Sentencia 39342 de junio 5 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39342

Acta número 19

Magistrado ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Persigue la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia del juzgador de segundo grado, en cuanto condenó en forma solidaria a la sociedad Equipos Universal S.A. y al señor Guzmán Herrera Movilla al pago de una pensión de sobrevivientes a la actora, para que, en sede de instancia revoque la decisión de primer grado, y, en su lugar absuelva de ella a la compañía citada.

Con este propósito, presenta dos cargos, fundados en la causal primera de casación laboral, que tuvieron réplica oportuna de la demandante los que se estudiarán en el orden propuesto.

Primer cargo

Acusa a la sentencia recurrida de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, que, dice, se anota condujo a la aplicación indebida de los artículos 10, 14, 17, 22, 23, 35, 46, 47, 73 y 74 de la Ley 100 de 1993; 4º, 7º, 9º, 13, 16 y 21 del Decreto 1295 de 1994; 8º de la Ley 153 de 1887; 16 de la Ley 446 de 1998; y 305 del Código de Procedimiento Civil.

En la demostración el censor transcribe apartes de la sentencia recurrida, y resaltar que, según la tesis del tribunal, para efectos de la solidaridad legal entre el contratista independiente y el beneficiario de la obra, lo determinante es que las actividades de éste sean afines o conexas con las labores desplegadas por el trabajador. Exégesis que, dice, se aparta claramente del contenido del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965; que lo determinante no es el cotejo entre las labores del trabajador y las actividades del beneficiario de la obra o labor convenida con el contratista independiente, sino la igualdad, conexidad, similitud o complementariedad entre el giro ordinario de los negocios del beneficiario y el del contratista independiente; que lo que hay que comparar son las actividades esenciales del beneficiario con las del empleador de los trabajadores, vale decir, el contratista independiente, dado que, si son distintas, no hay solidaridad, de allí que nada tenga que ver el cargo ni las funciones desempeñadas por el trabajador.

La réplica

Afirma que las apreciaciones del tribunal no son desafortunadas, habida consideración que el trabajador se encontraba ejecutando su labor de transporte de materiales en nombre del contratista, por lo que se entiende que son actividades desarrolladas por el señor Ramón Oliveros Oquendo en representación o en nombre de Guzmán Herrera Movilla quien había contratado el transporte de materiales con el beneficiario Equipos Universal S.A.

Se considera

La acusación reprueba al tribunal que entendiera que, para efectos de la solidaridad legal, entre el contratista independiente y el beneficiario de la obra, lo determinante era que las actividades de éste fueran afines o conexas con las labores desplegadas por el trabajador, por cuanto, según sostiene, esa interpretación se aparta claramente del contenido del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el numeral 3º del Decreto 2351 de 1965, ya que, dice, el verdadero sentido de este precepto es que la igualdad, conexidad, similitud o complementariedad entre el giro ordinario de los negocios del beneficiario debe darse es con el contratista independiente y no con su trabajador.

No obstante, de las consideraciones del ad quem no aparece que éste se hubiera equivocado en el entendimiento de la norma que plantea la censura, pues si bien es cierto aquél se refirió expresamente a las labores desarrolladas por el trabajador, también lo es que, igualmente, determinó que ellas se habían prestado por cuenta y riesgo de su empleador Guzmán Herrera Movilla, dueño de la actividad de transporte de materiales, como propietario de la volqueta que conducía el asalariado fallecido, y contratista independiente de la sociedad Equipo Universal S.A., lo cual se desprende nítidamente del siguiente aparte de las consideraciones del fallo recurrido:

“Las anteriores pruebas reseñadas permiten concluir como lo hizo el a quo, que en efecto en este caso si existe una relación de causalidad entre la actividad que desplegaba el trabajador fallecido, con el objeto social de la beneficiaria del servicio, pues ejercía una de las labores que también desarrollaba normalmente la empresa contratante, como es el transporte de materiales que se explota en la planta de asfalto en la localidad de arroyo de piedra de la empresa Equipos Universal S.A., “propias de su objeto social”, dándose los supuestos requeridos en el invocado artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, resultando así la solidaridad de quien en forma directa se benefició de estas labores respecto a las obligaciones del contratista frente al trabajador fallecido y sus beneficiarios”.

