SENTENCIA 3925 DE JUNIO 27 DE 1991

 

Sentencia 3925 de junio 27 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

TRASLADO DE EMPLEADOS

EL EMPLEADO NO PUEDE OPONER CONSIDERACIONES SUBJETIVAS

Consejera Ponente:

Dra. Clara Forero de Castro

Ref.: Expediente 3925

Bogotá, D. E., veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Alberto Molano Rodríguez, contra la sentencia de 20 de noviembre de 1987 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El actor demandó la nulidad del Decreto 1354 de 3 de junio de 1980 expedido por el Gobierno Nacional, en cuanto por el mismo fue incorporado a la planta de personal en el cargo de jefe de sección de liquidación de la Administración de Impuestos de Riohacha —Guajira—, y el consiguiente restablecimiento del derecho, consistente en el reintegro al cargo que venía ejerciendo y en el pago de los perjuicios causados con la expedición del acto.

Son HECHOS fundamentales de la acción:

El señor Alberto Molano Rodríguez ingresó como trabajador de la Dirección de Impuestos Nacionales en septiembre de 1961; al momento de su retiro se desempeñaba como Auditor 3030, grado 5o de la Sección Auditoría de Sociedades en Bogotá; por el Decreto 1354 de 3 de junio de 1980, acusado, fue trasladado a Riohacha y desmejorado en sus condiciones de trabajo afectándose su situación económica, familiar y social.

Invocó como NORMAS VIOLADAS, los artículos 30 del Decreto 1950 de 1973, 66 del CCA, y 12 y 16 de la Constitución Nacional.

El CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN se sintetiza en la desmejora de las condiciones de trabajo del actor, teniendo en cuenta que el traslado del empleado puede hacerse por necesidades del servicio siempre que ello no implique condiciones menos favorables.

Agrega que al ordenarse el traslado no se le dieron la protección y garantías de que habla la Constitución Nacional y a través del mismo se buscaron fines diferentes a los del buen servicio, configurándose la desviación de poder porque no se ejercieron los poderes públicos conforme al artículo 2º de la Carta.

El Tribunal declaró la ineptitud de la demanda porque, a su juicio, se incurrió en indebida acumulación de pretensiones al solicitar el pago de “los perjuicios de todo orden”''; petición que no se adecúa a la acción formulada, es decir, la consagrada en el artículo 67 de la Ley 167 de 1941.

Consideró el Tribunal que dicha pretensión corresponde al contencioso indemnizatorio (hoy de reparación directa), no pudiendo acumularse con la acción de restablecimiento la cual sólo permite resarcir el daño conculcado por el acto administrativo nulo ``en cuanto a las consecuencias directas e inmediatas ocasionadas por el mismó''.

Esta sentencia fue apelada por la parte actora por no estar conforme con la conclusión del Tribunal en el sentido de que hubo una indebida acumulación de pretensiones imposibilitando una decisión de fondo.

Expresa el recurrente que el artículo 85 del Decreto 01/84, el cual corresponde en sus lineamientos esenciales al artículo 67 del CCA anterior, despejó cualquier duda sobre la posibilidad de pretender a través de la acción de restablecimiento del derecho, que se repare el daño ocasionado con el acto acusado.

La doctora FISCAL QUINTA de la Corporación en su concepto de fondo manifiesta que no se configura la indebida acumulación de pretensiones ``Por cuanto el restablecimiento del derecho lo hace consistir el actor, no solamente en el reintegro al mismo cargo que venía desempeñando antes de la expedición del decreto demandado, sino en que se condene al pago de perjuicios que por tal motivo se han causadó''.

Para la Fiscalía ambas peticiones son consecuentes con la declaratoria de nulidad, en cuanto hace a sus efectos. Por tanto como el traslado del demandante de Bogotá a La Guajira significó, según el libelo, erogaciones distintas a las acostumbradas y perjuicios de toda índole, a su juicio, éstos debían ser resarcidos en el evento de prosperar la anulación del acto demandado.

Estima la agencia del Ministerio Público que el decreto acusado debe se anulado por violación del artículo 30 del Decreto 1950 de 1973, que el reintegro no procede ya que el actor renunció voluntariamente a su cargo y que no hay lugar al pago de perjuicios porque éstos no se probaron.

Agotado el trámite del recurso de apelación y no observándose causal que invalide lo actuado se procede a decidir previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Se demanda el acto administrativo que dispuso la incorporación del actor a la planta de personal, incorporación que implicó su traslado de la ciudad de Bogotá a Riohacha; y a título de restablecimiento se solicita el reintegro al cargo que venía ejerciendo y el pago de los perjuicios de todo orden ocasionados por dicho acto.

El Tribunal del conocimiento consideró que se había incurrido en una indebida acumulación de pretensiones por cuanto los perjuicios son propios del contencioso indemnizatorio y no, consecuencia directa del acto demandado, y declaró la ineptitud sustantiva de la demanda.

Bajo la vigencia de la Ley 167 de 1941, existía la posibilidad de acudir al Contencioso Administrativo para solicitar el restablecimiento del derecho vulnerado cuando el daño lo ocasionaba un acto administrativo, a través de la acción de plena jurisdicción o de la indemnizatoria cuando era consecuencia de un hecho o de una operación administrativa. Por lo tanto no era viable, como tampoco lo es hoy, acumular pretensiones derivadas de cada una de estas acciones.

