Sentencia 3925 de marzo 7 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DICTAMEN PERICIAL INSUFICIENTE

OPCIONES QUE TIENE EL JUEZ

EXTRACTOS: «1. El juez, tanto el de primera como el de segunda instancia, se encuentra investido por la ley del poder-deber de decretar pruebas de oficio cuando las considera útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes según lo define el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil.

Esa atribución es vertebral para la búsqueda de la verdad dentro del proceso. Sin embargo, ella no es absoluta como quiera que se encuentra sujeta a las restricciones señaladas en el propio ordenamiento, las cuales, oportuno resulta decirlo, no deben ser interpretadas de manera extensiva, pues tal cosa conduciría a constreñir de manera injustificada el ámbito propio del ejercicio de ese poder-deber. Así, por ejemplo, y conforme reza el mismo artículo 179, para disponer de oficio la recepción de la declaración de testigos, es indispensable que estos se encuentren citados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

En la regulación del dictamen pericial también se advierte otra limitación, ya que el artículo 233 íb., en su inciso 2º, dice:

“Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión”.

Así, pues, en tratándose de prueba pericial, el poder-deber del juzgador de proceder ex officio queda sujeto a los condicionamientos establecidos en la regla anterior.

En tal orden de ideas, si dentro del proceso obra ya una experticia, proveniente de la iniciativa de las partes o de la propia del fallador, a este no le es permisible ordenar la práctica de una nueva, distinta a aquella que tienda a comprobar la objeción por error grave planteada en contra del informe previamente recibido.

Sin embargo, acorde con la propia regla, bien puede suceder que el sentenciador aprecie el dictamen como insuficiente, caso en el cual se le permite ordenar la práctica de otro con distintos peritos.

El punto, entonces, reside en dilucidar cuál es el momento en que el juez o Tribunal pueden darle al dictamen el calificativo de insuficiente para los efectos de determinar si es tempestivo, o no, el decreto del adicional.

De acuerdo con el recurrente, conforme se ha visto, la suficiencia o insuficiencia del dictamen es cuestión que únicamente cabe ser avaluada una vez que haya sido sometido a la contradicción de las partes, y que, con apoyo en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, se haya ordenado su aclaración, adición o ampliación, pues sólo después de surtida esta etapa se sabrá con certeza si la peritación, en realidad, no es suficiente.

Para la Sala ninguna discusión debe suscitarse en torno a que la orden de practicar un segundo dictamen no puede proferirse sin que el primero hubiera sido puesto en conocimiento de las partes, en razón de que este traslado (CPC., art. 238-1) es una exigencia legal de inevitable cumplimiento, como que de él depende que la prueba pueda ser controvertida. Por ello, sin quebrantar la norma acabada de citar, no es posible disponer que se realice un segundo dictamen pretextando la insuficiencia del inicialmente practicado.

Pero, agotada esa etapa, sea que las partes hayan pedido aclaración, adición o ampliación del dictamen, sea que hayan guardado silencio, si el juez o Tribunal siguen considerando que el dictamen es insuficiente —no obstante, incluso, las nuevas explicaciones que hubieran podido dar los expertos—, ¿deberán proponerle a estos los puntos correspondientes, o, sin necesidad de cumplir con ningún otro trámite, les será dable ordenar el segundo dictamen?

El artículo 240, en el que el recurrente se apoya, dice que “el juez podrá ordenar a los peritos que aclaren, completen o amplíen el dictamen, en las oportunidades señaladas en el artículo 180 para lo cual les fijará término no mayor de diez días”.

Como de toda obviedad resulta decirlo, la determinación que en cualquiera de los sentidos indicados en la norma pueda tomar el sentenciador, encuentra su razón de ser en que este reputa al dictamen como insuficiente.

Con todo, nótese cómo la regla legal no le está diciendo al juzgador que si tilda al informe de deficiente, tiene el deber de solicitar su aclaración, ampliación o adición, sino que deja el punto al prudente criterio de aquel, o sea que, del mismo modo como el sentenciador PUEDE disponer que sea ampliado, completado o adicionado, puede también no hacerlo.

Entonces, si la norma autoriza al fallador para que no solicite a los peritos la ampliación, aclaración o adición del dictamen, deben examinarse las consecuencias que trae tal inhibición. Ante todo, pudiera pensarse que el precepto le está permitiendo a aquel tomar la decisión que sea del caso con prescindencia de la prueba —precisamente por tenerla como insuficiente—, y, por lo tanto, en relación con los hechos que con la misma se buscaba demostrar, aplicar el principio de la carga de la prueba. Empero, si hacia este desenlace apuntara el artículo —en la medida en que la acción prevista en él es de carácter permisivo—, la regla que, a manera de excepción, aparece consignada en la parte final del inciso segundo del artículo 233, carecería por completo de sentido porque si en frente de un dictamen insuficiente la ley deja abierta la puerta al juzgador para que proceda según se acaba de indicar, no tendría explicación lógica posible que previamente le trazará la pauta contenida en el referido segmento normativo.

Por lo tanto, el entendimiento racional y coherente de ambos preceptos lleva a decir que en frente de un dictamen insuficiente, al juzgador le es dable ordenar su ampliación, aclaración o adición, o, en vez de ello, decretar la práctica de uno nuevo con distintos peritos. Naturalmente, si opta por lo primero, tal cosa no excluye que si no lo satisface lo expuesto por los peritos, pueda luego tomar la determinación a la que se acaba de aludir.

Pensadas las cosas como las esboza el recurrente es tanto como exigir un ritualismo excesivo y, por lo mismo, superfluo, porque casos hay en los cuales la fundamentación del dictamen es tan endeble que de antemano se sabe que la orden que se dé en alguno de los sentidos antes indicados es inútil puesto que las explicaciones suplementarias que eventualmente lleguen a brindarse, no alcanzarán a purgarlo de su originaria fragilidad, en razón de que ésta no tiene más explicación posible que la incompetencia o ignorancia de los peritos».

(Sentencia de casación, marzo 7 de 1994. Expediente 3925. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

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