No emerge del anterior párrafo que el tribunal hubiere dado el entendimiento al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo que pregona la censura, sino que claramente se entiende que las labores desarrolladas por el trabajador son las propias de su empleador, el acarreo de materiales, y que son las mismas a que se refiere el objeto social de la beneficiaria de la obra, contempladas en el certificado de la cámara de comercio, fundamento esencial del fallo.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

Segundo cargo

Acusa a la sentencia recurrida de violar indirectamente por aplicación indebida, los artículos 34 y 199 del Código Sustantivo del Trabajo; 3º del Decreto 2351 de 1965; 9º del Decreto 1295 de 1994, en relación con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política; 10, 14, 17, 22, 23, 35, 46, 47, 73 y 74 de la Ley 100 de 1993; 4º, 7º, 13, 16 y 21 del Decreto 1295 de 1948; 8º de la Ley 153 de 1887; 16 de la Ley 446 de 1998; y 305 del Código de Procedimiento Civil.

Violación legal que dice se debió a los siguientes yerros fácticos que atribuye al juzgador de segundo grado:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que existió una “relación de causalidad” entre la actividad que desplegaba Ramón Oliveros Oquendo, con el objeto social de la empresa Equipos Universal S.A.

“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que dentro del objeto social de Equipos Universal S.A. se encuentra el transporte de materiales.

“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que una de las actividades normales de Equipos Universal S.A., es el transporte de materiales que se explota en la planta de asfalto en la localidad de Arroyo de Piedra.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que al momento del accidente, Ramón Oliveros Oquendo realizaba una actividad distinta para la que había sido contrato por Guzmán Herrera Movilla.

“5. No dar por demostrado, estándolo, que Ramón Oliveros Oquendo realizaba al servicios de Guzmán Herrera Movilla una actividad distinta al objeto social de Equipos Universal S.A.

“6. No dar por demostrado, estándolo que el “transporte de materiales”, no es una actividad que pertenezca al giro ordinario de los negocios de Equipos Universal S.A.

“7. No dar por demostrado, estándolo, que el día del accidente Ramón Oliveros Oquendo, recibió la orden de su empleador Guzmán Herrera Movilla, de dirigirse al municipio de Arroyo de Piedra, a la cantera de la empresa Equipos Universal S.A., a recoger material y transportarlo.

“8. No dar por demostrado, estándolo, que el cargo de Ramón Oliveros Oquendo al servicio de Guzmán Herrera Movilla, era el de conductor de volqueta.

“9. Dar por demostrado, sin estarlo, que Equipos Universal S.A. es solidariamente responsable del pago de la pensión de sobrevivientes deprecada en este proceso”.

Dislates fácticos que, anota, se originaron en la apreciación equivocada de la demanda (fls. 1 a 3); el certificado de la cámara de comercio de Equipos Universal S.A. (fls. 5 a 10 y 78 a 81); la respuesta a la demanda de Guzmán Herrera Movilla (fls. 61 a 68); y la confesión judicial de Guzmán Herrera Movilla (fls. 151 a 152); así como a la estimación indebida de los testimonios de Roberto Mario Herrera Estrada (fls. 132 a 133), Solvidal Gómez Palma (fls. 13 a 135) y Pedro José Coronado Montero (fls. 137 a 140).

En la sustentación aduce el censor que el sentenciador ad quem tuvo como soporte esencial, para confirmar la decisión de primera instancia, que entre los demandados había existido una relación comercial para el servicio de transporte “de materiales”, que realizaba Guzmán Herrera Movilla, por intermedio de su trabajador Ramón Oliveros Oquendo, y que esa actividad pertenecía al giro ordinario de los negocios de la sociedad convocada al proceso, de donde, dice, derivó la responsabilidad solidaria, sin tener en cuenta las causas de esa relación comercial, ni la actividad que ordinariamente desplegaba el trabajador al servicio de su empleador; que las pruebas demuestran de manera contundente que el señor Ramón Oliveros Oquendo conducía una volqueta del demandado Guzmán Herrera Movilla, de modo que sus funciones se limitaban únicamente a las de conductor de esa clase de vehículos u otro que dispusiera el empleador y, por lo mismo, debía hacer presencia en cualquiera de los sitios que el empleador le indicara para transportar algún material; que tal hecho lo sustentan las respuestas que Guzmán Herrera ofreció en diligencia del 19 de abril de 2007, de las cuales, dice, se desprenden de que la labor del trabajador fallecido únicamente se limitaba a conducir una volqueta, sin que tuviera ninguna otra tarea asignada; que, en consonancia con lo precedente, obra en el proceso la contestación de la demanda de Guzmán Herrera Movilla, que, dice fue mal apreciada en la sentencia atacada, porque ésta indica y reitera la condición de empleador del causante; que el juzgador de segundo grado se equivocó al inferir que, dentro del objeto social de Equipo Universal S.A., se encuentra el transporte de materiales, como los que se transportaban el día del infortunio de Ramón Oliveros, pues a su juicio, no es lo que aparece en el certificado de la cámara de comercio.

