Sentencia 39309 de septiembre 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Aprobado acta 331

Bogotá D.C., cinco de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para resolver la alzada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, pues la acción penal es ejercida contra el ex juez primero laboral del circuito de Buenaventura, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Buga, Sala de descongestión, por actos realizados en ejercicio de sus funciones.

Con apego a lo normado en el artículo 204 del estatuto procesal penal en mención, la labor de la Corte se contraerá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo, como lo autoriza esa preceptiva, los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura.

En orden a definir la impugnación propuesta, la Sala abordará el análisis de los siguientes tópicos planteados por el recurrente: i) El grado jurisdiccional de consulta; ii) Análisis probatorio, y iii) Sobre la prueba del actuar doloso.

Al desatar la impugnación, se retomarán criterios expuestos en anteriores determinaciones dado que los temas objeto de debate y los argumentos propuestos por el recurrente se asemejan a tópicos abordados en múltiples ocasiones por la Corporación.

i) Grado jurisdiccional de consulta

1. El doctor Hárold Gamboa Velásquez censura que la sentencia de condena emitida en su contra por la Sala penal de descongestión del tribunal superior de Buga se funde en los fallos laborales de consulta, pues, en su opinión, en la época en que se profirieron no existía el grado jurisdiccional para las sentencias adversas a las entidades descentralizadas, empresas comerciales del Estado o establecimientos públicos. Por tanto, las decisiones proferidas como resultado de ese mecanismo de revisión están viciadas de nulidad y no podían ser apreciadas como prueba dentro del proceso penal.

Empero, la Sala encuentra carente de fundamento dicha postura por cuanto el hecho de que las sentencias laborales proferidas por el doctor Gamboa Velásquez se hubiesen sometido a revisión mediante el sistema de consulta o de apelación o, incluso, que no hubiesen sido examinados por ningún superior funcional, “ni quita ni pone respecto de su patente alejamiento del ordenamiento jurídico, pues este (sic) deriva, no de ese trámite subsiguiente, sino de su misma existencia y de su confrontación con la ley”(4).

En otras palabras, la tipicidad de la conducta atribuida al doctor Gamboa Velásquez no proviene de la decisión adoptada por la jurisdicción laboral en punto de la consulta, sino de la constatación realizada por la Sala penal del tribunal a quo del manifiesto alejamiento de la ley de los fallos proferidos por el procesado, situación que a su vez propició, por ordenar el pago de dineros del patrimonio público, la configuración del peculado por apropiación a favor de terceros.

Además, no sobra señalar, la sentencia confutada no incluyó como uno de sus fundamentos el relativo a la ausencia de trámite del grado jurisdiccional de consulta por parte del ex funcionario, motivo por el cual no hay lugar a tratar ese aspecto.

2. En otro sentido, el impugnante cuestiona el proceso de descongestión ordenado por la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura respecto de los trámites laborales adelantados contra Foncolpuertos, no por ausencia de competencia funcional sino territorial.

Aduce que si bien el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 autoriza a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a implementar programas de descongestión, en su ejecución debía respetar la competencia territorial, tal como lo disponen los artículos 15 de la Ley 1285 de 2009 y 10 del Código Procesal Laboral. Entonces, era el tribunal de Buga, no el de Bogotá o Pereira, el competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta, porque Buenaventura pertenece a ese distrito.

Constituye tema decantado por la Corporación que el Consejo Superior de la Judicatura está facultado para la implementación de programas de descongestión(5). En tal sentido, el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, vigente en la época de implementación del programa de descongestión de Foncolpuertos, disponía:

“ART. 63.—Descongestión. La Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los despachos judiciales, podrá regular la forma como las corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo entre los tribunales y despachos judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces”.

La anterior regla autorizaba a la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a redistribuir los asuntos entre los diferentes tribunales y despachos judiciales que se encontraran al día, tal como acaeció en el caso bajo examen. Con posterioridad, esa corporación continuó el programa de descongestión de los procesos de Foncolpuertos, renovándolo y ampliándolo por varios años a través de diversos actos administrativos.