Sin embargo, los perjuicios de todo orden a que se refiere el demandante en su pretensión, son aquéllos ocasionados por el acto acusado. Es decir, se trata de pedir la reparación de un daño producido por un acto administrativo que se demanda como nulo y no la indemnización de perjuicios por un hecho o por una operación administrativa, en los términos del artículo 68 de la Ley 167/41.

Siendo ello así, era posible demandar la nulidad del acto administrativo que trasladó al actor y el restablecimiento del derecho vulnerado por dicho acto, acumulando las pretensiones de reintegro al cargo que se venía desempeñando y la del pago de los perjuicios derivados de la expedición del acto. Cosa diferente es, que no se hayan especificado dichos perjuicios.

Por consiguiente estima la Sala que es posible un fallo de fondo.

No obra en el expediente ni en la hoja de vida del actor, ningún antecedente del traslado controvertido. Pero en el Acta No 46 de 8 de agosto de 1980 de la comisión de personal aparece consignado el criterio de la Administración para efectuarlo y para mantenerlo, a pesar de la petición de reconsideración formulada por el señor Molano Rodríguez el 14 de julio de 1980.

A juicio de la comisión de personal del Ministerio de Hacienda, no hubo desmejoramiento para el actor con motivo del traslado a Riohacha ya que se respetó el mismo nivel salarial y la incorporación fue hecha a un cargo de mayor jerarquía, siguiendo la política del ministerio de buscar lo más conveniente para la administración. No se indicó ninguna otra motivación, pero sí agregó la comisión que ``la experiencia ha demostrado que el ejercicio de algunos cargos en este ministerio, bien por su naturaleza o bien por sus funciones, conviene tanto administrativa como operativamente que las personas que los desempeñen no sean inamovibles'''', aclarando que se tiene en cuenta que el empleado no vaya a sufrir perjuicio salarial ``o sea que éste no sufra disminución'''' y no varíe la naturaleza de sus funciones.

En la solicitud de reconsideración del traslado el actor sintetizó los motivos de su inconformidad en: perjuicios a la salud por dietas estrictas que debía cumplir; desvinculación de los conocimientos profesionales y el cargo a desempeñar; traumatismo familiar en razón a que 3 de sus hijos estaban estudiando y nueva radicación en una ciudad desconocida; ayuda en el sostenimiento de su padre. Todo lo anterior, sin que haya habido un aumento salarial, razones estas que fueron estimadas por la comisión de personal como de ``orden estrictamente personal''''.

La Sala encuentra que, en verdad, tales razones son estrictamente personales.

Es natural que una persona que ha tenido su domicilio por largo tiempo en Bogotá, goce de ciertas comodidades, tenga sus hijos estudiando en colegios de la ciudad, tenga además acceso a medios culturales con los cuales seguramente no pueda contar en otra ciudad. Pero ninguno de esos factores puede impedir que la Administración, por razones de buen servicio, ubique a sus empleados en los lugares donde los necesita. Su accionar no puede quedar condicionado a las conveniencias de tipo personal de cada uno sino que debe inspirarse en los principios que orientan las actuaciones administrativas, buscando el cumplimiento de los cometidos estatales y la adecuada prestación de los servicios públicos.

En resumen, no pueden prevalecer las consideraciones de tipo subjetivo que oponga el empleado trasladado, sobre las razones de buen servicio que tenga la Administración para efectuar el traslado.

El artículo 30 del Decreto 1950 de 1973, invocado por el demandante, prohíbe los traslados que impliquen condiciones menos favorables para el empleado. Pero obviamente se refiere a las condiciones objetivas, que tienen que ver con la categoría, la remuneración, y otros factores similares, pues de lo contrario éstos se harían imposibles dado que, por regla general, todo traslado implica incomodidades y problemas de instalación y adaptación en el nuevo lugar, tales como los aducidos por el recurrente.

Como los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, corresponde a quien los ataca demostrar que no se ajustan a derecho y que no fueron expedidos por necesidades de servicio.

Las pruebas aportadas no proporcionan certeza ninguna acerca de condiciones menos favorables para el empleado, porque fue incorporado en un cargo de superior categoría al que ocupaba y no sufrió desmejora en su remuneración.

Si el costo de vida era más alto en Riohacha que en Bogotá es aspecto que no se estableció ni podía influir en la validez del acto acusado, como tampoco el clima o los muebles y dotación de la oficina donde tenía que laborar, o las dietas a seguir.

En cuanto a las necesidades del servicio no se dijo mayor cosa por parte del demandante y los elementos de juicio que obran en el proceso no demuestran su inexistencia.

Por otra parte, si como aparece en los autos, el señor Molano Rodríguez renunció al cargo que estaba desempeñando en Riohacha y por esa razón se retiró del servicio, no puede pretender que como consecuencia de la nulidad de su incorporación a la planta de personal sea reintegrado al cargo que ocupaba anteriormente. Su reintegro sólo se haría posible como consecuencia de la anulación del acto de aceptación de la renuncia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de 20 de noviembre de 1988 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso instaurado por Alberto Molano Rodríguez.

En su lugar, niéganse las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Esta decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del día 19 de junio de 1991.

Reynaldo Arciniégas Baedecker—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Álvaro Lecompte Luna—Diego Younes Moreno. 

Eneida Wadnipar Ramos, secretaria.

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