La réplica

Encuentra que el cargo no está llamado a prosperar, por cuanto está cimentado en el examen de pruebas no calificadas en el recurso, como son las declaraciones de terceros.

Se considera

Entre los hechos que se encontraron demostrados por el juzgador de segundo grado, merecen destacarse los atinentes a que el verdadero empleador del trabajador fallecido fue el señor Guzmán Herrera Movilla; que el beneficiario de la prestación del servicio de transporte de materiales que ejecutaba el contratista por intermedio de su trabajador Ramón Olivero Oquendo fue la sociedad Equipos Universal S.A.; que la compañía demandada tenía como objeto social, entre sus múltiples actividades “…f) la prospección, la exploración, la explotación, la transformación, el transporte, el beneficio, la fundación (sic), el aprovechamiento y la comercialización de recursos renovables y no renovables…”.; y que el trabajador, causante de la prestación controvertida, falleció en la planta de asfalto que tiene Equipo Universal S.A. en la localidad del municipio de Arroyo de Piedra, donde éste se encontraba en cumplimiento de su labor de conductor.

La censura, que no comparte la mayoría de estas apreciaciones, pues a su juicio no aparece demostrado en el proceso que haya existido una relación de causalidad entre la actividad que desplegaba Ramón Oliveros Oquendo y el objeto social de la empresa Equipo Universal S.A. y, mucho menos, que la sociedad mencionada tuviere dentro de su objeto social el transporte de materiales, ni tampoco, que al momento del infortunio laboral aludido el trabajador estuviera desempeñando la labor para la que fue contratado por Guzmán Herrera Movilla, pretende acreditar tales dislates fácticos, con medios de convicción que no tienen el carácter de prueba calificada que les atribuye, pues de los cuatro que menciona únicamente tiene tal condición el certificado de la Cámara de Comercio de Equipo Universal S.A.

En efecto, la demanda inicial es acusada como prueba calificada, no obstante, en este caso, no tiene ese carácter, pues no contiene confesión alguna que desvirtúe las apreciaciones del Tribunal, ya que ninguno de los hechos que se invocan en sustento de las pretensiones de la actora, resultan opuestos a sus intereses y, menos aún, favorecen a los demandados. Acerca de este punto, conviene recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, solamente son pruebas idóneas en este recurso, para autónomamente estructurar un error de hecho manifiesto, los documentos auténticos, la confesión judicial y la inspección judicial.

En cuanto a la confesión que pueda contener la respuesta a la demanda de Guzmán Herrera Movilla y las respuesta dada en el interrogatorio, que a instancia de partes se practicó en el proceso, es preciso anotar, como en su oportunidad lo hizo el tribunal, sin que lo discutiera la acusación, que como no proviene de todos los litisconsortes apenas tiene el valor de testimonio de tercero, lo mismo que la del facultativo respecto de los demás, en los términos del artículo 196 del Código de Procedimiento Civil. Con todo, si fuera dable apreciar tales medios de prueba se encontraría que, contrario a lo que persigue la censura, corroboran algunos de los hechos establecidos en la sentencia recurrida, sin que nieguen, que entre los demandados, existiera una relación comercial.

Por otra parte, se encuentra que el certificado de la cámara de comercio citado, correspondiente a la sociedad demandada en solidaridad, únicamente informa, en relación con los hechos que controvierte la censura, el concerniente al objeto social de esta compañía, en el que se destaca como actividad propia de ésta la concerniente a “…f) la prospección, la exploración, la explotación, la transformación, el transporte, el beneficio, la fundación (sic), el aprovechamiento y la comercialización de recursos renovables y no renovables…”., de modo que no se equivocó el juzgador de segundo grado cuando estableció que Equipo Universal S.A. tuviera como actividad propia la de transporte de materiales.

No demuestra en consecuencia la acusación que la sentencia recurrida presente alguno de los dislates fácticos reseñados.

Las costas en casación son de la parte recurrente, respecto del opositor.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 17 de octubre de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó Lucila Esther Carey de Oliveros contra Guzmán Herrera Movilla y Equipo Universal S.A.

Las costas en el recurso son de cuenta de la parte recurrente.

Se fijan las agencias en derecho en seis millones de pesos ($ 6.000.000) moneda corriente, a favor de único opositor.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».