Obviamente, la facultad de redistribuir los asuntos entre los diferentes tribunales y despachos judiciales comportó su envío momentáneo a otra sede territorial, luego de lo cual regresaron al juzgado de origen para surtir la notificación y actuación subsiguiente, sin que ello comporte vulneración al debido proceso porque el traslado se ordenó para adoptar decisiones puntuales, con el propósito de lograr agilidad y eficiencia en la administración de justicia, descartándose el quebranto de las reglas de competencia referido por el recurrente.

Lo anterior, con mayor razón, si se considera que la norma referida para demostrar el presunto desbordamiento del marco legal por parte del Consejo Superior de la Judicatura al asignar la competencia territorial para conocer el grado jurisdiccional a los tribunales de Pereira y Bogotá se expidió con posterioridad a la implementación de programa de descongestión de Fonculpuertos.

En efecto, sólo con la Ley 1285 de 2009, modificatoria del artículo 63 de la Ley 270 de 1996, se dispuso que la redistribución de procesos en virtud de programas de descongestión debía acompasarse con la competencia territorial. Por tanto, cuando se ordenó la consulta para los procesos laborales objeto de esta investigación, no existía ninguna limitante al respecto.

Aún más, al efectuar la revisión previa de la modificación de la ley estatutaria de administración de justicia, en punto de la naturaleza jurídica de los jueces de descongestión, la Corte Constitucional señaló cómo el Consejo Superior de la Judicatura puede determinar su ámbito de acción territorial, sin que ello comporte vulneración de ninguna garantía,

“Así mismo, la norma dispone que “los jueces de descongestión tendrán la competencia territorial y material específica que les señale el acto de su creación”. Los jueces de descongestión no son cargos permanentes y por tanto no forman parte de la estructura misma de la administración de justicia. Son cargos creados de manera transitoria por el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la facultad prevista en el artículo 257-2 de la Constitución y de conformidad con las políticas y programas de descongestión judicial establecidos por dicho organismo.

Por lo mismo, la creación de jueces de descongestión no es en sí misma contraria a la Carta Política, en cuanto contribuye a garantizar la eficacia de la administración de justicia. No obstante, su implementación debe ajustarse a los preceptos de orden Superior, lo que se examinará en detalle al analizar el artículo 15 del proyecto.

En este punto ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que su designación debe hacerse con cabal observancia de las garantías fundamentales en materia de juez natural y de sujeción a las leyes preexistentes al acto imputado, de manera tal que no se llegue a configurar una atribución “ex post facto” de competencias judiciales. En consecuencia, para la creación de los jueces de descongestión se ha de partir siempre de la base de la preexistencia de determinada categoría de jueces, que tienen previamente definida su competencia en forma clara y precisa y en cuyo apoyo habrán de actuar los jueces creados con una vocación esencialmente temporal. Dicha circunstancia evita la violación del principio del juez natural, en cuanto no se permite la creación de jueces o tribunales “ad hoc”, puesto que será posible conocer siempre de antemano cuál será la categoría de jueces competentes para decidir cada patrón fáctico en particular”(6).

El anterior criterio jurisprudencial descarta la irregularidad referida por el apelante y evidencia cómo las sentencias C-392 y 393 de 2000 de la Corte Constitucional, citadas para apuntalar una supuesta afectación de garantías fundamentales, no aplican al caso por cuanto no se refieren a jueces de descongestión sino a la creación y adjudicación de competencia a los jueces especializados.

ii) Análisis de los procesos laborales

1. Aduce el impugnante que si bien las demandas de Manuel Ruiz Carabalí y Manuel Santos Riascos Ruiz fueron genéricas, tal situación no comporta irregularidad alguna porque basta con que el trabajador refiera una incorrecta liquidación pensional para que el juez tenga la obligación de revisar los factores que la conforman.

