Sentencia 3921 de noviembre 12 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO

CÓMPUTO

EXTRACTOS: «Básicamente son dos los argumentos que fundamentan el recurso de apelación interpuesto por la sociedad contribuyente. El primero se refiere a la existencia de una causal de nulidad que vicia los actos acusados, consistentes en que los mandamientos ejecutivos no fueron notificados en debida forma. El segundo, de acuerdo con el cual la acción de cobro se encuentra prescrita a la luz del artículo 107 del Decreto 2503 de 1987.

1. La ausencia de notificación de los mandamientos de pago.

El artículo 103 del mencionado Decreto 2503 de 1987, señala que la notificación de los mandamientos de pago de las deudas que en materia de impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales puede hacerse de dos formas, una principal y una subsidiaria. La principal consiste en la notificación personal que se haga al contribuyente, previa citación para que se haga presente en el término de diez días; la subsidiaria, que procede únicamente en aquellos casos en que no se pueda hacer la notificación personal, se realiza enviando por correo el mandamiento de pago, informándose de ello a través de cualquier medio de comunicación del lugar, sin que la omisión de esta última invalide la notificación (art. 826, E.T.).

En cinco ocasiones la entidad demandada ofició a la contribuyente para que acudiera a notificarse de los mandamientos de pago expedidos para el cobro coactivo de las obligaciones tributarias pendientes por concepto de impuesto a las ventas. De esta manera se agotó el primero de los mecanismos que para la notificación de estos mandamientos señala el artículo 103 precitado. Pero ante el fracaso de estos intentos, la Administración de Impuestos Nacionales de Cali no agotó el mecanismo subsidiario, sino que dio aplicación al inciso 5º del artículo 76 del Decreto 2503 de 1987, que es el general para hacer notificaciones cuando no ha sido posible establecer la dirección del contribuyente.

Considera la Sala, compartiendo las argumentaciones del ad quo, que a la entidad demandada no le estaba permitido escoger entre uno u otro mecanismo para efectuar la notificación, debiendo por lo tanto calificarse como irregular su conducta al obviar la notificación por correo como forma subsidiaria ordenada por el artículo 103 (hoy 826 del E.T.) y acudir a las publicaciones en diario de amplia circulación nacional, para otros eventos.

Aun comprendiendo la actitud del legislador de consagrar distintos medios de notificación de las diferentes actuaciones, debe resaltarse la importancia que en los procesos de ejecución tiene el mandamiento de pago, con cuya notificación se pone en conocimiento del deudor la ejecución a la cual está siendo sometido, siendo ésta la oportunidad de defenderse a través del mecanismo de las excepciones. No se trata de la notificación de una cualquiera de las actuaciones de la Administración.

Por ello ha llamado la atención de la Sala que el Decreto 2503 de 1987, quizás bajo la consideración de eludir trámites engorrosos para la Administración, suprimió la constitución de un curador ad litem que se venía practicando en estos procesos ejecutivos por adopción del procedimiento judicial. La supresión de ese medio fue sustituida por el mecanismo de la notificación del mandamiento de pago “por correo”, precisamente cuando la citación para que comparezca a recibir notificación personal ha fracasado. En opinión de la Sala ese no es medio que consulte razonablemente el derecho de defensa, pero precisamente por ello debe ser utilizado por la Administración con el máximo de precauciones.

No obstante los peligros que observa la Sala en cuanto al sistema adoptado por el legislador y a la irregularidad en que incurrió la Administración, la Sala encuentra que se realizó en esta ocasión la hipótesis prevista en el artículo 48 del Decreto 1 de 1984, o sea, la de la notificación por conducta concluyente el día 5 de abril de 1989 cuando la sociedad ejecutada se hizo presente ante su ejecutor para proponer excepciones.

Reconoce así la Sala la invalidez de las supuestas notificaciones hechas con anterioridad y saneado el proceso en virtud de la conducta de la ejecutada pero sólo el día en que concurrió en su defensa, en especial con relación a las ejecuciones por impuesto a las ventas.

