Sentencia 39263 de octubre 26 de 2010

 

Sentencia 39263 de octubre 26 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39263

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Acta 38

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

No es cierto, como lo señala la réplica, que en el alcance de la impugnación no se indique qué debe hacer la Corte con la decisión de primer grado, pues aunque se comete allí la impropiedad de solicitarle a la Corte que una vez casada la sentencia recurrida esta se revoque, siendo que lo primero implica la anulación del fallo, a continuación expresamente se pide que se confirme el de a quo, lo que deja claro qué es lo pretendido con el recurso, que es su finalidad primordial.

En lo que si asiste razón a la réplica es en la indebida formulación del cargo, pues a pesar que en su planteamiento el ataque se dirige por la vía directa, por interpretación errónea, más adelante en la demostración, se denuncia la comisión por parte del tribunal de unos supuestos errores de hecho, lo que es propio de la vía indirecta. No obstante, los yerros denunciados no son de hecho sino jurídicos, en tanto se le reprocha al juez de la alzada el no haber hecho un análisis más profundo de la aplicabilidad del artículo 106 de la Ley 30 de 1992 y desconocer el principio de igualdad.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el fondo de la acusación, que no es otro que la interpretación errónea del artículo 106 de la Ley 30 de 1992 que se le imputa al tribunal, por no haber entendido que, en aplicación del principio de igualdad, tal disposición resultaba aplicable a los docentes de tiempo completo y medio tiempo, debe señalarse que, a juicio de la Corte, el sentenciador no incurrió en dislate alguno, porque la norma en cuestión, por ser restrictiva, no resulta aplicable por extensión a los casos no previstos por ella, como lo pretende el censor.

Efectivamente, dispone el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, lo siguiente:

“ART. 106.—Las instituciones privadas de educación superior podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo en la misma universidad, (bien sea) mediante contratos de trabajo (o mediante contratos de servicios), según los periodos del calendario académico y su remuneración (en cuanto a honorarios se refiere), corresponderá a lo pactado por las partes; pero que en ningún caso podrá ser inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de ocho (8) salarios mínimos dividido por el número de horas laborables mes”.

Es claro que la regulación anterior únicamente está dirigida a los profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo, para señalar respecto de ellos que su remuneración en ningún caso podrá ser inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de 8 salarios mínimos dividido por el número de horas laborables mes.

No se observa que la norma contenga un trato discriminatorio frente a las otras dos categorías de docentes de tiempo completo y medio tiempo, pues, si bien como lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia C 517 de 1999, los docentes tiempo completo y de medio tiempo, cumplen las mismas funciones y deben reunir los mismos requisitos que un catedrático para su vinculación, lo que exige un igual trato en la forma que se haga esta, es decir, mediante contrato de trabajo, no existe esa paridad respecto al tiempo de dedicación, que es la nota que caracteriza a cada categoría, y que, respecto a esta última, lo que se pretende es garantizar una remuneración mínima vital y móvil, tal como lo señaló esa corporación en el fallo señalado, en cuanto afirmó textualmente:

“Por el contrario, la regulación relativa a la vinculación de profesores hora cátedra mediante contrato de trabajo, de lo cual también se ocupa el precepto acusado, no merece ningún reparo de inconstitucionalidad, en cuanto la misma responde a las expectativas que se derivan de la relación docente-institución y, en consecuencia, representa el mínimo de garantías laborales reconocidas por la Carta a todos los trabajadores (C.P. art. 53). Ello incluye, por supuesto, la posibilidad —prevista en la norma— de que el contrato de trabajo se suscriba según los periodos del calendario académico y que su remuneración corresponda a lo pactado por las partes. En este último caso, la disposición establece un referente mínimo para fijar el salario devengado por los docentes hora cátedra, situación que tiende a garantizar su derecho constitucional a una remuneración mínima vital y móvil” (C.P. art. 53)”.

Establecido el carácter restrictivo de la disposición, esto es, que solo es aplicable a los docentes vinculados por horas, y que la norma no es discriminatoria, no resulta equivocada desde ningún punto de vista la consideración del ad quem de que tal disposición no resultaba aplicable al actor, quien se demostró estuvo vinculado a la demandada como profesor de tiempo completo, por los ciclos de 2003.

En consecuencia, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho a su cargo se fijará la suma de dos millones, quinientos mil pesos ($ 2.500.000), moneda corriente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Edwin López Arroyo contra la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar hoy Universidad Simón Bolívar.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho a su cargo se fija la suma de dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000) moneda corriente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».