Empero, tal argumento defensivo ignora el mandato legal contenido en el artículo 25 del Código de Procedimiento laboral, conforme al cual las demandas deben indicar lo que se pretenda con precisión y claridad. En el evento bajo examen, jamás se debatió en torno a los factores salariales presuntamente omitidos, de suerte que el operador judicial, motu proprio, emitió una sentencia desligada del contexto fáctico y jurídico propuesto en la demanda.

Y aunque el juez, en aras de efectivizar el derecho material, en algunos eventos puede interpretar las partes oscuras de la demanda, no está habilitado para pretermitir la constatación de los requisitos mínimos del libelo y, menos aún, para apartarse de la causa petendi.

Ello, además, porque constituye un imperativo procesal formular con claridad las pretensiones y demostrar los hechos en que se apuntalan, conforme al principio de la carga probatoria consagrado en el canon 177 del Código de Procedimiento Civil, por cuyo medio incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Así mismo, porque acorde con el canon 305 ibídem, la sentencia debe expedirse en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda.

En ese orden, tal como lo concluyó el tribunal a quo, era inviable atender demandas genéricas que no especificaron el factor omitido en la liquidación de la empresa o su cuantía.

2. El doctor Hárold Gamboa Velásquez opina que, contrario a lo esbozado por tribunal, las vacaciones y las primas sí debían tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación de Manuel Santos Riascos Ruiz porque el artículo 127-6 de la Convención Colectiva de Trabajo incluía la partícula “etc.”, para significar que podían considerarse todos los rubros devengados en el último año de servicios.

Dicha preceptiva convencional indicaba: “El trabajador con la edad y el tiempo de servicio de que trata los ordinales anteriores, gozará de pensión vitalicia de jubilación equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio recibido en el último año, incluyendo salarios básicos, primas, bonificaciones, viáticos, etc.”.

Con todo, la partícula “etc.” no podía ampliarse para incluir factores expresamente excluidos por otros artículos de la convención colectiva de trabajo, como el artículo 129 del mismo estatuto que claramente señalaba cómo “La remuneración de las vacaciones no es salario” y la regla 131, según la cual las primas no constituyen salarios “ni se computarán como factor de salario en ningún caso”(7).

Por tanto, el instrumento convencional suscrito entre la empresa y los trabajadores debía interpretarse armónicamente y no de forma aislada, como lo hizo el doctor Gamboa Velásquez, develando en ello el propósito de favorecer los intereses de la parte demandada en detrimento de los recursos estatales.

3. En punto del proceso de María del Carmen Villegas, el recurrente afirma que las copias simples tenían valor para la época en que se profirió el fallo, razón por la cual obró correctamente al apreciar la fotocopia de la Resolución 56 de 1990.

Sin embargo, tal argumento deja de lado la normatividad regladora de la materia. Así, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en los procesos laborales por remisión expresa del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, establece que es auténtico el documento “…cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”.

A su turno, el canon 251 del mismo estatuto define como documento público “…el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención” y el artículo 254 ibídem, se refiere al valor probatorio de las copias

“Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Lo anterior significa que la Resolución 56 de enero 29 de 1990 de la Empresa Puertos de Colombia, aportada como soporte de la demanda, no cumplía las exigencias legales para ser considerada auténtica por cuanto se trataba de una fotocopia con un sello de la Notaría Segunda de Buenaventura que indicaba, “la anterior copia Fostostática(sic) corresponde exactamente a la copia simple de la página donde fue tomado”(8). Por tanto, no estaba amparada por la presunción de autenticidad.

En efecto, se trataba de fotocopias que el demandante omitió autenticar ante notario, previo cotejo con el original o con copia autenticada, no fueron compulsados del original en curso de una inspección judicial, y si bien ostentan un sello notarial, la confrontación no se surtió en los términos de la normatividad transcrita.

Y aunque el doctor Gamboa Velásquez afirma que para la época de los hechos las copias simples tenían valor probatorio, no individualiza la norma en la cual finca su afirmación, situación que releva a la Sala de cualquier análisis adicional frente al tema.

Igual situación se presenta en relación con la convención colectiva de trabajo aportada al proceso de Santos Campaz Mina, en tanto se trata de una fotocopia simple, sin ninguna clase de autenticación, por manera que no ostentaba valor probatorio para fundar un fallo laboral de condena.