2. La prescripción de la acción de cobro

El artículo 107 del Decreto 2503 de 1987 establece dos puntos a partir de los cuales debe entrar a contarse el término de cinco años señalado para la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales: desde la fecha en que se hicieron exigibles tales obligaciones, o, en tratándose de la acción de cobro de los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, desde la fecha en que dichos actos quedaron ejecutoriados.

En el sub lite, todas y cada una de las obligaciones en discusión, fueron determinadas por medio de actos administrativos, siendo por ende aplicable el segundo de los puntos de partida precitados. Debe por lo tanto entrar a establecerse en qué momento quedaron ejecutariadas las resoluciones por medio de las cuales se determinaron las obligaciones fiscales.

Se hará referencia en primer lugar, a las obligaciones fiscales por concepto de impuesto a las ventas. Tal y como se ha señalado con anterioridad, ellas fueron determinadas mediante las resoluciones números 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 122 del 9 de febrero de 1984, y fueron notificadas el 6 de marzo del mismo año. Sostiene tanto el ad quo como la entidad demandada, que al momento de notificarse los mandamientos de pago por conducta concluyente, no habían corrido los cinco años establecidos para que la acción de cobro prescribiera; ello en razón de que el término debe empezar a contarse desde el momento en que las resoluciones quedaron ejecutoriadas, esto es, desde el momento en que venció el plazo para interponer recursos sin que éstos se hubieran interpuesto, es decir, 4 meses después de la notificación. De acuerdo con esta interpretación las resoluciones quedaron ejecutoriadas el 6 de julio de 1984, de forma que la acción habría prescrito el 6 de julio de 1989; pero habiéndose notificado el mandamiento de pago el 5 de abril de ese año, tal y como ha quedado establecido, el término de la prescripción quedó interrumpido.

No comparte la Sala, en cuanto a este punto, el criterio del a quo expresado en la providencia apelada de la lectura de la parte final de todas y cada una de las resoluciones precitadas se establece que contra ellas no cabía recurso alguno en la vía gubernativa, quedando así en firme y autorizada su ejecución según el artículo 64 del Decreto 1 de 1984. Es a todas luces incorrecto afirmar que en situaciones como esta era necesario esperar a que transcurran los cuatro meses para que se considere que las resoluciones quedaron ejecutoriadas.

No se pueden confundir nociones completamente distintas como son la del momento en que se entiende en firme un acto administrativo y el plazo de caducidad para acudir ante la jurisdicción contenciosa.

En vista de lo anterior, y por lo que respecta a las resoluciones que determinaron el monto adeudado por la contribuyente por razón del impuesto a las ventas, el término de prescripción empezó a correr al día siguiente de haber sido notificadas, esto es, el 7 de marzo de 1984, cumpliéndose por lo tanto el 7 de marzo de 1989. Al haberse notificado los mandamientos de pago el día 5 de abril de 1989, procede afirmar que la acción de cobro se encontraba prescrita.

No sucede lo mismo en cuanto a la Resolución 746 del 9 de octubre de 1987, referida al impuesto a la renta correspondiente al año de 1966, que había sido notificada el día 28 del mismo mes y año, y respecto de la cual no habían transcurrido, al momento de la notificación del mandamiento de pago, los cinco años establecidos por la disposición del artículo 107.

Por lo que atañe a la prescripción de la acción de cobro con relación a la Resolución 211, por medio de la cual se sancionó a la contribuyente por presentar extemporáneamente la relación de retención en la fuente correspondiente al ejercicio fiscal de 1979, señálese que el mandamiento de pago correspondiente fue notificado el 24 de noviembre de 1984, tal y como consta a folio 13 del segundo cuaderno, interrumpiéndose el término de prescripción».

(Sentencia de noviembre 12 de 1992. Expediente 3921. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).