone, en el caso de la accionante está demostrado, a través del reglamento interno de trabajo de la demandada (fl. 179), que ella ha tenido derecho a percibir una prima de servicios equivalente a dos (2) sueldos, ‘por cada semestre en la forma establecida en la ley’, que en todo caso representa una suma superior a la prevista en las disposiciones legales en reflexión’.

Por lo tanto, el cargo debe ser desestimado.

Costas en el recurso extraordinario, a cargo del recurrente, por cuanto hubo oposición. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).

En mérito de lo expuesto La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el Tribunal Superior de Barranquilla el 27 de agosto de 2008, en el proceso adelantado por Ricardo Enrique Salas Osorio contra la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca ESP.

Costas, conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».