4. En relación con el proceso laboral de Oswaldo Borja el recurrente afirma no presentarse ninguna irregularidad por el no aporte de la conciliación suscrita entre la empresa y el demandante por cuanto se trataba de un proceso ordinario y no de uno ejecutivo que requiriera de ese documento como título base de la ejecución.

Empero, tal argumento pasa por alto que la conciliación se requería para probar los hechos esbozados en el libelo como quiera se fundaron en su totalidad en ese documento. A pesar de ello, el doctor Gamboa Velásquez emitió fallo de condena sin siquiera hacer referencia a la conciliación mencionada, circunstancia que evidencia cómo la intención del procesado era condenar a Foncolpuertos sin importar la situación fáctica planteada. En otras palabras, el fallo se elaboró en un formato que no consideró el contexto propuesto en la demanda.

En síntesis, los fallos emitidos por el doctor Hárold Gamboa Velásquez se alejaron ostensiblemente de las normas laborales, razón por la cual resultan acertadas las conclusiones expuestas por el tribunal a quo para deducirle responsabilidad con ocasión de esta actuación procesal.

iii) Sobre la prueba del actuar doloso

Aunque el impugnante considera que en el proceso no se acopió prueba demostrativa de su actuar doloso, la Sala encuentra que las actuaciones por él desplegadas al interior de cada uno de los procesos laborales sí evidencian un comportamiento consciente y voluntario orientado a favorecer la postura de los demandantes en detrimento de la parte demandada y, sobre todo, de los recursos de esta.

Ello por cuanto el dolo no emerge de las manifestaciones del procesado sino de las actuaciones reflejadas en cada decisión proferida porque no consultan la realidad fáctica y jurídica, situación indicativa de la consciencia y voluntad del operador judicial de vulnerar la ley al emitir decisiones manifiestamente contrarias a derecho, medio a través del cual obtuvo la apropiación de recursos estatales por parte de terceros que no tenían derecho a ellos.

Acceder a las pretensiones del libelo sin reunirse los fundamentos sustanciales para tal reconocimiento y emitir fallos de condena en relación con prestaciones sociales que no habían sido postuladas ni debatidas en el proceso, constituyen acciones que revelan la voluntad de Hárold Gamboa Velásquez de infringir la ley con el claro propósito de favorecer a los demandantes, medio a través del cual accedieron a recursos estatales a los que no tenían derecho, habida cuenta que las sanciones contra Foncolpuertos, como era de conocimiento de los operadores judiciales de la época, las asumía el Estado colombiano.

En el evento bajo examen, el mecanismo utilizado para concretar el peculado por apropiación en favor de terceros, lo constituyeron las sentencias que favorecieron las pretensiones de los demandantes, sin que en realidad tuviesen derecho a ello.

Y aunque se consolidó el fenómeno de la prescripción de la acción en relación con el delito de prevaricato, ello no comporta la imposibilidad de reprochar el delito contra la administración pública, en la medida que las consecuencias del actuar del servidor público no se agotaron con la emisión de las decisiones. Por el contrario, sus efectos perduraron en el tiempo en virtud de las órdenes contenidas en los fallos laborales, al punto que propiciaron el despojo de recursos públicos en cuantía de $ 46.006.546,4, según se estableció por el a quo.

De otra parte, si bien las salas laborales calificaron las determinaciones proferidas por el doctor Hárold Gamboa Velásquez como desacertadas, tal afirmación no descarta su connotación delictiva y dolosa, en la medida que la autoridad competente para determinar dichos aspectos es la Sala penal del tribunal de Buga, como en efecto lo hizo, razón por la cual ninguna irregularidad se detecta por este aspecto.

También resulta improcedente la postura del doctor Gamboa Velásquez orientada a desvirtuar la configuración del punible de peculado, bajo el argumento de que dentro de las funciones de los jueces laborales no se encuentra la de administrar bienes oficiales, por cuanto la Corte ya ha decantado cómo dichos funcionarios ostentan una relación jurídica con los bienes oficiales respecto de los cuales adoptan decisiones(9).

Ello porque cuando los operadores judiciales deciden conflictos que involucran bienes estatales, de una u otra forma, están disponiendo sobre el destino final de los mismos, por manera que si se apartan de los mandatos legales podrían ocasionar una apropiación indebida, pues sin su concurso, sin su orden, no se obtendría tal resultado.

En suma, el doctor Gamboa Velásquez debe responder por el delito de peculado, dado que en su condición de juez laboral, al tramitar procesos sometidos a su jurisdicción y competencia, desarrolló actos de disposición jurídica sobre bienes estatales que comportaron la apropiación de recursos por parte de terceros que no ostentaban derecho a obtenerlos.

De otra parte, el doctor Hárold Gamboa Velásquez aduce que por haber sido condenado como autor del punible de enriquecimiento ilícito derivado del delito de peculado, no puede ser juzgado por este último tipo penal so pena de afectar el principio del non bis in ídem.

Pues bien, en el evento bajo examen, no se afecta el postulado invocado porque las conductas sancionadas en los referidos tipos penales son estructuralmente diversas, en la medida que el enriquecimiento ilícito comporta necesariamente el incremento patrimonial injustificado del servidor público, elemento no requerido en el peculado por apropiación ejecutado en favor de terceros.

Así mismo, porque el acto de apropiarse de recursos públicos es pluriofensivo, siendo posible que encaje en varias descripciones típicas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, pues las conductas pueden ejecutarse de manera independiente en el tiempo y el espacio y los recursos provenir de diversas fuentes, de forma que cuando se consolide el incremento patrimonial es factible que el atentado a la administración pública ya se haya agotado.

En tal sentido, la Corporación ha señalado la procedencia del concurso entre el peculado y el enriquecimiento ilícito en los siguientes términos:

“2. Es incuestionable que entre esos dos hechos punibles puede existir concurso, que se da cuando lo apropiado y lo que ha enriquecido ilícitamente al servidor público, corresponda a haberes provenientes de distinta fuente, esto es, cuando además de lo obtenido como producto del peculado, en el incremento del patrimonio del servidor público aparezcan otros fondos diferentes, adicionales, de procedencia no justificada pero relacionable con el ejercicio de las funciones, o por razón del cargo, que se establezca como ilícita pero no exista demostración de haber sido generada por otro delito”(10) (subrayas fuera de texto).

Aún más, revisado el fallo de condena emitido por el Tribunal Superior de Buga el 12 de marzo de 2002 contra el doctor Gamboa Velásquez por el punible de enriquecimiento ilícito, la Sala encuentra que en él se estableció un incremento patrimonial injustificado pero no se indicó que proviniera del punible de peculado y, menos aún, se señaló una apropiación de recursos en particular, razón por la cual carece de fundamento la postulación defensiva analizada en este acápite.

En suma, los argumentos esbozados por el recurrente no logran persuadir a la Sala de la inocencia del doctor Hárold Gamboa Velásquez, razón por la cual se impone confirmar la sentencia impugnada respecto de los motivos de inconformidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2012 proferida por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Buga, conforme con lo expuesto.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y devuélvase al tribunal de origen».

(4) Cfr. sentencia del 24 de julio de 2012, radicación 39414.

(5) Cfr. sentencia del 19 de octubre de 2006, radicación 25804, entre otras.

(6) Cfr. sentencia C-713 de julio 15 de 2008.

(7) Cfr. folios 92 y 93 cuaderno laboral de Manuel Santos Riascos Ruiz.

(8) Cfr. folio 204 del proceso laboral de María del Carmen Villegas.

(9) Cfr. providencias del 6 de marzo de 2003, radicación 18021; 16 de marzo de 2011, radicación 35839, entre otras.

(10) Cfr. providencia del 19 de mayo de 2000, radicación 8067. En igual sentido, la Corte ha avalado la posibilidad del concurso material entre los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito en decisión del 28 de mayo de 2008, radicación 29705.